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La resolución extrajudicial de conflictos tiene como objetivo principal según la Ley 1/2025: Aumentar el numero de causas judiciales. Todas las respuestas son verdaderas. Reducir la carga de los tribunales descongestionado de asuntos. Limitar el acceso de los ciudadanos a la justicia.

En los métodos hetero-compositivos se engloba: El arbitraje y el procedimiento judicial. La mediación. Todas las respuestas son verdaderas. La conciliación.

Los MASC según la Ley 1/2025 se aplican: Derecho laboral. Derecho Administrativo. Derecho Penal. Derecho Civil y Mercantil.

Son métodos autocompositivos: La negociación. La sumisión a órganos jurisdiccionales. Todas las respuestas son incorrectas. La sumisión al arbitraje.

Dentro de los mecanismos adecuados de resolución extrajudicial de conflictos se encuentra: Conciliación. Dictamen de un experto independiente. Mediación. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Las informaciones vertidas durante un MASC: Pueden utilizarse en un posterior proceso judicial sin limitaciones. Todas las respuestas son incorrectas. Solo pueden utilizarse en un arbitraje posterior. Dependerá de lo pactado por las partes.

En los Dispute Boards: Puede actuarse como un mecanismo pre arbitral. Se pueden emiten decisiones obligatorias y vinculantes para las partes. Todas las respuestas son ciertas. Se asiste a las partes en la prevención y resolución de disputas surgidas en la ejecución de un proyecto.

La consecuencia de no cumplir con el requisito de procedibilidad es: La inadmisión de la demanda. Todas las respuestas son incorrectas. La tramitación de la demanda. No hay consecuencias porque los MASC son facultativos.

Se puede presentar una demanda en sede judicial sin certificar un MASC previo?: Siempre. Dependerá del tipo de procedimiento. Nunca. Todas las respuestas son incorrectas.

La negociación directa entre partes: Es una de las actividades calificadas como negociadoras en la legislación. No sirve como requisito de procedibilidad. No se considera actividad valida para certificar la procedibilidad salvo que sea asistida por abogados. Todas las respuestas son incorrectas.

Las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediación: Se realicen por videoconferencia. Se lleven a cabo por medios electrónicos. Utilicen medios electrónicos siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes. Todas las respuestas son correctas.

La ley 1/2025 introduce el requisito de procedibilidad lo cual implica que en una mediación: Un parte debe aceptar necesariamente la propuesta de la otra. los órganos jurisdiccionales están obligados a derivar a mediación durante un procedimiento judicial. Debe acreditarse la existencia de un intento de manera efectiva y por escrito. Necesariamente las partes tienen que alcanzar un acuerdo.

En la mediación: Las partes pueden retirarse después de la segunda reunión. Las partes están obligadas a continuar hasta el final. Todas las respuestas son incorrectas. Las partes pueden retirarse en cualquier momento.

En una mediación la asistencia letrada: Es obligatoria en todos los casos. No es obligatoria en ningún caso. Es facultativa para las partes ya que depende de su voluntad. Únicamente se requiere en asuntos de naturaleza mercantil.

El mediador: Todas las respuestas son incorrectas. Convocará a las partes a cada sesión con la antelación necesaria. Facilita la exposición de sus posiciones y su comunicación de modo igual y equilibrado. Dirigirá las sesiones.

Con la terminación del procedimiento los documentos aportados: No se devuelve ninguno sino que permanecen en la institución de mediación. Los que no se han de devolver a las partes forman parte de un expediente conservado y custodiado por el mediador cuatro meses. Todas las respuestas son incorrectas. Se destruyen todos sin que quede constancia o expediente.

En una mediación la persona mediadora tiene la función de: Facilitar la comunicación entre las partes para que lleguen a un acuerdo. Posicionarse frente a la parte mas débil para ayudarla. Resolver la controversia entre las partes. Proponer posibles soluciones al conflicto entre las partes.

La renuncia del mediador a continuar el procedimiento o el rechazo de las partes a su mediador: Supone la terminación del procedimiento si no se nombra un nuevo mediador. No producirá ningún efecto y la mediación continuará. Se nombrará siempre un nuevo mediador. El mediador no puede renunciar, solo puede ser rechazado por las partes.

En relación a la confidencialidad: No supone una exención para que el mediador actúe como testigo. Se refiere a la prohibición de revelar información que hubieran podido obtener en el procedimiento de mediación. No afecta a las partes, solo al mediador. Afecta exclusivamente a las partes intervinientes.

La Ley 5/2012 excluye de su ámbito de aplicación: La mediación penal. La mediación laboral. La mediación con las Administraciones públicas. Todas las respuestas son correctas.

Una vez que las partes alcanzan un acuerdo en mediación: Debe ser firmado por el mediador facultativamente. Debe ser firmado por todas las partes. Debe ser suscrito por una de las partes para que sea exigible. Debe firmarse por el mediador para que sea eficaz.

El Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación se estructura en: Inscripción de los conciliadores. Inscripción de los mediadores. Inscripción de las árbitros. Inscripción de peritos expertos.

En la formación del mediador: Es necesario ser psicólogo. Es suficiente con simulación de casos y participación asistida en mediaciones reales. Es requisito indispensable la co-mediación. Es suficiente con la simulación de casos.

El principio de confidencialidad no se aplica: Por manifestación por escrito de las partes. Por expresa dispensa de las partes. Todas las respuestas son correctas. Mediante resolución judicial motivada solicitada por los Jueces de lo Penal.

Los mediadores están obligados a suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga: Si. Solo los mediadores que actúen en mediaciones intrajudiciales. Solo los mediadores inscritos en el Registro. No.

Son motivos de recusación: Todas las respuestas son correctas. La existencia de relaciones empresariales anteriores con alguna de las partes. Un interés personal o económico directo o indirecto del mediador con una parte. La existencia de relaciones contractuales anteriores con una de las partes.

Quienes impartan la formación de carácter práctico: No es necesario condiciones especiales necesarias ni estar inscrito. Todas las respuestas son incorrectas. Deben reunir las condiciones previstas para la inscripción en el Registro de Mediadores. Deben ser abogados.

Los mediadores: Están condicionados si el acuerdo no se cumple. Todas las respuestas son incorrectas. No están condicionados si el acuerdo no se cumple. Tienen responsabilidad por negligencia si el acuerdo se incumple.

Los acuerdos de mediación: Pueden ejecutarse con ciertos requisitos. El mediador puede obligar a las partes a cumplirlos. Todas las respuestas son incorrectas. No se pueden ejecutar.

Para el cálculo de los honorarios notariales de la escritura pública de formalización de los acuerdos de mediación: Todas las respuestas son incorrectas. Los gastos de escritura pública son gratuitos en las mediaciones intrajudiciales. No se aplican aranceles. Se aplicarán los aranceles correspondientes a los documentos sin cuantía.

El convenio arbitral: Impide que un tribunal judicial pueda adoptar medidas cautelares. No impide a los tribunales conocer de las controversia aunque se interponga una declinatoria. Obliga a las partes a acudir a un arbitraje. No obliga a las partes a cumplir lo estipulado.

La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la CCAA donde se hubiera dictado el laudo tiene competencia para: Todas las respuestas son correctas. La anulación de laudos nacionales. La formalización judicial del arbitraje. El exequatur de laudo extranjero.

El arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos: Subsidiario a los Tribunales de Justicia. Complementario a los Tribunales de Justicia. Alternativo a los Tribunales de Justicia. Adjunto a los Tribunales de Justicia.

El convenio arbitral: Se permite que no este por escrito. Todas las respuestas son incorrectas. Es un contrato entre las partes. No obliga a las partes a acudir a un arbitraje.

¿Qué materias son arbitrables para las partes?. Materias penales. Materias disponibles. Todas las respuestas son incorrectas. Materias indisponibles.

En los arbitrajes institucionales: El perjudicado tendrá acción directa contra la misma, con independencia de las acciones de resarcimiento que asistan a aquélla contra los árbitros. El perjudicado no tendrá acción directa contra la institución. Todas las respuestas son incorrectas. El perjudicado tendrá, en ocasiones, acción directa contra la institución.

El arbitraje podrá ser: Con un sólo árbitro. Formado por más de tres árbitros. Todas las respuestas son correctas. Formado por tres árbitros.

El arbitraje institucional: Es el único tipo de arbitraje permitido en España. Establece que serán las instituciones administrativas de cada país quienes nombraran al juez. Las partes han elegido una corte arbitral administrará el procedimiento en base a su reglamento. Es un arbitraje en el que las partes establecen el procedimiento a su parecer.

La decisión de los árbitros que declare la nulidad del contrato no entrañará por sí sola la nulidad del convenio arbitral: Falso. Todas las respuestas son incorrectas. Verdadero. Valido exclusivamente para arbitrajes internacionales.

La designación de los árbitros puede ser: En un arbitraje ad hoc: directa por las partes. Por referencia: las partes eligen a un tercero para que este designe a los árbitros. En un arbitraje institucional: conforme al reglamento de la institución. Todas las respuestas son correctas.

En el arbitraje institucional: El nombramiento del árbitro y el desarrollo del procedimiento debe adecuarse a lo dispuesto por el reglamento de la institución elegida. Los reglamentos no disponen nada sobre el nombramiento de los árbitros. El reglamento no tiene ninguna vinculación. Las partes tienen que pactar todo el procedimiento de arbitraje según sus intereses.

La ley de arbitraje española: Todas las respuestas son incorrectas. Solo regula el arbitraje interno. Es una ley monista. Es una ley dualista.

Sí el arbitraje es internacional y una de las partes es un Estado: Ninguna de las anteriores es correcta. Estará a lo que señale su ordenamiento interno. Podrá invocar las prerrogativas propias para sustraerse a las obligaciones del convenio arbitral. Esa parte NO podrá invocar las prerrogativas de su propio derecho.

El arbitraje online: Utiliza el uso de plataformas digitales y sesiones virtuales todo el procedimiento. Es un procedimiento que se desarrolla parcialmente en sesiones presenciales. Todas las respuestas son correctas. No es un tipo de arbitraje regulado en la Ley 60/2003.

El plazo máximo para dictar el laudo es: 12 meses. 8 meses. 4 meses. 6 meses prorrogable 2 meses más.

La Ley 60/2003: Es aplicable a los arbitrajes laborales. Todas las respuestas son incorrectas. Es aplicable supletoriamente a los arbitrajes que dispongan de legislación específica, salvo disposición legal en contrario. Es una ley general aplicable a todos los arbitrajes.

En un arbitraje domestico: Solo las partes puede nombrar peritos. Los árbitros pueden nombrar peritos de oficio salvo pacto en contrario. No es posible nombrar peritos. Dentro de los 20 primeros días del arbitraje se podrán nombrar peritos.

En los arbitrajes internacionales: No influye la cuestión del domicilio. Todas las respuestas son incorrectas. Si alguna de las partes tiene más de un domicilio se estará a su residencia habitual. Si alguna de las partes tiene más de un domicilio se estará al domicilio del demandante.

El convenio arbitral sea válido con arreglo a: Derecho español. Normas aplicables al fondo de la controversia. Normas elegidas por las partes. Todas las respuestas son correctas.

Cuando hablamos de arbitraje «ex aequo et bono» nos referimos a un arbitraje de: Equidad. Derecho. Exclusivamente nacional. Exclusivamente internacional.

El Convenio de Nueva York: No es válido para reconocimiento y ejecución de laudos en arbitrajes institucionales. Es válido para reconocimiento de laudos dictados en equidad y derecho. No es válido para reconocimiento y ejecución de laudos en equidad. No es válido para reconocimiento y ejecución de laudos dictados en arbitraje ad hoc.

Para la solicitud de exequatur vía CNY se necesita: Original del laudo. Todas las respuestas son correctas. Traducción al idioma del Estado donde se pretende su ejecución. Copia autenticada del laudo.

Se permite que las partes puedan elegir la ley aplicable al fondo de la controversia. Ninguna respuesta es correcta. Verdadero. Falso. Solo pueden elegir la ley española si el arbitraje se celebra en España.

El Sistema Arbitral de Consumo: Solo puede iniciarlo el empresario. Es gratuito. Hay que costera los honorarios de procuradores. Los laudos no son titulo ejecutivo.

La naturaleza jurídica de un laudo arbitral. Es un titulo ejecutivo. Es un acuerdo privado sin efectos ejecutivos. Es recurrible en apelación. Es una decisión sin valor jurídico.

En referencia al laudo por acuerdo de las partes. No suspende el arbitraje institucional. Los árbitros tienen que aprobarlo. No se regula en la legislación española. No es necesaria la aprobación de los árbitros.

En relación con el laudo: Ninguna respuesta es correcta. Un laudo solo es laudo final, el resto son resoluciones. No cabe dictar laudos parciales. Es posible dictar laudos parciales.

Cuando la relación jurídica origen de la controversia afecta a intereses del comercio internacional: Es un arbitraje de inversiones. Es un arbitraje de consumo. Todas las respuestas son incorrectas. Es un arbitraje internacional.

El exequatur de laudos extranjeros se regula y tramita en España por: Ley 30/2011. Convenio CIADI. Ley 70/2003. Convenio de Nueva York de 1958.

En el laudo debe constar el lugar del arbitraje. Solo es necesario la fecha. Verdadero. Falso. Solo es necesario en los laudos nacionales.