TE8-ADM

Las personas colaborarán con la administración en los términos previstos en la ley, a tales efectos según el art. 18 de la ley 39/2015 no dispone que: Las personas facilitarán toda la información que sea requerida por la administración para el ejercicio de sus competencias y atribuciones, salvo que se incluyan datos confidenciales de terceros de los que tengan conocimiento por la prestación de servicios profesionales de diagnóstico, asesoramiento o defensa, incluidas las conductas delictivas. Cuando conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él, podrán proporcionárselos a la Administración actuante. Cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran autorización del titular, las AAPP deben obtener, en todo caso, el consentimiento del mismo. Todas las opciones son incorrectas.

Según el artículo 22 de la Ley 39/2015, se suspenderá el cómputo del plazo máximo del procedimiento cuando: Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado. Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación.

En los procedimientos iniciados a solicitud de interesados, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 39/2015, cuando la estimación de la solicitud supusiera la atribución al interesado o a terceros de facultades relativas al dominio o a los servicios públicos, la falta de resolución expresa y notificación en plazo, permitirá al interesado entender: Estimada la solicitud. Desestimada la solicitud. Prorrogado el plazo máximo de resolución. Caducado el procedimiento.

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 39/2015, el plazo máximo de resolución del procedimiento, a falta de disposición expresa por norma reguladora, es de: 3 meses. 6 meses. 12 meses. No se establece.

De conformidad con el artículo 25 de la Ley 39/2015, en los procedimientos sancionadores, la falta de cumplimiento de la obligación de resolver en plazo, produce: Estimación presunta de la solicitud. Desestimación presunta de la solicitud. Caducidad. Interrupción del plazo de resolución.

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 39/2015, no es un requisito de la ampliación del plazo máximo de resolución del procedimiento: Es excepcional. Se podrá adoptar cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles por el órgano instructor. No puede ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.

En materia de administración electrónica, no es correcto según el Artículo 14 de la LPACAP: En todo caso, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo las personas jurídicas. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo las entidades sin personalidad jurídica.

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 39/2015: 3 meses. 6 meses. el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda superar el plazo de 6 meses.

Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a (señala la incorrecta según el artículo 39 Ley 40/2015): Una Administración Pública. Un organismo público. Una entidad de Derecho Privado. Todas son correctas.

Según el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos, salvo que en ellos se disponga otra cosa: Desde la fecha de su publicación en el diario oficial correspondiente, si se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva. Desde la fecha de su notificación a los interesados. Desde la fecha de su publicación en el diario oficial correspondiente. Desde la fecha en que se dicten.

La titularidad del Portal de Internet corresponde: A una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público. A una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público. Es común a Todas las Administraciones Públicas. Sólo la sede electrónica tiene titularidad. El Portal de Internet es de dominio público.

De acuerdo con el art. 38 de la Ley 40/2015, la publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará: Los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto. Estándares abiertos. Estándares de uso generalizado por los ciudadanos. Todas la respuestas son correctas.

Según el art. 43 de la Ley 40/2015, ¿quién determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios?: La Administración General del Estado. La Federación Española de Municipios y Provincias. Las Comunidades Autónomas. Cada Administración Pública.

De acuerdo con el art. 44 de la Ley 40/2015, los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas distintas deberán articularse mediante: Normas propias. Acuerdo. Convenio. Pacto.

Los medios o soportes en que se almacenen documentos, como determina el art. 46 de la Ley 40/2015, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en: Esquema Nacional de Seguridad. Esquema Nacional de Interoperabilidad. Son correctas la opción a) y b). Ninguna es correcta.

Como indica la Ley 40/2015 en relación a los documentos utilizados en las actuaciones administrativas, estos se almacenarán: Sólo por medios electrónicos. Por medios electrónicos y por medios no electrónicos. Por medios electrónicos y en formato papel. Por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.

Tal y como determina el artículo 38 de la Ley 40/2015, la titularidad de la sede electrónica: Corresponde a una Administración Pública. Corresponde a una o varios organismos públicos. Corresponde a una o varias entidades de Derecho Público. Todas son correctas.

Según el artículo 41 de la Ley 40/2015, en caso de actuación administrativa automatizada, la Ley 40/2015 indica que deberá establecerse previamente: El órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación y mantenimiento. El órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de la supervisión y control de calidad. El órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición, en su caso, de una auditoría del sistema de información y de su código fuente. Todas son correctas.

El artículo 40 de la Ley 40/2015 señala que: Las Administraciones Públicas se identificarán mediante el sello electrónico. Las Administraciones Públicas se identificarán mediante certificado electrónico reconocido. Las Administraciones Públicas se identificarán mediante certificado electrónico cualificado. Ninguna es correcta.

Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de, entre otros: Transparencia y publicidad. Responsabilidad y calidad. Las respuestas a) y b) son correctas, así como los de seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Todas son correctas, junto con el principio de interconectividad.