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¿Se puede presentar una demanda en sede judicial sin certificar un MASC previo?. Nunca. Siempre. Dependerá del tipo de procedimiento. Todas las respuestas son incorrectas.

En los métodos heterocompositivos se engloba. Todas las respuestas son verdaderas. La conciliación. La mediación. El arbitraje y el procedimiento judicial.

Dentro de los mecanismos adecuados de resolución extrajudicial de conflictos se encuentra: Mediación. Todas las respuestas anteriores son correctas. Dictamen de un experto independiente. Conciliación.

La consecuencia de no cumplir con el requisito de procedibilidad es: No hay consecuencias porque los MASC son facultativos. Todas las respuestas son incorrectas. La tramitación de la demanda. La inadmisón de la demanda.

Los MASC según la Ley 1/2025 se aplican: Derecho Civil y Mercantil. Derecho Penal. Derecho Administrativo. Derecho Laboral.

La resolución extrajudicial de conflictos tiene como objetivo principal según la Ley 1/2025: Todas las respuestas son verdaderas. Limitar el acceso de los ciudadanos a la justicia. Aumentar el número de causas judiciales. Reducir la carga de los tribunales descongestionando de asuntos.

La negociación directa entre partes: No se considera actividad válida para certificar la procedibilidad salvo que sea asistida por abogados. Es una de las actividades calificadas como negociadoras en la legislación. Todas las respuestas son incorrectas. No sirve como requisito de procedibilidad.

En los Dispute Boards: Todas las respuestas son ciertas. Puede actuarse como un mecanismo pre arbitral. Se pueden emitir decisiones obligatorias y vinculantes para las partes. Se asiste a las partes en la prevención y resolución de disputas ejecutadas.

Son métodos autocompositivos: Todas las respuestas son incorrectas. La sumisión a órganos jurisdiccionales. La negociación. La sumisión al arbitraje.

Las informaciones vertidas durante un MASC: Solo pueden utilizarse en un arbitraje posterior. Dependerá de lo pactado por las partes. Todas las respuestas son incorrectas. Pueden utilizarse en un posterior proceso judicial sin limitaciones.

Las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediación: Todas las respuestas son correctas. Se realicen por videoconferencia. Se lleven a cabo por medios electrónicos. Utilicen medios electrónicos siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes.

El mediador: Dirigirá las sesiones. Todas las respuestas son incorrectas. Facilita la exposición de sus posiciones y su comunicación de un modo igual y equilibrado. Convocará a las partes a cada sesión con la antelación necesaria.

La renuncia del mediador a continuar el procedimiento o el rechazo de las partes a su mediador: Se nombrará siempre a un nuevo mediador. Supone la terminación del procedimiento si no se nombra un nuevo mediador. El mediador no puede renunciar, solo puede ser rechazado por las partes. No producirá ningún efecto y la mediación continuará.

La ley 1/2025 introduce el requisito de procedibilidad lo cual implica que en una mediación: Necesariamente las partes tienen que alcanzar un acuerdo. Una parte debe aceptar necesariamente la propuesta de la otra. Debe acreditarse la existencia de un intento de manera efectiva y por escrito. Los órganos jurisdiccionales están obligados a derivar a mediación durante un procedimiento judicial.

En una mediación la asistencia letrada: Es obligatoria en todos los casos. Es facultativa para las partes ya que depende de su voluntad. No es obligatoria en ningún caso. Únicamente se requiere en asuntos de naturaleza mercantil.

En relación a la confidencialidad: No afecta a las partes, solo al mediador. No supone una exención para que el mediador actúe como testigo. Afecta exclusivamente a las partes intervinientes. Se refiere a la prohibición de revelar información que hubieran podido obtener en el procedimiento de mediación.

En una mediación la persona mediadora tiene la función de: Resolver la controversia entre las partes. Proponer posibles soluciones al conflicto entre las partes. Posicionarse frente a la parte más débil para ayudarla. Facilitar la comunicación entre las partes para que lleguen a un acuerdo.

La ley 5/2012 excluye de su ámbito de aplicación: La mediación con las Administraciones públicas. La mediación laboral. Todas las respuestas son correctas. La mediación penal.

En la mediación: Las partes pueden retirarse en cualquier momento. Las partes están obligadas a continuar hasta el final. Las partes pueden retirarse después de la segunda reunión. Todas las respuestas son incorrectas.

Con la terminación del procedimiento los documentos aportados: Se destruyen todos sin que quede constancia o expediente. Los que no se han de devolver a las partes forman parte de un expediente conservado y custodiado por el mediador cuatro meses. Todas las respuestas son incorrectas. No se devuelve ninguno si no permanecen en la institución de mediación.

Son motivos de recusación: La existencia de relaciones contractuales anteriores con una de las partes. Todas las respuestas son correctas. La existencia de relaciones empresariales anteriores con alguna de las partes. Un interés personal o económico directo o indirecto del mediador con una parte.

En la formación del mediador: Es necesario ser psicólogo. Es suficiente con simulación de casos y participación asistida en mediaciones reales. Es requisito indispensable la co-mediación. Es suficiente con la simulación de casos.

Los mediadores: Todas las respuestas son incorrectas. Están condicionados si el acuerdo simple no se cumple. Tienen responsabilidad por negligencia si el acuerdo se incumple. No están condicionados si el acuerdo no se cumple.

Para el cálculo de los honorarios notariales de la escritura pública de formalización de los acuerdos de mediación: No se aplican aranceles. Se aplicarán los aranceles correspondientes a los documentos sin cuantía. Los gastos de escritura pública son gratuitos en las mediaciones intrajudiciales. Todas las respuestas son incorrectas.

Los acuerdos de mediación: No se pueden ejecutar. Pueden ejecutarse con ciertos requisitos. El mediador puede obligar a las partes a cumplirlos. Todas las respuestas son incorrectas.

El Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación se estructura en: Inscripción de los árbitros. Inscripción de peritos expertos. Inscripción de los mediadores. Inscripción de los conciliadores.

Los mediadores están obligados a suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga: Solo los mediadores que actúan en mediaciones intrajudiciales. Si. Solo los mediadores inscritos en los Registros. No.

El principio de confidencialidad no se aplica: Todas las respuestas son correctas. Mediante resolución judicial motivada por los Jueces de lo Penal. Por expresa dispensa de las partes. Por manifestación por escrito de las partes.

Quienes impartan la formación de carácter práctico: Todas las respuestas son incorrectas. No es necesario condiciones especiales necesarios ni estar inscrito. Deben reunir las condiciones previstas para la inscripción en el Registro de Mediadores. Deben ser abogados.

Una vez que las partes alcancen el acuerdo de mediación: Debe ser firmado por el mediador facultativamente. Debe ser suscrito por una de las partes para que sea exigible. Debe ser firmado por todas las partes. Debe firmarse por el mediador para que sea eficaz.

El arbitraje institucional: Es un arbitraje en el que las partes establecen el procedimiento a su parecer. Establece que serán las instituciones administrativas de cada país quienes nombrarán al juez. Es el único tipo de arbitraje permitido en España. Las partes han elegido una corte arbitral que administrará el procedimiento en base a su reglamento.

La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la CCAA donde se hubiera dictado el laudo tiene competencia para: El exequatur de laudo extranjero. La formalización judicial del arbitraje. Todas las respuestas son correctas. La anulación de laudos nacionales.

El convenio arbitral: Es un contrato entre las partes. Todas las respuestas son incorrectas. No obliga a las partes a acudir al arbitraje. Se permite que no este por escrito.

La designación de los árbitros puede ser: Por referencia: las partes eligen a un tercero para que este designe a los árbitros. En un arbitraje ad hoc: directa por las partes. En un arbitraje institucional: conforme al reglamento de la institución. Todas las respuestas son correctas.

En los arbitrajes institucionales: El perjudicado tendrá acción directa contra sí mismo, con independencia de las acciones de resarcimiento que asistan a aquella contra los árbitros. El perjudicado tendrá, en ocasiones, acción directa contra la institución. El perjudicado no tendrá acción directa contra la institución. Todas las respuestas son incorrectas.

El arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos: Adjunto a los Tribunales de Justicia. Subsidiario a los Tribunales de Justicia. Complementario a los Tribunales de Justicia. Alternativo a los Tribunales de Justicia.

El arbitraje podrá ser: Todas las respuestas son correctas. Formado por más de tres árbitros. Formado por tres árbitros. Con un solo árbitro.

La decisión de los árbitros que declare la nulidad del contrato no entrañará por sí sola la nulidad del convenio arbitral: Verdadero. Válido, exclusivamente para arbitrajes internacionales. Todas las respuestas son incorrectas. Falso.

¿Qué materias son arbitrales para las partes?. Todas las respuestas son incorrectas. Materias disponibles. Materias penales. Materias indisponibles.

El convenio arbitral: Impide que un tribunal judicial pueda adoptar medias cautelares. No obliga a las partes a cumplir lo estipulado. No impide a los tribunales conocer de las controversias aunque se interponga la declinatoria. Obliga a las partes a acudir a un arbitraje.

En los arbitrajes internacionales: Si alguna de las partes tiene más de un domicilio se estará a su residencia habitual. No influye la cuestión del domicilio. Todas las respuestas son incorrectas. Si alguna de las partes tiene más de un domicilio se estará al domicilio del demandante.

La ley de arbitraje española: Solo regula el arbitraje interno. Es una ley dualista. Es una ley monista. Todas las respuestas son incorrectas.

En el arbitraje institucional: El reglamento no tiene ninguna vinculación. Las partes tienen que pactar todo el procedimiento de arbitraje según sus intereses. Los reglamentos no disponen nada sobre el nombramiento de los árbitros. El nombramiento del árbitro y el desarrollo del procedimiento debe adecuarse a lo dispuesto por el reglamento de la institución elegida.

El plazo máximo para dictar un laudo es de: 4 meses. 8 meses. 6 meses prorrogables 2 meses más. 12 meses.

Si el arbitraje es internacional y una de las partes es un Estado: Estará a lo que señale su ordenamiento interno. Ninguna de las anteriores es correcta. Podrá invocar las prerrogativas propias para sustraerse a las obligaciones del convenio arbitral. Esa parte NO podrá invocar las prerrogativas de su propio derecho.

La ley 60/2003: Es aplicable a los arbitrajes laborales. Es aplicable supletoriamente a los arbitrajes que dispongan de legislación especifica, salvo disposición legal en contrario. Es una ley general aplicable a todos los arbitrajes. Todas las respuestas son incorrectas.

En un arbitraje doméstico: Los árbitros pueden nombrar peritos de oficio salvo acto en contrario. No es posible nombrar peritos. Solo las partes pueden nombrar peritos. Dentro de los 20 primeros días del arbitraje se podrán nombrar peritos.

El convenio arbitral sea valido con arreglo a: Derecho español. Normas elegidas por las partes. Normas aplicables al fondo de la controversia. Todas las respuestas son correctas.

El arbitraje online: Todas las respuestas son correctas. No es un tipo de arbitraje regulado por la ley 60/2003. Utiliza el uso de plataformas digitales y sesiones virtuales todo el procedimiento. Es un procedimiento que se desarrolla parcialmente en sesiones presenciales.

Cuando hablamos de arbitraje 'ex aequo et bono' nos referimos a un arbitraje: Equidad. Exclusivamente nacional. Derecho. Exclusivamente internacional.

El sistema arbitral de consumo. Es gratuito. Los laudos no son título ejecutivo. Solo puede iniciarlo el empresario. Hay que costear los honorarios de procuradores.

En relación con el laudo: Un laudo solo es laudo final, el resto son resoluciones. Ninguna respuesta es correcta. Es posible dictar laudos parciales. No cabe dictar laudos parciales.

Para la solicitud de exequatur vía CNY se necesita: Traducción al idioma del Estado donde se pretende su ejecución. Copia autenticada del laudo. Todas las respuestas son correctas. Original del laudo.

Se permite que las partes puedan elegir la ley aplicable al fondo de la controversia. Ninguna respuesta es correcta. Solo pueden elegir la ley española si el arbitraje se celebra en España. Falso. Verdadero.

Cuando la relación jurídica origen de la controversia afecta a intereses del comercio internacional: Es un arbitraje de inversiones. Es un arbitraje de consumo. Todas las respuestas son incorrectas. Es un arbitraje internacional.

El Convenio de NY. No es válido para el reconocimiento y ejecución de laudos en equidad. Es válido para reconocimiento de laudos dictados en equidad y en derecho. No es válido para reconocimiento y ejecución de laudos dictados en arbitraje ad hoc. No es válido para reconocimiento y ejecución de laudos en arbitrajes institucionales.

En el laudo debe constar el lugar del arbitraje. Falso. Solo es necesario en los laudos nacionales. Verdadero. Solo es necesario la fecha.

En referencia al laudo por acuerdo de las partes. Los árbitros tienen que aprobarlo. No es necesaria la aprobación de los árbitros. No suspende el arbitraje institucional. No se regula en la legislación española.

El exequatur de laudos extranjero se regula y tramita en España por: Convenio de Nueva York de 1958. Ley 30/2011. Ley 70/2003. Convenio CIADI.

La naturaleza jurídica de un laudo arbitral. Es un título ejecutivo. Es recurrible en apelación. Es una decisión sin valor jurídico. Es un acuerdo privado sin efectos ejecutivos.