Técnico de Administración General

1.- Según el artículo 122.3 de la Constitución Española, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años: a) De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de dos tercios de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. b) De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley ordinaria; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. c) De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

2.- Dentro del procedimiento general de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, contemplado en su artículo 200.1, ¿a quién le correspondería la iniciativa para su reforma?. a) Al Gobierno o al Parlamento de Canarias a propuesta al menos de una tercera parte de sus diputados. b) Al Gobierno o al Parlamento de Canarias a propuesta al menos de una cuarta parte de sus diputados. c) Al Gobierno o al Parlamento de Canarias a propuesta al menos de una quinta parte de sus diputados.

3.- Según establece la Ley 8/2015 de 1 de abril de Cabildos Insulares en su artículo 7, los Cabildos Insulares, en su condición de órganos de gobierno, administración y representación de las islas como entidades locales para ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, deben: a) Obtener previamente informe preceptivo y vinculante del Parlamento de Canarias. b) Obtener previamente informes preceptivos y vinculantes de inexistencia de duplicidades y de sostenibilidad financiera. c) Obtener previamente informe preceptivo y vinculante de Presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma.

4.- De acuerdo con el artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo Europeo se reunirá: a) Al menos dos veces al año. b) Dos veces por trimestre y cuando la situación lo exija, en reuniones extraordinarias convocadas por su Presidente. c) Dos veces por semestre y cuando la situación lo exija, en reuniones extraordinarias convocadas por su Presidente.

5.- ¿Cuál es el objeto de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, según se establece en su artículo 1?. a) Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de igualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. b) Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. c) Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

6.- Según el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué es la sede electrónica?. a) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada. b) Aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de las redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. c) Es el medio o soporte en el que se almacenan los documentos utilizados en actuaciones administrativas.

7.- Según el artículo 168.1 de la Constitución Española, cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II: a) Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. b) Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de tres tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. c) Se procederá a la aprobación del principio por mayoría absoluta de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

8.- Según establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 43, podrán establecerse medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres: a) Mediante pactos sociales. b) Mediante la negociación colectiva. c) Mediante convenio colectivo.

9.- Según el art. 116.2 y 3 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes funciones es una atribución exclusiva del Congreso de los Diputados en relación con los estados de alarma, excepción y sitio?. a) Declarar el estado de alarma por propia iniciativa. b) Autorizar la prórroga del estado de alarma y autorizar la declaración del estado de excepción. c) Ratificar el estado de sitio por mayoría simple.

10.- El Título III de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales se denomina: a) Responsable y encargado del tratamiento. b) Derechos de las personas. c) Autoridades de protección de datos.

11.- Conforme establece el artículo 88 de la Constitución Española, los proyectos de ley serán aprobados: a) En Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. b) En el Senado, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. c) En Consejo de Ministros, que los someterá al Senado acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

12.- Según lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución Española, mediante Ley orgánica, algunas competencias de titularidad estatal: a) Son susceptibles de transferencia o delegación a todas las Comunidades Autónomas. b) Son susceptibles de transferencia o delegación solo a las Comunidades Autónomas que hayan accedido a la autonomía por la vía del art. 151 de la Constitución. c) Son susceptibles de transferencia o delegación a todas las Comunidades Autónomas, si así se contempla en su correspondiente estatuto de autonomía.

13.- Según el artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las Entidades Locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con: a) Los principios de eficacia, transparencia y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. b) Los principios de eficacia, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. c) Los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

14.- Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública: a) Son recurribles tanto en vía administrativa mediante recurso potestativo de reposición o de alzada, como directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. b) Son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. c) Son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, previa interposición de la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

15.- La aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación, obliga al Cabildo Insular a: a) Remitir la normativa del instrumento a la Consejería competente de la Comunidad Autónoma para su publicación en el correspondiente diario oficial. b) Remitir a la Consejería competente de la Comunidad Autónoma el documento aprobado, diligenciado y en formato digital. c) Remitir a la Consejería competente de la Comunidad Autónoma el documento aprobado, diligenciado y en formato digital, los convenios urbanísticos con trascendencia sobre el expediente, los informes sectoriales emitidos por otros órganos y entidades, las alegaciones formuladas y la contestación a las mismas, y los informes técnicos y jurídicos emitidos por el órgano tramitador del instrumento.

16.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. a) Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. b) El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. c) Cuando se estime conveniente por razón de los destinatarios, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

17.- En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, se consideran medios electrónicos válidos: a) El correo electrónico, las audioconferencias, las videoconferencias y los medios telefónicos, entre otros. b) Las audioconferencias, las videoconferencias y los medios telefónicos, entre otros. c) Sólo las audioconferencias, las videoconferencias y los medios telefónicos.

18.- Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de: a) Un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. b) Un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. c) Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el Diario Oficial que corresponda.

19.- La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, se rige por: a) Lo dispuesto en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública y en la normativa en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo sancionador. b) Lo establecido en la normativa en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo sancionador. c) Lo dispuesto en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública.

20.- La conversión, conservación y convalidación de los actos administrativos es susceptible de aplicarse a: a) Los actos administrativos nulos y anulables. b) A los actos administrativos anulables, en todo caso. c) Las respuestas a) y b) son correctas.

21.- Las solicitudes de iniciación que realicen los interesados en los procedimientos de responsabilidad patrimonial deberán contener: a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación. Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. Lugar y fecha. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación. b) Además de lo previsto en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. c) Sólo lo previsto en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

22.- En el ámbito de la actividad administrativa impugnable, el recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con: a) Las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. b) Las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en la Ley. c) Las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos y contra la inactividad de la Administración.

23.- Determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: a) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación y las que se refieran a la nulidad de actuaciones. b) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, no suspenderán la tramitación del mismo. c) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.

24.- Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter: a) Preceptivo. b) Facultativo. c) Se estará a lo dispuesto en la normativa específica que regule la materia objeto del procedimiento.

25.- Cuando la Administración Pública haya acordado la tramitación simplificada del procedimiento: a) El órgano competente para su tramitación no podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. b) En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. c) En cualquier momento del procedimiento anterior a su propuesta de resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria.

26.- Según el artículo 44 de la LRBRL, ¿cuál es el requisito procedimental indispensable para la aprobación definitiva de los Estatutos de una Mancomunidad de municipios?. a) Los estatutos lo aprueban los Alcaldes de los municipios interesados y se requiere su publicación en el BOE. b) La aprobación de los estatutos requiere acuerdo de la totalidad de los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. c) Los estatutos lo aprueban los Plenos de todos los Ayuntamientos.

27.- ¿Cuál es el plazo de prescripción para que un particular solicite la indemnización por daños y perjuicios a la Administración?. a) Dos años desde que se produjo el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. b) Un año desde que se produjo el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. c) Seis meses desde que se produjo el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

28.- ¿Salvo que las bases reguladoras dispongan lo contrario quién queda exonerado de la constitución de garantías para el cobro de subvenciones?. a) Los beneficiarios de subvenciones concedidas por importe igual a 3.000 euros. b) Los beneficiarios de subvenciones concedidas por importe inferior a 3.000 euros. c) Los beneficiarios de subvenciones concedidas por importe superior a 3.000 euros.

29.- Para la prestación por los cabildos insulares de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes y que no vinieren siendo prestados por estos ¿qué plazo concede el Cabildo a los municipios para que manifiesten su voluntad de hacerlo?. a) un mes. b) dos meses. c) tres meses.

30.- ¿Qué plan deben aprobar anualmente los cabildos insulares para cooperar económicamente con los municipios?. a) El Plan Insular de Solidaridad Económica y Financiación Local. b) El Plan Insular de Cooperación a los Servicios y Suministros de Competencia Municipal. c) El Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal.

31.- De entre los criterios referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que: a) Financie al menos en un cuarenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año. b) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año. c) Financie al menos en un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.

32.- De acuerdo con la Ley 38/2003, General de Subvenciones, ¿con carácter excepcional en qué casos podrán concederse subvenciones de forma directa?. a) Cuando se acrediten razones de interés público, social o económico, o bien otras causas debidamente justificadas que dificulten la convocatoria pública. b) Cuando se acrediten razones de conveniencia pública, social o económica, o bien otras causas justificadas que impidan la libre concurrencia en la convocatoria pública. c) Cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras causas debidamente justificadas que dificulten la convocatoria pública.

33.- De acuerdo con el Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y la legislación aplicable, ¿cuáles son los órganos superiores de la administración insular?. a) La Presidencia, los Directores Insulares y los Miembros Corporativos Titulares de Área. b) La Presidencia, las Vicepresidencias y los Miembros Corporativos Titulares de Área. c) La Presidencia, las Vicepresidencias y los Miembros Corporativos con delegaciones especiales.

34.- El principio de tipicidad recogido en el artículo 27 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto a la potestad sancionadora, implica que las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden: a) Modificar la naturaleza de las sanciones establecidas legalmente. b) Crear nuevas infracciones o sanciones no previstas legalmente. c) Introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente.

35.- ¿A quién deben reclamar directamente los particulares los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas?. a) Solidariamente a la Administración y al funcionario en un mismo procedimiento. b) A la Administración Pública correspondiente. c) Al personal o autoridad que causó directamente el daño.

36.- Cuando la Administración ha indemnizado a los particulares, ¿en qué caso está obligada a exigir de oficio a sus autoridades y personal la responsabilidad en que hubieran incurrido?. a) Solo si el particular afectado lo solicita expresamente tras recibir su indemnización. b) Únicamente si existe una sentencia judicial penal previa que condene al funcionario. c) Cuando hubieran incurrido en dolo, o culpa o negligencia graves.

37.- De acuerdo con la LGS, ¿cuál es el interés de demora aplicable al reintegro de una subvención?. a) El interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley General Presupuestaria establezca otro diferente. b) El interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establezca otro diferente. c) El interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos establezca otro diferente.

38.- La clasificación de los empresarios como contratistas de obras será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia en: a) Todos los contratos de obra, independientemente de su cuantía. b) Los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. c) Los contratos de obra cuyo presupuesto base de licitación sea igual o superior a 500.000 euros.

39.- El art. 12 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público señala que: a) Los contratos de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la presente sección. b) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la presente sección. c) Ninguna de las anteriores es correcta.

40.- Según el artículo 84 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la capacidad de obrar se acredita de la siguiente manera: a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas físicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona física de que se trate. b) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. c) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

41.- Señala el artículo 203 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que la potestad de modificación de los contratos le corresponde a: a) Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207. b) Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Sección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207. c) Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 190, con las particularidades previstas en el artículo 208.

42.- El artículo 3 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio (Reglamento de Bienes) señala que: a) Son bienes de uso público los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales. b) Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la Entidad local o de otro ente público. c) Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la Entidad local.

43.- El artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cita que: a) No constituyen ingresos de derecho privado de las entidades locales los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. b) Constituyen ingresos de derecho privado de las entidades locales los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. c) Constituyen ingresos de derecho privado de las entidades locales los rendimientos o productos de naturaleza pública derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación.

44.- Señala el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en su apartado 1, que: a) El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. b) El importe de los precios públicos deberá cubrir como máximo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. c) El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada y, en determinados supuestos debidamente justificados, un porcentaje de beneficio no superior al 2% del coste total de dicho servicio o actividad.

45.- Según el artículo 21 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos: a) Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, se deberá negociar la posibilidad de prorrogar el del anterior hasta el límite global de sus créditos iniciales, como máximo. b) Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite global de sus créditos iniciales, y con las modificaciones aprobadas en el último trimestre del ejercicio anterior. c) Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite global de sus créditos iniciales, como máximo.

46.- Señala el artículo 24 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos que: a) Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General de la Entidad local o por sus modificaciones debidamente aprobadas (artículo 153.1, LRHL). b) Los créditos para gastos se destinarán, entre otras, a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General de la Entidad local o por sus modificaciones debidamente aprobadas (artículo 153.1, LRHL). c) Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General consolidado de la Entidad local (artículo 153.1, LRHL).

47.- El artículo 34 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos indica que: a) Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los presupuestos de gastos de la Entidad, de sus Organismos autónomos y de sus entes empresariales son los siguientes: a) Créditos extraordinarios. b) Suplementos de créditos. c) Ampliaciones de crédito. d) Transferencias de crédito. e) Generación de créditos por ingresos. f) Incorporación de remanentes de crédito. g) Bajas por anulación. b) Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los presupuestos de gastos de la Entidad y de sus Organismos autónomos son los siguientes: a) Créditos extraordinarios. b) Suplementos de créditos. c) Ampliaciones de crédito. d) Transferencias de crédito. e) Generación de créditos por ingresos. f) Incorporación de remanentes de crédito. g) Bajas por anulación. c) Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los presupuestos de gastos de la Entidad y de sus Organismos autónomos y de sus fundaciones son los siguientes: a) Créditos extraordinarios. b) Suplementos de créditos. c) Ampliaciones de crédito. d) Transferencias de crédito. e) Generación de créditos por ingresos.

48.- Cita el artículo 7 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local que: a) El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases: a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos. b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión. c) La intervención formal de la ordenación del pago. b) El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases: a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores. b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión. c) La intervención formal de la ordenación del pago. d) La intervención material del pago. c) Ninguna de las anteriores es correcta.

49.- El artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, indica que: a) Los empleados públicos se clasifican en: a) Funcionarios de carrera. b) Funcionarios interinos. c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. d) Personal eventual. e) Personal de Convenio. b) Los empleados públicos se clasifican en: a) Funcionarios de carrera. b) Funcionarios interinos. c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. d) Personal eventual. e) Personal con contrato de acumulación de tareas. c) Los empleados públicos se clasifican en: a) Funcionarios de carrera. b) Funcionarios interinos. c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. d) Personal eventual.

50.- Según el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, y los sistemas de provisión. b) Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos. c) Ninguna de las anteriores es correcta.

51.- Según el artículo 49 de la LRBRL, ¿cuál es el plazo mínimo de información pública y audiencia a los interesados tras la aprobación inicial de una ordenanza?. a) 30 días naturales. b) 30 días. c) 15 días hábiles.

52.- ¿Cuál es la naturaleza de los créditos a reintegrar según la Ley General de Subvenciones?. a) Tienen la consideración de ingresos de derecho público. b) Tienen la consideración de ingresos de derecho público de naturaleza tributaria. c) Tienen la consideración de sanciones administrativas pecuniarias.

53.- El artículo 10 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, indica que: a) La utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. En los demás casos en que por Ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública, su reconocimiento en cada caso concreto deberá hacerse por acuerdo del Consejo de Ministros u órgano competente de la Provincia y/o Municipio, salvo que para categorías determinadas de obras, servicios o concesiones las Leyes que las regulan hubieren dispuesto otra cosa. b) La utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. En los demás casos en que por Ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública, su reconocimiento en cada caso concreto deberá hacerse por acuerdo del Consejo de Ministros, salvo que para categorías determinadas de obras, servicios o concesiones las Leyes que las regulan hubieren dispuesto otra cosa. c) La utilidad pública se podrá entender implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. En los demás casos en que por Ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública, su reconocimiento en cada caso concreto deberá hacerse por acuerdo del Consejo de Ministros, salvo que para categorías determinadas de obras, servicios o concesiones las Leyes que las regulan hubieren dispuesto otra cosa.

54.- Según el artículo 1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio (Reglamento de Bienes): a) El patrimonio de las Entidades locales estará constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan. b) El patrimonio de las Entidades locales estará constituido por el conjunto de bienes y derechos que les pertenezcan. c) Ninguna de las anteriores es correcta.

55.- Podrán acogerse al régimen legal establecido para los municipios de gran población, los cabildos insulares conforme a la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local (disposición adicional decimocuarta) en los que: a) La población de la isla ha de superar los 100.000 habitantes. b) La población de la isla ha de superar los 75.000 habitantes. c) Cabe en todas las islas si se acuerda mediante Ley del Parlamento de Canarias.