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Según el artículo 179.1 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, el Personal Docente e Investigador de la UCM deberá realizar sus tareas de enseñanza e investigación de acuerdo con los principios éticos y deontológicos correspondientes a la materia que desarrollen, ¿qué principios habrá de respetar en todo caso?. En todo caso, habrá de respetar los principios de buena fe, probidad, legalidad y veracidad en sus actuaciones docentes, pero no investigadoras, que deberán respetar los principios establecidos en la Ley de la Ciencia. En todo caso, el ejercicio de los derechos establecidos en este capítulo habrá de respetar el contenido de lo establecido en los Estatutos y los Reglamentos de desarrollo previstos en el mismo. En todo caso, habrá de respetar los principios de buena fe, probidad, lealtad y veracidad en sus actuaciones docentes e investigadoras. En todo caso, habrá de respetar los principios de buena fe, probidad, legalidad y veracidad en sus actuaciones docentes e investigadoras.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el Capítulo II y en concreto en su artículo 5 indica que: Las obligaciones de transparencia contenidas en este Capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente, o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad. No serán de aplicación, en su caso, los límites de derecho de acceso a la información pública. La información sujeta a las obligaciones de transparencia no será necesario publicarlas en ningún medio de comunicación. Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea superior a 60.000 euros el cumplimiento de la Ley no podrá realizarse por medios electrónicos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, ponen fin a la vía administrativa: Los acuerdos del Rector o Rectora y las resoluciones del Consejo Social, del Consejo de Gobierno y del Claustro Universitario. Las resoluciones de los Vicerrectores o Vicerrectoras y los acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno y del Claustro Universitario. Las resoluciones del Rector o Rectora y los acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno y del Claustro Universitario. Las resoluciones del Secretario o Secretaria General y los acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno y del Claustro Universitario.

Según el artículo 8.1 de la Constitución Española de 1978, las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión….(señale la respuesta correcta): Defender la soberanía e independencia de España, garantizar su integridad territorial y el ordenamiento ciudadano. Garantizar la independencia de España dentro de la Unión Europea, defender su territorialidad y el ordenamiento. Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Garantizar la jerarquía normativa y publicidad de las normas.

Según lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará: En los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. En los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta ajena, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. En los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones profesionales y científicas, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. En los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sociales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.3 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, el Rector/a podrá nombrar: Entre todos los miembros de la comunidad universitaria, hasta un máximo de cinco Delegados, para el ejercicio de funciones específicas. Entre todos los miembros de la comunidad universitaria, los Delegados que estime convenientes para el ejercicio de funciones específicas. Entre todos los profesores con vinculación permanente los Delegados que estime convenientes para el ejercicio de funciones específicas. d) Entre todos los profesores con vinculación permanente hasta un máximo de cinco Delegados para el ejercicio de funciones específicas.

Según el artículo 57.8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, en caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Consejo Social deberá proceder a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido, ¿cómo podrá revocarse la expresada reducción?: Por acuerdo del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Rector/a, previo informe del Consejo Social, oído el Interventor/a, cuando la disponibilidad presupuestaria y la situación de tesorería lo permitiesen. Por acuerdo del Consejo Social, a propuesta del Rector/a, previo informe del Consejo de Gobierno, oído el Interventor/a y autorización del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, cuando la disponibilidad presupuestaria y la situación de tesorería lo permitiesen. Por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector/a, previo informe del Interventor/a, oído el Consejo Social y autorización del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, cuando la disponibilidad presupuestaria y la situación de tesorería lo permitiesen. Por acuerdo del Consejo Social, a propuesta del Rector/a, previo informe del Interventor/a y autorización del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, cuando la disponibilidad presupuestaria y la situación de tesorería lo permitiesen.

El artículo 33.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios público estará sujeta a los principios de: Legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. Legalidad, publicidad, objetividad y sostenibilidad financiera. Publicidad, transparencia, legalidad, obligatoriedad, buena fe negocial y sostenibilidad financiera. Transparencia, publicidad y sostenibilidad financiera.

Según dispone el artículo 15.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, respecto al derecho de supresión: Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable no podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable deberá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia indirecta. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de rectificación con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia indirecta.

Según el artículo 61 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que trata sobre el inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos (señale la respuesta correcta): La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación. La petición vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien no deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación. La petición vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien no deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, procede la iniciación.

Conforme al artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, es una función de las universidades: La generación, desarrollo, difusión, transferencia e intercambio del conocimiento y la aplicabilidad de la investigación en algunos campos científicos, tecnológicos, sociales, humanísticos, artísticos y culturales. La generación de espacios de creación y difusión de pensamiento filosófico. La formación de los estudiantes a través de la transmisión de los valores y principios legales. La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación y actualización de conocimientos y métodos científicos, tecnológicos, sociales, humanísticos, culturales y para la creación artística.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, al ser la UCM una Administración pública vinculada a la Comunidad de Madrid, goza, entre otras, de la siguiente prerrogativa: La exención de la obligación de prestar toda clase de garantías, depósitos y cauciones, ante cualquier Administración Pública u Organismos de ella dependientes y exclusivamente ante los Jueces y Tribunales de la jurisdicción social, en cualquier tipo de procedimiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación vigente, litigando con el beneficio de justicia gratuita. La exención de la obligación de prestar toda clase de garantías, depósitos y cauciones ante cualquier Administración Pública u Organismos de ella dependientes y ante los Jueces y Tribunales de cualquier jurisdicción, en cualquier tipo de procedimiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación vigente, litigando con el beneficio de justicia gratuita. La exención de la obligación de prestar toda clase de garantías, depósitos y cauciones, ante cualquier Administración Pública u Organismos de ella dependientes y exclusivamente ante los Jueces y Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, en cualquier tipo de procedimiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación vigente, litigando con el beneficio de justicia gratuita. La exención de la obligación de prestar toda clase de garantías, depósitos y cauciones, ante cualquier Administración Pública u Organismos de ella dependientes y exclusivamente ante los Jueces y Tribunales de la jurisdicción civil, en cualquier tipo de procedimiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación vigente, litigando con el beneficio de justicia gratuita.

Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2018, 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, esta Ley Orgánica tiene por objeto: Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. Adaptar el ordenamiento jurídico europeo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 17.4 de la Constitución. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 24 de la Constitución.

De acuerdo con el artículo 93.3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las universidades podrán establecer programas de incentivos para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios, vinculados a sus méritos individuales y a su contribución en la mejora de la actividad que desempeña en relación con la docencia, la investigación, la transferencia e intercambio del conocimiento o la gestión y prestación de servicios especializados ¿mediante qué procedimiento se asignarán?. Mediante un procedimiento que garantice la igualdad y de acuerdo con los principios de mérito y capacidad e imparcialidad del órgano evaluador, y de transparencia retributiva. Mediante un procedimiento que garantice la objetividad del órgano evaluador y de acuerdo con los principios de imparcialidad y publicidad retributiva. Mediante un procedimiento que garantice su publicidad y de acuerdo con los principios de objetividad e imparcialidad del órgano evaluador, y de transparencia retributiva. Mediante un procedimiento que garantice la igualdad y de acuerdo con los principios de objetividad y publicidad retributiva y de transparencia del órgano evaluador.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202.3 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid: Dependerá orgánicamente del/la Gerente y funcionalmente del Rector/a o Vicerrector/a en quien delegue. Dependerá orgánicamente de la persona con competencias en Archivos, Bibliotecas y Museos y funcionalmente del/ la Gerente. Dependerá tanto funcionalmente como orgánicamente del Rector/a o Vicerrector/a en quien delegue. Dependerá orgánicamente del Rector/a o Vicerrector/a en quien delegue y funcionalmente del/ la Gerente.

Según el artículo 114.5 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, ¿a quién corresponde regular lo referente al acceso a la Universidad de los mayores de 25 años que no estén en posesión del título de Bachiller o equivalente?. Al Consejo de Gobierno, de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, oído el Consejo de Universidades. Al Consejo Social, de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria. Al Consejo de Gobierno, en aplicación de las condiciones básicas que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades. Al Consejo Social, de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, oído el Consejo de Titulación.

Según el artículo 9.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: Informar a las autoridades locales sobre los accidentes de trabajo, mortales graves y muy graves. Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención establecidos por esta Ley. Elaborar los informes solicitados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del empresario, se advierta la existencia de riesgo muy grave para la seguridad de los trabajadores.

Según el artículo 39.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. “Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en…”: El artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. El artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. El artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. El artículo 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

Conforme al artículo 59.2 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, relativo a la transparencia y rendición de cuentas en la gestión económico-financiera ¿ante quién están obligadas las universidades a rendir cuentas de su actividad?. Ante el Consejo Social, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas. Ante el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas. Ante el órgano de control externo de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas. Ante el Claustro Universitario, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas.

En relación a los Centros de Enseñanza Universitaria Adscritos a la UCM, el artículo 24 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, que regula su constitución y régimen jurídico, establece que (indique la respuesta correcta): Los profesores de los referidos Centros deberán obtener de manera obligatoria la venia docendi por parte de la Comunidad de Madrid. La propuesta de aprobación de la adscripción será adoptada con el Consejo Social, previo informe favorable del centro o centros afines y del Consejo de Gobierno, y se remitirá a la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva. El Rector/a nombrará entre los miembros del PDI con vinculación permanente en la UCM, uno o varios Directores/as en cada Centro para supervisar la investigación desarrollada. La tramitación del expediente de adscripción y el contenido mínimo de los convenios se ajustará a las previsiones establecidas en el Reglamento de Centros y Estructuras de la UCM.

Según el artículo 50.1 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, ¿cuál de las siguientes es una de las funciones del Consejo de Gobierno?. Informar los nombramientos de cargos académicos, sin necesidad de ser oído en los ceses de cargos académicos. Aprobar los nombramientos y ceses de cargos académicos. Conocer los nombramientos y ceses de cargos académicos. Aprobar los nombramientos de cargos académicos y ser oído en los ceses de cargos académicos.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su artículo 36, establece quien formará parte de la Comisión de Transparencia y buen Gobierno, de las siguientes respuestas, señale la correcta: Un representante del tribunal de Cuentas. Tres representantes de Agencia Española de protección de Datos. Dos representantes del Senado. Un representante de la Administración Local.

Según el artículo 53.2 de la Constitución Española de 1978, “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en…. Los principios de prioridad y consumación. Los principios de imparcialidad y objetividad. Los principios de legalidad y neutralidad. Los principios de preferencia y sumariedad.

Según el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (señale la respuesta correcta): El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará bianualmente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. El Estado, en las materias que sean de la competencia del Gobierno, aprobará bianualmente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. El Estado, en las materias que sean de la competencia del Gobierno, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid…..: La UCM solamente podrá crear centros o estructuras cuyas actividades de desarrollo de sus fines institucionales conduzcan a la obtención de títulos incluidos en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales. La UCM podrá crear otros centros o estructuras cuyas actividades de desarrollo de sus fines institucionales no conduzcan a la obtención de títulos incluidos en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales. La UCM no podrá crear otros centros o estructuras cuyas actividades de desarrollo de sus fines institucionales no conduzcan a la obtención de títulos incluidos en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales. La UCM podrá crear otros centros o estructuras cuyas actividades de desarrollo de sus fines institucionales no conduzcan a la obtención de títulos incluidos en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales con la previa autorización de la Intervención de la UCM.

Según el artículo 57.3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, en el procedimiento de elaboración del presupuesto se incluirán informes de: Impacto por razón de género y de impacto medioambiental. Impacto medioambiental, de sostenibilidad financiera y de captación de recursos. Impacto medioambiental y de consecución de objetivos plurianuales. Impacto medioambiental, de captación de recursos y de consecución de objetivos plurianuales.

Según el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos (señale la opción correcta): Por asuntos particulares 7 días. Por lactancia de un hijo menor de 12 meses tendrán derecho a 1 hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y final de la jornada, o en una hora al inicio o final de la jornada, con la misma finalidad. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de 3 horas diarias, percibiendo las retribuciones integras. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, por las horas indispensables para su realización.

Según establece el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2018, 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales: Solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión. Solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión o en esta Ley Orgánica. Solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta Ley Orgánica o en otras normas de rango legal. Solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado por Real Decreto.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid serán competencias de la Junta de Personal: Formar siempre parte de los Tribunales en las convocatorias de procedimientos selectivos de ingreso del Personal funcionario de la Administración y Servicios. Ser informados de todas las sanciones impuestas a la comunidad universitaria. Emitir informe sobre la adscripción del Personal funcionario de la Administración y Servicios a los Centros o Servicios correspondientes. Participar y promover la elaboración de la normativa de desarrollo de los Estatutos de la UCM que afecte al Personal funcionario de Administración y Servicios.

Según el artículo 67 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar”. ¿Cuándo prescribe este derecho?. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los 6 meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los 3 meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Nunca. El interesado podrá solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial siempre.

Conforme lo establecido en el artículo 64.3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, el profesorado con contrato laboral temporal no podrá superar el 8 por ciento en efectivos de la plantilla de personal docente e investigador. No se computará a tal efecto: Profesoras y Profesores Ayudantes Doctores, y Profesoras y Profesores Asociados y Eméritos. Profesoras y Profesores Permanentes Laborales, y Profesoras y Profesores Eméritos. Profesoras y Profesores Visitantes, y Profesoras y Profesores Distinguidos. Profesorado asociado de Ciencias de la Salud y el profesorado ayudante doctor.

Según el artículo 69.2 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, en caso de ausencia, vacante, enfermedad, abstención o recusación del Decano/a o Director/a, asumirá temporalmente sus funciones: El Vicedecano/a o Subdirector/a más antiguo en el cargo o, en su defecto, el Vicedecano/a o Subdirector/a que el Decano/a o Director/a haya designado. A igual antigüedad, se estará a los criterios de mayor categoría y tiempo de vinculación con el Centro, por este orden. El Vicedecano/a o Subdirector/a que el Decano/a o Director/a haya designado o, en su defecto, el Vicedecano/a o Subdirector/a más antiguo en el cargo. A igual antigüedad, se estará a los criterios de mayor categoría y tiempo de vinculación con el Centro, por este orden. El Vicedecano/a o Subdirector/a que el Decano/a o Director/a haya designado o, en su defecto, el Vicedecano/a o Subdirector/a más antiguo en el cargo. A igual antigüedad, se estará a los criterios de más tiempo de vinculación con el Centro y mayor categoría, por este orden. El Vicedecano/a o Subdirector/a más antiguo en el cargo o, en su defecto, el Vicedecano/a o Subdirector/a que el Decano/a o Director/a haya designado. A igual antigüedad, se estará a los criterios de más tiempo de vinculación con Centro y mayor categoría, por este orden.

El artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la nulidad de pleno derecho de: Los actos dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del territorio. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados y unipersonales. Las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. Las disposiciones administrativas que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, el Defensor/a Universitario: Podrá ser elegido Defensor/a Universitario cualquier miembro de la comunidad universitaria con una trayectoria personal y profesional de acreditada probidad e imparcialidad. El Defensor/a Universitario será elegido por el Claustro. Podrá ser elegido Defensor/a Universitario únicamente cualquier miembro perteneciente al cuerpo de funcionarios del personal docente e investigador con una trayectoria personal y profesional de acreditada probidad e imparcialidad. El Defensor/a Universitario será elegido por el Claustro. Podrá ser elegido Defensor/a Universitario únicamente personal docente e investigador funcionario que pertenezca al cuerpo de catedrático con una trayectoria personal y profesional de acreditada probidad e imparcialidad. El. Podrá ser elegido Defensor/a Universitario cualquier miembro de la comunidad universitaria con una trayectoria personal y profesional de acreditada probidad e imparcialidad. El Defensor/a Universitario será elegido por el Rector a propuesta del Consejo de Gobierno.

El artículo 55.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto, seleccionaran a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garantice los principios constitucionales mencionados, así como los establecidos a continuación (señale la opción correcta): Sigilo de los miembros de los órganos de selección en el caso de Personal Funcionario, exclusivamente. Sigilo de los miembros de los órganos de selección de Personal Funcionario y Laboral. Transparencia. Dependencia y discrecionalidad técnica en el nombramiento de los órganos de selección de Personal Funcionario y Laboral.

En relación a las Profesoras y Profesores Distinguidas/os, el artículo 84 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, establece que: Las Universidades podrán contratar bajo esta modalidad a docentes e investigadoras o investigadores extranjeros, que estén desarrollando su carrera académica o investigadora en España o en el extranjero. Las Universidades podrán contratar bajo esta modalidad a docentes e investigadoras o investigadores, tanto españoles como extranjeros, que estén desarrollando su carrera académica o investigadora en el extranjero. Las Universidades podrán contratar bajo esta modalidad a docentes e investigadoras o investigadores, tanto españoles como extranjeros, que estén desarrollando su carrera académica o investigadora en España o en el extranjero. Las Universidades podrán contratar bajo esta modalidad exclusivamente a docentes e investigadoras o investigadores españoles, que estén desarrollando su carrera académica o investigadora en el extranjero.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, los miembros de la Comisión de Doctorado serán nombrados por: Por el Rector/a, a propuesta de las Juntas de Centro y oído del Consejo de Gobierno, entre personas de reconocido prestigio científico que tengan reconocidos, al menos, dos tramos de investigación. Por el Rector/a, a propuesta del Consejo de Departamento y oídas las Juntas de Centro, entre personas de reconocido prestigio científico que tengan reconocidos, al menos, dos tramos de investigación. Por el Vicerrector/a con competencias en la materia, a propuesta de las Juntas de Centro y oído el Consejo de Gobierno, entre personas de reconocido prestigio científico que tengan reconocidos, al menos, dos tramos de investigación. Por el Rector/a, a propuesta del Consejo de Gobierno y oídas las Juntas de Centro, entre personas de reconocido prestigio científico que tengan reconocidos, al menos, dos tramos de investigación.

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: Relativas a información para cuya divulgación nunca será necesaria una acción previa de reclamación. Que se refieran a la información que esté en curso de elaboración o publicación general. Dirigidas a un órgano en cuyo poder obre la información cuando se desconozca el competente. Que sean repetitivas o tengan un carácter abusivo justificado.

Referente a la Información pública a la que se refiere el artículo 83 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública. A tal efecto se publicará un anuncio en el diario oficial correspondiente. El órgano al que corresponda la instrucción del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública. A tal efecto se publicará un anuncio en el diario oficial correspondiente. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste no lo requiera, podrá acordar un período de información pública. A tal efecto se publicará un anuncio en el Boletín Oficial del Estado. El órgano al que corresponda la instrucción del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública. A tal efecto se publicará un anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

En relación al funcionamiento del Claustro Universitario, del Consejo de Gobierno, de las Juntas de Centro y de los Consejos de Departamento, el Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, establece en sus artículos 43, 49, 53 y 58, que: El Pleno del Claustro se reunirá, al menos, una vez al año durante el período lectivo. El pleno del Consejo de Gobierno se reunirá, al menos, una vez cada trimestre lectivo. El Pleno de la Junta se reunirá en sesión ordinaria, al menos dos veces al trimestre. El Consejo de Departamento se reunirá, al menos, una vez al trimestre. El Pleno del Claustro se reunirá, al menos, dos veces al año durante el período lectivo. El pleno del Consejo de Gobierno se reunirá, al menos, dos veces cada trimestre lectivo. El Pleno de la Junta se reunirá en sesión ordinaria, al menos dos veces al trimestre. El Consejo de Departamento se reunirá, al menos, una vez al trimestre. El Pleno del Claustro se reunirá, al menos, una vez al año durante el período lectivo. El pleno del Consejo de Gobierno se reunirá, al menos, dos veces cada trimestre lectivo. El Pleno de la Junta se reunirá en sesión ordinaria, al menos una vez al trimestre. El Consejo de Departamento se reunirá, al menos, una vez al trimestre. El Pleno del Claustro se reunirá, al menos, una vez al año durante el período lectivo. El pleno del Consejo de Gobierno se reunirá, al menos, dos veces cada trimestre lectivo. El Pleno de la Junta se reunirá en sesión ordinaria, al menos dos veces al trimestre. El Consejo de Departamento se reunirá, al menos, una vez al trimestre.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, el mandato de los titulares de órganos unipersonales electos será, en todos los casos, de: 4 años improrrogables y renovables. 4 años improrrogables y no renovables. 6 años improrrogables y renovables. 6 años improrrogables y no renovables.

El artículo 163 de la Constitución Española de 1978 dice: Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Supremo en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que serán suspensivos. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que serán suspensivos. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Supremo en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en algún caso serán suspensivos.

Según establece el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 3/2018, 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, el derecho de acceso se entenderá otorgado: Si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo temporal, el acceso a su totalidad. Si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, indirecto y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. Si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, indirecto y seguro a los datos personales que garantice, de modo temporal, el acceso a su totalidad. Si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, aprobará las relaciones de puestos de trabajo del Personal funcionario y laboral de Administración y Servicios: El Gerente/a, a propuesta Consejo de Gobierno y oídos los órganos de representación del personal y los Centros implicados. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Centro y oídos los órganos de representación del personal. El Consejo de Gobierno, a propuesta del/la Gerente y oídos los órganos de representación del personal, y el Consejo Social. El Consejo de Gobierno, a propuesta del/la Gerente y oídos los órganos de representación del personal y los Centros.

Según el artículo 69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad”: Desde el día de su presentación, salvo que una disposición administrativa diga lo contrario. Desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. Desde el día siguiente de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. Desde el día siguiente de su publicación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

Según el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, la autonomía de las universidades comprende y requiere: La elaboración de sus Estatutos, en el caso de las universidades privadas, y de sus normas de organización y funcionamiento, en el caso de las universidades públicas, así como de las demás normas de régimen interno. La determinación de su organización y estructuras, excluida la creación de organismos y entidades que actúen como apoyo para sus actividades. La elaboración y aprobación de planes de estudio conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales de Grado o de Máster Universitario, o que conduzcan a la obtención de títulos propios, así como la oferta de programas de Doctorado. El establecimiento de relaciones con otras universidades, instituciones, organismos, Corporaciones de Derecho Privado, Administraciones Públicas o empresas y entidades locales, nacionales e internacionales, con el objeto de desarrollar algunas de las funciones que le son propias a la Universidad.

Según el artículo 83.c) de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, la contratación de Profesoras y Profesores Visitantes se ajustará a la siguiente regla: El contrato tendrá una duración máxima de un año, improrrogable y no renovable, y conllevará una dedicación a tiempo parcial o completo, según lo acuerden las partes. El contrato tendrá una duración máxima de dos años, improrrogable y no renovable, y conllevará una dedicación a tiempo parcial o completo, según lo acuerden las partes. El contrato tendrá una duración máxima de un año, prorrogable y renovable, y conllevará una dedicación a tiempo parcial o completo, según lo acuerden las partes. El contrato tendrá una duración máxima de dos años, prorrogable y renovable, y conllevará una dedicación a tiempo parcial o completo, según lo acuerden las partes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, que hace referencia a la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, deberán ser autorizadas por: la Comunidad de Madrid, bien por propia iniciativa con el acuerdo del Consejo Social de la UCM, bien por iniciativa de la Universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos, con informe previo favorable del Consejo de Gobierno, y deberán obtener la verificación del Consejo de Universidades de que el oportuno plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el Gobierno. El Consejo Social de la UCM, bien por propia iniciativa con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la UCM, bien por iniciativa de la Comunidad de Madrid mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos, con informe previo favorable de la Conferencia General de Política Universitaria, y deberán obtener la verificación del Consejo de Universidades de que el oportuno plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el Gobierno. la Comunidad de Madrid, bien por propia iniciativa con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la UCM, bien por iniciativa de la Universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos, con informe previo favorable del Consejo Social, y deberán obtener la verificación del Consejo de Universidades de que el oportuno plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el Gobierno. El Consejo de Gobierno de la UCM, bien por propia iniciativa con el acuerdo del Consejo Social de la UCM, bien por iniciativa de la Comunidad de Madrid mediante propuesta del/la Rector/a, en ambos casos, con informe previo favorable de la Conferencia General de Política Universitaria, y deberán obtener la verificación del Consejo de Universidades de que el oportuno plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el Gobierno.

Según el artículo 62 de la Constitución Española de 1978, al Rey le corresponde: Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta del presidente del Congreso. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Congreso. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, pudiendo autorizar indultos generales.

Señale la respuesta correcta, según el artículo 9 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid: Las disposiciones de carácter general dictadas por el Claustro, por el Consejo de Gobierno y por el Consejo Social serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Las resoluciones, acuerdos y los actos de trámite cualificados de los demás órganos de gobierno y representación que agoten la vía administrativa, serán recurribles en alzada ante el Rector/a, excepto aquellos supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición con rango de ley. Las disposiciones de carácter general dictadas por el Rector/a, por el Consejo de Gobierno y por el Consejo Social serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, excepto aquellos supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición con rango de ley. La reclamación en vía administrativa es requisito previo al ejercicio de acciones fundadas en Derecho privado o laboral, excepto aquellos supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición con rango de ley.

Conforme lo dispuesto en el artículo 57.1 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, el presupuesto de las universidades será: Público, único, sostenible, y comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos. Público, único, equilibrado, y comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos. Público, único, equilibrado, y comprenderá algunos de sus ingresos y gastos. Público, único, sostenible, y comprenderá algunos de sus ingresos y gastos.

El artículo 149.2 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, establece sobre las actuaciones del Defensor/a Universitario que: Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas por los principios de probidad e imparcialidad. Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, estarán sometidas a mandato imperativo del Claustro y vendrán regidas por los principios de independencia e imparcialidad. Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, podrán ser sometidas a expediente disciplinario por razón de las opiniones expresadas o acciones acometidas en el ejercicio de sus funciones, si así lo decide el Claustro por mayoría de tres cuartas partes de sus miembros y vendrán regidas por los principios de independencia e imparcialidad. Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas por los principios de independencia y autonomía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, la creación y la supresión de centros dependientes de la UCM sitos en el extranjero que impartan enseñanzas de modalidad presencial, conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional será acordada por: El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios con competencia en materia de educación y asuntos exteriores, a propuesta del Consejo Social de la UCM, y previo informe del Consejo de Gobierno de la UCM, aprobada por la Comunidad de Madrid y, en su caso, las Comunidades Autónomas competentes, previo informe de la Conferencia General de Política. La Comunidad Autónoma, a propuesta conjunta de las Consejerías con competencia en materia de educación y asuntos exteriores, a propuesta del Consejo Social de la UCM, y previo informe del Consejo de Gobierno de la UCM, aprobada por el Gobierno y, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria. La Comunidad Autónoma, a propuesta conjunta de las Consejerías con competencia en materia de educación y asuntos exteriores, a propuesta del Consejo de Gobierno de la UCM, y previo informe del Consejo Social de la UCM, aprobada por el Gobierno y, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria. El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios con competencia en materia de educación y asuntos exteriores, a propuesta del Consejo de Gobierno de la UCM, y previo informe del Consejo Social de la UCM, aprobada por la Comunidad de Madrid y, en su caso, las Comunidades Autónomas competentes, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, son funciones del Rector/a: Proponer y nombrar al Gerente de la Universidad, de acuerdo con el Consejo Social y cesarlo en virtud de su propia competencia. Proponer y nombrar al Gerente de la Universidad, de acuerdo con el Consejo de Gobierno y cesarlo en virtud de su propia competencia. Proponer y nombrar al Gerente de la Universidad, de acuerdo con el Claustro y cesarlo en virtud de su propia competencia. Proponer y nombrar al Gerente de la Universidad, de acuerdo con el Consejo de Dirección y cesarlo en virtud de su propia competencia.

El artículo 39.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dice que los órganos específicos de Representación de los funcionarios son: Los Delegados de Personal, las Juntas de Personal y las Mesas de Negociación. Las Mesas Paritarias entre órganos de gobierno de las Administraciones Públicas y órganos de representación social. Las Mesas Sectoriales. Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.