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¿Qué Título de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, regula las relaciones interadministrativas?. a) II. b) III. c) IV. d) V.

La Conferencia de Presidentes regulada en el artículo 146 de la Ley 40/2015: a) Es un órgano unilateral. b) Tiene por objeto la deliberación de asuntos y la adopción de acuerdo de interés para el Estado y las Comunidades Autónomas. c) Todas son correctas. d) La preside un ministro del Gobierno.

Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales el término municipal es: a) El territorio en que el Ayuntamiento ejerce su jurisdicción. b) El territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias. c) El territorio en que el Ayuntamiento ejerce su política. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación debe contener: a) El plazo para resolver los recursos que se interpongan contra la resolución de que se trate. b) La expresión de los recursos que procedan en su caso, en vía administrativa y judicial. c) El órgano ante el que hubieran de presentarse los recursos y el plazo para interponerlos. d) Son correctas las respuestas b) y c).

Según el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar: a) A petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. b) De oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. c) De oficio, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. d) De oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario.

Según el artículo 30.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando un día fuese: a) Hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará como día inaplicable en todo caso. b) Hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará hábil en todo caso. c) Hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. d) Hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se reinicia el cómputo a partir del día siguiente.

La responsabilidad patrimonial de las autoridades y demás personal al servicio de la Administración: a) Se podrá exigir directamente por los ciudadanos. b) Se exigirá de oficio por la Administración una vez haya indemnizado a los lesionados y siempre que haya concurrido dolo, culpa o negligencia de cualquier tipo. c) Se exigirá de oficio por la Administración una vez haya indemnizado a los lesionados y siempre que haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves. d) Se exigirá de oficio por la Administración o a solicitud de persona interesada, una vez haya indemnizado a los lesionados y siempre que haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves.

¿En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿qué deberá recogerse en la petición inicial?. a) La individualización de la lesión producida en una persona o grupo de personas. b) La relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público. c) Su evaluación económica si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Con carácter general la eficacia del acto administrativo existe desde. a) La propuesta de resolución. b) La fecha en que se dicta. c) La fecha en que el interesado realiza actuaciones que suponen su conocimiento. d) La fecha en que adquieren firmeza por el transcurso del plazo destinado para recurrir sin haberse interpuesto el correspondiente recurso administrativo.

Contra los actos firmes en vía administrativa, cuando concurran determinadas circunstancias podrá interponerse: a) El recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. b) El recurso extraordinario de revisión ante el órgano superior jerárquico que los dictó. c) El recurso potestativo de reposición ante el órgano administrativo que los dictó. d) El recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó.

Según establece el artículo 43.2 de la LPACAP, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido: a) Ocho días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. b) Diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. c) Quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. d) Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Según el Reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Ferrol: a) El Ayuntamiento de Ferrol está sujeto al régimen de organización de los municipios de gran población recogido en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. b) El Ayuntamiento de Ferrol está sujeto al régimen de organización de los municipios de gran población recogido en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. c) El Ayuntamiento de Ferrol está sujeto al régimen de organización de los municipios de gran población recogido en el título IX de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En aplicación del artículo 3 del Reglamento de organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Ferrol: a) Corresponde al Pleno dictar instrucciones interpretativas y aclaratorias de la normativa apuntada en el artículo anterior para su aplicación en el municipio y a la Alcaldía las instrucciones necesarias para la correcta aplicación deste Reglamento ,. b) Corresponde al Alcalde dictar instrucciones interpretativas y aclaratorias de la normativa apuntada en el artículo anterior para su aplicación en el municipio y al Pleno las instrucciones necesarias para la correcta aplicación deste Reglamento . c) Corresponde al Pleno dictar instrucciones interpretativas y aclaratorias de la normativa apuntada en el artículo anterior para su aplicación en el municipio y las instrucciones necesarias para la correcta aplicación deste Reglamento ,. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Según el artículo 103 del Reglamento de organización y funcionamiento del municipio de Ferrol el/la Tesorero/a municipal: a) Es un órgano directivo de la Administración Municipal. b) Es órgano superior de la Administración municipal. c) Es órgano directivo y órgano superior de la Administración municipal. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En aplicación del Reglamento de organización y funcionamiento del municipio de Ferrol a la Tesorería municipal: a) Le corresponderán, como órgano de gestión económico-financiera, las funciones públicas de Tesorería y Recaudación en los términos y con el alcance establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y demás normativa legal y reglamentaria de aplicación. b) Le corresponderán, como órgano de gestión económico-financiera, las funciones públicas de Tesorería, Recaudación y Contabilidad en los términos y con el alcance establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y demás normativa legal y reglamentaria de aplicación. c) Le corresponderán, como órgano de gestión financiera, las funciones de Tesorería, Recaudación e Intervención y Contabilidad en los términos y con el alcance establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y demás normativa legal y reglamentaria de aplicación. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el cómputo de plazos, cuando estos se fijan en meses, el plazo concluirá: a) El día siguiente al que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes de vencimiento. b) El mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes de vencimiento. c) A los treinta días contados a partir del día siguiente en que se produjo la notificación o publicación. d) El primer martes del mes siguiente a la notificación o publicación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los informes emitidos en el procedimiento administrativo, salvo disposición expresa en contrario, serán: a) Preceptivos y no vinculantes. b) Preceptivos y vinculantes. c) Facultativos y no vinculantes. d) Facultativos y vinculantes.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, la actuación que da inicio al expediente expropiatorio es: a) El acuerdo de necesidad de ocupación. b) La aprobación de la relación de bienes y propietarios afectados por la expropiación. c) La publicación en el Boletín oficial de la Provincia de la relación de bienes y derechos afectados. d) La fijación del justo precio.

Según el artículo 116 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la Ley 39/2015, NO será causa de inadmisión de un recurso administrativo: a) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. b) Ausencia de calificación del recurso por parte del recurrente. c) Carecer de legitimación el recurrente. d) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

Según establece el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO deberá acreditarse la representación para actuar en nombre de otra persona ante las Administraciones Públicas: a) Para interponer recursos. b) Para desistir de acciones. c) Para gestiones de mero trámite. d) Para formular solicitudes.

Conforme al artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a las encomiendas de gestión, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?: a) Pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público, siempre que se motive en el expediente. b) No suponen la cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio. c) Puede efectuarse a Entidades de Derecho Privado pertenecientes a la misma administración, siempre que entre sus competencias estén las actividades que se quiere encomendar. d) Ninguna de las respuestas es correcta.

Conforme al artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el municipio ejercerá en todo caso competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en: a) Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. b) Evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social. c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma.

De conformidad con el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, ¿qué municipios deberán prestar en todo caso el servicio de prevención y extinción de incendios?. a) Los municipios con población superior a 5.000 habitantes. b) Todos los municipios. c) Los municipios con población superior a 20.000 habitantes. d) Los municipios con población superior a 10.000 habitantes.

De conformidad con el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, ¿en qué municipios existe la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones?. a) En todos los municipios. b) En los municipios de gran población, y en aquellos otros en los que lo acuerde el Pleno o así lo disponga su Reglamento orgánico. c) Únicamente en los municipios de gran población. d) En los municipios de población superior a 50.000 habitantes.

¿Cuándo la propia Administración autora de algún acto, pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa?. a) Podrá declararlo previamente lesivo para el interés público. b) Deberá declararlo previamente lesivo para el interés general. c) Deberá declararlo previamente lesivo para el interés púbico. d) Podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativa sin necesidad de declararlo previamente lesivo para el interés público.

¿El recurso contencioso-administrativo se iniciará?. a) Mediante demanda y posterior querella. b) Mediante demanda sucinta. c) Mediante escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho. d) Mediante querella.

Si se hubiera iniciado el recurso mediante demanda y este se dirige contra una disposición general?. a) Podrá procederse a la publicación del anuncio de interposición de aquel, en el que se concederán quince días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de la disposición, acto o conducta impugnados. b) El letrado de la administración de justicia procederá a dar traslado de la demanda y de los documentos que la acompañen para que sea contestada primero por los demandados que se hubieren personado y luego por la Administración. c) Deberá procederse a la publicación del anuncio de interposición de aquel, en el que seconcederán diez días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de la disposición, acto o conducta impugnados. d) Ninguna es correcta.

Según lo señalado en el artículo 59.1 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias podrán extinguirse: a) Únicamente por el pago, compensación o condonación. b) Por el pago, compensación o condonación, prescripción, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes. c) Por el pago, compensación o condonación, prescripción y por los demás medios previstos en las leyes. d) Únicamente por el pago, prescripción y los medios previstos en la normativa aduanera.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.5 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en el caso de aplazamiento o fraccionamiento de deudas: a) La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora. b) La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario no impedirá el inicio del período ejecutivo, pero sí el devengo del interés de demora. c) La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario no impedirá el inicio del período ejecutivo, ni el devengo del interés de demora. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

De acuerdo con el artículo 107 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, procederá la adjudicación directa de bienes embargados: a) Cuando, después de realizado el concurso, queden bienes o derechos sin adjudicar. b) Cuando se trate de productos perecederos o cuando existan otras razones de urgencia, justificadas en el expediente. c) En otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente. d) Todas las anteriores son correctas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación prescribe: a) A los 4 años. b) A los 5 años. c) A los 6 años. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Según lo señalado en el artículo 161 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, la recaudación en período ejecutivo se inicia, en el caso de deudas liquidadas por la administración tributaria: a) El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de esta ley. b) El día siguiente al de la presentación de la autoliquidación. c) El día siguiente al del pago. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley General Tributaria, son obligaciones tributarias accesorias: a) Las sanciones tributarias. b) Los recargos del período ejecutivo. c) a) y b) son correctas. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Según establece el artículo 36 de la Ley General Tributaria, es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley: a) Está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma. b) Realiza el hecho imponible. c) Debe repercutir la cuota tributaria a otros obligados. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Conforme establece el artículo 150 de la Ley General Tributaria, las actuaciones del procedimiento de inspección tributaria deberán concluír en el plazo de: a) 15 meses, con carácter general. b) 24 meses, cuando la Cifra Anual de Negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido para auditar sus cuentas. c) a) y b) son correctas. d) 27 meses, cuando el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al régimen de consolidación fiscal.

Conforme establece el artículo 169 de la Ley General Tributaria, si la Administración y el obligado tributario no hubieran acordado otro orden diferente, se embargarán por el siguiente orden los bienes del obligado: a) Si fuera posible, teniendo en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el obligado. b) Primero, dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito. c) En último lugar, sueldos, salarios y pensiones. d) En último lugar, bienes inmuebles.

Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley General Tributaria, el recargo ejecutivo será: a) Del cinco por ciento. b) Del diez por ciento. c) Del veinte por ciento. d) Un porcentaje igual al uno por ciento más otro uno por ciento adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso.

De acuerdo con el artículo 31.1 de la Constitución española, el sistema tributario español, se basa en los siguientes principios: a) Igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. b) igualdad, proporcionalidad y confiscatoriedad. c) igualdad, proporcionalidad, eficacia. d) legalidad, equidad y eficacia.

ANULADA 39. Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en: a) Tasas, contribuciones especiales e impuestos. b) Tasas, contribuciones especiales e impuestos. c) Tasas, contribuciones especiales, impuestos y precios públicos. d) Tasas, contribuciones especiales, impuestos y prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias.

Las retenciones, pagos fraccionados e ingresos a cuenta, se tienen en cuenta para determinar: a) La cuota líquida. b) ) La cuota diferencial. c) La cuota íntegra. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Para la suscripción de un acta con acuerdo será necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: a) La renuncia por escrito del obligado tributario de su derecho a recurrir la liquidación resultante de la misma. b) La autorización del órgano competente para liquidar y la constitución de una garantía suficiente para el cobro de las cantidades que puedan derivar del acta. c) La autorización del órgano competente para liquidar y el simultáneo pago de la deuda tributaria resultante de la misma. d) La autorización del órgano competente para liquidar.

En los procedimientos de aplicación de los tributos: a) La carga de la prueba recae sobre quien haga valer su derecho. b) La carga de la prueba recae sobre la Administración. c) La carga de la prueba recae sobre los particulares. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el artículo 31 de la Constitución Española, señale la respuesta correcta respecto de los gastos públicos: a) Su programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y progresividad. b) Su programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y justicia. c) Su programación y ejecución responderá a los criterios de economía y progresividad. d) Su programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y economía.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 58/2003 General Tributaria, ¿quienes NO son obligados tributarios?: Los retenedores. Los obligados a repercutir. Los sucesores. Aquellos a los que se imponga una sanción tributaria.

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 58/2003 General Tributaria, sobre devengo y exigibilidad,¿ qué respuesta es CORRECTA?. a) La ley propia de cada tributo establecerá la exigibilidad de la cuota tributaria o cantidad a ingresar, o de parte de la misma, siempre en el mismo momento al del devengo del tributo. b) Con el devengo se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal y de las accesorias, en todo caso. c) Cuando se produzca un hecho imponible siempre habrá exigibilidad. d) La ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte de esta, en un momento distinto al del devengo del tributo.

Según el artículo 56 de la Ley General tributaria, el importe de la cuota íntegra: a) Podrá modificarse mediante la aplicación de las reducciones o límites que la ley de cada tributo establezca en cada caso. b) Será el resultado de aplicar a la cuota líquida el tipo de gravamen. c) Será el resultado de aplicar a la cuota diferencial el tipo de gravamen. d) Será el resultado de minorar la cuota líquida en el importe de las deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo.

La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá: a) La previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios. b) La previa declaración de fallido del deudor principal y el impago en periodo voluntario de las deudas exigidas a los obligados solidarios. c) La previa declaración de fallido del deudor principal y la notificación de la providencia de apremio de las deudas exigidas a los obligados solidarios. d) Únicamente la previa declaración de fallido del deudor principal.

El plazo máximo para iniciar el procedimiento sancionador derivado de un procedimiento de verificación de datos, comprobación limitada o inspección, desde la notificación de la correspondiente  liquidación o resolución, será: a) Tres meses. b) Seis meses. c) Doce meses. d) Dieciocho meses.

El recargo de apremio reducido será del 10 por ciento y se aplicará: a) Cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la notificación de la providencia de apremio. b) Cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de La Ley General Tributaria. c) Cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de La Ley General Tributaria. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Según lo dispuesto en el artículo 136.4 de la Ley General tributaria, la realización de actuaciones de comprobación limitada: a) En ningún caso podrán realizarse fuera de las oficinas de la Administración tributaria. b) No podrán realizarse fuera de las oficinas de la Administración tributaria, salvo las que procedan, según la normativa aduanera o para el examen de la contabilidad, o en los supuestos previstos reglamentariamente al objeto de realizar comprobaciones censales o relativas a la aplicación de métodos objetivos de tributación. c) Podrán realizarse fuera de las oficinas de la Administración tributaria. d) Ninguna de las anteriores es correcta.