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La Constitución Española de 1978: A. Recoge en el artículo 24 el derecho a la tutela judicial efectiva. B. Otorga exclusividad a jueces y tribunales en la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. C. Atribuye el ejercicio exclusivo de la tutela jurisdiccional a jueces y tribunales. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El contenido básico del derecho de tutela judicial en el proceso penal incluye: A. Prohibición de indefensión. B. Derecho a un proceso público. C. Derecho a un proceso con todas las garantías. D. Todas las anteriores son correctas.

El Tribunal Constitucional conoce de las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos: A. 24 y siguientes de la CE. B. 14 a 29 y 30.2 de la CE. C. De cualquier derecho reconocido en el texto constitucional que se considere vulnerado. D. 16 y 28.3 de la CE.

Mediante el recurso de amparo: A. Es el mecanismo utilizado para la defensa directa de los derechos vulnerados en primera instancia. B. Puede accederse al restablecimiento de cualquier derecho reconocido en la Constitución española. C. Solo puede pretenderse la preservación o el restablecimiento de lesiones concretas y efectivas de derechos o libertades. D. Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

Pueden ser causas de admisión de un recurso de amparo: A. La vulneración de lo dispuesto en el artículo 48 de la CE. B. La falta de motivación de una sentencia. C. La inadmisión de una demanda por falta de competencia territorial. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según la STC 223/2001, todos los españoles tienen derecho a: A. Ser juzgados por un órgano judicial competente. B. A una sentencia que ponga fin al proceso en cualquier instancia. C. Al cumplimiento de la sentencia. D. Todas las anteriores son correctas.

Una eventual lesión del derecho de propiedad del artículo 33 CE: A. Será susceptible de recurso de amparo siempre y cuando anteriormente haya agotado todas las vías. B. En ningún caso será susceptible de recurso de amparo. C. Será estudiado por los miembros del Tribunal Constitucional en cuanto a su contenido para decidir por voto mayoritario si se admite. D. Solamente podrá ser recurrido ante la Audiencia Provincial.

Según la jurisprudencia, se produce indefensión: A. Cuando se desestiman todas las pretensiones de la parte demandante en un procedimiento ordinario. B. Cuando se priva a una parte o se la limita en sus medios de defensa, produciendo un perjuicio en sus derechos e intereses. C. Cuando no se otorga asistencia jurídica gratuita a un justiciable por tener ingresos suficientes. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

En cuanto al derecho de tutela judicial efectiva recogido en la CE: A. Se encuentra recogido en varios artículos a lo largo del texto constitucional, sin concreción alguna. B. Se encuentra recogido en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I CE. C. Se encuentra recogido en la Sección 2ª del Capítulo III Del Título I CE. D. Se encuentra recogido en la Sección 1ª Del Capítulo I del Título I de la CE.

La tutela judicial efectiva, en relación con los métodos alternativos de resolución de conflictos: A. No es posible al contravenir el artículo 24 de la Constitución Española. B. No es constitucional, tal y como ha confirmado el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. C. Es admisible respecto de todas las materias y órdenes jurisdiccionales. D. Es constitucional en determinadas materias como pone de manifiesto la Ley Orgánica 1/20205 que impone el recurso previo a estos métodos como requisito para la admisibilidad de la demanda.

De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo por presidente del Gobierno conoce: A. La Sala de lo Civil de la Audiencia Nacional. B. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. C. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. D. Goza de inmunidad jurisdiccional.

En los contratos de adhesión o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios: A. No será válida la sumisión expresa. B. No será válida la sumisión expresa ni tácita. C. No será válida la sumisión tacita. D. Se admite la sumisión expresa y tácita.

De la autorización del internamiento de extranjeros en centros de internamiento, control de estancia de estos y en salas de inadmisión de fronteras, sus peticiones y quejas sobre derechos fundamentales conocerá: A. Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia. B. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo. C. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. D. Sección de Instrucción o Sección Única (civil e instrucción) de los Tribunales de Instancia.

El conocimiento del recurso contencioso administrativo contra los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de presidentes de corporaciones locales en los términos de la legislación electoral corresponde: A. A la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. B. A la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. C. A la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. D. Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia.

La competencia territorial, en caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda al juez de violencia sobre la mujer, viene determinada: A. Por el lugar del domicilio del denunciado. B. Por el lugar de la comisión del hecho delictivo. C. Por el lugar del domicilio de la víctima. D. Por el lugar de detención.

Señale la respuesta correcta sobre la oficina judicial: A. Sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales. B. Podrá prestar su apoyo a órganos de ámbito nacional, de comunidad autónoma, provincial o de partido judicial. C. Sus puestos de trabajo solo podrán ser cubiertos por personal de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. D. Todas las respuestas son correctas.

Un abogado o procurador podrá acceder a la Carrera Judicial por la categoría de magistrado: A. Por concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de cinco años de ejercicio profesional que superen el curso de formación. B. Por concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional que superen el curso de formación. C. Por concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio profesional que superen el curso de formación. D. Todas las opciones son falsas.

La dirección de los servicios comunes de la Oficina Judicial corresponde: A. Al juez o magistrado. B. Al Ministerio Fiscal. C. A los gestores procesales. D. A los letrados de la Administración de Justicia.

La organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales se denomina: A. Oficina Judicial. B. Unidad procesal de apoyo directo. C. Servicio común procesal. D. Unidad administrativa.

El criterio en virtud del cual se atribuye a un órgano judicial el conocimiento en primera o única instancia se denomina: A. Jurisdicción. B. Competencia objetiva. C. Competencia funcional. D. Competencia territorial.

En el orden civil, para los actos de comunicación y ejecución serán hábiles las horas comprendidas: A. Las que median desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde. B. Las que median desde las ocho de la mañana a las diez de la noche. C. Las que median desde las siete de la mañana a las siete de la tarde. D. Las que median desde las diez de la mañana a las diez de la tarde.

Los plazos comenzarán a correr: A. Desde el día en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la ley haga depender el inicio del plazo y se contará en ellos el día del vencimiento. B. Desde el día en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la ley haga depender el inicio del plazo, sin contar el día del vencimiento. C. Desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la ley haga depender el inicio del plazo y se contará en ellos el día del vencimiento. D. Desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la ley haga depender el inicio del plazo, sin contar en ellos el día del vencimiento.

La nulidad de pleno derecho se hará valer: A. Por medio de comparecencia ante el tribunal. B. Por medio de los recursos establecidos en la ley. C. Por escrito dentro de los cinco días siguientes a la producción de la causa de nulidad. D. Siempre a través del recurso de apelación.

La gestión de los exhortos podrá ser encomendada: A. Al propio litigante o su procurador. B. Al propio litigante, su abogado o procurador. C. Al propio litigante o su abogado. D. Al abogado o procurador de la parte litigante.

En caso de allanamiento en el proceso civil, las costas procesales: A. No se impondrán en ningún caso. B. Se impondrán en todo caso al demandado. C. Se impondrán al demandado si se allana después de contestar a la demanda. D. Todas las opciones son falsas.

La tasación de costas se practicará: A. Ninguna de las respuestas es correcta. B. Cuando la resolución que condena en costas sea definitiva. C. En cualquier momento del procedimiento. D. Cuando la resolución que condena en costas sea firme.

La tasación de costas podrá ser impugnada en un plazo de: A. Dos días. B. Tres días. C. Cinco días. D. Diez días.

Si se impugna la tasación de costas por indebidas: A. Se dará traslado a la otra parte por tres días para que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de las partidas reclamadas. B. Se dará traslado a la otra parte por cinco días para que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de las partidas reclamadas. C. Se dará traslado a la otra parte por diez días para que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de las partidas reclamadas. D. Se dará traslado a la otra parte por quince días para que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de las partidas reclamadas.

La resolución que decide sobre la impugnación de la tasación de costas por excesivas: A. Es irrecurrible. B. Es susceptible de recurso de reposición. C. Es susceptible de recurso directo de revisión. D. Es susceptible de recurso directo de apelación.

Es una función del colegio de procuradores: A. La colaboración activa en el correcto funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia. B. La ordenación, en el ámbito de su competencia y de acuerdo con lo previsto en las leyes, del ejercicio de la profesión dentro de su territorio. C. La representación exclusiva de la procura y defensa de los derechos e intereses profesionales de sus colegiados. D. Organizar y gestionar los servicios de turno de oficio y justicia gratuita.

Es un fin del colegio de procuradores: A. Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo profesional. B. El control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de la sociedad. C. La organización de los servicios y las funciones que les encomienden las leyes, la Ley de Enjuiciamiento Civil y otras normas procesales. D. Asegurar la representación de la procura en los consejos sociales, en los términos establecidos en las normas que los regulen.

¿Puede ejercer un profesional de la procura en un partido judicial distinto al que está colegiado?. A. No, ha de estar colegiado en el colegio donde quiere ejercer. B. Sí, pero ha de estar colegiado en dos colegios al menos, el de su domicilio fiscal y donde quiere ejercer. C. Sí, solo necesita estar colegiado en un colegio de procuradores. D. No, solo se puede ejercer en el partido judicial donde te has colegiado por primera vez.

Indica, según el artículo 26 de la LEC, cuál no es un deber del profesional de la procura. A. Pagar los honorarios de los letrados, los peritos y la tasa jurisdiccional. B. Trasladar los escritos de su poderdante y de su letrado a los procuradores de las restantes partes en la forma prevista en el artículo 276 de la LEC. C. Acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones y servicios comunes, durante el período hábil de actuaciones. D. Cuando no tuviese instrucciones o fueren insuficientes las remitidas por el poderdante, hará lo que requiera la naturaleza o índole del asunto.

LexNET es: A. Una plataforma de intercambio seguro de información entre el profesional de la procura y los órganos judiciales. B. Una plataforma de intercambio seguro de información entre el abogado y el profesional de la procura. C. Una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y diferentes operadores jurídicos. D. Una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales, el profesional de la procura y el cliente.

Es una función del profesional de la procura: A. Satisfacer las cuotas del colegio. B. Rendir cuentas al cliente. C. Cumplimentación de mandamientos, exhortos y oficios. Labor de colaboración con el órgano judicial siempre que así se requiera. D. Denunciar cualquier ejercicio ilegal de la profesión.

Para poder renunciar, allanarse, desistir y transar se necesita: A. Poder general para pleitos. B. Poder especial. C. Poder general donde se excluya el poder de enunciar, desistir, allanarse y transar. D. Poder general o especial, los dos son válidos.

Cuando el órgano judicial necesita la colaboración de un registro lo hace a través de un: A. Oficio. B. Requerimiento. C. Emplazamiento. D. Mandamiento.

¿Cuándo se produce la responsabilidad del profesional de la procura en el ejercicio de su actividad?. A. Solo cuando la conducta es dolosa. B. Solo cuando hay negligencia. C. Solo cuando hay negligencia y se ha producido un daño efectivo. D. Cuando por dolo o negligencia dañen los intereses cuya representación les hubiere sido confiada.

Identifica una diferencia entre el abuso de derecho y el fraude de la ley. A. El abuso de derecho utiliza mecanismos o recursos legales y el fraude de la ley no. B. El abuso de derecho es fácilmente reconocible y sancionable y el fraude de la ley no. C. El abuso de derecho lo puede cometer el profesional de la procura y el fraude de la ley, el abogado. D. El abuso de derecho no es sancionable si no ha producido un daño efectivo y el fraude de la ley, en todo caso.

Indica qué afirmación es correcta: A. Un juicio reiterado hace posible la corrección de errores siempre posibles. B. El segundo órgano cuenta con una mayor autoridad que el Juzgado a quo. C. Son dos juicios que se confían a órganos distintos. D. Todas las afirmaciones son correctas.

Conocerán de los recursos de apelación: A. Siempre y en todo caso las Audiencias Provinciales. B. Siempre y en todo caso el Tribunal Supremo. C. Las Audiencias Provinciales, cuando las resoluciones apelables hayan sido dictadas por los Juzgados de Primera Instancia de su circunscripción. D. Ninguna de las respuestas es correcta.

La reformatio in peius: A. Está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico. B. Es la posibilidad de que el apelante pueda ver empeorada si situación en relación con la que tenía al dictarse la resolución recurrida. C. Solamente se contempla en el procedimiento civil, no así en el penal. D. A y B son correctas.

En los recursos devolutivos: A. Conoce del recurso el mismo juez o tribunal que dictó la resolución recurrida. B. Conoce del recurso el superior jerárquico del juez o tribunal que pronunció la resolución recurrida. C. Conoce del mismo el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado que dictó la resolución. D. Se resuelven directamente por la Sala Primera del Tribunal Supremo.

En el procedimiento abreviado: A. Recoge en el artículo 24 el derecho a la tutela judicial efectiva. B. La presentación del recurso de reforma es preceptiva. C. La presentación del recurso de reforma es potestativa. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

El recurso de apelación: A. No permite al Juez superior jerárquicamente realizar modificaciones en las cuestiones de fondo. B. Permite que el órgano judicial superior reexamine la resolución, con plenas facultades para resolver. C. Solamente puede resolver sobre cuestiones de hecho. D. Solamente puede resolver cuestiones de derecho.

El recurrente puede obtener: A. La modificación o la revocación de una resolución judicial. B. La modificación o revocación exclusivamente de Autos. C. La modificación de la sentencia, obteniendo un resultado menos favorable que el anterior. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

¿Qué efecto tiene el recurso de apelación contra una sentencia desestimatoria de la demanda según el artículo 456 LEC?. A. Produce efectos suspensivos automáticamente. B. No produce efectos suspensivos. C. Impide la ejecución provisional de la sentencia. D. Suspende el procedimiento hasta que se resuelva el recurso.

Señala cuál es la respuesta correcta: A. La sentencia dictada por el Juez de lo Penal es apelable ante la Audiencia Provincial correspondiente. B. La Sentencia del Juez Central de lo pena es apelable la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. C. La Sentencia del Juez de Instrucción no puede apelarse. D. A y B son correctas.

Indica cuál de estas afirmaciones es verdadera: A. Los modos de impugnación de Sentencias se encuentran regulados en el artículo 17.1 de la Ley de Jurisdicción Social. B. No existe posibilidad alguna de recurrir en el orden social, dado que no existe la segunda instancia. C. Los recursos en el orden social son medios de impugnación extraordinarios que pueden plantearse en supuestos tasados. D. En el orden social, debemos plantear los recursos ante la Audiencia Provincial, Sala de lo Social.

El Tribunal Supremo: A. Resuelve los recursos sobre sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia en exclusiva. B. Tiene jurisdicción en toda España, salvo en las Comunidades Autónomas con derecho foral propio. C. Tiene jurisdicción en toda España. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

El conocimiento del recurso de casación en materia de Derecho Privado común corresponde a: A. Sala Primera del Tribunal Supremo. B. Sala Segunda del Tribunal Supremo. C. Sala Tercera del Tribunal Supremo. D. Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

Si un recurso de casación se funda en infracción de normas de derecho común y foral al mismo tiempo, la competencia se atribuye: A. Al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal Supremo de manera conjunta. B. Al Tribunal Superior de Justicia en exclusiva. B. Al Tribunal Superior de Justicia en exclusiva. D. Puede ser turnado indistintamente a cualquiera de los dos Tribunales.

El recurso de casación penal: A. Es un recurso devolutivo, cuya competencia corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. B. Es un recurso no devolutivo, cuya competencia corresponde a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. C. Es un recurso devolutivo, del cual conoce el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad competente. D. Se resuelve directamente por la Sala Primera del Tribunal Supremo.

La Sala del Tribunal Supremo que conozca del recurso penal: A. Estará en todo caso formada por tres Magistrados. B. Estará en todo caso formada por cinco Magistrados. C. Estará formada por tres Magistrados, salvo la excepción prevista en el art. 898 LECrim. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Están legitimados para interponer recurso en el orden penal (art. 854 LECrim): A. El Ministerio Fiscal. B. Los que hayan sido parte en juicios criminales y sus herederos. C. Los que, sin haber sido parte, resulten condenados, y sus herederos. D. Todas las respuestas son correctas.

Los recursos son aquellos medios de impugnación por los que se pretende un examen nuevo de: A. Determinadas cuestiones fácticas o jurídicas resueltas en una resolución no firme. B. Determinadas cuestiones jurídicas resueltas en una resolución firme. C. Determinadas cuestiones fácticas resueltas en una resolución firme. D. Sentencias condenatorias.

De acuerdo con el artículo 477 de la LEC, no son susceptibles de casación las siguientes resoluciones judiciales dictadas por Audiencias Provinciales: A. Sentencias que pongan fin a la segunda instancia cuando, conforme a la ley, deban actuar como órgano colegiado. B. Sentencias dictadas en apelación en procesos sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. C. Sentencias dictadas en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. D. Los autos dictados en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Señala cuál es la respuesta correcta: A. La Sala deberá dictar sentencia sobre el recurso de casación dentro de los 30 días siguientes a la finalización de la vista, o al señalado para votación y fallo. B. La Sala deberá dictar sentencia sobre el recurso de casación dentro de los 20 días siguientes a la finalización de la vista, o al señalado para votación y fallo. C. La Sala deberá dictar sentencia sobre el recurso de casación dentro de los 15 días siguientes a la finalización de la vista, o al señalado para votación y fallo. D. La LEC no establece plazo para que la Sala deba resolver sobre el recurso siempre y cuando no existan dilaciones indebidas.

Se considera que un recurso presenta interés casacional: A. Cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. B. Cuando la sentencia recurrida resuelva cuestiones sobre los que existe jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales. C. Cuando se apliquen normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que no exista jurisprudencia sobre normas anteriores de igual o similar contenido. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: A. Los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución no pueden ser alegados en las relaciones entre particulares. B. Los derechos fundamentales vinculan negativamente a los particulares en sus relaciones interprivatos. C. Los derechos fundamentales informan el ordenamiento jurídico, pero no vinculan a los poderes públicos. D. Solo vinculan estrictamente a los jueces y tribunales.

¿Qué quiere decir que los derechos fundamentales vinculan negativamente a los particulares en sus relaciones interprivatos?. A. Que existe una obligación de respeto, más que una obligación de índole más prestacional, pues esta corresponde principalmente a los poderes públicos. B. Que los derechos fundamentales no pueden ser alegados en las relaciones entre particulares. C. Que es necesario un desarrollo de los derechos por ley. D. Es una expresión sin contenido concreto.

¿Resulta posible alegar en amparo que un particular nos ha violado algún derecho fundamental? ¿Cómo lo haría?. A. Sí resulta posible. Primero acudiría a la jurisdicción ordinaria y, en su caso, impugnaría después la sentencia judicial ante el TC en amparo. B. Sí resulta posible. Habría de recabar el auxilio de la Administración, que tiene como misión la defensa de los derechos fundamentales. C. Solo en vía penal. D. No resulta posible.

La reserva de ley orgánica prevista en el artículo 81 CE afecta: A. A todos los derechos, libertades y principios rectores del orden social y económico del Título I de la CE. B. A todos los derechos y libertades incluidos en el Capítulo II. C. A los derechos fundamentales y libertades públicas de la Sección Primera del Capítulo II (es decir, los recogidos en los artículos 15 a 29). D. Solo al principio de igualdad ante la ley.

Indica el alcance de la reserva de ley orgánica en cuanto afecta a los derechos fundamentales: A. Quedan fuera de la reserva de ley orgánica aquellas regulaciones de derechos que afectan a elementos no necesarios de dicho derecho sin incidir sobre el ámbito y límites. B. Toda la regulación de un derecho fundamental ha de hacerse por ley orgánica, incluso los aspectos accesorios. C. No es necesaria la regulación por ley orgánica de ningún derecho fundamental. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

El Defensor del Pueblo, en materia de derechos fundamentales. A. Puede hacer recomendaciones a los órganos administrativos. B. Puede interponer recurso de inconstitucionalidad. C. Puede interponer recurso contencioso administrativo contra un acto que vulnera derechos fundamentales, aunque el particular no lo haga. D. Formula un informe anual que presenta a las Cortes Generales, y los extraordinarios que considere oportunos sobre las quejas planteadas, el resultado de la investigación, las recomendaciones emitidas y el resultado de las mismas.

¿Puede interponer recurso de amparo el Defensor del Pueblo?. A. Sí, siempre que lo considere oportuno. B. Nunca, ya que es una vía de recurso reservada al particular que sufre la lesión. C. Sí, siempre que no lo haga el particular lesionado. D. Solo en el caso de que haya sido parte en el procedimiento jurisdiccional previo, junto al particular lesionado.

¿Qué significa que la ley ha de respetar el «contenido esencial» de los derechos fundamentales?. A. Que todos los derechos fundamentales consagrados en la CE tienen un núcleo indisponible e inalterable para el legislador. B. Que los derechos que tienen un contenido esencial no pueden ser regulados por ley. C. Que solo se pueden modificar los derechos reconocidos en la CE, instando una reforma de la propia Constitución. D. Que hay distintos tipos de derechos y que su contenido varía de unos a otros.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: A. Toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas, ya incida directamente sobre su desarrollo (art. 81.1 CE), ya limite o condicione su ejercicio (art. 53.1 CE), precisa una habilitación legal. B. Las Cortes Generales pueden acordar la revocación de un acto administrativo dictado con vulneración de un derecho fundamental de los previstos en la Sección Primera del Capítulo II del Título I CE. C. En nuestro ordenamiento, los jueces y tribunales están vinculados por el precedente. D. Los Defensores del Pueblo autonómicos pueden impugnar leyes estatales cuando invadan el ámbito competencial de la correspondiente comunidad autónoma.

Los principios rectores de la política social y económica que se enumeran en el Capítulo III del Título I: A. Podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que los desarrollen. B. No pueden ser alegados jurisdiccionalmente en ningún caso. C. Pueden ser alegados si el interesado tiene legitimación. D. Depende el principio rector al que nos estemos refiriendo: no es lo mismo el derecho a una vivienda digna, que el derecho a un medio ambiente adecuado.

El derecho de acceso a archivos y registros que se recoge en el artículo 105 CE: A. No es en realidad un derecho, puesto que no está incluido en el Título I CE, que se denomina precisamente «De los derechos y deberes fundamentales». B. Sí es un derecho, pero, al no estar recogido en el Título I, no goza de las garantías contempladas en el artículo 53 CE. C. Es un principio rector de la política social y económica. D. Ese derecho no está recogido en nuestra Constitución.

Indica cuál de estas características diferencia los derechos fundamentales reconocidos en la sección primera del Capítulo II del Título I de la CE y los derechos reconocidos en la sección segunda del mismo Título: A. En la sección segunda no se reconocen derechos como tales. B. En la sección segunda se recogen derechos sin aplicación normativa directa. C. Los derechos reconocidos en la sección segunda no son susceptibles de protección por la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. D. Los derechos reconocidos en la sección segunda no vinculan a todos los poderes públicos.

Señala cuál es la correcta de todas características diferenciales de los derechos reconocidos en el Capítulo II del Título I de la CE y los principios rectores de la política social y económica: A. Los principios rectores no pueden ser alegados directamente de manera subjetiva, sino de acuerdo con lo que establezcan las leyes que los desarrollen. B. Todos los derechos incluidos en el Capítulo II están protegidos por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y lo principios rectores carecen de esa protección. C. Los principios rectores carecen de sustantividad propia y deben ser interpretados de manera conjunta. D. Los principios rectores solo informan la actuación del poder legislativo.

Señala la respuesta correcta. Los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la sección primera: A. No pueden ser regulados por un Decreto Ley. B. Solo pueden ser desarrollados por una ley ordinaria que ha respetar su contenido esencial. C. Pueden ser regulados por una norma reglamentaria. D. No pueden ser desarrollados normativamente, pues se limitaría su eficacia.

Señala la respuesta correcta. El principio de igualdad: A. No está protegido por el recurso de amparo. B. Impide que dos situaciones de hecho similares sean tratadas de forma diferente. C. La respuesta anterior no es totalmente correcta, puesto que el TC ha admitido el trato desigual cuando se trata de alcanzar la igualdad material. D. No está protegido por un procedimiento preferente y sumario.

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, señala la respuesta correcta: A. La vida humana en formación del nasciturus solo es susceptible de protección en determinados casos tasados. B. La vida humana en formación es un valor o bien jurídico digno de protección incluido en el ámbito del artículo 15 CE. C. En nuestro ordenamiento cabe cualquier tratamiento jurídicopenal de la interrupción voluntaria del embarazo. D. No es necesario destipificar en ningún caso la interrupción voluntaria del embarazo, ya que en su caso podría evitarse la sanción penal acudiendo al estado de necesidad.

Cuando una infracción penal está prevista únicamente en un tratado internacional: A. No se cumple el principio de legalidad penal. B. Si se cumple sobradamente el principio de legalidad, debido al rango normativo del tratado. C. Es necesaria una orden ministerial que determine la forma en que ha de ejecutarse la pena. D. Se vulnera el principio de igualdad.

El concepto constitucional de domicilio protegido se identifica: A. Coincide con el concepto penal (morada habitual). B. Coincide con el concepto civil (domicilio). C. Coincide con el concepto administrativo-fiscal (residencia habitual). D. Es el espacio en el que se desarrolla la vida privada de una persona, y no coincide con los conceptos anteriores.

Indica cuál de estas afirmaciones es verdadera: A. El derecho de libertad de expresión e información no incluye la creación literaria. B. El derecho a la libertad de expresión e información no incluye el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz para cualquier medio de comunicación. C. libertad de información solo se refiere a la posibilidad de emitir noticias, no a la posibilidad de recibirlas. D. El bien jurídico protegido por la libertad de expresión y de información es la existencia de una opinión pública libre.

Indica cuál de estas afirmaciones es verdadera: A. El derecho de libertad religiosa no impide que se puedan efectuar discriminaciones en función de las creencias de los individuos. B. El derecho a la libertad religiosa obliga a que el Estado sea confesional. C. La Constitución española relega la libertad religiosa al ámbito privado de las personas. D. La Constitución española, , no relega la libertad religiosa al ámbito privado, sino que permite los actos públicos de culto, sin más limitaciones que las razones de orden público.

Indica la respuesta correcta. La resolución de un juez de lo Contencioso Administrativo en la que se decide no formular la cuestión de inconstitucionalidad que le había pedido las partes: A. Solo puede ser objeto de recurso de amparo. B. El juez ha de estimar necesariamente la petición unánime de las partes de plantear cuestión de inconstitucionalidad. C. No es susceptible de recurso alguno. D. Ninguna de las respuestas es correcta.

El recurso de inconstitucionalidad: A. Está específicamente previsto para dar solución a vulneraciones de derechos fundamentales. B. Está previsto como mecanismo genérico para dar respuesta a infracciones constitucionales de las leyes. C. Puede ser interpuesto por un particular. D. Ninguna de las respuestas es correcta.

En la declaración del Estado de alarma ¿pueden suspenderse derechos fundamentales?. A. Sí pueden suspenderse el derecho a circular libremente en todo el territorio nacional. B. No cabe la posibilidad de limitar derechos fundamentales en la declaración del estado de alarma. C. No, pero sí es posible adoptar medidas que pueden conllevar limitaciones o restricciones al ejercicio del algún derecho. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

Son susceptibles de protección por la vía del recurso de amparo: A. Los derechos reconocidos en la Sección Primera del capítulo II del Título I CE, y, además, el principio de igualdad del artículo 14 y el derecho a la objeción de conciencia previsto en el artículo 30. B. Todos los derechos reconocidos en el Capítulo II del Título I CE. C. Todos los anteriores y, además, los principios rectores de la política social y económica. D. Ninguno de los anteriores.

¿Cuál es el plazo máximo de duración del estado de excepción?. A. 15 días. B. No hay un plazo máximo de duración. Lo determinará el Congreso. C. 20 días. D. 30 días.

Indica cuál de estos criterios no sirve para apreciar si en un determinado recurso existe transcendencia constitucional a efectos de admisión del recurso de amparo: A. Que exista contradicción entre dos sentencias del Tribunal Supremo en materia de derechos fundamentales. B. Que sobre el punto controvertido no haya doctrina constitucional. C. Que la vulneración del derecho provenga de una ley u otra disposición de carácter general. D. Que la vulneración del derecho provenga de la jurisprudencia.

Indica cuál de las siguientes respuestas es la correcta. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial podrán dar lugar al recurso de amparo solo si: A. Se han agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial, incluida la nulidad de actuaciones por vulneración de un derecho fundamental. B. Se han agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial, pero no es necesario plantear el incidente de nulidad de actuaciones. C. No se ha denunciado formalmente en el proceso la violación del derecho. D. Ninguna de las anteriores es correcta, puesto que no cabe recurso de amparo frente a una resolución judicial.

La protección jurisdiccional del derecho de «habeas corpus» se encuentra regulada: A. En la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concreto en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. B. En una ley orgánica específica, la LO 6/1984. C. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que el juez competente es el de Instrucción. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Es competente para conocer del procedimiento de protección del derecho de rectificación: A. La jurisdicción civil. B. La jurisdicción social. C. la jurisdicción contencioso administrativa. D. No puede iniciarse un proceso de protección del derecho de rectificación.

¿Cuál es el plazo de la Sala del Tribunal Constitucional para emitir Sentencia en un procedimiento de amparo?. A. El plazo común de 20 días. B. El plazo de 10 días. C. No existe plazo alguno estipulado. D. No más de seis meses.

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: A. Contiene un procedimiento específico para la protección jurisdiccional de los derechos consagrados en ella. B. No contiene ningún mecanismo específico de protección, sino que se aplican a su contenido el sistema general de recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. C. Tiene carácter meramente programático. D. Contiene una serie de derechos para cuya protección hay que acudir necesariamente a los sistemas jurisdiccionales nacionales.

Los derechos consagrados en la Carta de la Unión Europea pueden ser invocados: A. Solamente en relación con la actuación de la UE y de los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión Europea. B. Solamente cuando los Estados miembros aplican derecho nacional. C. En ambos casos. D. Jamás.

¿Qué significa, a efectos de aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que un determinado acto de un Estado tiene un «vínculo comunitario»?. A. Que dicho acto es aplicación de Derecho de la Unión Europea y, por tanto, está vinculado por el listado de derechos de la carta. B. Que el Estado autor del acto es miembro de la Unión Europea y, por tanto, es parte de la carta. C. Que el acto ha sido dictado por una comunidad autónoma y, por tanto, no resulta afectado por el Derecho de la Unión Europea. D. Ninguna opción es correcta.

¿Existe el derecho a la segunda instancia en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?. A. Solo cabe recurso frente a las sentencias de la sala ante la Gran Sala, pero la admisión del recurso está sometida a un juicio de oportunidad. B. Sí, porque, en principio, las sentencias de las salas son susceptibles de recurso ante la Gran Sala, , sin someterse a juicio de oportunidad. C. No, las sentencias no son recurribles, ya que la Gran Sala solo resuelve en primera y única instancia aquellos asuntos de los que las salas se han inhibido. D. Sí, porque hay recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si el recurrente es nacional de un Estado parte de la UE.

En el caso de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya dictado una sentencia en la que estime que en un procedimiento penal español, en el que se ha condenado a nuestro cliente, se ha vulnerado el derecho a un juicio justo, ¿qué he de hacer?. A. Acudir al incidente de nulidad de actuaciones para anular la sentencia penal condenatoria. B. Acudir al recurso de revisión de la sentencia condenatoria ante el TS y, si este nos lo deniega, acudir en amparo ante el TC. C. Conformarnos con pedir una satisfacción pecuniaria equitativa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. D. Recurrir la sentencia condenatoria en apelación o casación, según sea el caso.

Indica la respuesta correcta: A. No existe obligación de ejecutar las decisiones de los órganos internacionales de control en materia de derechos humanos aceptados por España. B. La existencia o no de esa obligación depende de lo que disponga el tratado que crea dicho órgano de control. C. Existe la obligación de ejecutar las decisiones de los órganos internacionales de control, pues el derecho internacional es también derecho español una vez recibido en España de acuerdo con el artículo 96 CE. D. No existe esa obligación, como demuestra el hecho de que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se cumplen y no se sanciona a España.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU: A. Es el órgano encargado de la supervisión del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos. B. Es el órgano encargado de la supervisión de la Declaración Universal de Derechos Humanos. C. Es el órgano encargado exclusivamente de la supervisión del Protocolo para la Abolición de la Pena de Muerte. D. Depende del Consejo de Europa.

La Carta Social Europea: A. Aunque no forma parte de los tratados UE, tiene el mismo valor que ellos. B. No es de aplicación directa, sino que a título orientativo. C. Forma parte del acervo comunitario, aunque no es derecho originario, sino derivado. D. No prevé un mecanismo específico de control judicial.

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa: A. Depende del presidente de la Comisión Europea. B. No puede aceptar denuncias individuales. C. No puede hacer visitas a los países implicados. D. No existe esta figura.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?. A. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares ha sido ratificada por España el 13 de diciembre de 2006. B. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas fue ratificada por España el 18 de febrero de 2011. C. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por España el 21 de abril de 2008. D. La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue ratificada por España el 10 de octubre de 1987.

Señala la respuesta correcta. Los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la sección primera: A. No pueden ser regulados por un Decreto Le. B. Solo pueden ser desarrollados por una ley ordinaria que ha respetar su contenido esencial. C. Pueden ser regulados por una norma reglamentaria. D. No pueden ser desarrollados normativamente, pues se limitaría su eficacia.

Señala la respuesta correcta. El principio de igualdad: A. No está protegido por el recurso de amparo.. B. Impide que dos situaciones de hecho similares sean tratadas de forma diferente. C. La respuesta anterior no es totalmente correcta, puesto que el TC ha admitido el trato desigual cuando se trata de alcanzar la igualdad material. D. No está protegido por un procedimiento preferente y sumario.

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, señala la respuesta correcta: A. La vida humana en formación del nasciturus solo es susceptible de protección en determinados casos tasados. B. La vida humana en formación es un valor o bien jurídico digno de protección incluido en el ámbito del artículo 15 CE.. C. En nuestro ordenamiento cabe cualquier tratamiento jurídicopenal de la interrupción voluntaria del embarazo. D. No es necesario destipificar en ningún caso la interrupción voluntaria del embarazo, ya que en su caso podría evitarse la sanción penal acudiendo al estado de necesidad.

Cuando una infracción penal está prevista únicamente en un tratado internacional: A. No se cumple el principio de legalidad penal.. B. Si se cumple sobradamente el principio de legalidad, debido al rango normativo del tratado. C. Es necesaria una orden ministerial que determine la forma en que ha de ejecutarse la pena. D. Se vulnera el principio de igualdad.

El concepto constitucional de domicilio protegido se identifica: A. Coincide con el concepto penal (morada habitual). B. Coincide con el concepto civil (domicilio).. C. Coincide con el concepto administrativo-fiscal (residencia habitual). D. Es el espacio en el que se desarrolla la vida privada de una persona, y no coincide con los conceptos anteriores.

Indica cuál de estas afirmaciones es verdadera: A. El derecho de libertad de expresión e información no incluye la creación literaria. B. El derecho a la libertad de expresión e información no incluye el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz para cualquier medio de comunicación. C. libertad de información solo se refiere a la posibilidad de emitir noticias, no a la posibilidad de recibirlas.. D. El bien jurídico protegido por la libertad de expresión y de información es la existencia de una opinión pública libre.

Indica cuál de estas afirmaciones es verdadera: A. El derecho de libertad religiosa no impide que se puedan efectuar discriminaciones en función de las creencias de los individuos. B. El derecho a la libertad religiosa obliga a que el Estado sea confesional. C. La Constitución española relega la libertad religiosa al ámbito privado de las personas.. D. La Constitución española, , no relega la libertad religiosa al ámbito privado, sino que permite los actos públicos de culto, sin más limitaciones que las razones de orden público.

¿Qué órgano es competente para conocer de los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a la herencia cuando interviene un menor o una persona con medidas judiciales de apoyo?. A. El Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se halle la mayor parte de los bienes del causante. B. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del domicilio del causante. C. El Juzgado de Primera Instancia del lugar de residencia del menor o persona con discapacidad. D. El Letrado de la Administración de Justicia de cualquier juzgado del partido judicial del causante.

La dispensa del impedimento de muerte dolosa del anterior cónyuge: A. Es competencia del Ministerio de Justicia. B. Deberá instarse a través de un procedimiento ordinario por razón de materia. C. Podrá solicitarse a través de expediente de Jurisdicción Voluntaria. D. Ha sido eliminada del ordenamiento jurídico con la Ley 5/2015.

¿A quién corresponde el impulso y dirección de los EJV?. A. A los notarios. B. A los jueces. C. A los Letrados de la Administración de Justicia. D. Todos pueden impulsar y dirigir los expedientes, dependiendo de la materia.

¿Quién está legitimado para iniciar un expediente de JV?. A. El Ministerio Fiscal. B. Podrán iniciarse de oficio. C. Persona legitimada para ello. D. Las tres respuestas son correctas.

Una vez presentada la solicitud de expediente, corresponde el examen de competencia objetiva y territorial al: A. Juez o Magistrado. B. Letrado de la Administración de Justicia. C. Funcionario del Juzgado en el que se turne. D. A la Oficina Judicial.

En cuanto a la comparecencia, regulada en el artículo 18 LJV: A. Se sustanciará por los trámites previstos en la LEC para la vista del juicio verbal. B. Deberá celebrarse dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la solicitud. C. Se sustanciará por los trámites del juicio ordinario. colectiva. D. Ay B son correctas.

Según el artículo 14 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, ¿quién puede iniciar un expediente de jurisdicción voluntaria?. A. Únicamente el Ministerio Fiscal. B. El juez, de forma exclusiva. C. De oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o por solicitud de persona legitimada. D. Solo el solicitante con asistencia letrada obligatoria.

¿Qué ocurre si el solicitante no comparece al acto de conciliación preprocesal?. A. El Juzgado podrá señalar nuevo día y hora para la celebración en el plazo de los 10 días siguientes. B. Si no alega causa justa, se le tendrá por desistido y se archivará el expediente. C. La asistencia al acto de conciliación solamente es obligatoria para el requerido. D. Se tendrá el acto por intentado a todos los efectos.

La resolución de un expediente de JV, ¿impide la incoación de un proceso judicial posterior con el mismo objeto?. A. No, dado que no produce efectos de cosa juzgada. B. No, se podrá iniciar otro procedimiento de jurisdicción voluntaria con el mismo objeto o directamente un proceso judicial. C. Sí, solamente podrá iniciarse otro procedimiento de jurisdicción voluntaria, pero con diferente objeto. D. Solamente podrá iniciarse otro procedimiento de jurisdicción voluntaria, pero con diferente objeto.

En cuanto a la comparecencia, regulada en el artículo 18 LJV: A. Se sustanciará por los trámites previstos en la LEC para la vista del juicio verbal. B. Deberá celebrarse dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la solicitud. C. Se sustanciará por los trámites del juicio ordinario. colectiva.. D. Ay B son correctas.

¿Qué materias pueden someterse a mediación y arbitraje?. A. Cualquier materia que quieran las partes por el principio de autonomía de voluntad. B. Solo materia civil y mercantil. C. Solo materia de consumo y familia. D. Aquellas controversias que versen sobre materias de libre disposición conforme a derecho.

Un conflicto intrapersonal es: A. Aquel tipo de conflicto que solo nos involucra a nosotros mismos. B. El que se produce entre dos o más personas. C. El que se da entre personas de distintas nacionalidades. D. Aquel que es visible para los demás.

¿Qué característica es la fundamental a la hora de enfrentarnos a un conflicto?. A. Tener claro cuál es el problema de fondo. B. La voluntariedad. Tener la motivación de querer resolverlo. C. La paciencia para afrontarlo con calma. D. Tener claro que antes o después habrá que ceder en algún punto.

¿Qué son los llamados ADR?. A. Los sistemas de resolución de conflictos que se utilizan en Estados Unidos. B. La denominación anglosajona de lo que nosotros llamamos medios adecuados de solución de controversias. C. Es como se denomina al arbitraje de derecho. D. Es como se conoce al sistema judicial americano.

¿Cómo clasificamos los tipos de sistemas alternativos de solución de conflictos?. A. Judiciales y extrajudiciales. B. Nacionales y transfronterizos. C. Autocompositivos y heterocompositivos. D. Los que afectan a dos personas y los que afectan a una persona frente a un colectivo.

Los medios autocompositivos de resolución de conflictos son aquellos que: A. Necesitan la intervención de un tercero para que se resuelva el conflicto. B. Se dan dentro de un procedimiento judicial, con el fin de solucionar el conflicto antes de que se dicte sentencia. C. Las propias partes en conflicto son quienes deciden por sí mismas la solución. D. Se utilizan únicamente para resolver conflictos intrapersonales.

¿Se encuentran los medios adecuados de solución de controversias amparados por nuestra constitución de 1978?. A. Desgraciadamente, cuando se promulgó nuestra constitución, no existían estos medios y, por ello, quedan al margen del principio de tutela judicial efectiva que recoge nuestra Constitución. B. El principio de tutela judicial efectiva consagrado en nuestra Constitución, como su propio nombre indica, contempla únicamente los procedimientos judiciales como forma de resolución de conflictos. C. El artículo 28 de nuestra Constitución restringe esta posibilidad. Habría que reformar la Constitución para incluirlos. D. Sí, en virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes, respecto de las materias de libre disposición, también amparado por nuestra Constitución, tienen cabida los MASC.

¿Cuál de estas formas de resolver conflictos es esencialmente autocompositiva?. A. El arbitraje. B. La conciliación. C. La mediación. D. La vía judicial.

¿Qué requisitos debemos cumplir a la hora de predisponernos a resolver un conflicto?. A. Mantener la calma, practicar la escucha activa, intentar ver lo positivo y exponer los argumentos con tacto, empatizando lo más posible con la otra parte. B. Evitar la responsabilidad, intentando mostrar un perfil de victimismo que haga que la otra parte se ablande a la hora de negociar. C. Convencer con argumentos sólidos e irrefutables a la otra parte de que se está en posesión de la verdad, pero evitando subir la voz y atacarle. D. Intentar comprender el punto de vista de la otra parte y, en ese momento, utilizar técnicas de negociación adecuadas para que la balanza se incline a nuestro favor.

¿Cuáles de las siguientes son técnicas de negociación?. A. Negociación colaborativa, competitiva, evitativa y distributiva. B. Negociación aceptativa y de cierre. C. Negociación optativa. D. Negociación de bloqueo.

Podemos definir la mediación como: A. Procedimiento en el que el juez propone una solución obligatoria para las partes antes de iniciar el juicio. B. Medio en el que un tercero impone un laudo de obligatorio cumplimiento sin participación activa de las partes. C. Medio adecuado de solución de controversias en que dos o más partes intentan voluntariamente, a través de un procedimiento estructurado, alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. D. Procedimiento exclusivamente judicial donde las partes deben llegar a un acuerdo en la primera vista oral.

Entre los principios de la mediación encontramos: A. Voluntariedad, carácter adversarial, neutralidad y confidencialidad. B. Voluntariedad, carácter no adversarial, neutralidad y confidencialidad. C. Falta de voluntariedad, carácter no adversarial, neutralidad y confidencialidad. D. Voluntariedad, carácter no adversarial, falta de neutralidad y confidencialidad.

En cuanto a la información obtenida por el mediador en el proceso de mediación: A. En el ámbito de un procedimiento judicial o de un arbitraje, impide que estén obligados declarar o a aportar documentación relacionada con él con las excepciones fijadas por ley. B. Deberán declarar en los procedimientos en los que exista causa penal. C. La confidencialidad no es un principio que rija la actuación del mediador. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Las ventajas de la mediación sobre otros sistemas de resolución de conflictos son las siguientes: A. Es un medio infalible. B. Es rápido, económico y eficaz. C. No tiene consecuencias jurídicas el acuerdo llevado a cabo por las partes. D. Como las partes asumen la responsabilidad de llegar a un acuerdo, no favorece ni la cooperación ni la comunicación.

Se ha criticado de la mediación: A. La diferencia de poder entre las partes, ya que puede inducir a la firma de acuerdos injustos. B. La ausencia de sentencias y de jurisprudencia, ya que la voluntariedad hace innecesario que las decisiones a los conflictos sean uniformes. C. La posibilidad de que determinados aspectos técnicos puedan resultar inasequibles para las partes. D. Todas las afirmaciones son acertadas.

La mediación online: A. La mediación que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros se desarrollará preferentemente por medios electrónicos, salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes. B. Solamente está prevista para la sesión constitutiva; el resto de las sesiones deberán desarrollarse de manera presencial. C. Solamente está recogida en el Anteproyecto de Ley de Mediación, pero no en la Ley 5/2012 de 6 de julio). D. No permite la grabación de voy e imagen, por política de protección de datos.

Según la Ley Orgánica 1/2025, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la mediación como medio adecuado de solución de controversias es correcta?. A. La mediación solo es válida si se realiza ante un juez o letrado de la Administración de Justicia. B. La mediación no puede considerarse válida si las partes no alcanzan un acuerdo. C. La mediación es uno de los medios adecuados que puede cumplir el requisito de procedibilidad antes de interponer una demanda. D. La mediación queda excluida en los conflictos civiles transfronterizos.

¿Cuál de los siguientes principios debe respetarse siempre en un procedimiento de mediación, según la Ley 1/2025?. A. Imposición de soluciones por el mediador. B. Intervención obligatoria del juez. C. Voluntariedad de las partes. D. Carácter público de todas las sesiones.

En cuanto a la actuación del mediador en el procedimiento de mediación, hay que destacar que: A. Debe ser pasiva. B. Debe velar porque las partes dispongan de información y asesoramiento, así como facilitar la comunicación y el acercamiento. C. Las circunstancias personales y de intereses no afectarán al mediador, aunque se vea afectada su imparcialidad. D. Todas las respuestas son correctas.

La mediación finaliza de la siguiente forma: A. Todas o alguna de las partes ejercen su derecho a dar por terminadas las actuaciones, comunicándolo al mediador. B. Ha transcurrido el plazo máximo acordado por las partes para la duración del procedimiento. C. El mediador aprecia de manera justificada que las posiciones de las partes son irreconciliables. D. Todas las respuestas son correctas.

Indica la respuesta correcta. A. El conciliador será imparcial a lo largo de todo el proceso y, de cara a garantizar dicha imparcialidad, no deberá tener relación alguna con las partes implicadas en el conflicto. B. La ventaja de la conciliación frente al procedimiento tradicional es que el conciliador se encuentra en una posición ajena al proceso y hay cabida para la flexibilidad. C. Está presente el principio de debate contradictorio durante el proceso. D. Todas las respuestas son correctas.

La solicitud de una de las partes dirigida a la otra para iniciar un procedimiento de negociación a través de un medio adecuado de solución de controversias, en la que se defina adecuadamente el objeto de la negociación: A. No interrumpe la prescripción ni suspende la caducidad. B. Interrumpe la prescripción o suspende la caducidad en el ámbito laboral. C. Nunca interrumpe la prescripción. D. Nunca suspende la caducidad.

La resolución que apruebe lo convenido por las partes en el acto de conciliación: A. Llevará aparejada la ejecución, a los efectos previstos en el artículo 517.2.9.o de la LEC. B. No llevará aparejada la ejecución, a los efectos previstos en el artículo 517.2.9.o de la LEC. C. No tendrá efectos jurídicos. D. Todas las respuestas son correctas.

La conciliación, en la jurisdicción penal: A. Es únicamente voluntaria y solo tendrá efecto entre las partes que intervienen en el proceso. B. Tiene carácter imperativo previa la admisión de querella, en determinados delitos perseguibles a instancia de parte. C. No es necesaria, pero es recomendable tratar de solucionar cualquier conflicto por esta vía alternativa, ya que la resolución que se adopte podrá ser ejecutiva. D. Las tres respuestas anteriores son correctas.

Indica la respuesta correcta. A. La conciliación carece de relevancia en nuestro ordenamiento, al no llevar aparejada ejecución la resolución que se adopte. B. Durante la conciliación, el mediador podrá adoptar medidas de carácter coercitivo necesarias para que las partes lleguen a un acuerdo. C. Las respuestas anteriores son correctas. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La conciliación, en el procedimiento laboral: A. La competencia para conocer de la conciliación laboral se recoge en el artículo 63 de la LPL. B. Respecto al ámbito de aplicación de la conciliación, esta queda vedada para las materias que se encuentran recogidas en el artículo 64. C. La conciliación laboral se encuentra actualmente regulada en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora la de jurisdicción social (en adelante, LPL) y, en concreto, en el capítulo I («De la conciliación o mediación previas y de los laudos arbitrales») de su título V («De la evitación del proceso»). D. Todas las respuestas son correctas.

Se podrá acudir a la conciliación para dirimir cuestiones sobre: A. El estado civil de las personas, cuestiones matrimoniales y sobre alimentos futuros. B. Los juicios en que estén interesados los menores. C. Las respuestas A y B son falsas (de acuerdo con el art. 139 LJV y el art. 1814 CC). D. Las respuestas A y B son verdaderas.

Celebrando el acto de conciliación sin avenencia: A. Quien presentó la papeleta de conciliación podrá acudir a la vía jurisdiccional. B. A quien fue dirigida la papeleta de conciliación podrá acudir a la vía jurisdiccional. C. Las respuestas A y B son verdaderas. D. Las respuestas A y B son falsas.

¿Cuál es el orden correcto de las fases del procedimiento de conciliación conforme a la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria?. A. Admisión – Solicitud – Comparecencia – Acto de conciliación. B. Comparecencia – Solicitud – Admisión – Acto de conciliación. C. Solicitud – Acto de conciliación – Admisión – Comparecencia. D. Solicitud – Admisión – Comparecencia – Acto de conciliación.

Indica la respuesta correcta. A. Lo convenido por las partes en conciliación se ejecutará en el juzgado que conoció de ella cuando sea de su competencia. B. Lo convenido por las partes en acto de conciliación se llevará a efecto en el mismo juzgado en que se tramitó la conciliación, en cualquier caso. C. Lo convenido por las partes en acto de conciliación no podrá llevarse a efecto en el mismo juzgado en que se tramitó la conciliación. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

En cuanto a los diferentes tipos de arbitraje: A. En el de derecho los árbitros aplican el derecho sustantivo pactado por las partes o que proceda según norma de conflicto. En el de equidad los árbitros utilizan su leal saber y entender, y no exige fundamentación jurídico-positiva, aunque sí razonamiento. B. Arbitraje interno o internacional, según se desarrolle conforme a la normativa nacional o se celebre al amparo de un convenio internacional ratificado por España. El arbitraje es extranjero si se desarrolla en un país extranjero. C. Arbitraje contractual y testamentario, según se instituya mediante convenio entre las partes o por voluntad del testador. D. Todas las respuestas son correctas.

En el arbitraje institucional: A. Las partes designan para el arbitraje a una persona y a una entidad. B. Se encomienda su designación a determinadas personas jurídicas, como cámaras de comercio, colegios de abogados, asociaciones sin ánimo de lucro, etc. C. El arbitraje se somete a la legislación común. D. El arbitraje queda sometido a normas especiales, como puede ser en materia de seguros, de transportes terrestres, de propiedad intelectual, etc.

Las ventajas que ofrece el arbitraje frente a la jurisdicción de los tribunales como modo de resolver los litigios son las siguientes: A. Es más rápido que la jurisdicción de los tribunales. B. Es más flexible que el procedimiento seguido ante los tribunales. C. Inspira confianza en las partes. D. Todas las respuestas son correctas.

En cuanto a las materias que pueden someterse a arbitraje, escoge qué respuesta es la correcta. A. No son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho. B. Solo son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición por las partes conforme a derecho. C. Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o una sociedad, organización o empresa controlada por un Estado, esa parte podrá invocar las prerrogativas de su propio derecho. D. En la práctica, el arbitraje se suele utilizar para materias de escasa envergadura o interés económico.

En cuanto a la capacidad para ser árbitro: A. Pueden ser árbitros solo las personas jurídicas. B. Puede ser árbitro cualquier persona, aunque se lo impida la legislación a la que pueda estar sometida en el ejercicio de su profesión. C. Pueden ser árbitros solo las personas naturales que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. D. La nacionalidad de una persona es siempre un obstáculo para que actúe como árbitro, a pesar de lo que indiquen las partes en sus pactos.

Para introducir una cláusula de sumisión a arbitraje estatutario: A. Se requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o participaciones en que se divida el capital social. B. Se requerirá el voto favorable de, al menos, la mitad de los votos correspondientes a las acciones o participaciones en que se divida el capital social. C. En ningún caso podrá encomendarse la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a una institución arbitral. D. Todas las respuestas son incorrectas.

Una vez elegida la sede de arbitraje: A. Se trata de una afirmación incorrecta, pues las partes no tienen capacidad de elección de la sede. B. No significa que todas las actividades deban celebrarse allí. C. Todas las actividades del arbitraje deberán celebrarse allí. D. Deberá en todo caso realizarse la actividad en el idioma de la sede.

En cuanto a las alegaciones de las partes en los escritos de demanda y contestación: A. Los árbitros no podrán decidir si han de celebrarse audiencias para la presentación de alegaciones o de pruebas y la emisión de conclusiones. B. La Ley no prevé especiales requisitos para las alegaciones de las partes en los escritos de demanda y contestación a la demanda. C. Las partes no serán citadas a todas las audiencias ni tendrán obligación de intervenir en ellas directamente. D. Las alegaciones escritas, documentos y demás instrumentos que una parte aporte a los árbitros no es necesario que los trasladen a la otra parte.

En cuanto a las recusaciones de los árbitros: A. La parte que recuse a un árbitro expondrá los motivos dentro de los 15 días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la aceptación o de cualquiera de las circunstancias que puedan dar lugar a dudas sobre su imparcialidad o independencia. B. A menos que el árbitro recusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, corresponderá a los árbitros decidir sobre esta. C. Si no prosperase la recusación planteada con arreglo al procedimiento acordado por las partes o al establecido en el apartado anterior, la parte recusante podrá, en su caso, hacer valer la recusación al impugnar el laudo. D. Todas las respuestas son correctas.

En cuanto a los criterios para determinar si un arbitraje es internacional: A. Por virtud del criterio espacial, será internacional el arbitraje desarrollado en España en el que, en el momento de celebrarse el convenio arbitral e independientemente de las características del litigio, las partes tengan su domicilio en Estados diferentes. B. Por virtud del criterio territorial, será internacional el arbitraje cuando el lugar del arbitraje determinado por el convenio arbitral o con arreglo a este, el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica de la que surge la controversia o el lugar con el que la controversia tiene una relación más estrecha estén situados fuera del Estado en que las partes, independientemente de su nacionalidad, tengan sus domicilios. C. Por virtud del criterio económico, el más flexible y el más indeterminado, la internacionalización se produce en los arbitrajes en los que la relación jurídica de la que dimana la controversia afecta a los intereses del comercio internacional. D. Todos los criterios son correctos y definen el arbitraje internacional.

Indica la respuesta correcta. A. Lo convenido por las partes en conciliación se ejecutará en el juzgado que conoció de ella cuando sea de su competencia. B. Lo convenido por las partes en acto de conciliación se llevará a efecto en el mismo juzgado en que se tramitó la conciliación, en cualquier caso. C. Lo convenido por las partes en acto de conciliación no podrá llevarse a efecto en el mismo juzgado en que se tramitó la ,conciliación. D. Ninguna de las anteriores es correcta.