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La Constitución Española de 1978 se estructura en: Preámbulo, Titulo Preliminar, diez Titulos, cuatro Disposiciones Adicionales, nueve Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición final. Preambulo, Titulo Preliminar, nueve Titulos, cuatro Disposiciones Adicionales, nueve Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición final. Preámbulo, Titulo Preliminar, diez Titulos, nueve Disposiciones Adicionales, cuatro Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición final.

De conformidad con el artículo 3 de la Constitución Española, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Además: Todos los españoles tienen el derecho de conocerla y el deber de usarla. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Todos los españoles tienen el derecho de conocerla y usarla.

Según el artículo 9.3 de la Constitución Española: La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras (no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras (no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la no interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

En relación a las garantías de las libertades y derechos fundamentales, señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capitulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de casación ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el articulo 30. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el articulo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 29.

De conformidad con el articulo 57 de la Constitución Española, señala cuál de las siguientes afirmaciones es errónea: La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea posterior a las anteriores; en la misma linea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Extinguidas todas las lineas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

Según el artículo 87 y en lo que se refiere a la iniciativa legislativa, señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Congreso la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, pero sí en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

El artículo 113 de la Constitución Española va referido a la moción de censura. Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría simple de la moción de censura. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

El artículo 122 de la Constitución Española regula la composición del Consejo General del Poder Judicial, estableciéndose la misma conforme a las siguientes reglas: Estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de nueve años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. Estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de dos tercios de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. Estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y pul nombrados por el Rey por un período de cinco años, De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad: El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. Además de lo anteriores, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Además de los anteriores, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.

De conformidad con el artículo 149.1.18º de la Constitución, el estado tiene competencia exclusiva sobre: Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas, el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; las bases del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. El régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

De conformidad con el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (señala la respuesta incorrecta): La organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, salvo las excepciones previstas por esta Ley. La Administración General del Estado comprende la organización Central, la organización territorial y la Administración General del Estado en el exterior. La Administración General del Estado comprende la organización Central, la organización periférica y la Administración General del Estado en el exterior.

De conformidad con el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son órganos superiores en la organización central: Los Directores Generales. Los Secretarios Generales. Los Secretarios de Estado.

De conformidad con el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos: Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, y los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Secretario de Estado, y los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subsecretario. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subdirector general, y los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subsecretario.

De conformidad con el artículo 55 bis de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las personas titulares de las Secretarias de Estado y de los órganos directivos de la Administración General del Estado se nombrarán atendiendo al principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, atendiendo al siguiente porcentaje: Las personas de cada sexo no pueden superar el sesenta por ciento ni pueden ser menos del cuarenta por ciento en el ámbito de cada departamento ministerial. Las personas de cada sexo no pueden superar el setenta y cinco por ciento ni pueden ser menos del cuarenta por ciento en el ámbito de cada departamento ministerial. Las personas de cada sexo no pueden superar el setenta y cinco por ciento ni pueden ser menos del treinta por ciento en el ámbito de cada departamento ministerial.

Según el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en: Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Administraciones Autonómicas. Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan. Municipios, Comarcas, Provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan.

Según el principio de prevalencia consagrado en el artículo 149.3 de la Constitución Española: Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución corresponderán a las Comunidades Autónomas. En todo caso, las normas estatales prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas.

Los organismos autónomos: Son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación. Son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta. Se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación.

De conformidad con el articulo 1.2 LPACAP: Reglamentariamente podrán establecerse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, así como especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Reglamentariamente podrán establecerse trámites adicionales y especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar asi como el régimen de recursos a interponer.

No se consideran contratos Sujetos a Regulación Armonizada cualquiera que sea su valor estimado. Los contratos de arrendamiento de bienes. Los contratos de representación y defensa legal de un cliente por un procurador o un abogado. Los contratos mixtos.

Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en contratos de obras, suministro y servicios siempre que: Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros. Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total. Es preciso que se cumplan las dos condiciones anteriores.

En el contrato de obras es causa de resolución: La suspensión de la ejecución de las obras por causa imputable al contratista y por un plazo superior a seis meses. El rechazo del contratista a la firma del acta de comprobación del replanteo. El desistimiento.

En el contrato de obras es causa de resolucion: La suspensión de la ejecución de las obras por causa imputable al contratista y por un plazo superior a seis meses. El rechazo del contratista a la firma del acta de comprobación del replanteo. El desistimiento.

Según el artículo 39.2 de la LPACAP, la eficacia de los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo quedará demorada: Cuando se trate de actos que se dicten en sustitución de actos anulados. Únicamente cuando esté supeditada a su notificación o publicación anterior. Cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 47 a 52 de la LPACAP, los actos de las Administraciones Públicas que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional son: Nulos de pleno derecho. Anulables. Convalidables.

Según el articulo 54 de la LPACAP, los procedimientos administrativos podrán iniciarse: De oficio o a solicitud del interesado. Siempre a solicitud de persona interesada. De oficio o a solicitud de cualquier persona.