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De acuerdo con el Decreto 319/2024, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, ¿cuál de las siguientes funciones no corresponde a la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales?: La elaboración de estudios e informes jurídicos en materias que afectan al Departamento de Salud. La dirección, impulso y coordinación de la elaboración de los anteproyectos de ley y disposiciones de carácter general en materias que afecten al Departamento de Salud y a las entidades adscritas, dependientes o vinculadas al mismo. El desarrollo de las actuaciones administrativas relacionadas con la gestión de las prestaciones sanitarias. La coordinación y tramitación de los asuntos que deban ser sometidos al Consejo de Administración del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

De acuerdo con el Decreto 319/2024, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, indíquese cuál de las siguientes funciones y áreas de actuación NO corresponde al Departamento de Salud del Gobierno Vasco: Prevención de adicciones. Innovación e investigación sanitaria. Promoción de la actividad física. Salud Pública: vigilancia, protección y promoción de la salud.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando un plazo se señale por días, se entenderá que estos son: Días naturales, salvo que la norma disponga lo contrario. Días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y festivos. Días naturales, incluyéndose sábados y domingos, pero no los festivos. Días hábiles, incluyéndose los sábados y excluyéndose únicamente los domingos y festivos.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el expediente administrativo electrónico: Debe conservarse únicamente mientras el procedimiento esté en tramitación. Debe incluir únicamente los documentos aportados por las personas interesadas. Debe contener una relación ordenada de los documentos que lo integran, con independencia de su formato. Puede excluir los informes emitidos por otros órganos administrativos.

En un procedimiento administrativo, antes de dictar resolución, la Administración debe conceder trámite de audiencia a las personas interesadas. Señale en qué supuesto puede prescindirse de dicho trámite: Cuando el procedimiento se tramite por vía de urgencia. Cuando la resolución ponga fin a la vía administrativa. Cuando el procedimiento tenga carácter sancionador. Cuando no se tengan en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por la persona interesada.

En relación con las personas interesadas en el procedimiento administrativo, diga cuál de estas afirmaciones es FALSA: Se considerarán interesadas en el procedimiento administrativo las personas que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por las decisiones que en el mismo se adopten. Se considerarán interesadas en el procedimiento administrativo las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales que se personen en el procedimiento, en tanto no haya recaído resolución definitiva. Las partes interesadas con capacidad de obrar pueden actuar en los procedimientos administrativos por medio de representante. Cuando en una solicitud figuren varias partes interesadas, las actuaciones que procedan se realizarán con la figura representante o interesada que expresamente haya sido señalada y, en su defecto, con aquella que figure en primer término.

En relación con los derechos de las personas interesadas en un procedimiento, diga cuál de estas afirmaciones es FALSA: Las personas interesadas tienen derecho a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Las personas interesadas tienen derecho a no presentar documentos originales, salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. Las personas interesadas tienen derecho a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior a la resolución del mismo. Las personas interesadas tienen derecho a identificar al personal al servicio de la Administración pública bajo cuya responsabilidad se esté tramitando el procedimiento.

En relación con las actuaciones con varias personas interesadas, indique cuál es la opción correcta: Las actuaciones se efectuarán siempre con todas las personas interesadas. Las actuaciones se efectuarán con la persona representante o la persona interesada que expresamente hayan señalado y, en su defecto, con la persona que figure en primer término. Las actuaciones se efectuarán con la persona interesada que figure en último lugar. Las actuaciones se efectuarán únicamente con la persona que ostente la representante legal.

En relación con la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas, indique cuál es la opción correcta: Todas las personas físicas estarán obligadas a relacionarse electrónicamente. El personal empleado público estará obligado a relacionarse electrónicamente solo cuando actúe como persona interesada. El personal profesional con colegiación obligatoria estará obligado a relacionarse electrónicamente para los trámites derivados de su actividad profesional. Las personas jurídicas estarán exentas de la obligación.

En relación con la publicación oficial de normas, indique cuál es la opción correcta: La publicación en sede electrónica nunca tiene carácter oficial. La publicación en sede electrónica tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones que se determinen reglamentariamente. Solo tendrá carácter oficial si así lo dispone una resolución administrativa. No tendrá carácter auténtico en ningún caso.

En relación con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique en qué supuestos puede PRESCINDIRSE de los trámites de consulta, audiencia e información pública: En normas urbanísticas únicamente. En normas presupuestarias u organizativas o cuando concurran razones graves de interés público. En cualquier tipo de norma. Nunca puede prescindirse de dichos trámites.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para resolver un procedimiento tramitado por la vía de la tramitación simplificada será de: 15 días. 30 días. 2 meses. 3 meses.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el silencio administrativo tendrá efecto DESESTIMATORIO en los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada cuando: El procedimiento tenga por objeto el ejercicio de derechos preexistentes. El procedimiento verse sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Una norma reglamentaria así lo establezca. El procedimiento no tenga efectos económicos.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa producirá: La estimación por silencio administrativo. La caducidad del procedimiento. La prescripción automática de la infracción. La nulidad de pleno derecho de las actuaciones.

En relación con la obligación de resolver los procedimientos administrativos, cuando las normas reguladoras del procedimiento no fijen plazo máximo para resolver, diga cuál de estas afirmaciones es cierta: El plazo máximo para dictar resolución expresa no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras del procedimiento no fijen un plazo máximo para la resolución, éste será de 3 meses. El cómputo de los plazos para dictar la resolución se contará siempre desde la fecha en que la solicitud haya entrado en el registro de la administración. Ninguna de las anteriores afirmaciones es cierta.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el silencio tendrá efecto estimatorio: En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. En los procedimientos cuya estimación transfiera facultades relativas al dominio público o al servicio público. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, salvo que una norma con rango de ley o norma de Derecho de la Unión Europea establezca lo contrario.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas interesadas podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: En cualquier momento anterior al trámite de propuesta de resolución. En cualquier momento anterior al trámite de resolución. En cualquier momento anterior al trámite de práctica de prueba. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de plazos u omisión de trámites subsanables podrán alegarse: Antes del trámite de audiencia. Antes de la resolución. En cualquier momento. Antes de la práctica de pruebas.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la renuncia como causa de terminación del procedimiento: Será causa automática de terminación en todo procedimiento. Puede estar prohibida por el ordenamiento jurídico. Puede prohibirse discrecionalmente por el órgano resolutor. Puede prohibirse discrecionalmente por el órgano tramitador.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en un procedimiento iniciado de oficio susceptible de producir efectos desfavorables se declare su caducidad, las actuaciones realizadas: Se conservarán siempre con efectos plenos. No producirán efectos, sin perjuicio de que pueda iniciarse un nuevo procedimiento mientras no haya prescrito la acción. Producirán automáticamente la prescripción. Impedirán en todo caso la iniciación de un nuevo procedimiento.

Cuando una Administración aprecia que un acto administrativo es nulo de pleno derecho, ¿qué actuación puede llevar a cabo conforme a la normativa vigente (Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)?. Iniciar de oficio el procedimiento de revisión, previo dictamen del órgano consultivo competente. Declarar la nulidad directamente sin necesidad de procedimiento alguno. Declarar la nulidad únicamente a instancia de la persona interesada. Revocar el acto por razones de oportunidad.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán declarar la lesividad para el interés público de los actos favorables que sean anulables: En cualquier momento. Dentro del plazo de cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Dentro del plazo de un año desde que se dictó el acto. Únicamente cuando lo solicite la persona interesada.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de: Un mes. Dos meses. Tres meses. Seis meses.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución de un recurso de alzada: Cabe recurso de reposición. Cabe recurso extraordinario de revisión en todo caso. No cabe ningún otro recurso administrativo. Cabe siempre recurso contencioso-administrativo y recurso de reposición.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el procedimiento de revisión de oficio de un acto administrativo se hubiera iniciado a solicitud de persona interesada y transcurren seis meses sin resolución expresa: Se producirá la prescripción de la acción. Se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo. Se producirá la caducidad del procedimiento. Se entenderá estimada la solicitud por silencio administrativo.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas: Para revisar de oficio disposiciones generales, deberán impugnarlas ante el orden contencioso-administrativo, previa declaración de lesividad. Podrán revisar de oficio los actos favorables que sean anulables. Podrán impugnar ante el orden contencioso-administrativo los actos favorables anulables, previa declaración de lesividad. Podrán revisar de oficio cualquier acto favorable sin límite temporal.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso de reposición: Es obligatorio antes de acudir al recurso contencioso-administrativo. Es potestativo y se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto. Se interpone ante el órgano superior jerárquico. Tiene carácter extraordinario.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para interponer recurso de reposición será: Un mes si el acto fuera expreso. Tres meses si el acto fuera expreso. Dos meses si el acto fuera expreso. Un mes en todo caso.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión podrá interponerse cuando: Exista error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Se discrepe de la valoración jurídica realizada por la Administración. Haya transcurrido el plazo para interponer recurso de alzada. Se trate de actos de trámite cualificados.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál de las siguientes competencias NO puede ser objeto de delegación?. La resolución de recursos administrativos ordinarios. La competencia para dictar actos de gestión. La instrucción de procedimientos administrativos. La potestad reglamentaria.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los siguientes principios: Jerarquía, descentralización y coordinación. Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Legalidad, responsabilidad y control jurisdiccional. Exclusivamente eficacia y eficiencia.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los reglamentos producirán efectos jurídicos: Desde su aprobación por el órgano competente. Desde su firma por la persona titular del departamento correspondiente. Desde su publicación en el diario oficial correspondiente. Desde su comunicación a los interesados.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la potestad para dictar reglamentos, diga cuál de estas afirmaciones es FALSA: En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones actuarán conforme a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de las leyes se conferirán, con carácter general, al Gobierno o al Consejo de Gobierno respectivo. Los reglamentos producirán efectos jurídicos sin necesidad de publicación oficial. Cuando la propuesta reglamentaria afecte a los gastos o ingresos públicos, deberán valorarse sus repercusiones económicas.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de normas, indique cuál es la opción correcta: Nunca puede omitirse. Puede omitirse en normas presupuestarias u organizativas o cuando concurran razones graves de interés público. Solo puede omitirse en normas urbanísticas. Puede omitirse por decisión discrecional sin motivación.

Conforme determina la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos: En el caso de normas tributarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones de riesgo para la sanidad pública. En el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. En el caso de normas tributarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. En el caso de normas tributarias y presupuestarias de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones de grave riesgo para la sanidad pública.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la evaluación normativa posterior, indique cuál de las siguientes opciones es correcta: No está prevista en la Ley 39/2015. Es obligatoria en todos los casos sin excepción. Se realizará conforme a los términos previstos en la propia normativa aplicable y el plan anual normativo. Solo procede respecto de normas con rango de ley.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el Plan Anual Normativo, indique cuál es la opción correcta: Es facultativo. Recoge las iniciativas reglamentarias que se prevé aprobar en el año siguiente. Solo incluye normas con rango de ley. No requiere publicidad.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la publicidad de las normas, indique cuál es la opción correcta: La publicación en sede electrónica no tiene carácter oficial. La publicación en el diario oficial correspondiente es requisito para su validez y eficacia. Basta con su aprobación por el órgano competente. La publicación es necesaria únicamente para normas sancionadoras.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale qué elemento NO forma parte del contenido mínimo de un convenio: La identificación de las partes firmantes y la competencia con la que actúan. El objeto del convenio y las actuaciones a realizar por las partes. El régimen de modificación del convenio. El régimen sancionador aplicable a las partes en caso de incumplimiento.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos colegiados podrán celebrar sesiones a distancia siempre que: La presidencia y la secretaría se encuentren físicamente en el mismo lugar. Se garantice la identidad de las personas integrantes, el contenido de sus manifestaciones y la interactividad en tiempo real. Se autorice expresamente en cada convocatoria por el órgano superior jerárquico. Las sesiones se celebren exclusivamente mediante correo electrónico.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre la delegación de firma, señale la opción correcta: La delegación de firma altera la competencia del órgano delegante. La delegación de firma exige publicación en el diario oficial para su validez. La delegación de firma permite delegar la potestad reglamentaria. La delegación de firma no altera la competencia del órgano delegante y no requiere publicación para su validez.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la delegación de competencias, diga cuál de estas afirmaciones es cierta: La delegación únicamente puede recaer en órganos jerárquicamente dependientes. La delegación ni su revocación requieren publicación. En ningún caso puede ser objeto de delegación la resolución de los recursos en los órganos que hayan dictado los actos objeto del recurso. Las tres afirmaciones son falsas.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con los órganos colegiados, diga cuál de estas afirmaciones es cierta: El correo electrónico es medio suficiente para celebrar sesiones a distancia. La presidencia y la secretaría deben estar físicamente presentes en todo caso. Las actas deberán aprobarse en la sesión inmediatamente siguiente. No podrá deliberarse sobre asuntos no incluidos en el orden del día salvo que estén presentes todas las personas integrantes y se declare la urgencia por unanimidad.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la retroactividad de las disposiciones sancionadoras, indique cuál es la opción correcta: Nunca tienen efecto retroactivo. Tienen efecto retroactivo cuando favorezcan al sujeto sancionado incluso respecto de sanciones pendientes. Solo tienen efecto retroactivo respecto de la tipificación. Siempre tienen efecto retroactivo.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, indique cuál es la opción correcta: Toda anulación de una disposición administrativa genera automáticamente derecho a indemnización. El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Basta con la existencia de riesgo. Solo procede cuando exista dolo de la Administración.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en caso de concurrencia de varias Administraciones en la producción de un daño: Responderán siempre de forma solidaria. Responderán en proporción a su participación en el hecho causante. No responderá ninguna si no puede determinarse la participación concreta. Solo responderá la Administración que haya dictado el acto final.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la duración de los convenios administrativos: No podrán exceder de un año. No podrán exceder de cuatro años, prorrogables por otros cuatro. Tendrán duración indefinida. No admiten prórroga.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la competencia para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial corresponderá: Siempre al Consejo de Ministros. Al órgano que tenga atribuida la competencia en la materia de que derive el daño. Al órgano que haya causado materialmente el daño. Al órgano consultivo superior de la Administración afectada.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el principio non bis in ídem implica que: No puedan sancionarse hechos distintos, aunque protejan el mismo bien jurídico. No puedan imponerse sanciones administrativas cuando exista cualquier actuación judicial. No puedan sancionarse los mismos hechos cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. No puedan imponerse sanciones administrativas si la persona infractora es empleada pública.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación que describe correctamente el principio de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa: La sanción debe adecuarse a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La sanción debe imponerse siempre en su grado máximo cuando exista intencionalidad. La sanción debe coincidir con la prevista en el tipo penal equivalente. La sanción debe atender exclusivamente a la reincidencia del sujeto sancionado.