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Cuál de los siguientes, según la Constitución, no es un derecho fundamental: El derecho a la propia imagen. El derecho de asociación. El derecho al honor. El derecho al trabajo.

La defensa de los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución corresponde: Al Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, y cuya institución será regulada por una ley orgánica. Al Defensor del Pueblo, como alto comisionado del Congreso de los Diputados, y cuya institución será regulada por una ley orgánica. Al Defensor del Pueblo, como alto comisionado del Congreso de los Diputados, y cuya institución será regulada por una ley ordinaria. Al Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, y cuya institución será regulada por una ley ordinaria.

Los actos del Rey serán refrendados: Por el Presidente del Gobierno o por el Ministro competente. Por el Presidente del Gobierno y por los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, conjuntamente. Por el Presidente del Gobierno y por el Presidente del Congreso de los Diputados, conjuntamente. Por el Presidente del Congreso de los Diputados, cuando se trate del nombramiento del Presidente del Gobierno.

Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: Los miembros de las Cortes Generales estarán ligados por mandato imperativo. Nadie podrá ser miembro, simultáneamente, del Congreso de los Diputados y del Senado. Nadie podrá ser miembro, simultáneamente, de una Asamblea de Comunidad Autónoma y del Senado. Las reuniones de Parlamentarios, aún cuando se celebren sin convocatoria reglamentaria, vincularán a las Cámaras.

Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, la proposición de un candidato a Presidente de Gobierno, corresponde: Al Presidente de las Cortes Generales. Al Presidente del Congreso de los Diputados. Al Rey. Al grupo parlamentario que haya obtenido más número de escaños.

Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. El Gobierno dirige la política interior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, pero no la política exterior. El Gobierno dirige la política interior, la Administración civil , pero no la política exterior ni la Administración militar. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y pero no la Administración militar.

El Consejo General del Poder Judicial: Estará integrado por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros. Una Ley orgánica regulará su constitución y funcionamiento. Estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros. Una Ley ordinaria regulará su constitución y funcionamiento. Estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros. Una Ley orgánica regulará su constitución y funcionamiento. Estará integrado por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros. Una Ley ordinaria regulará su constitución y funcionamiento.

Según el artículo 137 de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente: En municipios, en provincias, en islas y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. En municipios, en provincias, en cabildos y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. En municipios, en provincias, en regiones y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.

Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales: Serán de aplicación directa en España una vez publicados en los Boletines Oficiales de los países que los suscriben y en el Diario Oficial de la Unión Europea. Serán de aplicación directa en España una vez publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. No serán de aplicación directa en España en tanto una ley orgánica posterior las transpongan al ordenamiento español. No serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado.

Corresponde al Rey, entre otras: Nombrar y separar al Presidente del Congreso de los Diputados, a propuesta del Presidente del Gobierno. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta del Presidente de Gobierno. Nombrar y separar al Presidente del Senado, a propuesta del Presidente del Gobierno. Declarar la guerra, previa autorización del Consejo de Ministros.

Las Universidades Públicas: No forman parte del sector público institucional por lo que no se les aplica la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Forman parte del sector público institucional y se les aplica la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con prioridad a sus normas específicas. Forman parte del sector público institucional y se rigen por su normativa específica, pero en ningún caso por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Forman parte del sector público institucional y se les aplica supletoriamente las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Son órganos superiores de la organización central de la Administración General del Estado: Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Subsecretarios de Estado. Los Ministros, los Secretarios de Estado, los Subsecretarios de Estado y los Secretarios Generales Técnicos. Los Ministros y los Secretarios de Estado. Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Secretarios Generales Técnicos.

Las fuentes del ordenamientos jurídico español, son: La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La ley, la costumbre, la tradición y los principios generales del derecho. La ley, la costumbre, la tradición, los principios generales del derecho y la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia. Las leyes orgánicas y ordinarias, la tradición y la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia.

Son órganos directivos de la organización territorial de la Administración General del Estado: Los Delegados del Gobierno, los Subdelegados del Gobierno y los Directores Territoriales. Los Delegados del Gobierno, los Subdelegados del Gobierno y los Directores Provinciales. Los Delegados del Gobierno y los Subdelegados del Gobierno. Los Delegados del Gobierno, los Subdelegados del Gobierno y los Directores Autonómicos.

Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su actuación a los principios de: Legalidad, eficacia, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y de transparencia. Legalidad, eficacia, disponibilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y de transparencia. Legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y de transparencia. Legalidad, eficacia presupuestaria, estabilidad financiera y de transparencia.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos: Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Desde la fecha en que se dicten, en todo caso. Desde la fecha de la notificación. Desde el día siguiente al de su notificación.

Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos: Cuando se dicten en sustitución de actos anulados. En ningún caso. Cuando produzcan efectos desfavorables al interesado. Cuando los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto aún cuando éste lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta: Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir del día siguiente a la fecha en que el acto haya sido dictado. Toda notificación deberá indicar si pone fin o no a la vía administrativa. Toda notificación deberá expresar los recursos que procedan. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio: Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

El Delegado de Protección de Datos en un Ayuntamiento: Dependerá jerárquicamente del Concejal titular del área de protección de datos. Dependerá jerárquicamente del titular de la Alcaldía. Dependerá jerárquicamente del Concejal titular del área de transparencia y gobierno abierto. Dependerá jerárquicamente de la Junta de Gobierno Local.

La falta o insuficiencia de acreditación de la representación de terceras personas ante la Administración: En todo caso, es subsanable en cualquier momento del procedimiento. No es subsanable en ningún caso, produciendo la caducidad del procedimiento. Solo es subsanable en los supuestos expresamente previstos en la legislación. Es subsanable en el plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo.

La función legislativa en la Unión Europea corresponde: Al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo. Al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y a la Comisión Europea. Solo al Parlamento Europeo. Solo al Consejo Europeo.

El Delegado de Protección de Datos en un Ayuntamiento: Deberá ser personal ajeno al Ayuntamiento, pero sujeto a relación laboral de otra empresa. Deberá ser personal ajeno al Ayuntamiento, necesariamente profesional autónomo. En ningún caso podrá tener la condición de funcionario. Podrá tener la condición de funcionario.

La disolución y convocatoria de nuevas elecciones a Les Corts Valencianes: Por medio de Decreto del Consell. Por medio de Ley de Les Corts. Por medio de Decreto del Consell y posterior Ley de Les Corts. Por medio de Decreto del President de la Generalitat.

Se podrá determinar la división comarcal, en el ámbito de la Comunidad Valenciana: Por ley de Les Corts, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta. Por ley de Les Corts, que deberá ser aprobada por mayoría de dos tercios. Por ley de Les Corts, que deberá ser aprobada por mayoría de tres quintos. Por ley de Les Corts, que deberá ser aprobada por mayoría simple.

Según el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales los perceptores de órdenes de pago a justificar quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de: Un mes. Dos meses. Tres meses. Quince días.

Según el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobar las normas contables de carácter general a las que tendrá que ajustarse la organización de los organismos autónomos municipales corresponde: El Ministerio de Hacienda a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. Al Pleno a propuesta de la Intervención General de la entidad local. Al Pleno mediante las bases de ejecución del presupuesto. Al Pleno a propuesta de la Intervención de Presupuesto y Contabilidad.

Según el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales: El ejercicio contable se inicia con la aprobación de la Cuenta General. Coincidirá con el ejercicio presupuestario. Finaliza con la aprobación de la Cuenta General. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el expediente de contratación en los contratos menores: La tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato. No se requerirá la aprobación del gasto. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado igual o inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras. Los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año y podrán prorrogarse por un año.

Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará: En régimen de concurrencia competitiva. De forma directa. De forma directa, cuando el crédito disponible sea inferior a 300.000 euros; y en régimen de concurrencia competitiva, en el resto de los casos. En régimen de concurrencia competitiva, cuando el procedimiento no se inicie de oficio.

De conformidad con el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, será causa de inadmisión de un recurso, señale la respuesta correcta: Carecer de legitimación el recurrente. Tratarse de un acto susceptible de recurso. Haber transcurrido el plazo para la resolución del recurso. Ser competente el órgano administrativo.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto: La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá la ejecución del acto impugnado. Las administraciones públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o favorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabrá recurso en vía administrativa. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: El plazo para la interposición del recurso de alzada será de tres meses, si el acto fuera expreso. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de dos meses, si el acto fuera expreso. El plazo para la interposición del recurso extraordinario de revisión será de 4 años cuando se trate de la causa a)prevista en el artículo 125.2, que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de un mes.

Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, señale la respuesta correcta: Son anulables. Son válidas. No son recurribles. Son nulas.

Según el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique la respuesta correcta: Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán de oficio o a solicitud del interesado y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente y no establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán de oficio o a solicitud del interesado, por acuerdo del órgano competente y no establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora.

Según el artículo 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo de iniciación de un procedimiento de naturaleza sancionadora, señale la respuesta correcta: Se comunicará al instructor del procedimiento, y se notificará a los interesados. Se notificará al instructor del procedimiento, y se comunicará a los interesados. Se comunicará al inculpado. Se notificará al instructor del procedimiento y a los interesados.

El plazo para interponer el recurso potestativo de reposición, cuando el acto fuera expreso, será de: Un mes. Dos meses. Tres meses. Díez días.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son: Días naturales, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. Días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Días naturales, incluyendo sábados y domingos, salvo que el último día del plazo sea festivo. Días hábiles, excluyéndose únicamente los domingos y los días declarados festivos.

En qué plazo debe un interesado interponer el recurso contencioso administrativo desde que le fue notificada la resolución administrativa con la que está disconforme?. Dos meses. Un mes. Treinta días. Cuatro meses.

El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo, se cuenta: Desde el mismo día de la notificación de la resolución administrativa. Desde el día en que se dicta la resolución administrativa. Desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa. Desde el día en que se publica la resolución en el boletín oficial.

De acuerdo con el artículo 9.1 la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), ¿qué régimen jurídico se aplica a las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público?. Se consideran contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada por la Unión Europea. Son contratos administrativos especiales que se rigen íntegramente por la LCSP. Se encuentran excluidas del ámbito de la LCSP y se rigen por su legislación específica, salvo en los casos en que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la citada Ley. Son negocios jurídicos privados que se rigen exclusivamente por el Código Civil y la Ley de Patrimonio de las AP.

La interposición del recurso especial en materia de contratación: Tendrá carácter potestativo y será oneroso para los recurrentes. Tendrá carácter preceptivo y previo y será gratuito para los recurrentes. Tendrá carácter potestativo y será gratuito para los recurrentes. Tendrá carácter preceptivo y se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el acto objeto de impugnación.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, e indica que: El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. El responsable del contrato será obligatoriamente una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante. El responsable del contrato será obligatoriamente una persona física o jurídica, ajena a la entidad contratante. El responsable del contrato formará parte necesariamente de la Mesa de Contratación en calidad de vocal técnico.

¿Cuál de los siguientes es un requisito esencial para que exista responsabilidad patrimonial de la Administración Pública?. Que el daño sea consecuencia de fuerza mayor. Que el particular haya contribuido de forma exclusiva a la producción del daño. Que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. Que el daño sea consecuencia de un acto lícito de la Administración, pero no antijurídico.

¿Cuál es el primer trámite del procedimiento general de expropiación forzosa tras la declaración de utilidad pública o interés social?. El pago del justiprecio. La ocupación material de los bienes. La determinación individualizada de los bienes y derechos a expropiar mediante el levantamiento del acta previa a la ocupación. La aprobación del expediente de justiprecio por mutuo acuerdo.

Según la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el plazo máximo para que la Administración ejerza la potestad de recuperación posesoria de bienes de dominio público desde que tuvo conocimiento de la ocupación indebida?. 1 año. 3 años. 6 meses. No existe plazo, puede ejercerse en cualquier momento mientras el bien conserve su carácter demanial.

¿Cuál de los siguientes es un requisito esencial para que una persona pueda obtener la condición de beneficiario de una subvención según la Ley 38/2003, General de Subvenciones?. Ser residente en cualquier país, sin importar su situación fiscal. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en la ley. Haber recibido previamente otra subvención del mismo órgano concedente. Ser menor de edad.

Según la Ley 38/2003, General de Subvenciones, ¿cuál es el plazo general de prescripción para exigir el reintegro de subvenciones indebidamente percibidas?. Un año. Dos años. Cuatro años. Diez años.

¿Cuál es la función principal de la comisión de valoración en el procedimiento de concesión de subvenciones según la Ley 38/2003, General de Subvenciones?. Resolver y conceder directamente las subvenciones. Evaluar las solicitudes presentadas y emitir un informe con el resultado de la valoración. Fiscalizar el pago de las subvenciones. Elaborar la convocatoria de las subvenciones.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre define el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres como la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de: La maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. La maternidad, la asunción de obligaciones familiares y laborales. La maternidad, la asunción de los cuidados y la brecha salarial. La asunción de la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.

Están legitimados para plantear conflictos en defensa de la autonomía local: El municipio o provincia que sea destinatario único de la ley. Un número de municipios que supongan al menos una décima parte de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley. Un número de municipios que supongan al menos una octava parte de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley. Un número de provincias que supongan al menos una décima parte de las existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley.

Para iniciar el planteamiento de conflicto en defensa de la autonomía local deberá solicitarse dictamen previomdel Consejo de Estado u órgano consultivo de la correspondiente comunidad autónoma: Que será preceptivo pero no vinculante. Que será preceptivo y vinculante. No es necesario dictamen previo. El dictamen no será previo, sino posterior al planteamiento.

La aprobación de una ordenanza local requiere información pública por un plazo mínimo de: 1 mes. 15 días. 10 días. 30 días.

Según dispone el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, qué cantidad mínima de habitantes debe tener un núcleo de población territorialmente diferenciado para que pueda crearse un nuevo municipio: 2000. 3000. 4000. 2500.

Cuál de los siguientes datos no es obligatorio que contenga la inscripción de una persona en al padrón municipal: Sexo. Número de teléfono móvil o fijo. Certificado o título escolar o académico que se posea. Nacionalidad.

En un municipio de gran población, es competencia del Pleno: Determinación de los recursos propios de carácter tributario, no siendo delegable esta competencia. Aprobación del proyecto del presupuesto. Desarrollo de la gestión económica. Aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales, no siendo delegable esta competencia.

Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, no tendrán dedicación exclusiva los miembros de las corporaciones locales de población inferior a: 1000 habitantes. 2000 habitantes. 3000 habitantes. 5000 habitantes.

Según la Ley de Protección de Riesgos Laborales, no es un principio de la acción preventiva: Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Evaluar los riesgos que se puedan evitar. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Tener en cuenta la evolución de la técnica.

La Junta de Gobierno Local, en un municipio de gran población, podrá delegar: La aprobación de la relación de puestos de trabajo. Ejercer la potestad sancionadora. La concesión de cualquier tipo de licencia. La aprobación del proyecto del presupuesto.

Los informes de la Asesoría Jurídica Municipal, con carácter general: Tendrán carácter vinculante y se emitirán en el plazo máximo de 10 días hábiles. No tendrán carácter vinculante y se emitirán en un plazo de 10 días hábiles. No tendrán carácter vinculante y se emitirán en un plazo de 20 días hábiles. Tendrán carácter vinculante y se emitirán en un plazo de 20 días hábiles.

Según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General: La moción de censura al Alcalde deberá ser propuesta, al menos, por la décima parte del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía. El escrito en el que se proponga la moción de censura deberá incluir las firmas debidamente autenticadas por notario o por el Secretario General de la Corporación. El Pleno convocado para votar la moción de censura será presidido por el Teniente de Alcalde que por turno corresponda. Ningún concejal puede firmar durante 1 año natural más de una moción de censura.

En aplicación de lo establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General, concurre causa de inelegibilidad o son inelegibles para el cargo de alcalde o alcaldesa en: Los Magistrados, Jueces y Fiscales aunque no se hallen en situación de activo. Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, a pena privativa de libertad, durante el período que dure la pena. Los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía tanto si están en activo como si no lo está. Un consejero del Consejo General de Seguridad Nuclear.

En los municipios de gran población, es competencia de la Junta de Gobierno Local: La determinación de las formas de gestión de los servicios. La determinación de los recursos propios de carácter tributario. Aprobar la oferta de empleo público. Dirigir la política, el gobierno y la administración municipal.

La delegación del ejercicio de competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en los municipios no podrá ser inferior a: 2 años. 3 años. 4 años. 5 años.

El valor estimado del contrato: No permite determinar si el contrato está sujeto a regulación armonizada. Incluye prórrogas y cualquier modificación prevista sobre el presupuesto base de licitación. Se calcula sumando el presupuesto base de licitación y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que grave la operación. Las respuestas de los apartados a) y b) son ciertas.

Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico: Podrá requerirla, invocando expresamente el art. 65 LBRL, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes. Podrá suspenderlo, previo requerimiento de anulación. Podrá impugnar directamente el acto o el acuerdo ante la jurisdicción contencioso administrativa en el plazo máximo de un mes. Podrá impugnar directamente el acto o el acuerdo ante la jurisdicción contencioso administrativa en el plazo máximo de un mes contado desde el día en que venza el requerimiento dirigido a la Entidad local.

El artículo 10.1 de la Ley 7/1975. de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que la Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de: Legalidad, información mutua, transparencia, igualdad y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. Autonomía, lealtad institucional, coordinación, colaboración y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. Información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.

Según la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la competencia para la contratación en las entidades locales?. El Pleno del Ayuntamiento es siempre el órgano de contratación, salvo delegación expresa en la Junta de Gobierno Local. El Alcalde o Presidente es el órgano de contratación en los contratos menores y en los procedimientos abiertos, restringidos y negociados, salvo que la competencia esté atribuida expresamente al Pleno. La Junta de Gobierno Local es el órgano de contratación en todos los contratos de obras, servicios y suministros, sin excepción. El Secretario municipal asume la competencia de contratación en ausencia del Alcalde o Presidente.

Señala la respuesta correcta: Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias mediante gestión directa. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias mediante gestión directa e indirecta. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias mediante gestión por la propia Entidad local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias mediante las formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos.

De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 7.1985, de 2 de abril reguladora de Bases de Régimen Local, la actividad de la intervención de las Entidades locales se ajustará en todo caso: A los principios de proporcionalidad y necesidad con el objetivo que se persigue. A los principios de racionalización y sostenibilidad financiera. A los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue. Al principio de igualdad de trato.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la aplicación del TREBEP al personal funcionario de las entidades locales es correcta?. Los Cuerpos de Policía Local se rigen exclusivamente por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin aplicación del TREBEP ni de la legislación autonómica. El personal funcionario de las entidades locales se rige únicamente por la legislación estatal, sin intervención de la legislación autonómica. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal, de la que forma parte el TREBEP, y por la legislación de las comunidades autónomas, respetando la autonomía local; los Cuerpos de Policía Local, además, se rigen por la Ley Orgánica 2/1986, salvo en lo establecido específicamente para ellos. El TREBEP no es de aplicación al personal funcionario de las entidades locales bajo ninguna circunstancia.

El RD 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, tiene por objeto: La delimitación de las funciones reservadas a los funcionarios de la Administración Local con habilitación autonómica. La estructura y acceso a la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. La creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local sin habilitación de carácter nacional, así como las especialidades de sus situaciones administrativas y régimen disciplinarios. El Registro Integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter autonómico.

Según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 69 del TREBEP, las AAPP podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, entre otros, algunas de las siguientes medidas: Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo. Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de trabajadores, como del de los perfiles profesionales o niveles de capacidad de los mismos. Medidas de carrera profesional. La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Relación de puestos de trabajo.

De conformidad con el Real Decreto5 /2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el derecho de reunión reconocido a los empleados-as públicos-as están legitimados para ejercerlo entre otros: Los empleados-as públicos-as de la Administración Pública en número no inferior al 50 por cien del convenio convocado. Los empleados-as públicos-as de la Administración Pública en número no inferior al 25 por cien del colectivo convocado. Los empleados-as públicos-as de la Administración Pública en número no inferior al 40 por cien del colectivo convocado. La mesa sectorial de negociación.

Conforme al Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las sanciones impuestas a un funcionario-a por el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidad cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad prescribe a: Tres años. Seis meses. Dos años. Un año.

Según lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,. Se podrá establecer una bonificación a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico por una entidad financiera hasta el 3%. Se podrá establecer una bonificación a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico por una entidad financiera hasta el 5%. Se podrá establecer una bonificación a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico por una entidad financiera hasta el 4%. La bonificación la establecerá la Ordenanza Fiscal.

Las tarifas del impuesto de actividades económicas pueden modificarse: Mediante Ordenanza Fiscal que a pruebe el Ayuntamiento. Mediante acuerdo expreso del Pleno de la Corporación. Mediante Ley aprobada por la Comunidad Autónoma. Mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado.