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Según el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: En ningún caso puedes reconocerse beneficios fiscales en los tributos locales. Podrán reconocerse beneficios fiscales en los tributos locales siempre que así lo establezcan los reglamentos u ordenanzas locales. Podrán reconocerse beneficios fiscales en los tributos locales a instancias del interesado por causas sociales, culturales o benéficas. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

Según el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cuanto al procedimiento de elaboración y aprobación del Presupuesto de la Entidad Local: Corresponde al Interventor la competencia para su formación y al Presidente para su aprobación. Corresponde al Interventor la competencia para su formación y al Pleno para su aprobación. Corresponde al Presidente la competencia para su formación y al Pleno para su aprobación. Corresponde su formación y su aprobación al Pleno, bajo supervisión del Interventor.

Aquellos créditos que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen en las bases de ejecución del presupuesto, y, en su virtud, podrá ser incrementada su cuantía, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por vía reglamentaria, en función de la efectividad de los recursos afectados se denominan: Créditos extraordinarios. Suplementos de crédito. Generaciones de crédito. Créditos ampliables.

Según el artículo 43 del RD 500/1990, de 20 de abril, la generación de crédito en los estados de gastos de los presupuestos podrá derivarse, entre otras operaciones, de: Exceso de Remanente de Tesorería para Gastos Generales. Enajenaciones de bienes de la Entidad local o de sus Organismos autónomos. Minoraciones en otras aplicaciones de gastos. Ingresos de naturaleza tributaria.

Según el artículo 56 del RD 500/1990, de 20 de abril, la disposición de gasto: Es un acto mediante el cual, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, se reserva para un gasto determinado la totalidad o parte de un crédito presupuestario. Es un acto que no implica relaciones con terceros externos a la Entidad local. Es un acto cuya competencia siempre corresponde al Presidente de la entidad local. Es un acto mediante el cual se acuerda la realización de gastos, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado.

El importe de los precios públicos, con carácter general, deberán cubrir: Como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. Su importe está constituido, como máximo, por el 90 por 100 del coste del servicio. Como máximo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. Debe cubrir exactamente el coste del servicio.

Por la ampliación del asfaltado de una vía pública y acondicionamiento de las aceras, ¿qué clase de tributo se podrá exigir?. Una contribución especial. Ninguno. Una tasa. Un precio público.

La ordenación de pagos en las entidades locales corresponde: Al presidente de la entidad local u órgano en quién delegue. Al presidente de la entidad local exclusivamente. Depende de la cuantía del pago. A la tesorería.

Según el artículo 37.1.l) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: Las ofertas de empleo público serán objeto de negociación colectiva. Las ofertas de empleo público no serán objeto de negociación colectiva. Solo los criterios generales de las ofertas de empleo público serán objeto de negociación colectiva. Las respuestas a), b) y c) son incorrectas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo es. El concurso. La oposición libre. El concurso-oposición. La libre designación.

Son funcionarios interinos: Los que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuidos con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin:. Los que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas de forma temporal. Los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en la Ley. Quienes, en virtud de contrato formalizado por escrito, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de forma temporal.

Según el artículo 66 texto refundido de la ley del Estatuto de los trabajadores, en una empresa de 100 trabajadores, el número de miembros del comité de empresa será: Cinco. Tres. Nueve. Siete.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Local, la alteración de la calificación jurídica de un bien municipal se produce automáticamente: Por adscripción de un bien demanial a un uso privado. Por prescripción de un bien de dominio público por un particular. Por usucapión, con arreglo al derecho civil, en favor de la Entidad de un bien que viniere estando destinada a un uso o servicio público o comunal. Ninguna de las anteriores es cierta.

No es una forma de gestión directa de los servicios públicos: Organismo autónomo local. Concesión. Entidad pública empresarial local. Gestión por la propia entidad local.

El personal funcionario de carrera que pase a desempeñar cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las entidades locales quedará en situación administrativa de: Servicio en otra administración. Excedencia voluntaria por interés particular. Servicios especiales. Comisión de servicios.

El plazo para poder recobrar por si las Corporaciones locales la tenencia de sus bienes de dominio público será. En el plazo de un año, a contar del día siguiente de la fecha en que se hubiera producido la usurpación. Deben acudir a los Tribunales ordinarios para recobrarlos. En el plazo de cinco años, a contar del día siguiente de la fecha en que se hubiera producido la usurpación. En cualquier tiempo.

Las licencias quedarán sin efecto: Cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento. Cuando sobrevinieran circunstancias que, de haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación. Cuando se incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas. Cuando se adoptaren nuevos criterios de apreciación.

No es un medio de de intervención en la actividad de los ciudadanos: La concesión d e u n a subvención. El sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable. El dictar Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo. El Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo.

Conforme al artículo 86 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál de los siguientes servicios no es susceptible del ser prestado en régimen de monopolio?. Recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos. Cementerio. Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas. Todos los anteriores son susceptibles de ser prestados en régimen de monopolio.

Conforme al art. 85 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas se considera uso que implica un aprovechamiento especial de los bienes de dominio público: El que corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso por unos no impide el de los demás interesados. El que, sin impedir el uso común, supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención de una rentabilidad singular u otras semejantes, que determinan un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de éste. El que determina la ocupación de una porción del dominio público, de modo que se limita la utilización del mismo por otros interesados. El que determina la ocupación de una porción del dominio público, de modo que se excluye la utilización del mismo por otros interesados.

Quedan excluidos del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Los convenios y encomiendas de gestión siempre que cumplan ciertos requisitos. Las autorizaciones y concesiones demaniales. Los contratos relativos a servicios financieros. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Con carácter general, los contratos se perfeccionan con: La adjudicación. La formalización. La publicación. La notificación.

Señale cuál de las siguientes causas, no es una causa de nulidad del contrato según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: La carencia o insuficiencia de crédito. El incumplimiento de las circunstancias o requisitos para la modificación. Llevar a cabo la formalización del contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto Recurso Especial en Materia de Contratación. La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El órgano competente para declarar la nulidad de un contrato administrativo es: El Pleno. El órgano de contratación. La alcaldía. Ninguna de las anteriores es correcta.

Cuando sea firme la declaración de nulidad de los actos preparatorios o de la adjudicación del contrato, el mismo entrará en fase de: Liquidación. Concurso. Extinción. Rescisión.

El Recurso Especial en Materia de Contratación contra las actuaciones que determina el artículo 44.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: No procederá en los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia. Es preceptivo y previo a la vía judicial. Es alternativo al recurso de reposición. Se ha de resolver por el órgano de contratación.

Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el Presupuesto Base de Licitación. Es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido al Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. Es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. Es igual al valor estimado del contrato, cuando la vigencia del contrato se prevea para más de una anualidad. Es el límite máximo del coste que en virtud del contrato puede incurrir el órgano de contratación, incluido al Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

Es el límite máximo del coste que en virtud del contrato puede incurrir el órgano de contratación, incluido al Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. El Impuesto del Valor Añadido. El importe máximo que se pueda alcanzar con las posibles modificaciones del contrato. Se indicarán los costes directos e indirectos del contrato. Todas las anteriores son correctas.

En un contrato de obras en el que el presupuesto base de licitación es inferior a 500.000 euros, IVA excluido, es preceptivo recabar informe de la oficina o unidad de supervisión de los proyectos cuando: Si afecta a la estanqueidad de la obra. En ningún caso. Si se trata de obras que requieran de alguna autorización o concesión para su ejecución. Si se trata de obras de primer establecimiento.

La garantía provisional: Podrá exigirse en cualquier procedimiento de adjudicación. No podrá ser superar el 4 por ciento del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Podrá exigirse cuando de forma excepcional, el órgano de contratación por motivo de interés público lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. La garantía provisional responderá de la correcta presentación de la oferta.

De conformidad con el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, completado el expediente de contratación, la aprobación del mismo: Implicará la aprobación del gasto. Implicará el compromiso del gasto. Requerirá la posterior incorporación de certificado de existencia de crédito. Todas las anteriores son correctas.

En el caso de los contratos de obras, el replanteo del proyecto de la obra debe hacerse: Previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra. Previamente a la aprobación del proyecto. Previamente a la adjudicación del contrato de obras. Ninguna de las anteriores.

De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo y, más concretamente, el tipo de prevaricación urbanística regulado en el artículo 320 del Código Penal: Exige una conducta dolosa por parte del actor. No exige conducta dolosa por parte del actor. Puede ser cometido por cualquier persona física, tenga o no la condición de funcionario o autoridad. Es un tipo penal que no admite la comisión por omisión.

En un supuesto de sustitución del alcalde por ausencia, enfermedad o impedimento: El teniente de alcalde podrá ejercer la totalidad de las atribuciones del Alcalde. Sólo podrá ejercer aquellas atribuciones que resultan delegables según el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. El teniente de alcalde que actúa en sustitución no podrá convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local. Ninguna de las anteriores es correcta.

Las dotaciones económicas que puede asignar el Pleno a los grupos políticos. Puede destinarse a cualquier gasto de funcionamiento ordinario del grupo. Cuenta con un único componente igual para todos los grupos, independientemente del número de miembros. Cuenta con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos. Solo se pueden destinar a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.

Para el ejercicio de competencias distintas de las propias o de las atribuidas por delegación: Únicamente se tendrá en cuenta el principio de sostenibilidad financiera. Las entidades locales en ningún caso pueden ejercer competencias distintas de las propias o atribuidas por delegación. Solo será posible en el supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. Ninguna de las anteriores es correcta.

Las Mancomunidades de Municipios: Tienen la condición de entidades locales. No tienen personalidad y capacidad jurídica propia. No pueden ejercer competencias que sean propias de los municipios. Se regirán por sus propios órganos de gobierno que no tendrán por qué ser representativos de los ayuntamientos mancomunados.

En la sesión de constitución para la elección del alcalde: (art. 196 LOREG). Solo podrán ser candidatos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Solo podrán ser candidatos los concejales de los grupos con mayor número de concejales. Solo puede proclamarse alcalde el concejal que obtenga mayoría absoluta de los votos. Ninguna de las anteriores es correcta.

El régimen de funcionamiento del Pleno se ajusta a las siguientes reglas: Las sesiones ordinarias son de periodicidad preestablecida. Las sesiones extraordinarias con carácter urgente han de convocarse, al menos, con dos días hábiles d e antelación. El Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la mayoría simple del número legal de miembros. Todas las anteriores son correctas.

La convocatoria de una Comisión Informativa ha de ser notificada a sus miembros, con antelación mínima: De dos días hábiles, salvo las urgentes. De 24 horas hábiles, cuando sean urgentes. De 24 horas hábiles, salvo las urgentes. De 48 horas hábiles, incluso cuando éstas tengan el carácter de urgentes.

Según establece el art. 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos: siempre que dependan jerárquicamente entre sí y dependan de la misma Administración. aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. aunque no dependan jerárquicamente entre sí y dependan de la misma Administración. siempre que dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.

El art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto de la notificación infructuosa, establece, además de la notificación por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado», lo siguiente: Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. Asimismo, posteriormente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. Asimismo, previamente y con carácter preceptivo, las Administraciones publicarán un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. Asimismo, posteriormente y con carácter preceptivo, las Administraciones publicarán un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.

Con arreglo al art. 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas: el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio, iniciado el procedimiento administrativo. el órgano competente para resolver el procedimiento, de oficio, antes de la iniciación del procedimiento administrativo. el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, antes de la iniciación del procedimiento administrativo. el órgano competente para resolver el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, iniciado el procedimiento administrativo.

Con arreglo al art. 56.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los: 10 días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto de recurso. 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. 15 días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto de recurso. 10 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

De entre las medidas provisionales siguientes, ¿cuál no contempla el art. 56.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre?: suspensión definitiva de actividades. prestación de fianzas. suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad. embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos.

Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán, de acuerdo con el art. 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: de oficio por acuerdo del órgano competente o a instancia de parte y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendarán a los mismos órganos. siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. de oficio por acuerdo del órgano competente o a instancia de parte y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendarán a los mismos órganos.

Según el art. 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora se comunicará a: el órgano encargado de resolver el procedimiento, con traslado de la documentación generada hasta ese momento, y se notificará a los interesados, con excepción, en su caso, del inculpado. el órgano encargado de resolver el procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. el instructor del procedimiento, con traslado de la documentación generada hasta ese momento, y se notificará a los interesados, con excepción, en su caso, del inculpado. el instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado.

Según el art. 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el informe emitido fuera de plazo: podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. será tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución si fuera preceptivo y vinculante. será tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución si fuera preceptivo. no podrá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados por administraciones locales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, será preceptivo requerir el Dictamen del Consell Jurídic Consultiu: en todo caso. cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 30.000 euros. cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 40.000 euros. cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros.

Con arreglo al art. 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto en el plazo de: 1 mes. 2 mes. 3 mes. 6 mes.

Conforme establece el art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de: 10 días. 1 mes. 2 meses. 3 meses.

Los boletines de denuncia de la policía municipal donde se reflejen hechos vistos por el agente en los procedimientos sancionadores: Es una prueba más en el procedimiento sancionador, con el mismo valor que puedan tener otras. Es una prueba definitiva, que no admite prueba en contrario del sancionado. Es una prueba que goza de presunción de veracidad, pero puede ser destruida por las pruebas aportadas por el sancionado. Es una prueba que goza de presunción de veracidad " iuris et de iure".

De acuerdo con el artículo 34.3 de la Ley 40/2015; de 1 de octubre, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial ¿cuándo procede el pago de los intereses junto con la indemnización?. Cuando se ha producido un retraso en la tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial. Cuando se ha producido un retraso en el pago de la indemnización fijada. Cuando se ha producido un retraso en la resolución de los recursos. Cuando lo solicite el administrado, aportando las pruebas pertinentes.

En aplicación del art. 56 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, respecto de la responsabilidad por demora, la Administración expropiante culpable de la demora estará obligada a abonar al expropiado una indemnización que consistirá en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado, que se liquidará con efectos retroactivos, una vez que el justiprecio haya sido efectuado, cuando: Hayan transcurrido tres meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de las cosas o derechos. Hayan transcurrido dos meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio, una vez que se ha determinado por resolución definitiva el justo precio de las cosas o derechos. Hayan transcurrido seis meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de las cosas o derechos. Hayan transcurrido cinco meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio,. una vez que se ha determinado por resolución definitiva el justo precio de las cosas o derechos.

Conforme el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 e diciembre de 1954, la Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa: Se abrirá el expediente individual a cada uno de ellos. Se formularán las hojas de depósito del justiprecio. Se iniciará el expediente, transcurridos seis meses desde la adquisición. Se dará por concluido el expediente iniciado.

Según el artículo 12 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, respecto a los bienes muebles, la utilidad pública habrá de ser declarada expresa y singularmente mediante Ley en cada caso, a no ser que ésta u otra Ley hayan autorizado la expropiación para una categoría especial de bienes, en cuyo supuesto bastará el acuerdo de: Los Jurados de expropiación. La Administración. El Consejo de Estado. El Consejo de Ministros.

En aplicación del art. 50 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, cuando el propietario rehusare recibir el precio o cuando existiere cualquier litigio o cuestión entre el interesado y la Administración, se consignará el justiprecio por la cantidad que sea objeto de discordia: En el Jurado Provincial de Expropiación. En el Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente. En la Tesorería de la Administración expropiante. En la Caja General de Depósitos, a disposición de la autoridad o Tribunal competente.

En aplicación del art. 54 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, ¿cuándo no existe derecho de reversión de la expropiación?. Cuando no se haya ejecutado la obra o no se hubiera establecido el servicio que motivó la expropiación. Cuando hubiese alguna parte sobrante de los bienes expropiados. Cuando desapareciese la afectación de aquellos al fin público que justificó la expropiación:. Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de utilidad pública o interés social se prolongue durante diez años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio.

En aplicación del art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, ¿a cuánto asciende el porcentaje del llamado premio de afección?: A un 5% del valor del bien. A un 6% del valor del bien. A un 10% del valor del bien. A un 12% del valor del bien.

Según el artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa, las tasaciones de los bienes y derechos susceptibles de ser expropiados deberán referirse al valor que tengan éstos: Al tiempo de iniciarse el expediente de expropiación. En el momento de extenderse el acta de ocupación. En el momento de la constitución del Jurado Provincial de Expropiación. Al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio.

¿Cuál de estas determinaciones no forma parte de las determinaciones de "ordenación estructural" de un Plan General Municipal?. La red primaria. Los criterios generales para la delimitación de las áreas de reparto y para el establecimiento del aprovechamiento tipo. La delimitación de unidades de ejecución, continuas o discontinuas. Las condiciones de desarrollo de cada uno de los sectores de planeamiento urbanístico.

En caso de parcelaciones ilegales en suelo urbanizable sin programación, según el TRLOTUP, nos encontramos ante supuestos de infracciones. De carácter grave. De carácter leve. De carácter muy grave. No se consideran infracciones, sino que se trata de delitos tipificados en el Código Penal.

En cuanto a los deberes urbanísticos, la transmisión de fincas supone, según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación urbana : La transmisión de fincas extingue la situación del titular respecto de los deberes establecidos en el texto refundido de la Ley del Suelo y Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio. Urbanismo y Paisaje. El nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real. La transmisión de fincas no modifica la situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme a los deberes establecidos en el texto refundido de la Ley del Suelo y Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio. Urbanismo y Paisaje. Las respuestas b) y c) son correctas.

La ordenación estructural de las áreas de actuaciones de minimización de impacto territorial se realizará por medio de: Plan Parcial. Plan general estructural. Plan de reforma interior. Por instrumentos de planeamiento con capacidad de establecer la ordenación estructural o por plan especial.

De conformidad con lo establecido en el TRLOTUP se define como área de reparto: Al conjunto de terrenos, contiguos o discontinuos, que quedan sujetos a un mismo aprovechamiento tipo. Al conjunto de terrenos cuyo aprovechamiento queda a disposición del urbanizador. Al conjunto de terrenos que se reparten entre los propietarios. Al conjunto de terrenos, contiguos o discontinuos, que quedan sujetos a un mismo aprovechamiento subjetivo.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación urbana: Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambiental, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución. No precisan trámite de evaluación ambiental, únicamente lo requerirán los proyectos que sean necesarios para su ejecución. Solo precisan tramite de evaluación ambiental los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, y no los proyectos que se requieran para su ejecución. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, todo el suelo se encuentra en una de estas "situaciones básicas": Suelo rural o suelo urbano. Suelo urbano, suelo urbanizable o suelo rural. Suelo rural o suelo urbanizado. Suelo urbano, suelo pendiente de urbanización o suelo protegido.

¿Cuál de estos requisitos no es necesario cumplir para que una parcela tenga la condición jurídica de "solar"?. Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en todas las vías a la que de frente la parcela. Acceso rodado hasta ella por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en condiciones adecuadas, todas las vías a la que de frente la parcela. Suministro de agua potable y energía eléctrica. Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o, en casos debidamente justificados, mediante sistema individual de evacuación (depósito estanco, etc.).

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: La ordenación territorial y urbanística de un municipio se efectuará, en atención al rango y escala de sus determinaciones, en dos niveles: ordenación estructural y ordenación pormenorizada. La ordenación estructural define el modelo territorial y urbanístico del municipio, coordina y regula la localización espacial de los usos generales en todo el territorio municipal, clasifica el suelo, establece las condiciones básicas para su desarrollo y sostenibilidad y define zonas de distinta utilización del suelo, vertebrándolas mediante la infraestructura verde y la red primaria de dotaciones públicas. La integran las determinaciones así calificadas por este texto refundido. La ordenación específica desarrolla y concreta la ordenación estructural y regula el uso detallado del suelo y la edificación. La integran las determinaciones así calificadas por este texto refund. La ordenación estructural se establece en el plan general estructural y puede ser modificada por los instrumentos de planeamiento de desarrollo, en los términos establecidos en el TRLOTUP. La ordenación pormenorizada se establece en el plan de ordenación pormenorizada, en los planes parciales, en los planes de reforma interior y en los estudios de detalle.

La caducidad de la acción para ordenar la restauración de la legalidad urbanística Una infracción urbanística muy grave cometida en suelo no urbanizable de especial protección: Se producirá a los cuatro años desde su comisión. Se producirá a los quince años desde su comisión. No existe plazo alguno para su ejercicio. Es imprescriptible. Se producirá a los dos años desde su comisión.

Los instrumentos de intervención ambiental previstos y regulados en la Ley 6/2014 de 25 de julio, de la Generalidad, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana son: Autorización Ambiental Integrada, Licencia Ambiental, Licencia de Apertura y Comunicación d e Actividad Inocua. Licencia Ambiental, Licencia de Apertura, Declaración Responsable Ambiental y Comunicación de Actividad Inocua. Autorización Ambiental Integrada, Licencia ambiental, Declaración Responsable Ambiental • y Comunicación de Actividad Inocua. Autorización Ambiental Integrada, Licencia Ambiental y Comunicación de Actividad Inocua.

Señale la incorrecta: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.3 del TRLOTUP, además de las consistentes en la edificación de solares o la rehabilitación de edificios mediante licencia de obras, también son actuaciones aisladas las que se desarrollan mediante programa, cuando no sea posible realizarlas directamente mediante licencia de obras. El programa de actuación aislada puede conllevar, como fin complementario: La realización de obras accesorias de urbanización adyacentes a la parcela para completar los servicios urbanísticos existentes, convirtiéndola en solar. La urbanización y edificación de parcelas incluidas en pequeñas áreas urbanas de municipios de carácter rural con escasa población, en los términos previstos en el artículo 35.1.k de este texto refundido. La reparcelación vertical de la finca, en los supuestos de programa de actuación aislada en que s e a necesaria. La regularización de linderos, cuando esta se requiera aun estando ejecutada la urbanización perimetral y no haya acuerdo voluntario entre las personas afectadas.

Señale la respuesta correcta: En relación con el deber de conservación y rehabilitación e inspección periódica de edificaciones recogido en el art. 189 del TRLOTUP: Las personas propietarias de toda edificación, tanto unifamiliar como plurifamiliar, con uso residencial destinado a vivienda de antigüedad superior a treinta años, en los términos y condiciones que haya determinado reglamentariamente la Conselleria competente en materia de vivienda, deberán promover, al menos cada diez años, la realización de una inspección técnica a cargo de órgano facultativo competente que evalúe el estado de conservación del edificio. Las personas propietarias de toda edificación, tanto unifamiliar como plurifamiliar, con uso residencial destinado a vivienda de antigüedad superior a cincuenta años, en los términos y condiciones que haya determinado reglamentariamente l a Conselleria competente en materia de vivienda, deberán promover, al menos cada cinco años, la realización de una inspección técnica a cargo de órgano facultativo competente que evalúe el estado de conservación del edificio. Las personas propietarias de toda edificación, tanto unifamiliar como plurifamiliar, con uso residencial destinado a vivienda de antigüedad superior a cincuenta años, en los términos y condiciones que haya determinado reglamentariamente la Conselleria competente en materia de vivienda, deberán promover, al menos cada diez años, la realización de una inspección técnica a cargo de órgano facultativo competente que evalúe el estado de conservación del edificio. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el TRLOTUP, La ordenación del territorio es: Una competencia delegada. Una competencia exclusiva de la Comunitat Valenciana. Una competencia atribuida a las Entidades Locales. Una competencia estatal.

La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su construcción, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, en materia de ordenación y calidad de la edificación: Está sujeta a licencia urbanística, en todo caso. Está sujeta a declaración responsable, salvo que mediante la aprobación de ordenanza municipal se sometan a licencia expresa. Está sujeta a declaración responsable, en todo caso, debiendo estar acompañada de la documentacion administrativa establecida normativamente. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

En relación con la declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial, de acuerdo con lo establecido en el TRLOTUP (Señale la incorrecta): Implica la suspensión de la tramitación de los expedientes de restablecimiento de l legalidad urbanística, pero no la de los plazos de prescripción o caducidad de las acciones o procedimientos en ejecución o tramitación. No supone ejercicio de la potestad de planeamiento. Le corresponde al Pleno del Ayuntamiento su declaración a través de una decisión discrecional y singular sobre el cumplimento de los requisitos legales. La declaración de situación individualizada debe incluir un estudio de integración paisajística.

Indique a qué concepto se refiere la siguiente definición: "Conjunto de infraestructuras, dotaciones y equipamientos, públicos y privados, que tienen un carácter relevante en la estructura urbanística municipal": Área de reparto. Red primaria. Sector. R e d secundaria.

Entre otras, son funciones de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (señale la incorrecta). Identificar las grandes oportunidades del territorio y proponer las acciones necesarias para su aprovechamiento nacional. Establecer los objetivos, principios y criterios que constituyen el marco de referencia de las decisiones con incidencia territorial. Orientar los procesos de planificación territorial y urbanística hacia la consecución del modelo territorial deseado por la ciudadanía. Definir las estrategias adecuadas para la ordenación y gestión de la infraestructura verde del territorio.

Es considerada una carga de urbanización fija (Señale la incorrecta): Las obras programadas necesarias para la consecución de los objetivos legales del programa de actuación integrada. La redacción de los proyectos técnicos y la dirección de obra necesarios. Los gastos de gestión del agente urbanizador, que incluyen sus gastos generales y financieros, relativos a mantenimiento y conservación de la urbanización durante el periodo que corresponda hasta su recepción por la administración, gastos, aranceles, tasas y honorarios correspondientes a la tramitación de las actuaciones que ha de gestionar e impulsar ý controles de calidad y peritajes presupuestados en el programa de actuación integrada, a cuenta de empresas o profesionales independientes del agente urbanizador, para controlar la ejecución y recepción de las obras o el cumplimiento de las obligaciones y la mayor objetividad de las actuaciones. El beneficio empresarial del agente urbanizador, calculado como un porcentaje, de hasta el veinticinco por cien, del valor de los conceptos referidos en los apartados anteriores.

Dispone el artículo 199 del TRLOTUP en relación con la expropiación forzosa por incumplimiento del deber de edificar: El ayuntamiento podrá acordar transcurridos seis meses, previa declaración del incumplimiento del deber de edificación, la expropiación forzosa de los inmuebles no edificados en plazo. El procedimiento de sustitución forzosa o venta forzosa, quedará en suspenso desde el momento de la declaración de la expropiación. La Generalitat podrá asumir en cualquier momento, la competencia para su declaración. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Los valores, principios y declaraciones se integran en la Constitución: En la parte orgánica. En la parte dogmática. En el Preámbulo. En su parte orgánica y dogmática.

¿Cuál es el único ministerio cuya existencia está específicamente prevista en la Ley del Gobierno?. El Ministerio de Economía y Hacienda. El Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de Fomento. El Ministerio de Interior.

Respecto del funcionamiento regular de las instituciones, el Rey: Arbitra y modera las mismas. Modera y dirige las mismas. Impulsa y modera las mismas. Modera y pacifica las mismas.

El derecho de reunión y manifestación impone su regulación: Por ley ordinaria. Por ley orgánica. Por ley de bases. Por ley paccionada.

¿Qué derecho se reconoce en el artículo 33 de la Constitución Española de 1978?: El derecho al honor. El derecho a la propiedad privada, y a la comunal. El derecho a la propiedad privada, y a la herencia. El derecho a la intimidad de las personas.

¿Cuál de los siguientes requisitos deben cumplir las leyes-marco?: Que la atribución competencial se haga a todas y cada una de las Comunidades Autónomas. Que se aprueben mediante Ley, Decreto-ley o Decreto legislativo. Que la materia que se transfiera sea de competencia estatal. Todas las respuestas son correctas.

De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución Española de 1978, la autorización para refundir textos legales: Determinará el ámbito ejecutivo a que se refiere el contenido de la delegación. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo determinado. Determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación. Podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado.

De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución Española de 1978. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de: Competencia, legalidad, proporcionalidad, desconcentración y coordinación. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Eficacia, legalidad, proporcionalidad, desconcentración y solidaridad. Competencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y solidaridad.

Señale la respuesta correcta. Están legitimados para interponer el recurso de amparo de acuerdo con la Constitución Española de 1978: Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, 50 diputados, 50 senadores, así como el Defensor del Pueblo y los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas,. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. El Presidente del Gobierno, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en relación con las instituciones comisionadas por Les Corts (señale la respuesta correcta). La Sindicatura de Comptes es el órgano consultivo del Consell y, en general, de las instituciones públicas de la Comunitat Valenciana, en materias económicas, sociolaborales y de empleo. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana es el órgano consultivo supremo del Consell, de la Administración Autonómica y, en su caso, de las administraciones locales de la Comunitat Valenciana e n materia jurídica. El Consell Valenciá de Cultura tiene por función determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano. El Síndic de Greuges es el Alto Comisionado de Les Corts, designado por éstas, para realizar el control externo económico y presupuestario de la actividad financiera d e la Generalitat, de las entidades locales comprendidas dentro de su territorio y del resto del sector público valenciano.

Según el art. 25 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, las leyes de la Generalitat serán promulgadas (señale la respuesta correcta). Por el Rey, con el refrendo del President. Por el Rey, en nombre del President. Por el President, en nombre del Rey. Por el President.

Respecto al Consejo Europeo, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: El Presidente del Consejo Europeo representa a la Unión Europea ante el resto de los países. Lo componen los Jefes de Estado o de Gobierno de los países que conforman la Unión Monetaria. Lo convoca y preside su presidente elegido por el propio Consejo Europeo por un periodo de cuatro años renovable una vez. Decide sobre la orientación y las prioridades políticas generales de la Unión Europea.

De acuerdo con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración de un reglamento: Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma. Audiencia previa a las asociaciones vecinales y de defensa de los consumidores y usuarios establecidos en su ámbito territorial que estén inscritos en el Registro correspondiente de asociaciones vecinales y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición. Audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Todas las respuestas son correctas.

Las Instrucciones y órdenes de servicio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se incluyen dentro de las materias de información: Institucional, organizativa y de planificación. De relevancia jurídica. Información económica, presupuestaria y estadística. De control.

Según el tenor literal del artículo 1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Respecto a los datos de carácter personal a los que se pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión: La Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento. La Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento. La Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de encargado del tratamiento. La Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento.

De entre las siguientes alternativas, ¿quiénes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas a efectos de la Ley de Procedimiento Administrativo Común?. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la ley así lo declara expresamente. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos intereses de que se trate. Todas las respuestas anteriores son ciertas.

Quienes de conformidad con el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos (señale la incorrecta): A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto d e Acceso General electrónico de la Administración. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas:. A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él: Tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante si ésta lo solicita. No están obligados a proporcionárselos a la Administración actuante. No están obligados a proporcionárselos a la Administración actuante, salvo que ésta lo solicite. Tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.

Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud que podrá presentarse. Por cualquier medio que permita tener constancia de datos tales como la identidad del solicitante. Incluso en forma anónima. Así como por escrito, verbalmente o mediante referencia de terceros. Todas son correctas.

A los efectos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: a) Fuesen obtenidos de un registro por el responsable. b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable indirectamente del afectado. Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad. Ninguna es correcta.

La relación jurídico-funcionarial es: Un contrato especial. Un contrato administrativo. Un contrato laboral. Las respuestas a), b) y c) son incorrectas.

Según lo dispuesto en el artículo 89.5 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, las funcionarias que accedan a la excedencia por razón de violencia de género, tendrán derecho: La reserva del puesto de trabajo que desempeñara durante el período en que se encuentre en dicha situación. Percibir las retribuciones integras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo durante los seis primeros meses de duración de la excedencia. A que se le computen los seis primeros meses de duración a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. La reserva del puesto de trabajo que desempeñara durante los tres primeros meses de duración.

Las Comunidades Autónomas: En virtud de sus respectivos estatutos de autonomía, tienen competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de régimen local. En ningún caso, tienen competencia para dictar normas en materia de régimen local. Sólo pueden dictar normas de carácter reglamentario en materias relativas al régimen local. Ninguna de las anteriores es correcta.

El contrato de servicios definido en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Podrá tener por objeto servicios que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. En ningún caso, podrá tener una duración superior a 5 años. En ningún caso, podrá instrumentar contrataciones de personal. Todas las anteriores son correctas.

Con arreglo al art. 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra el acuerdo de acumulación: podrá imponerse recurso de alzada. podrá imponerse recurso potestativo de reposición. podrá imponerse recurso extraordinario de revisión. no procederá recurso alguno.

Según el art. 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto al inicio del procedimiento de oficio, se entiende por denuncia: el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. la orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.

Respecto a las actuaciones previas al procedimiento de aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada: señale la respuesta correcta: La administración urbanística actuante iniciará el procedimiento de aprobación de los programas de actuación integrada, de oficio o a instancia de persona particular, sea o no propietaria. En todo caso la administración urbanística actuante iniciará el procedimiento de aprobación de los programas de actuación integrada de oficio, sea o no propietaria. La administración urbanística actuante iniciará el procedimiento de aprobación de los programas de actuación integrada, de oficio o a instancia de persona particular, únicamente en los casos que sea propietaria. La administración urbanística actuante iniciará el procedimiento de aprobación de los programas de actuación integrada a instancia de persona particular, sea o no propietaria.

Son competencia de la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicas, entre otros: Los espectáculos públicos o actividades recreativas o deportivas cuya realización se efectúe o su desarrollo discurra por más de un término municipal de la Comunitat Valenciana. Los espectáculos con animales. Los espectáculos taurinos y los festejos taurinos tradicionales. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La Corona, de acuerdo con la Constitución se identifica: Con el Gobierno. Con las Cortes Generales. Con la Jefatura del Estado. Con la Presidencia del Gobierno.

De acuerdo con el artículo 66.3 de la Constitución, las Cortes Generales gozan de: Inmunidad. Inviolabilidad. Autonomía. Fuero procesal penal.