A tenor del contenido del artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978, ¿en qué tipo de Estado se constituyó el Estado Español? Social y liberal de derecho. Social y democrático de derecho. Democrático de Derecho y autonómico.
Estarán legitimados para interponer el recurso especial en materia de contratación: Cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso. Las organizaciones sindicales, cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación. Las dos respuestas anteriores son correctas.
El artículo 1.1 de la Ley de Contratos del Sector Público dispone que "La presente Ley tiene por objeto recular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de: Del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismo se tratan de realizar. Los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económica más ventajosa. Criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos.
La duración de los contratos de servicios: En ningún caso podrá ser superior a cinco años, incluyendo las posibles prórrogas. No podrá ser superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no supere, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. Excepcionalmente, se podrá establecer un plazo de duración superior a cinco años, incluyendo las posibles prórrogas, cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del servicio.
El responsable del contrato podrá ser: Una persona física vinculada a la entidad contratante. Una persona física o jurídica, vinculada o ajena a la entidad contratante. Una persona física o jurídica vinculada a la entidad contratante.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 61/97, de 20 de marzo, que derogó gran parte del Texto Refundido de la ley sobre régimen del suelo u ordenación urbana 1/1992, de 26 de junio, se basó entre otros puntos en: La incompetencia del Estado para regular normas relativas al urbanismo. La incompetencia del Estado de dictar normas de alcance supletorio en una materia como el urbanismo. El exceso de competencias en que ha incurrido el Estado para pretender un modelo urbanístico heterogéneo.
El acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador se comunicará: Únicamente al inculpado. Al instructor del procedimiento, a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado al denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean. Solamente al instructor del procedimiento, que será quién lo pondrá en conocimiento del inculpado y del denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean.
Según el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviera carácter firme, es causa de la pérdida de la condición de: Funcionario de carrera. Personal laboral fijo. Las dos respuestas anteriores son correctas.
Se pueden aprobar Planes Especiales sin necesidad de previa aprobación del Plan General: Sí, y también sin necesidad de previa aprobación de un Plan Parcial. Sólo en casos excepcionales. Las dos respuestas anteriores son correctas.
Contra todos los actos de trámite: Puede interponerse recurso potestativo de reposición. Puede interponerse recurso extraordinario de revisión. Ninguna de las anteriores es cierta.
En el régimen general de control interno, la auditoría de cuentas no se efectuará sobre: La entidad local. Los organismos autónomos. Las entidades públicas empresariales.
Los proyectos de urbanización: Se utilizan para el suelo urbano. Pueden redactarse para la ejecución de los Planes Especiales de Reforma Interior. Se pueden utilizar para el suelo urbanizable y no urbanizable.
De conformidad con el artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tiene el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros quince días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tiene el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación h recepción de las obras que comprenden. A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos no tiene el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación h recepción de las obras que comprenden.
El plazo de la presentación de la justificación de las subvenciones: Será de tres meses desde que concluyó el plazo concedido para la realización de la actividad. Será el previsto en las bases reguladora de la subvención. Será previsto en las bases reguladoras de la subvención y, si estas no éstas no disponen nada, será el de tres meses desde que concluyó el plazo concedido para la realización de la actividad.
Las Corporaciones municipales se constituyen: En la sesión publica el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los Concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el trigésimo día posterior a las elecciones. En sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación del Alcalde electo, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. En sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los Concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones.
En los municipios de régimen común corresponde al Alcalde: Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento general. La aprobación que ponga fin a la tramitación de los planes urbanísticos. La aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.
De conformidad con el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transporten al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/26 UE y 2014/24/ UE, de 26 de febrero de 2014: Será exigible la clasificación del empresario exclusivamente en los contratos de obras de valor estimado superior a 500.000 euros. En los contratos de servicios la clasificación no será exigible y el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación correspondientes al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Señale la respuesta que siendo correcta contenga mayor número de supuestos de obligatoria publicidad en el perfil de contratante: La resolución de aprobación del expediente de contratación, la resolución de adjudicación y la formalización del mismo. La resolución de aprobación del expediente de contratación, la resolución de adjudicación y la formalización del mismo, la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato, el desistimiento del procedimiento de adjudicación, la declaración de desierto y la formalización de la cesión de los contratos. La iniciación del expediente de contratación, la resolución de aprobación del expediente, la resolución de adjudicación la formalización del mismo junto con el correspondiente contrato, la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato, el desistimiento del procedimiento de adjudicación, la declaración de desierto y la interposición de recursos.
En materia de responsabilidad patrimonial según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de: Competencia, interés público tutelado y proporcionalidad de la intervención. Competencia, interés público tutelado e intensidad dela intervención. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Los derechos y libertades recogidos en la Sección Primera del Capitulo II, del Título I de la Constitución habrán de ser regulados por: Ley. Ley orgánica. Acuerdo del Consejo de ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Interior y del Ministerio de Justicia.
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