De acuerdo con el artículo 179 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige un determinado número de concejales; a un municipio de 25.000 habitantes le corresponden: 20 concejales. 21 concejales. 25 concejales.
En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie: Sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de indemnización en todo caso. Sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y , en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). Todas las respuestas anteriores son falsas.
De conformidad con el artículo 96 de la Ley 39/2015, una vez acordada la tramitación simplificada del procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria: En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución. En cualquier momento del procedimiento anterior a su elevación a un órgano superior.
Según el principio de prevalencia consagrado en el articulo 149.3 de la Constitución Española: Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución corresponderán a las Comunidades Autónomas. En todo caso, las normas estatales prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas.
Según la ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas se podrá acordar la adquisición directa de bienes inmuebles: Cuando el vendedor sea otra Administración Pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público, en ningún caso de derecho privado. Cuando la adquisición se efectúe en virtud del ejercicio de un derecho de adquisición preferente. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
Señale la respuesta falsa: Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de forma directa o indirecta. Dentro de la modalidad de gestión directa se encuentran, entre otros: Gestión por la propia Entidad Local, organismo autónomo local y entidad pública empresarial local. Organismo autónomo local y entidad pública empresarial local. Organismo autónomo local, entidad pública empresarial local y entidad pública empresarial autonómica.
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial podrá atenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular: Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo. Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o , en su caso, se haya formalizado el acuerdo. Transcurrido un año desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y que se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo.
La Administración está está obligada a dictar resolución expresa y notificarla en... Todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo en los supuestos exceptuados en el art. 21.1 LPACAP. Solo en los procedimientos iniciados a instancia de parte, salvo en los supuestos exceptuados en el art. 21.1 LPACAP. La Administración no tiene obligación de dictar resolución expresa ya que la regla general es el silencio positivo.
Entre los principios generales de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se encuentran: Principio de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad y transparencia. Principio de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera anualidad y transparencia. Principio de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, anualidad y lealtad institucional.
En las Entidades Locales será preceptivo el informe jurídico del Secretario para: La aprobación de expedientes de contratación, modificación de contratos, revisión de precios, prórrogas, mantenimiento del equilibrio económico, interpretación y resolución de los contratos. La aprobación de expedientes de contratación, modificación de contratos, y resolución de los contratos. La aprobación de expedientes de contratación, modificación de contratos, revisión de precios, interpretación y resolución de los contratos.
Según el artículo 2.1 del Real Decreto 128/2018, de16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ¿Las funciones que están reservadas a funcionarios en posesión de la habilitación de carácter nacional y que son su responsabilidad administrativa serán? La de asesoramiento legal preceptivo, el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. La fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
La fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, el control y la fiscalización externa de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
En cualquier caso, los miembros del Tribunal Constitucional se verán afectados por el mismo régimen de incompatibilidades que: Los miembros del poder ejecutivo. Los miembros del poder judicial. Los Diputados y Senadores.
Podrá interponer recurso especial en materia de contratación: Cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso. Las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundamentalmente que estas implican que el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la pretación. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma: Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual superior a 100.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual superior a 75.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
Indique la respuesta incorrecta: Los interesado sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter psíquico a las personas, el plazo para realizar la solicitud de iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial empezará a computarse únicamente desde la curación.
Según la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes, las entidades locales, en el marco de la legislación básica del Estado y de la legislación de las comunidades autónomas, ejercen competencias en: La gestión de los montes de su titularidad no incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. La disposición del rendimiento económico de los aprovechamientos forestales de todos los montes de su titularidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes, las entidades locales, en relación con el fondo de mejoras de montes no catalogados o, en su caso, siempre que haya autorización de la administración. La emisión de informe no preceptivo en el procedimiento de elaboración de los instrumentos de gestión relativos a los montes de su titularidad incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
Cuando una notificación sea obligatorio practicarla por medios electrónicos, se entenderá rechazada por el interesado: Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que el interesado acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que el interesado acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que el interesado acceda a su contenido.
Dentro de la facultad de la Administración de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado: Podrá ordenar la realización de análisis, pero no a realizarlos por sí misma, de los materiales que se vayan a emplear. Podrá realizar por sí misma pruebas de los materiales que se vayan a emplear. Todas las respuestas son correctas.
El silencio administrativo en los supuestos en que se aplica la declaración responsable: No se producen los efectos del silencio administrativo en ningún caso. No se producirán los efectos del silencio administrativo sólo si se presenta la declaración responsable sin alguno de los informes preceptivos que se exijan para la actuación solicitada. Es positivo salvo en los casos señalados en el art. 24 Ley 39/2015.
En materia de responsabilidad patrimonial según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en todo caso el daño alegado habrá de ser: Cierto, individualizado y evaluable económicamente. Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona. Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
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