TdeAdGen Carav IV

De conformidad con el artículo 17 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, estarán exentos de fiscalización previa: a). Los gastos de material inventariable. Los gastos menores de 3.006,05 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.

Para atender necesidades transitorias de tesorería las Entidades Locales pueden: Concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no superen el 30% de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior. Concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no superen el 50% de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior. Concertar operaciones de crédito a largo plazo, siempre que en su conjunto no superen el 30% de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior.

El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, establece en su articulo 2.1. que son funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales: Secretaría-Intervención, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. Tesorería, comprensiva del control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. Secretaria-Intervención, a la que corresponden las funciones de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo y las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.

De conformidad al articulo 70.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo: Improrrogable de tres años. Improrrogable de un año. Prorrogable de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 del TREBEP, la aplicación de la retribución complementaria que compensa el de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos: Requiere la aprobación previa de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño. Requiere la aprobación de un reglamento regulador del complemento de productividad. Requiere la aprobación previa de sistemas objetivos que permitan evaluar únicamente la carrera profesional.

El instrumento por el que las administraciones públicas estructuran su organización comprendiendo al menos la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias será: El Plan de Ordenación de Recursos Humanos. La relación de puestos de trabajo. La plantilla.

Según lo establecido en el articulo 37 del TREBEP, serán objeto de negociación, las siguientes materias: Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos y la regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño y la determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. Los criterios generales de acción social y las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.

La prescripción de las faltas y sanciones establecidas en el artículo 97 del TREBEP será: Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves al año y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves al año y las impuestas por faltas leves a los seis meses.

Según lo establecido en el articulo 63 del Estatuto de los Trabajadores, el órgano representativo y colegiado del conjunto de trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intereses es: Comité de Empresa. Junta de Personal. Mesa de negociación.

El Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana distingue dos tipos de principios: Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible y de Ordenación del Territorio. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible y de Ordenación del Territorio y ordenación urbanística. Principio de desarrollo medioambiental y urbano sostenible y de Ordenación del territorio y ordenación urbanística.

La ordenación territorial y la urbanística: Son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes. Son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes. Son funciones públicas susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación confiere derecho a exigir indemnización salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.

El régimen urbanístico del derecho la propiedad del suelo: Es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. Es de configuración legal por las Comunidades Autónomas que tengan transferida la competencia y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. Es de configuración legal por las Comunidades Autónomas que tengan transferida la competencia y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación básica sobre ordenación territorial y urbanística que establezca el Estado.

Conforme al art. 11 de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, una edificación de nueva planta. Requiere acto expreso de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística, sin que pueda obtenerse dicho acto por silencio administrativo. Requiere acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística, pudiendo obtenerse dicho acto por silencio administrativo. Sólo requiere acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa si así lo exige la legislación de ordenación territorial y urbanística, pudiendo obtenerse dicho acto por silencio administrativo, en su caso.

El derecho de propiedad del suelo comprende: Las facultades de uso del mismo conforme a la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística que elaboren las Comunidades autónomas. La facultad de disposición, siempre que su ejercicio no infrinja normas de derecho imperativas aprobadas tanto por el Estado como por las Comunidades Autónomas. Las facultades de uso, disfrute y explotación del mismo conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística aplicable por razón de las características y situación del bien.

El deber de conservar los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos se configura en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, como exigible a: Únicamente a los propietarios de terrenos en situación básica de suelo urbanizado. Únicamente a los propietarios de terrenos en situación básica de suelo rural. Los propietarios de terrenos tanto en situación básica de suelo urbanizado como rural.

En el suelo en situación de urbanizado no se encuentra entre los deberes y cargas que forman parte del contenido del derecho de propiedad el siguiente: El deber de participar en la ejecución de actuaciones sobre el medio urbano en el régimen de distribución de beneficios y cargas. El deber de expropiar los terrenos necesarios para la urbanización. El deber de completar la urbanización de los terrenos y de edificar en los plazos establecidos en la normativa aplicable.

Son situaciones básicas del suelo, a tenor del articulo 21.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, las siguientes: Suelo rural y suelo urbanizable. Suelo rural y suelo urbanizado. Suelo rural y suelo no urbanizable.

Según dispone el artículo 25 Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la Administración competente: Deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen las leyes. Deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior a un mes, y deben publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia en la forma y con el contenido que determinen las leyes. Deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca la normativa de procedimiento administrativo común salvo que una norma especial en materia urbanística establezca un plazo distinto.

Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado: Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística. Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad superior. Las dos respuestas anteriores son correctas.

En relación a la función social de la propiedad en el régimen urbanístico del suelo, de conformidad con lo previsto el articulo 74 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, señale la correcta: Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los limites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en las leyes o, en virtud de la misma, por el planeamiento, con arreglo a la clasificación y calificación urbanística de los predios. El derecho de propiedad del suelo se ejercerá sin más limitaciones que el cumplimiento de las obligaciones fijadas por el planeamiento urbanístico. El derecho de propiedad del suelo otorga a su titular la facultad de poder desarrollar urbanísticamente el mismo, de conformidad con la clasificación y calificación del suelo.

Los Planes Parciales, como instrumentos de desarrollo, tienen por objeto según artículo 123 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y urbanística de la Región de Murcia. La ordenación detallada del suelo no urbanizable, excepto el calificado como no urbanizable especial, en los sectores previstos en el Plan General Municipal de Ordenación. La ordenación detallada de todo el suelo urbanizable. La ordenación detallada del suelo urbanizable, excepto el calificado como urbanizable especial, en los sectores previstos en el Plan General Municipal de Ordenación.

De conformidad con el artículo 261 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, las actividades y los actos de transformación y aprovechamiento del suelo objeto de ordenación territorial y urbanística quedará sujeto a control de la legalidad, a través de los siguientes mecanismos: Los títulos habilitantes, la licencia urbanística y la inspección urbanística. La licencia urbanística, la declaración responsable y la inspección urbanística. La licencia urbanística, la declaración responsable, comunicación previa, órdenes constitutivas de mandato, la inspección urbanística y el sometimiento a control posterior al inicio de actividades.

¿Cuándo una edificación se halla en estado de ruina económica según la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia?. Cuando el coste de las obras necesarias para mantener o restablecer las condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos sea superior al 75 por ciento del valor actual del edificio o plantas afectadas. Cuando el coste de las obras necesarias para mantener o restablecer las condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos sea superior al 50 por ciento del valor de reposición del edificio o plantas afectadas. Cuando el coste de las obras necesarias para mantener o restablecer las condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos sea superior al 50 por ciento del valor actual del edificio o plantas afectadas.

Según artículo 286 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, la infracción del incumplimiento de publicidad de desarrollos urbanísticos se sancionará: Con multa de entre el veinte y el veinticinco por ciento del precio establecido en los contratos que se hubieran suscrito. Con multa entre el veinticinco y cincuenta por ciento del precio establecido en los contratos que se hubieran suscrito. Con multa del cincuenta por ciento del precio establecido en los contratos que se hubieran suscrito.

Atendiendo al Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, cuando el suelo sea rural: Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea inferior, de la explotación según su estado en el momento al que debe entenderse referida la valoración. Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de Expropiación Forzosa y Arrendamientos Urbanos. Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración.