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Según establece el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO deberá acreditarse la representación para actuar en nombre de otra persona ante las Administraciones Públicas: Para interponer recursos. Para desistir acciones. Para gestiones de mero trámite. Para formular solicitudes.

Todo el suelo se encuentra, a los efectos del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana en una de las situaciones básicas de suelo: Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable de protección. Suelo rural o suelo urbanizado. Suelo urbano consolidado, no consolidado y suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado. Ninguna es correcta.

De conformidad con el artículo 155 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de Madrid, están sujetos a declaración responsable urbanística: La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes, en cualquier clase de suelo. Los actos de agrupación de terrenos en cualquier clase de suelo, salvo cuando formen parte de un proyecto de reparcelación debidamente aprobado. Los actos de división de terrenos, en cualquier clase de suelo, salvo cuando formen parte de un proyecto de reparcelación debidamente aprobado. Ninguna es correcta.

Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el cómputo de plazos, cuando estos se fijan en meses, el plazo concluirá: El día siguiente al que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes de vencimiento. El mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes de vencimiento. A los treinta días contados a partir del siguiente en que se produjo la notificación o publicación. El primer martes del mes siguiente a la notificación o publicación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los informes emitidos en el procedimiento administrativo, salvo disposición expresa en contrario, serán: Preceptivos y no vinculantes. Preceptivos y vinculantes. Facultativos y no vinculantes. Facultativos y vinculantes.

Según el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO será causa de inadmisión de un recurso administrativo: Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. Ausencia de calificación del recurso por parte del recurrente. Carecer de legitimación el recurrente. Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

Entre las competencias en materia de medio ambiente urbano que se enumeran en el artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, está. La protección de la salubridad pública. La promoción de la cultura y equipamientos culturales. La gestión de los residuos sólidos urbanos. La prevención y extinción de incendios.

Conforme al artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el municipio ejercerá en todo caso competencias propias, en los términos de la legislación del estado y de las Comunidades Autónomas en: Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. Evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social. Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma.

De conformidad con el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿en qué supuestos celebra el Pleno sesión extraordinaria?. Únicamente cuando lo solicite la tercera parte del número legal de miembros de la Corporación. Cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. Cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la mitad del número legal de miembros de la Corporación. Exclusivamente cuando así lo decida el Presidente.

De conformidad con el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿en qué municipios existe la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones?. En todos los municipios. En los municipios de gran población, y en aquellos en los que lo acuerde el Pleno o así lo disponga su Reglamento Orgánico. Únicamente en los municipios de gran población. En los municipios de población superior a 50.000 habitantes.

De conformidad con el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿qué municipios deberán prestar en todo caso el servicio de prevención y extinción de incendios?. Los municipios con población superior a 5.000 habitantes. Todos los municipios. Municipios con población superior a 20.000 habitantes. Los municipios con población superior a 10.000 habitantes.

El artículo 158 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de Madrid, al regular los plazos y caducidad de las licencias, dispone que de no contener la licencia indicación expresa sobre el plazo para iniciar como para terminar las obras se entenderá otorgada: por un plazo de seis meses para iniciar las obras y un año para su terminación. por un plazo de un año para iniciar las obras y dos años para su terminación. por un plazo de un año para iniciar las obras y tres años para su terminación. por un plazo de seis meses para iniciar las obras y dos años para su terminación.

El plazo para el ejercicio de las potestades de protección de la legalidad urbanística en la Comunidad de Madrid, respecto de obras terminadas realizadas en suelo no urbanizable de protección, será de: 4 años. 6 años. 15 años. No le es de aplicación limitación de plazo alguna.

La anulación judicial de los actos o disposiciones administrativas, ¿implica siempre derecho a indemnización?. La anulación no presupone, por sí misma, derecho a indemnización. No, salvo que se trate de una anulación del acto por el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Sí, la anulación judicial comporta siempre derecho a la indemnización. Sí, la anulación en vía administrativa o judicial comporta siempre derecho a la indemnización.

¿Qué es un municipio según lo define la Ley de Bases de Régimen Local?. Un territorio delimitado por otros municipios. Un territorio en el que reside una población determinada. Una administración con competencias ilimitadas en su territorio. Una entidad local territorial.

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento: Ejercer la Jefatura de la Policía Municipal. La aprobación de los proyectos de obras. Representar al Ayuntamiento. La aprobación de la relación de puestos de trabajo.

En virtud de lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para interponer un recurso extraordinario de revisión contra los actos firmes en vía administrativa, en relación a los motivos que fundamentan su interposición ¿cuál de las siguientes respuestas NO es suficiente?. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Que posteriormente a la sentencia aparezca cualquier tipo de documento relativo al asunto. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

¿Cuándo se adquiere la condición de vecino de un municipio?. En el mismo momento de su domiciliación. Con su inscripción en el Padrón. Después de solicitarlo y demostrar estar censado en algún Padrón. Con su residencia permanente.

Cuando el último día del cómputo de un plazo de las resoluciones y actos administrativos sea inhábil, se entenderá: Hábil este día a efectos del acto en cuestión. Prorrogado el plazo al primer día hábil siguiente. Prorrogado el plazo tres días naturales. Finalizado el plazo el primer día hábil anterior.

Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado han de producirse: Por el órgano competente con celeridad y economía burocrática. Por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. Exclusivamente por los funcionarios de carrera adscritos al órgano competente. Por los funcionarios de carrera designados para ello en el procedimiento.

¿Cómo complementa la jurisprudencia el ordenamiento jurídico?. Con las sentencias de los diferentes órganos jurídicos. Con las sentencias de los Tribunales Superiores y del Tribunal Supremo. Con la doctrina reiterada por el Tribunal Supremo al interpretar las fuentes del derecho. Con los principios emanados de jueces y tribunales.

Según la Ley de Bases de Régimen Local, los elementos de municipio son: El territorio, el municipio y la población. El territorio, la población y la autonomía. La población, las ordenanzas y el gobierno municipal. El territorio, la población y la organización.

¿Cómo se consideran las resoluciones administrativas que se adopten por delegación?. Dictadas por el órgano delegante. Dictadas por el órgano delegado. Dictadas por el órgano delegante, salvo que se indique expresamente que es una resolución delegada. Dictadas por el órgano delegado, salvo que se indique expresamente que es una resolución delegada.

En su calidad de administración pública corresponde a los municipios, según el artículo 4 de la Ley de Bases de Régimen Local: El carácter prevalente de sus normas en el territorio correspondiente. La potestad de aprobar autónomamente leyes, reglamentos y bandos. La presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos. La adscripción de oficio al municipio de todos los bienes públicos que se encuentren en su territorio.

¿Quién elige al Alcalde de un Ayuntamiento?. Los vecinos mediante sufragio universal. Los partidos políticos mayoritarios en el Pleno. El equipo de gobierno elegido por el Pleno. Los concejales o los vecinos en los casos que prevé la Ley.

A quién corresponde según la legislación de Régimen Local la representación del Ayuntamiento?. Al Alcalde. Al Pleno del Ayuntamiento. A la Junta de Gobierno. A la Comisión de Gobierno.

Los acuerdos del Pleno de una corporación se adoptan, como regla general: Por mayoría de los miembros del Pleno. Por mayoría simple de los miembros presentes. Por mayoría absoluta. Por al menos la mitad de los miembros del Pleno.

¿Cuál de estos datos NO es obligatorio que conste en el Padrón Municipal?. Nombre y apellidos. Sexo. Domicilio habitual con la referencia catastral. Estado civil.

De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en relación con las competencias municipales diga cual de estas afirmaciones es FALSA: Los municipios han de prestar en todo caso los servicios de alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. La diputación podrá prestar los servicios mínimos y obligatorios de los municipios de manera directa o mediante fórmulas de gestión compartida. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, no pueden en ningún caso delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias. El Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias, pueden delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias, siempre que la delegación mejore la eficiencia de la gestión pública, contribuya a eliminar duplicidades administrativas y cumpla con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

¿A quién obliga los términos y los plazos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre?. Sólo a los interesados en la tramitación de los asuntos de que se trate. Sólo a las autoridades de la correspondiente administración. Sólo al personal de la correspondiente administración. A todas las personas y autoridades de los apartados anteriores.

En los procedimientos iniciados de oficio cuando se ejerzan potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, tiene los siguientes efectos: Se produce la caducidad del procedimiento. Pueden entenderse desestimadas las pretensiones del interesado por silencio administrativo. Pueden entenderse estimadas las pretensiones del interesado por silencio administrativo. No produce ningún efecto.

¿Cuál de estos actos no incurre en nulidad de pleno derecho?. Los que tienen un contenido imposible. Los dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Los que lesionan los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

¿Qué recurso en vía administrativa se puede interponer contra los actos firmes cuando concurren determinados supuestos?. El recurso de alzada. El recurso de reposición. El recurso extraordinario de revisión. El recurso contencioso administrativo.

Qué sistemas de firma puede utilizar una administración pública en el ejercicio de su competencia en la actuación administrativa automatizada?. Únicamente el sello electrónico de administración pública. Únicamente el código seguro de verificación vinculado a la administración pública. Puede utilizar tanto el sello electrónico de administración pública como el código seguro de verificación vinculado a ésta. Siempre, y en todo caso, utilizará la firma electrónica del funcionario que realice la correspondiente actuación.

Los instrumentos de planeamiento de desarrollo, según su función y alcance en la integración de la ordenación urbanística municipal serán: Planes Generales y Planes de Sectorización. Planes Parciales y Proyectos de Urbanización. Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle y Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos. Únicamente Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle.

Según la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, cuando un acto de construcción, edificación o uso del suelo sujeto a intervención municipal se realizase sin licencia, declaración responsable u orden de ejecución, o sin ajustarse a sus condiciones de una u otra, el Alcalde dispondrá: La suspensión del acto, previo trámite de audiencia. La suspensión inmediata del acto. El precinto de las obras o usos. El requerimiento de su legalización en el plazo de dos meses.

Los bienes de los patrimonios públicos de suelo, así como los restantes bienes de la Comunidad de Madrid y de los municipios clasificados como suelo urbano y urbanizable pueden ser enajenados: sólo mediante concurso por el procedimiento abierto o restringido, en la forma prevista en la legislación reguladora de los contratos de las Administraciones públicas. sólo mediante subasta en virtud de los procedimientos previstos en la legislación reguladora de los contratos de las Administraciones públicas. en todo caso, mediante subasta o concurso en virtud de los procedimientos previstos en la legislación reguladora de los contratos de las Administraciones públicas. sólo mediante concurso con pluralidad de criterios, cuando se destinen a viviendas protegidas.

En aplicación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la aprobación inicial de los Planes Parciales formulados por el Municipio corresponde a: El Alcalde. La Concejalía de Urbanismo. El Pleno del Ayuntamiento. La Comisión de Urbanismo de Madrid.

Conforme al art. 13 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el planeamiento general clasifica el suelo del término municipal en todas o algunas de las siguientes clases: Suelo urbano, suelo urbanizable, y suelo no urbanizable de protección. Suelo urbanizado y suelo rural. Suelo urbano, suelo urbanizable programado, y suelo urbanizable no programado. Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico especialmente protegido.

En las actuaciones de dotación, de conformidad con el artículo 20, letra b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que comprenderá, como mínimo: El 40 por ciento en el suelo urbanizado que deba someterse a dichas actuaciones. El 20 por ciento en el suelo urbanizado que deba someterse a dichas actuaciones. El 5 por ciento en el suelo urbanizado que deba someterse a dichas actuaciones. Ninguna de las anteriores es correcta.

¿Qué derecho se reconoce en el artículo 16 de la Constitución Española?. Derecho a la educación. Derecho a la libertad religiosa. Derecho al trabajo. Derecho al voto.

Según la Constitución española, los poderes públicos regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir: La construcción ilegal. La infravivienda. La especulación. La destrucción del medio ambiente.

La Administración estará obligada a acordar la práctica en el Registro de la Propiedad de la anotación preventiva: En la incoación de expedientes de disciplina urbanística que afecten a actuaciones por virtud de las cuales se lleve a cabo la creación de nuevas fincas registrales por vía de parcelación, reparcelación en cualquiera de sus modalidades, declaración de obra nueva o constitución de régimen de propiedad horizontal. En la resolución de expedientes de disciplina urbanística que afecten a actuaciones por virtud de las cuales se lleve a cabo la creación de nuevas fincas registrales por vía de parcelación, reparcelación en cualquiera de sus modalidades, declaración de obra nueva o constitución de régimen de propiedad horizontal. La incoación de expedientes de disciplina urbanística, cualquiera que sea su objeto. Ninguna de las anteriores es correcta.

Los Entes Locales pueden recuperar por si mismos, en cualquier momento, la posesión de sus bienes de dominio público. Por lo que respecta a la recuperación de los bienes patrimoniales, ¿en qué plazo se pueden recuperar?. Dentro del plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a la fecha en que se ha producido la usurpación. Dentro del plazo de un año a contar desde el día siguiente a la fecha en que se ha producido la usurpación. Dentro del plazo de cinco años a contar desde el día siguiente a la fecha en que se ha producido la usurpación. Cuando la recuperación la hacen ellos mismos, lo pueden hacer siempre.

¿Cuál es la regla general establecida en la Ley de Contratos del Sector Público para la división de los contratos públicos?. Los contratos se dividirán en lotes siempre que sea técnicamente posible. Los contratos se dividirán en lotes, debiendo justificarse en el expediente la no división. La división en lotes es opcional y depende del criterio del órgano de contratación. Los contratos no se dividirán en lotes para evitar la restricción de la competencia.

En relación con los criterios de adjudicación, ¿qué condición se establece para que puedan tomarse en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores?. Que las variantes supongan una mejora económica significativa. Que las variantes sean más innovadoras que la solución básica. Que las variantes se prevean en los Pliegos. Que las variantes sean propuestas por licitadores con mayor solvencia técnica.

Según la Ley de Contratos del Sector Público, ¿en qué tipo de procedimientos se puede emplear la subasta electrónica siempre que las especificaciones del contrato puedan establecerse de manera precisa?. Únicamente en los procedimientos abiertos. En los procedimientos restringidos y en el diálogo competitivo. En los procedimientos abiertos, en los restringidos y en las licitaciones con negociación. En todos los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.

¿Cuál es el plazo mínimo para la presentación de ofertas en el procedimiento abierto simplificado en contratos de obras?. Quince días hábiles desde la publicación del anuncio en el perfil de contratante. Veinte días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. Diez días hábiles en caso de tramitación urgente. Depende de la complejidad del contrato y lo que determine el órgano de contratación.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece en su artículo 34 que: Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como la de la Entidades Locales de ámbito supramunicipal. Dependiendo de las Mesas Sectoriales y por acuerdo de las mismas podrán constituirse Mesas Generales de Negociación, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas. La Administración y la mayoría de la representación sindical estarán obligadas a negociar bajo el principio de fe pública y a proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación.

Son materias objeto de negociación colectiva, según el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Los criterios generales de acción social. Los criterios específicos sobre las retribuciones del equipo de gobierno. Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de autoorganización. La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.

¿Cuál es la duración máxima de un Acuerdo Marco?. En todo caso dos años. En todo caso cuatro años. Cuatro años salvo casos excepcionales debidamente justificados. Seis años salvo casos excepcionales debidamente justificados.

¿Qué plazo tiene el órgano competente para resolver sobre las medidas cautelares solicitadas en un recurso especial en materia de contratación?. Dos días hábiles siguientes a la presentación del escrito. Diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito. Cinco días hábiles siguientes a la presentación del escrito. El plazo que considere oportuno el órgano competente.

¿Quién decide si procede o no el mantenimiento de la suspensión automática del acto de adjudicación en un recurso especial?. El órgano de contratación autor del acto impugnado. La mesa de contratación. El órgano competente para la resolución del recurso. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

¿Según lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Contratos del Sector Público qué información deben contener, como mínimo, los anuncios de licitación de contratos?. El presupuesto base de licitación y los criterios de adjudicación. El plazo de ejecución del contrato y la forma de presentación de las ofertas. La información recogida en el anexo III de la LCSP. La identidad del órgano de contratación y la descripción detallada del objeto del contrato.

El contenido de los actos de intervención: Será congruente con los motivos y fines que los justifiquen. Si fueren varios los medios admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. Las dos respuestas anteriores son correctas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿Bajo qué condición principal se ejerce la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, según el artículo 25 de la ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del Sector Público?. Bajo la discrecionalidad del órgano administrativo competente. Cuando exista una necesidad administrativa justificada. Cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio. Por acuerdo unánime de los órganos colegiados competentes.

En el caso de que el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, ¿cómo responden ante las infracciones cometidas y las sanciones impuestas, de acuerdo con el artículo 28.3 LRJSP?. Cada persona responde de forma individual y proporcional a su grado de participación. La responsabilidad se determina según el criterio del órgano sancionador. Solo responde la persona que haya tenido la mayor participación en la infracción. Responden de forma solidaria de las infracciones y de las sanciones impuestas, aunque si la sanción es pecuniaria y posible, se individualizará en función del grado de participación de cada responsable.

Según el principio de proporcionalidad en la potestad sancionadora ¿qué implicaciones tiene la comisión de infracciones tipificadas con respecto al beneficio del infractor?. La comisión de las infracciones puede resultar más beneficiosa que el cumplimiento de las normas. El beneficio obtenido por la infracción no se tendrá en cuenta para la imposición de la sanción. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. Las sanciones siempre serán proporcionales al daño causado, independientemente del beneficio obtenido.

Según el artículo 31 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué ocurre cuando unos mismos hechos han sido sancionados penal o administrativamente?. Se impondrá la sanción más grave de las dos. Se podrán acumular ambas sanciones si los fundamentos son distintos. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. La sanción administrativa se suspenderá hasta que se dicte sentencia firme en el procedimiento penal.

¿Cuándo varias personas son responsables conjuntamente del cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley, ¿cómo responden ante las infracciones cometidas?. Cada persona responde de forma individual según su grado de participación. Responden de forma solidaria de las infracciones y de las sanciones impuestas. La responsabilidad se determina según el criterio del órgano sancionador. Solo responde la persona que haya tenido una participación principal en la infracción.

Según el artículo 34 de la Ley 40/2015 de 1 octubre de régimen jurídico del Sector Público, ¿qué tipo de lesiones producidas al particular serán indemnizables?. Todas las lesiones producidas por la actuación de la Administración Pública. Las lesiones derivadas de hechos que no se hubieran podido prever o evitar. Las lesiones provenientes de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. Las lesiones producidas en los cinco años anteriores a la reclamación.

Cuál es el objeto principal de la Ley 19/2013?. Regular el funcionamiento interno de la Administración General del Estado. Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular el acceso a la información y establecer obligaciones de buen gobierno. Modificar la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Crear el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

De conformidad con el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo: Contribuir a la consecución de la eficiencia en la prestación de los servicios y de la eficacia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. Contribuir a la consecución de la eficiencia en la prestación de los servicios y de la eficacia en la asignación presupuestaria, mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. Contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus recursos humanos, su mejor planificación, formación, promoción profesional y movilidad. Ninguna es correcta.

De conformidad con el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tienen derecho a: Formación en materia preventiva. Vigilancia de su estado de salud. Paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente. Todas son correctas.

Los miembros del Gobierno: No podrán ejercer otras funciones representativas que las asignadas por su Presidente. Podrán ejercer funciones representativas asignadas por su Presidente y las propias del mandato parlamentario. No podrán ejercer otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. No podrán ejercer otra función que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

Señale la respuesta incorrecta respecto de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos. La ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana e iguales en derechos y deberes. Los poderes públicos están obligados a atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les corresponda.

La acusación por responsabilidad penal del Presidente y demás miembros del Gobierno: Se llevará a cabo con la aprobación de dos tercios de los miembros del Congreso. Se llevará a cabo con la mayoría absoluta de las Cortes Generales. Se llevará a cabo con la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso. Se llevará a cabo con la aprobación de la mayoría del Congreso.

Señale la respuesta incorrecta de conformidad con el Título VI de la Constitución Española: Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. Los daños causados como consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean la Constitución y las leyes de procedimiento. La constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales se regulará por la ley Orgánica del Poder Judicial.

El Tribunal de Cuentas: Depende directamente del Congreso de los Diputados. Depende directamente de las Cortes Generales. Sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a al Congreso de los Diputados un informe anual, en el que comunicará las infracciones o responsabilidades en las que se hubiera incurrido. Sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe semestral, en el que comunicará las infracciones o responsabilidades en las que se hubiera incurrido.

El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional: Es una competencia que pueden asumir las Comunidades Autónomas. Es una competencia que pueden asumir las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la colaboración del Estado. Es una competencia que pueden asumir las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la supervisión del Estado. Es una competencia que pueden asumir las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la normativa básica del Estado.

¿Puede el Estado dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autonómas?. Si, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de ellas, cuando así lo exija el interés general. Si, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de ellas, cuando así lo exija el interés nacional. No. No, como criterio general.

Respecto al complemento específico y de conformidad con el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de Administración Local, en los municipios de régimen común: La Junta de Gobierno Local, al aprobar la relación de puestos de trabajo, determinará aquéllos a los que corresponde un complemento específico, señalando su respectiva cuantía. La Corporación, con carácter previo, al establecimiento o modificación del complemento específico deberá, efectuar una valoración del puesto de trabajo. La Corporación, con carácter previo, al establecimiento o modificación del complemento específico podrá, efectuar una valoración del puesto de trabajo. Ninguna es correcta.

El funcionario declarado en la situación de suspensión regulada en el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional. Perderá el puesto de trabajo cuando la suspensión exceda de doce meses. No podrá prestar servicios únicamente en su Administración de origen. La suspensión de funciones no puede provocar la pérdida del puesto de trabajo.

En un concurso para la provisión de un puesto de trabajo, ¿Cuál es el plazo para tomar posesión por el funcionario de carrera al que se le haya adjudicado el puesto de trabajo?. 15 días hábiles si implica cambio de residencia. 3 días hábiles si no implica cambio de residencia. 20 días hábiles si implica cambio de residencia. 5 días hábiles si no implica cambio de residencia.

Son causas de extinción del contrato de trabajo, según el artículo 49 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: Por las causas consignadas válidamente en el contrato incluidas las que no constituyan abuso de derecho manifiesto por parte del empresario. Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación del trabajo, debiendo ser constatada por los trabajadores. Por extinción de la personalidad jurídica del contratante. Por incapacidad permanente del trabajador.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece en su artículo 22, que las retribuciones complementarias son las que: Retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado subgrupo o grupo de clasificación profesional. Retribuyen las características de los puestos de trabajo, carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. Retribuyen las características de los puestos de trabajo, carrera profesional o el desempeño y pagas extraordinarias. Retribuyen la antigüedad alcanzada por el funcionario en su puesto de trabajo.

¿Qué derechos pueden ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución? a) b) . c) d). Los reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, en todo caso. Los reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2; excepto el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. X (art. 55.1CE). Los reconocidos en los artículos 17, 18, apartado 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, en todo caso. Los reconocidos en los artículos 17, 18, apartado 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2; excepto el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales viene recogido: En el artículo 9 de la Constitución de 1978. En el artículo 12 de la Constitución de 1978. En el artículo 24 de la Constitución de 1978. La Constitución de 1978 no recoge tal principio.

De conformidad con el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el plazo de prescripción de las sanciones impuestas por faltas leves, es de: Un año. Seis meses. Dos años. Tres años.

De conformidad con el artículo 137.4 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la enajenación de los inmuebles podrá realizarse mediante la adjudicación directa. Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida. Cuando se trate de solares que por su forma o pequeña extensión resulten inedificables y la venta se realice a un propietario colindante. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Conforme a lo previsto en el RDL 2/2004 por el que se acuerda el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente de ponderación del IAE se determina en función de: El importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo que será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por él y se determinará de acuerdo con las exenciones previstas. El importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo que será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por él y se determinará de acuerdo con el coeficiente de situación. El importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo que será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por él y se determinará de acuerdo con la ponderación de la situación física del local dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique. Ninguna es correcta.

Según establece la LO 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas en la Sección de Enjuiciamiento será competencia de los Consejeros de Cuentas. Señale la opción incorrecta. Los juicios de las cuentas. La instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance. Los expedientes de cancelación de fianzas. Los procedimientos de reintegro por alcance.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo: Directo y potestativo. Directo y obligatorio. Indirecto y potestativo. Indirecto y obligatorio.

Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, incrementada o no por la aplicación del coeficiente, bonificaciones en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Señale la incorrecta: En función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. En los vehículos de más de 25 años de antigüedad. En los vehículos históricos.

La afección real del bien transmitido al pago de la cuota tributaria en el Impuesto sobre bienes inmuebles: Determina la responsabilidad solidaria del adquirente. Opera cuando se realiza la inscripción en el Catastro. Determina la responsabilidad subsidiaria del adquirente. Opera cuando el bien se inscribe en el Registro de la Propiedad.

¿Cuál es el plazo máximo del que dispone la inspección para tramitar un procedimiento de comprobación limitada según recoge la ley 58/2003 General Tributaria?. 18 meses, con carácter general. 27 meses, según los casos previstos en el art. 150 LGT. 9 meses. 6 meses.

Conforme a lo previsto en la ley 58/2003 General Tributaria, una vez finalizado el período de pago voluntario del tributo, si un obligado al pago satisface la deuda antes de la notificación de la providencia de apremio, ¿qué recargo habrá de pagar?. 5%. 10%. 20%. El recargo por presentación extemporánea previsto en el art. 27 LGT.

Las reclamaciones económico-administrativas previstas en la normativa: Son previas al recurso de reposición. Se restringen al ámbito estatal. No son de aplicación en el ámbito local. Son, en su caso, posteriores al recurso de reposición.

La liquidación tributaria es: El acto de la administración por el que se determina el importe de la deuda tributaria. El acto de la administración por el que se solicita al obligado al pago los datos necesarios para determinar la deuda tributaria. La comunicación que realiza el obligado tributario de los datos necesarios para determinar la deuda tributaria. La declaración de los elementos de la deuda tributaria.

Un particular realiza al Ayuntamiento de Majadahonda una aportación para financiar gastos, junto con la entidad local, que por su naturaleza están comprendidos entre sus fines y objetivos. Dicha aportación no tiene carácter tributario. ¿Qué tipo de modificación presupuestaria procedería llevar a cabo?. Crédito extraordinario. Generación de crédito. Incorporación de crédito. Crédito ampliable.

En el supuesto de que hubiera que realizar la liquidación del presupuesto de la entidad local con remanente de tesorería negativo, ¿qué procedería realizar? Señale la opción incorrecta. Aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente con superávit inicial. Aprobar una reducción de gastos. Aprobar un plan económico-financiero. Concertar una operación de crédito.

De los relacionados a continuación, ¿qué supuesto no está sujeto al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana?. Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal. Los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial. Las ejecuciones hipotecarias.

El presupuesto general de la entidad local entra en vigor: El 1 de enero del ejercicio siguiente. Una vez publicado en el boletín oficial correspondiente el presupuesto aprobado definitivamente. Cuando se produce la aprobación definitiva por el Pleno. Una vez resueltas las reclamaciones que se hubieran podido presenta.

Según se recoge en el artículo 27 del RD 500/1990 los niveles de vinculación jurídica de los créditos. Son, con carácter general, los establecidos en cada momento en las ordenanzas municipales. Son, con carácter general, los establecidos en cada momento por la normativa presupuestaria estatal. Son, con carácter general, los establecidos en cada momento por la normativa presupuestaria autonómica a la que pertenezca la entidad local. Ninguna es correcta.

Cuál de las siguientes NO es una modificación de crédito presupuestaria: Suplemento de crédito. Ampliaciones de crédito. Crédito excepcional. Incorporación de remanentes de crédito.

Los créditos consignados en el Presupuesto de gastos, así como los procedentes de las modificaciones presupuestarias podrán encontrarse, con carácter general, en cualquiera de las tres situaciones siguientes: Créditos iniciales, Créditos retenidos pendientes de utilización, Créditos prohibidos. Créditos disponibles, Créditos retenidos pendientes de utilización, Créditos no disponibles. Créditos disponibles, Créditos pendientes de utilización, Créditos remanente. Créditos disponibles e indisponibles.

Según el artículo 205 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale la respuesta incorrecta respecto a los fines de la contabilidad pública local: Determinar los resultados analíticos poniendo de manifiesto el coste y rendimiento de los servicios. Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la confección de las cuentas económicas del sector público y las nacionales de España. Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y de eficiencia. Determinar los resultados desde un punto de vista económico-patrimonial.

Podrán establecer y exigir un impuesto sobre la materia imponible gravada por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: a) La Unión Europea. b) Las Comunidades Autónomas. c) El Estado. d). la UE. las CCAA. El Estado. Ninguna de las anteriores.

De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, el ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases: La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores; la fiscalización del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión; la intervención formal de la ordenación del pago; la intervención material del pago. La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores; la intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión; la intervención formal de la ordenación del pago; la intervención material del pago. La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores; la intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión; la intervención formal de la ordenación del pago; la intervención material del pago. Ninguna es correcta.

Las liquidaciones tributarias deberán notificarse a los obligados tributarios: De forma colectiva, en los tributos de cobro periódico por recibo. Siempre de forma individualizada. De forma colectiva, en los tributos de cobro periódico por recibo, siempre después de que sea notificada individualmente la liquidación correspondiente al alta en el respectivo padrón. Siempre de forma colectiva.

En el supuesto de que la liquidación presupuestaria de una corporación local se sitúe en superávit, éste se destinará: A reducir la carga fiscal vinculada a servicios obligatorios. A reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda. A reducir la presión fiscal vinculada a servicios potestativos. A gastos de inversión.

Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de cuatro meses, dentro de un periodo de doce meses. El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de doce meses. El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

¿Cuál de estos documentos no forma parte del presupuesto general de las Entidades Locales?. La Memoria del Presidente. El Anexo de Personal. El Anexo de Inversiones. El Plan Estratégico de Subvenciones.

A quien corresponde de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público la competencia como órgano de contratación de un contrato de obras cuando su valor estimado supera el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto: Pleno. Alcalde. A la Junta de Gobierno Local. Al Concejal delegado.

Cuál de los siguientes derechos y libertades no está incluido en la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la Constitución Española de 1978 y, por tanto, no posee la consideración de derecho fundamental?: Derechos a la libre elección de residencia. Libertad de cátedra. Derecho de asociación. Derecho a la protección de la salud.