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El plazo máximo previsto en el artículo 24 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para resolver y notificar la resolución de la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es de: Dos meses. Tres meses. Un mes. Seis meses.

Según establece el artículo 168 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, relativo a los Centros de Asistencia a la Investigación: La gestión de los Centros de Asistencia a la Investigación será responsabilidad del/la Vicedecano/a competente en materia de investigación, quién velará por su mantenimiento, proporcionando los medios técnicos y humanos para asegurar su funcionamiento. Los Centros de Asistencia a la Investigación funcionarán como servicios sometidos a precios que serán iguales para los miembros de la UCM y para los usuarios externos. Se constituirá una Comisión Ejecutiva, cuya composición y funciones se regulará por el Vicerrectorado competente en materia de investigación. Se constituirá una Comisión Ejecutiva a la que corresponderá la coordinación de los Centros de Asistencia a la Investigación de la UCM.

Según establece el artículo 68.1 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid: El/la Gerente será propuesto por el/la Rector/a y nombrado por este/ésta, de acuerdo con el Consejo Social, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia. El/la Gerente, que será un titulado superior, no podrá ejercer funciones docentes. El/la Gerente será elegido y nombrado por el Consejo de Gobierno, de acuerdo con el Consejo Social, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia. El/la Gerente, que será un titulado superior, podrá ejercer funciones docentes. El/la Gerente será propuesto por el/la Rector/a y nombrado por este/ésta, de acuerdo con el Consejo de Gobierno, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia. El/la Gerente, que será un titulado superior, no podrá ejercer funciones docentes. El/la Gerente será propuesto por el/la Rector/a y nombrado/a por el Presidente del Gobierno. El/la Gerente, que será un titulado superior, podrá ejercer funciones docentes e investigadoras.

Según el artículo 10.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente: Siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP. Siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los dos años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP. Siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años y nueve meses, a contar desde la publicación del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP. Siempre que la Administración lo comunique al funcionario afectado.

Con respecto a la eficacia de los actos, el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la eficacia de un acto administrativo queda demorada: Cuando esté supeditada a notificación, publicación o aprobación superior. Siempre. Siempre que lo exija el órgano superior. Siempre que lo diga un órgano ejecutivo.

Según el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los Funcionarios de carrera en Servicio activo se regirán: Se regirán por las normas de este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios. Se regirán por las normas del EBEP y aleatoriamente por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios. Se regirán por las normas del EBEP exclusivamente. Se regirán por las normas de este Estatuto y en su caso por la normativa de la legislación laboral correspondiente.

Según el artículo 10 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, la defensa y representación en juicio de la Universidad corresponde a: El/la Rector/a. Los/as Letrados/as que formen parte de su Asesoría Jurídica, sin perjuicio de que se pueda encomendar dicha defensa a Letrados/as externos/as. El/la Secretario/a General. El Claustro Universitario.

Según establece el artículo 4.8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como «equipo de protección individual»: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Los equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa.

Entre la información que, según el artículo 8 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, debe ser objeto de publicidad activa por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I de la Ley, figura la relativa a: Las cuentas trimestrales. Las retribuciones mensuales de los altos cargos, a excepción del Consejo de Ministros. Las instrucciones organizativas de los diferentes servicios públicos. Las encomiendas de gestión.

El artículo 38.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que el Comité de Seguridad y Salud: Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Es el órgano paritario y colegiado de representación destinado a la consulta una vez al año de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Es el órgano unipersonal de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención. Es el órgano formado por tres trabajadores destinado a la inspección diaria de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

Según se establece en el art. 114.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos de reposición. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de inferior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. Los acuerdos, pactos, convenios y contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

Según el artículo 15 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, la creación, modificación y supresión de los Departamentos corresponde a: El/la Rector/a. Al Consejo de Gobierno de la Universidad. Al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Al Claustro.

Tal y como establece el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, habrá un/a Delegado/a de Prevención que será elegido/a por y entre los/as Delegados/as de Personal, en las empresas: De treinta a cincuenta trabajadores/as. De treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores/as. De uno a veinte trabajadores/as. De treinta a cincuenta trabajadores/as.

Según el artículo 11 de la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad: Los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Las personas físicas y jurídicas podrán adoptar medidas específicas a favor de los hombres. Las medidas específicas no serán razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido. Las personas físicas y jurídicas privadas no podrán tomar este tipo de medidas en los términos establecidos en esta Ley.

Según el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, a los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de: 2 meses, a menos que exista causa legítima para ello. 6 meses, a menos que exista causa legítima para ello. 3 meses, a menos que exista causa legítima para ello. 4 meses, a menos que exista causa legítima para ello.

Según el artículo 150 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, el/la Defensor/a Universitario/a será elegido/a por el Claustro: Por un período de cuatro años, sin posibilidad de reelección. Por un período de seis años, sin posibilidad de reelección. Por un período de seis años, con posibilidad de reelección. Por un período de tres años, sin posibilidad de reelección.

Según el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, entre las sanciones por razón de las faltas cometidas se encuentra la separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos…. Comportará la revocación de su nombramiento. Tendrá los mismos efectos que para los funcionarios de carrera antiguos. Comportará la suspensión adicional de los derechos económicos básicos durante la duración de la misma. Solo podrá aplicarse por acumulación de tres faltas leves.

El trámite de audiencia al interesado al que hace referencia el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se comprende en la fase del procedimiento administrativo que se conoce como: Iniciación. Ordenación. Instrucción. Prueba.

Según establece el art. 117.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario: No suspenderá la ejecución del acto impugnado. Suspenderá la ejecución del acto impugnado. No suspenderá la finalización del acto impugnado. Suspenderá la ejecución del acto implicado.

Según el Art 45 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, la elección de los/as representantes de personal de administración y servicios, estudiantes y profesorado en el Consejo Social elegidos por el Consejo de Gobierno: Requiere mayoría absoluta en la primera votación y mayoría simple en la segunda. Requiere mayoría simple en la primera votación. Requiere mayoría absoluta en la segunda votación. Tendrá una duración de 5 años.

¿Qué plazo concede la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en su artículo 24, para la interposición del recurso frente al Consejo de Transparencia, de una resolución expresa o presunta?. El plazo será de un mes. El plazo será de un mes, y de tres en caso de que sea presunta. El plazo será de dos meses, y en caso de que sea presunta el plazo quedará indefinidamente abierto. Atribuye el mismo plazo que para el recurso contencioso, dos meses.

El deber de confidencialidad y de secreto profesional de los responsables y encargados del tratamiento de datos, según el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: Se mantendrán hasta que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. Se mantendrán hasta un año después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. Se mantendrán hasta diez años después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. Se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

La fiscalización previa de los gastos de la UCM a la que se refiere el artículo 193 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid corresponde: Al/la Gerente de la UCM. Al/la Interventor/a de la UCM. Al Servicio de Control Interno de la UCM. Al Servicio de Control Interno y Auditoría de la UCM.

Según establece el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿En qué casos podrá la Administración abstenerse de resolver un procedimiento administrativo?. En caso de suficiencia de preceptos legales aplicables al caso. En caso de oscuridad nocturna aplicable. En ningún caso. En todos los casos previstos en el artículo 53 de esta ley.

Según el artículo 26 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, a propuesta del Consejo de Gobierno, podrá acordar la creación, modificación y supresión de Colegios Mayores de la UCM: El Consejo Social. El/la Rector/a. El Claustro. La Comunidad de Madrid.

¿Cuál de los siguientes formará parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, según el artículo 36 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?. Un miembro de la Federación de Municipios de España. Un diputado de cada Asamblea de las Comunidades Autónomas. Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Un miembro del Consejo de Estado.

El derecho de rectificación en su artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, dispone que: No ampara la posibilidad de completar los datos objeto del tratamiento que el afectado considere incompletos. Al ejercer el derecho de rectificación, el interesado deberá indicar en su solicitud a que datos se refiere y corrección que haya que realizarse. El responsable no podrá requerir del afectado la documentación en la que fundamente la inexactitud equivocada. El afectado no tiene derecho a rectificación.

De acuerdo con el artículo 93 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio: La administración no podrá desistir. La administración podrá desistir motivadamente. El interesado no podrá desistir en ningún caso. El interesado podrá desistir sin motivo alguno.

Según establece el artículo 37.1 a) del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, corresponde al Presidente/a de los órganos colegiados: Escribir las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. Efectuar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Asegurar el cumplimiento de los acuerdos del órgano. Ejercer la representación del órgano colegiado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público: Cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. Cuando sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos. Cuando así lo prevea una norma con rango de ley. Cuando resulte necesario para el cumplimiento de las funciones públicas que tiene atribuidas la Administración.

¿Contra qué actos podrá interponerse el recurso potestativo de reposición del que habla el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Contra actos que no pongan fin a la vía administrativa. Contra actos que pongan fin a la vía administrativa. Contra actos firmes en vía administrativa. Ninguna es correcta.

Según se establece en el art. 100.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará: Sin respetar el principio de proporcionalidad. Respetando siempre el principio de proporcionalidad. Respetando ocasionalmente el principio de proporcionalidad. Sin respetar el principio de propiedad.

Según establece el artículo 159 de la Constitución Española de 1978, los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán: Íntegramente cada nueve años. Por cuartas partes cada dos años. Por mitades cada tres años. Por terceras partes cada tres años.

El artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera: La jubilación anticipada y parcial del funcionario. La jubilación total del funcionario. La jubilación parcial al 75% del funcionario. La jubilación parcial del funcionario, si cotiza a Clases Pasivas y Muface.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿Qué protege el derecho a la protección de datos de carácter personal?. Se protege la información concerniente a las personas físicas y jurídicas. Protege la intimidad de las personas física conforme al mandato establecido en el artículo 18.1 de la Constitución. Protege a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de su información personal. Únicamente protege la información personal.

Según el artículo 191 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, quién es el encargado de elaborar el anteproyecto del Presupuesto: El/la Rector/a. El Consejo de Gobierno. El/la Gerente. La Comunidad de Madrid.

Según establece el art. 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario: Los informes serán facultativos y no vinculantes. Los informes serán facultativos y vinculantes. Los informes serán preceptivos y no vinculantes. Los informes serán facultativos o vinculantes.

Según el Art 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, una empresa con 200 trabajadores/as podrá designar: 2 Delegados/as de Prevención. 4 Delegados/as de Prevención. 1 Delegado/a de Prevención. 3 Delegados/as de Prevención.

Según el artículo 126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin que recaiga resolución, éste se entenderá... Desestimado. Estimado. Inadmitido. Admitido.

Según el artículo 45 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, el Presidente del Consejo Social será nombrado: Por la Comunidad de Madrid. Por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Comunidad de Madrid. Por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejo de Universidades. Por el/la Rector/a a propuesta de la Comunidad de Madrid.

En el artículo 11 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se indica que la publicación de la información en el Portal de Transparencia se adecuará a: Practicidad y Visibilidad. Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. Interés Público y Civismo. Actualidad, Vitalidad e integridad.

De acuerdo con lo establecido en el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso de alzada: Será de dos meses, si el acto fuera expreso. Será de un mes, si el acto fuera presunto. Será de un mes, si el acto fuera expreso. Será de tres meses, si el acto fuera expreso.

El artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece que el tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento: Será lícito por sí mismo. No será posible en ningún caso. Solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela. Solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela y el del responsable del tratamiento.

Según indica el artículo 37 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, es nombrado por un período de: 4 años, no renovable. 5 años, renovable. 4 años, renovable una sola vez. 5 años, no renovable.

Según el artículo 170 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, las decisiones sobre política de investigación corresponden: Al Vicerrectorado de Investigación. Al Servicio de Investigación. Al Consejo de Gobierno, asesorado por la Comisión de Investigación. A la Comisión de Investigación asesorada por el Consejo de Gobierno.

Según se establece en el art. 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. Los procedimientos deberán iniciarse siempre de oficio. Los procedimientos deberán iniciarse siempre a solicitud del interesado. Los procedimientos no podrán iniciarse de oficio.

El artículo 39 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece quién está facultado para conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportuna: El Comité de Previsión. El Comité de Seguridad y Salud. El/la empresario/a. La Inspección de Trabajo.

Según el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso…. Será de cuatro años, no pudiendo ser reelegidos. Será de dos años, pudiendo ser reelegidos. Será de dos años, no pudiendo ser reelegidos. Será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.

El artículo 30 de la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, indica que: Las Administraciones Públicas, promoverán nuevas actividades laborales que favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo rural. Los poderes públicos, rechazaran todas las oportunidades de acceso a las Tecnologías de la Información. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, promoverán nuevas actividades laborales que favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo rural y también en el urbano. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, promoverán el desarrollo de una red de servicios sociales para atender a menores y mayores dependientes para conciliación de vida laboral y familiar de los hombres.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en su art. 11, regula el deber de información al afectado diciendo que: La Ley Orgánica 3/2018 no distingue entre información básica y la información detallada. Cuando los datos personales no hubiesen sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el art. 14 del Reglamento (UE) 2016/619. En los supuestos de información básica no se incluirán las categorías de datos objeto de tratamiento. Cuando los datos personales sean obtenidos con el consentimiento del afectado, el responsable del tratamiento únicamente estará obligado a facilitarle la información básica.

Según el Art 38 de la LPRL Por parte empresarial, el Comité de Seguridad y Salud estará formado por: El empresario y los representantes de los trabajadores. El empresario y/o sus representantes. El empresario y/o sus representantes, en número igual al de los Delegados de Prevención. Los representantes del empresario, en número igual al de los Delegados de Prevención.

El Capítulo II del Título III de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, regula el ejercicio de los derechos de protección de datos. Cuál de las siguientes respuestas es correcta: El derecho de la portabilidad es un derecho digital. Los derechos relativos a la protección de datos que tiene el afectado son, el derecho de acceso, de rectificación, de supresión, derecho a la limitación del tratamiento, derecho a la portabilidad y derecho de oposición. El afectado no tiene derecho de supresión. El afectado no tiene derecho de oposición sino de supresión al tratamiento.

Según establece el art. 195 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, relativo a la gestión y administración del patrimonio: Corresponde al Rector/a, la gestión, conservación y administración ordinaria del patrimonio. Corresponde a la Asesoría Jurídica velar por la protección y defensa de los bienes de la Universidad. Corresponde al Secretario/a General certificar, con el visto bueno del Rector/a, los aspectos relativos al patrimonio de la UCM. Corresponde al/la Gerente, la gestión, conservación y administración ordinaria del patrimonio.

Según el artículo 21 de los Estatutos de la UCM, respecto de los Institutos Universitarios de Investigación Adscritos, la aprobación de la adscripción o, en su caso, la pérdida de la misma corresponde a: La Comunidad de Madrid, bien por su propia iniciativa, con acuerdo del Consejo de Gobierno, bien por iniciativa de la Universidad a propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos previo informe favorable del Consejo Social e informe preceptivo de las Juntas de Facultad afectadas. El Consejo de Gobierno, bien por su propia iniciativa, con acuerdo de la Comunidad de Madrid, bien por iniciativa de la Universidad a propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos previo informe favorable del Consejo Social e informe preceptivo de las Juntas de Facultad afectadas. La Comunidad de Madrid, bien por su propia iniciativa, con acuerdo del Consejo Social, bien por iniciativa de la Universidad a propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos previo informe favorable del Consejo Social e informe preceptivo de las Juntas de Facultad afectadas. El Rector/a, bien por su propia iniciativa, con acuerdo del Consejo de Gobierno, bien por iniciativa de la Universidad a propuesta del Consejo Social, en ambos casos previo informe favorable del Consejo de Gobierno e informe preceptivo de las Juntas de Facultad afectadas.

Según establece el art. 159.1 de la Constitución Española de 1978, el Tribunal Constitucional se compone de: 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, tres a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; tres a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo Superior del Poder Judicial. 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.