TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Los actos que no necesitan refrendo del Rey: (art. 56.3 en relación con el 65.2 CE). Declarar la guerra y hacer la paz. Todos los actos del Rey necesitan refrendo. Nombrar y relevar a los miembros civiles y militares de la Casa Real. Expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros.

¿Por qué periodo serán designados los miembros del Tribunal Constitucional?: (Art. 159.3 C.E). Por cuatro años. Por ocho años y se renovarán por cuartas partes cada dos. Por nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. Por nueve años y se renovarán por terceras partes cada dos.

El plazo ordinario que dispone el Senado para vetar o enmendar el Proyecto de Ley se reducirá en los Proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados a: (art. 90.3 CE). Veinte días hábiles. Veinte días naturales. Quince días naturales. Quince días hábiles.

El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante el mecanismo de control de la moción de censura que: (art. 113.1 CE). Deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. Deberá ser propuesta al menos por un tercio de los Diputados y una décima parte de los Senadores y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. Deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Senadores y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. Deberá ser propuesta al menos por un tercio de los Diputados y una décima parte de los Senadores y no incluirá ningún candidato a la Presidencia del Gobierno puesto que se debe convocar elecciones generales de forma inmediata.

El estado de alarma será declarado: (art. 116.2 CE). Será declarado por el Congreso de los Diputados y el Senado mediante Ley Orgánica por un plazo máximo de quince días. Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Rey. Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados. Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de veinte días, dando cuenta al Congreso de los Diputados.

Según el artículo 124.2 de la Constitución Española el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones: Por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación e independencia jerárquica. Por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación e independencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e igualdad. Por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

El Parlamento de Canarias podrá delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley: (art. 45 Estatuto Autonomía). En todos los supuestos, sin excepción alguna. Excepto las leyes del presupuesto de la Comunidad Autónoma y las Leyes de instituciones autonómicas o que requieran mayoría cualificada del Parlamento. Excepto las leyes del presupuesto de la Comunidad Autónoma y las Leyes de instituciones autonómicas o que requieran mayoría simple del Parlamento. Ninguna de las respuestas son correctas.

¿Cómo se organiza territorialmente el Estado, según el artículo 137 de la Constitución Española?: En entidades locales y autonómicas. En municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. En municipios, mancomunidades, provincias, territorios insulares y comunidades autónomas. En municipios, provincias, territorios insulares y en las comunidades autónomas que se constituyan.

¿Cuál de las siguientes materias no forma parte de las competencias propias de los Municipios, según el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?: Promoción del deporte. Fomento del empleo. Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.

Según dispone el artículo 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran: Cuando estén compuestos por representaciones de distintas administraciones públicas. Cuando dicten resoluciones que tengan efecto jurídico frente a terceros. Cuando se trate de órganos interdepartamentales. Cuando se les atribuyan competencias para la emisión de informes facultativos.

Contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación del artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público: No cabrá recurso. Cabrá recurso de revisión. Cabrá recurso de reposición. Cabrá recurso de alzada.

Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo en el que no haya intervenido de forma directa un empleado administrativo, según el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, se denomina: Actuación electrónica de comunicación administrativa. Código seguro de verificación vinculado a la administración pública. Actuación administrativa automatizada. Documento electrónico verificable.

Según el artículo 48.7 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando un convenio tenga por objeto la delegación de competencias en una entidad local deberá cumplir lo dispuesto en: La ley 35/2013, de 15 de octubre general de subvenciones, y en la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable. La ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la normativa estatal de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. En lo establecido para los convenios en el estatuto de autonomía de la respectiva comunidad autónoma.

Según el artículo 107 de la Constitución Española, cómo se regula la composición y competencia del Consejo de Estado: Ley orgánica. Ley ordinaria. Indistintamente por ley orgánica o ley ordinaria. Todas las respuestas son erróneas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Tratado de la Unión Europea, el Parlamento Europeo: Se elige por sufragio representativo por un período de diez años. Estará compuesto por 600 miembros más su Presidente. Asume las competencias de los Parlamentos de los Estados Miembros. Estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión Europea y su número no excederá de 750, más su Presidente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los Tribunales Especializados. Estará compuesto por un Juez del Tribunal Constitucional. Estará asistido por Abogados de Oficio específicos. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: No serán vinculantes ni la decisión ni el Reglamento. Son fuentes de derecho originario el Reglamento, la Directiva y los actos legislativos delegados. El Reglamento, como fuente del derecho de la Unión Europea, tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable. El Reglamento no es directamente aplicable y está en manos del legislador nacional un acto de trasposición en el Derecho interno.

¿Cuál de los siguientes es un objeto recogido en el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombre?: Tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer. Tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato entre hombres y mujeres únicamente en el ámbito laboral. Combatir la desigualdad de género exclusivamente en el ámbito penal. Ninguna de las anteriores es correcta.

¿Según lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, se considera discriminación directa?: (art. 6.1). La citada norma no distingue entre discriminación directa o indirecta. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. No existe el concepto discriminación directa, sino derivada.

¿Cuál de los siguientes es el objeto recogido en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género?: Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Tiene por objeto hacer un análisis de la situación de violencia de género en España. Fomentar las políticas de igualdad entre hombre y mujeres como medida eficaz contra la Violencia de Género. La Ley solo tiene por objeto proteger a las víctimas de la violencia de género en el ámbito penal y administrativo para la gestión de la custodia de los menores.

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales?: (art. 3.1). Se aplica única y exclusivamente al personal laboral al servicio de la Administración Pública. Es de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Se aplica única y exclusivamente al personal de la administración con relaciones de carácter administrativo y estatutario. Depende en cada caso de la especialidad de los trabajos a realizar en el marco de la empresa privada, sin distinción.

¿Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales a quién corresponde el deber de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales?: A los empresarios y a las Administraciones Públicas respecto a su personal. Únicamente a los empresarios, las Administraciones Públicas están excluida de la aplicación de esta norma. A los empresarios respecto a su personal y a las Administraciones Públicas en lo referente al personal laboral, dado que esta norma no les de aplicación al personal administrativo o estatutario. A los Servicios Médicos de Salud.

¿Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el incumplimiento por parte de los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a?: Únicamente a responsabilidades administrativas. A responsabilidades penales y civiles, exclusivamente. A responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento, además de las responsabilidades administrativas. Ninguna de las anteriores es correcta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público tienen la consideración de Administración Pública: Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3 de la citada Ley, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las mismas. Sólo la Administración General del Estado en su vertiente ejecutiva, legislativa y judicial.

Las fuentes del derecho: Se encuentran reguladas con carácter general por el artículo 1 del Código Civil. Son fuentes de derecho únicamente la Ley, la Costumbre y los principios generales del Derecho. La jurisprudencia no es fuente de derecho. Todo lo anterior es incorrecto.

El principio de legalidad y jerarquía normativa vienen consagrados por: El artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por el Código Civil en cuanto es la norma suprema del Ordenamiento Jurídico Español. El artículo 9.3 de la Constitución Española. Ninguna de las anteriores es correcta.

Una Ley de Bases: (art. 82 y 83 CE). Podrá autorizar la modificación de la propia Ley de Bases. Permite la delegación legislativa para la formación de un texto articulado. No podrá en ningún caso facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada: (art. 85 CE). Se denominan Decretos Leyes. Reciben la denominación de Ley de Bases. Son materia de Ley Orgánica. Reciben el título de Decretos Legislativos.

¿A quién corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?: Al Gobierno de la Nación y a los parlamentos de las Comunidades Autónomas. Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y a los órganos de gobierno locales. Al Gobierno de la Nación exclusivamente. A las entidades del sector público institucional.

Los actos de las Administraciones Públicas, según artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presumirán válidos y producirán efectos desde: El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso. La fecha en que se notifiquen, en cualquier caso. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. El día siguiente a la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es un supuesto en el que la eficacia del acto quede demorada: Cuando así lo exija el interesado a cuya instancia se incoó el procedimiento. Cuando dicha eficacia esté supeditada a su notificación. Cuando dicha eficacia esté supeditada a su publicación por no ser posible la notificación a las personas directamente interesadas. Cuando ello sea consecuencia de la naturaleza del acto que así lo exige.

¿Cuál de los siguientes actos no necesitaría ser motivado conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?: Un acto que limitase derechos subjetivos. El acuerdo de ampliación de plazos. El acto que mantuviera el criterio seguido en actuaciones anteriores. El acuerdo por el que se adoptan medidas provisionales de las previstas en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La nulidad o anulabilidad de un acto administrativo según el artículo 49 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;. Implicará la de los sucesivos en el procedimiento con independencia de su dependencia o no del primero. No implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas NO es un medio de ejecución forzosa: La multa coercitiva. La compulsión sobre las personas. La privación de libertad. La ejecución subsidiaria.

De acuerdo con el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los informes serán: Preceptivos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario. Facultativos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario. Facultativos y vinculantes, salvo disposición expresa en contrario. Preceptivos y no vinculantes en todo caso.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial y según el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿Cuándo comenzará a computar el plazo para reclamar en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas?: Desde el momento en que se produjo el daño físico o psíquico. Desde el momento en el que se diagnosticó el daño físico o psíquico. Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Un año desde que se inicie el procedimiento.

El artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que el plazo máximo para notificar resolución expresa, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, será de: Un mes. Tres meses. Seis meses. Un año.

Según el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los plazos, en relación con la obligación de notificar la resolución expresa de un procedimiento se contarán: En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha del acuerdo de iniciación. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en el que el departamento competente tuviera conocimiento del procedimiento. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde el día siguiente a la entrada de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u órgano competente para su tramitación. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u órgano competente para su tramitación.

Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, qué resoluciones ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos de alzada. Las resoluciones de los órganos administrativos que cuenten con superior jerárquico. La resolución de los procedimientos principales en materia sancionadora. Las resoluciones de los órganos administrativos a que se refiere el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Según el artículo 3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá: El recurso contencioso-disciplinario militar. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos. Ninguna es correcta.

Según el artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, indique el plazo en que se dictará la sentencia una vez que el pleito haya sido declarado concluso: Un mes. Diez días. Tres meses. En el artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no se regula el plazo para dictar sentencia.

Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, qué artículo de la Constitución mandata la garantía los derechos digitales de la ciudadanía;. Artículo 20. Artículo 18. Ninguno. A y B son correctas.

Según el artículo 70 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, quienes no están sujetos al régimen sancionador establecido en el Titulo IX de la mencionada Ley: Los responsables de los tratamientos. Las entidades de certificación. Los delegados de protección de datos. Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea.

Según el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón Municipal corresponde a: Al Ayuntamiento bajo la supervisión y tutela de las Cabildos en los términos de la Ley 8/2015 de 1 de abril, de Cabildos Insulares. Al Ayuntamiento de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Al Ayuntamiento de acuerdo con lo que establezca la legislación de la Comunidad Autónoma respectiva. B y C son correctas.

Según el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, indique que competencia se deben prestar, en todo caso, en los municipios, independientemente de su población: El acceso a los núcleos de población. La prevención y extinción de incendios. El transporte colectivo urbano de viajeros. B y C son correctas.

¿Por quiénes son designados los Tenientes de Alcalde en un ayuntamiento?: Por el Pleno. Por el Alcalde. Por la Junta de Gobierno. Conforme al artículo 46 de la Ley 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General, se nombrarán de forma correlativa y sucesiva en función del orden de lista que ocupen en la candidatura por la que se presentan cada uno de los candidatos.

¿En qué Título de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local se regula el régimen de organización de los municipios de gran población?: VIII. XI. II. Todas las anteriores son incorrectas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, son Órganos directivos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: Los Concejales Delegados. Los Jefes de Servicio. Los Coordinadores Generales y la Secretaría General del Pleno. Son exclusivamente los que se crean como tales por Decreto de la Alcaldía.

Según el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local ¿a quién corresponde la aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica?: Al Pleno y por mayoría absoluta del número legal de miembros. Al Pleno y por mayoría simple. Al Pleno, por la mitad más uno de los miembros presentes salvo que por razones de urgencia se lo atribuya la Presidencia de la entidad. A la Junta de Gobierno Local en los municipios de gran población.

Indique el órgano competente para la enajenación de un bien de dominico público sin previa desafectación: El Presidente de la Corporación, siempre que se realice por subasta. Por el Pleno y por mayoría absoluta cuando su valor sea superior al 10% de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la corporación. Por el Pleno y por mayoría simple cuando su valor no exceda del 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la corporación. Todas las anteriores son incorrectas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 29.8 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos menores: No podrán tener una duración superior a dos años ni ser objeto de prórroga. No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. No podrán tener una duración superior a un año, pudiendo prorrogarse por una sola vez y por el mismo periodo de tiempo. No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga, siempre que se trate de contratos de obra.

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos privados que celebren las administraciones públicas, se regirán por el derecho privado, en cuanto a: Su preparación y adjudicación. Sus efectos, modificación y extinción. Su preparación, adjudicación y extinción. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta ya que se regirán, en defecto de normas específicas, por la presente ley.

Según el artículo 18 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se entenderá por contrato mixto: Al que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase. Al que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros contratos privados. Al que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de la misma clase. Al contrato privado al que se aplica tanto la normativa sobre contratos del sector público como normas de derecho privado.

tenor de lo previsto en el artículo 42 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de: Invalidez, hasta que se produzca su modificación o convalidación. Extinción, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen percibido en su virtud, y si ello no fuese posible se devolverá su valor. Liquidación. Resolución.

El plazo general para la interposición del recurso especial en materia de contratación, según el artículo 50 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es de: 15 días hábiles. 30 días hábiles. 30 días naturales. 15 días naturales.

Conforme dispone el artículo 37 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente: Salvo que el contrato sea de carácter urgente o de emergencia. Salvo que el contrato tenga carácter de emergencia. Salvo en los contratos menores o si el contrato tiene carácter de emergencia. Ninguna respuesta es correcta.

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la carencia e insuficiencia de créditos es causa de nulidad de derecho administrativo: No, es una causa de anulabilidad. Sí, siempre. Sí, salvo los supuestos de emergencia. Sí, salvo los supuestos de urgencia.

¿Según el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuál de las siguientes es la definición del presupuesto base de licitación?: El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el impuesto sobre el valor añadido, salvo disposición en contrario. El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el impuesto sobre el valor añadido y las posibles prórrogas, salvo disposición en contrario. El límite máximo que, por todos los conceptos, puede comprometer el órgano de contratación, excluido el impuesto sobre el valor añadido, salvo disposición en contrario. El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el impuesto sobre el valor añadido, salvo disposición en contrario.

La garantía definitiva, según el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, NO responderá: De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153. De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la ley. De las cantidades adeudadas a subcontratistas con motivo de la ejecución del contrato. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él o en esta ley esté establecido.

Según lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con respecto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, señala cual de las siguientes afirmaciones no es correcta: Deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas no se consideran parte integrante de los mismos. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponderá al órgano de contratación. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones requeridas por esa ley y sus normas de desarrollo.

Una de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el procedimiento abierto supersimplificado, según se establece en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: El plazo de presentación de ofertas será de diez días. La formalización del contrato se realizará en documento público. Se garantizará, mediante dispositivo electrónico, que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, celebrándose acto público de apertura de las mismas. Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

Según el artículo 214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros se requiere, entre otras: Que la cesión se publique en el BOE o en el BOP. Que la cedente tenga ejecutado al menos un 50 por ciento del importe del contrato. Que lo autorice, en todo caso, el consejo de ministros. Que la cesión entre adjudicatario y el cesionario se formalice en escritura pública.

A tenor de lo establecido en el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en qué plazo el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas: Un mes. Dos meses. Tres meses. Quince días.

Según el artículo 244 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la responsabilidad por vicios ocultos de la construcción se extiende a: Un plazo de 10 años desde la recepción de las obras. Un plazo de 15 años desde la recepción de las obras. Un plazo de 12 años desde la recepción de las obras. Un plazo de 20 años desde la recepción de las obras.

Según el artículo 270 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el contrato de concesión de obras el contratista tendrá derecho a desistir del contrato cuando este resulte extraordinariamente oneroso para él, como consecuencia de: La aprobación de una disposición general por la misma administración concedente con posterioridad a la formalización del contrato. Cuando el concesionario deba incorporar, por venir obligado a ello legal o contractualmente, a las obras o a su explotación avances técnicos que la mejoren notoriamente y cuya disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la formalización del contrato. El desistimiento en las concesiones no existe, sí en cambio la renuncia. Ninguna respuesta es correcta.

El artículo 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público define a los contratos de concesión de servicios públicos como aquel: Que tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento de productos o bienes muebles. Cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro. Aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Excepcionalmente los contratos de suministros podrán establecer un plazo de duración superior a cinco años: (art. 29 LCSP). En ningún caso. El plazo máximo de duración del contrato de suministro es de cinco años. Cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del suministro. Cuando la recuperación de las inversiones fueran antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste poco relevante en la prestación del suministro. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Una de las causas de resolución de los contratos de servicios además de las generales, es la siguiente: El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor. El desistimiento antes de iniciarse la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a tres meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor. El desistimiento antes de iniciarse la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a diez meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor. El desistimiento antes de iniciarse la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor.

El Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pretende licitar un contrato de servicios para la ejecución de la prestación “Festival doce cortometrajes”. El valor estimado de todos las prestaciones del servicio asciende a la cantidad de 213.000 €. ¿Dicho contrato está sujeto a regulación armonizada?: (art. 22 LCSP). Sí, porque el valor estimado del contrato es superior a 200.000 €. No, porque el valor estimado del contrato es inferior a 215.000 €. Sí, porque el valor estimado del contrato es superior a 210.000 €. No, porque se trata de una prestación de carácter cultural y en ningún caso estaría sujeto a regulación armonizada.

Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: (art. 22.2 LGS). Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pudiendo en este caso otorgarse subvenciones por cuantía superior a la determinada en la convocatoria. Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango reglamentario, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa, pudiendo en este caso otorgarse subvenciones por cuantía superior a la determinada en la convocatoria. Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. En todo caso, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés privado u otras debidamente justificadas que faciliten su convocatoria, pudiendo en este caso otorgarse subvenciones por cuantía superior a la determinada en dicha convocatoria.

Son causas de nulidad de la resolución de concesión de subvención: La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley General Presupuestaria y las demás normas de igual carácter de las Administraciones públicas sujetas a la Ley 38/2003. Las indicadas en el artículo 54 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las infracciones del ordenamiento jurídico, y en especial, de las reglas contenidas en la Ley 38/2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 3 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ninguna es correcta.

De conformidad con el artículo 9 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, señale qué trámite es indispensable con carácter previo para proceder a la expropiación: El Acuerdo de necesidad de ocupación. La declaración de utilidad pública o interés social. La publicación del acuerdo con el beneficiario cuando éste no sea una entidad territorial. La publicación detallada de los bienes o derechos afectados.

El personal funcionario de las Entidades Locales se rige: (art. 2 TREBEP). El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el TREBEP y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. Exclusivamente por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. Exclusivamente por los acuerdos municipales en materia de personal que se dicten al amparo de los acuerdos con los representantes sindicales. Por los Pactos que se suscriben en el marco de la negociación colectiva, que pueden mejorar ciertas condiciones de trabajo como el régimen de retribuciones, las situaciones administrativas o el régimen de incompatibilidad.

Según el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), al personal de las Administraciones Públicas que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente clasificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignado para este fin, se le denomina: (ART. 12 trebep). Personal eventual. Personal laboral temporal. Personal con Habilitación de Carácter Nacional. Personal directivo.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones, en relación a las jornadas de trabajo en la Administración Pública, es correcta?: (art. 37.1 TREBEP). La jornada es materia objeto de negociación con la representación de los empleados públicos. La jornada viene establecida para todos los colectivos en el Estatuto de los Trabajadores. La jornada viene establecida en la Ley de Presupuestos 39/2012, de 21 de enero. No existe capacidad para su negociación.

Según el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los órganos de selección del personal: Serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Los funcionarios interinos y el personal eventual podrán formar parte de los órganos de selección. No es necesaria la paridad en la composición del mismo entre mujer y hombre. La pertenencia a los mismos puede ser en nombre y representación de entidades públicas.

Según el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la conexión existente los procesos selectivos en las Administración Públicas y la Oferta de Empleo Público radica en: En que anualmente se tienen que aprobar la plantilla, incluir en la Oferta de Empleo Público todas las vacantes existentes en la misma y ejecutar esa Oferta de Empleo Público dentro del mismo año que se aprueba. La conexión sólo existe entre Presupuesto, Plantilla Orgánica y Oferta de Empleo Público pero no con la selección de personal. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. Han de aprobarse simultáneamente Oferta de Empleo Público y convocatoria de los procesos selectivos.

Son causas de pérdida de la condición de funcionario, según el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: La invalidez provisional para toda clase de empleo. La provisión de puesto en otra administración. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. Todo lo anterior es correcto.

Cuál es el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo?: Concurso. Libre designación con convocatoria pública. Oposición. Concurso oposición.

Se entiende por sostenibilidad financiera según la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril: (ART. 4). La capacidad para financiar compromisos de gasto solo futuros dentro de los límites de déficit, conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en dicha Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea; entendiéndose que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. La capacidad para financiar compromisos de gasto solo presentes dentro de los límites de déficit, conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y normativa europea. La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, conforme a lo establecido en Constitución Española y normativa europea de aplicación.

Según el art. 2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, NO constituye recurso de un Ayuntamiento: Las subvenciones. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de la competencia de la Comunidad Autónoma donde esté integrada. Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.

Las entidades locales podrán exigir tasas por los servicios siguientes: (Art. 20 y 21 TRLHL). Vigilancia pública en general. Limpieza de la vía pública. Enseñanza en los niveles de educación obligatoria. Enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades locales.

Una vez determinada la cuota a satisfacer en las contribuciones especiales, la corporación podrá conceder, a solicitud del sujeto pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por un plazo máximo de: (art. 32.3 TRLHL). Tres años. Cinco años. Cuatro Años. Dos años.

En el procedimiento de modificación de las cuotas tributarias vigentes en la Ordenanza Fiscal de una tasa municipal, por aplicación de la tasa de variación del índice de precios de consumo: (art. 25 TRLHL). No se precisa informe técnico económico al tratarse de una actualización de carácter general de las cuotas tributarias, según el artículo 25 del RDLeg. 2/2004. El informe técnico económico se precisa en cualquier caso de modificación de tasas. El informe técnico económico se precisa sólo si la variación de las cuotas es al alza. Solo se precisa informe técnico si la variación de las costas es al alza en un porcentaje superior al 3% de la fijada.

Según el artículo 28 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas, constituye el hecho imponible de: Precios Públicos. Contribuciones Especiales. Tasas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

De conformidad con el artículo 62 del TRLRHL, en cuanto a las exenciones del impuesto sobre bienes inmuebles, señale la respuesta incorrecta: Estarán exentos los bienes comunales y montes vecinales en mano común. No estarán exentos los declarados monumento o jardín histórico de interés cultural cuando estén afectos a explotaciones económicas. Las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública afectados al cumplimiento de sus fines. En ningún caso estarán exentos los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 del TRLRHL, NO están exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción: Los vehículos para personas con movilidad reducida a que se refiere el apartado A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, únicamente podrá tener exento un único vehículo por sujeto pasivo. Los vehículos en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

El tipo de gravamen en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras será fijado por el Ayuntamiento: (art. 102 del TRLHL). Sin que el mismo pueda exceder del cuatro por cien. Sin que el mismo pueda exceder del tres por cien. Sin que en ningún cado pueda exceder del tres y medio por cien. Sin que en ningún caso pueda exceder del cinco por cien.

Conforme establece el artículo 110 del TRLRHL, cuando se trate de actos inter vivos, el plazo previsto por el Ayuntamiento para que los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, presenten la autoliquidación e ingresen la cuota resultante, es de: 30 días naturales. 30 días hábiles. 1 mes. 2 meses.

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de participación de los municipios en los tributos del Estado, la participación total determinada se distribuirá entre los municipios incluidos en este modelo de financiación con arreglo a los siguientes criterios: El 50 por ciento en función del número de habitantes de derecho de cada municipio. El 75 por ciento en función del número de habitantes de derecho de cada municipio. El 20 por ciento en función del esfuerzo fiscal medio de cada municipio. El 25 por ciento en función del esfuerzo fiscal medio de cada municipio.

Se definen los presupuestos generales de las entidades locales en el artículo 162 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales como: La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las deudas que, como máximo puede contraer la Corporación dentro del ejercicio económico incluyendo las de sus organismos autónomos. La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente. La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, quedando excluidos los organismos autónomos que cuentan con su propio régimen jurídico, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos propios. En todas las respuestas anteriores hay errores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 y 169.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el presupuesto general entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente: Una vez sea definitivamente aprobado por el Pleno de la corporación. Transcurridos quince días desde su publicación en el Boletín Oficial que en cada caso proceda. Una vez sea oportunamente aprobado y publicado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial. Una vez resulten aprobados los presupuestos de los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes de las Corporación Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, constituyen la tesorería de las entidades locales: Los ingresos bancarios procedentes de la percepción de tributos y contribuciones especiales. Todos los recursos financieros, sean dinero, valores o crédito de la entidad local. Lo anterior es correcto, siempre que se deriven exclusivamente de operaciones presupuestarias. Nada de lo anterior es correcto, puesto que la tesorería de las entidades locales es únicamente un servicio encargado de la gestión de las cuentas bancarias.

Según el artículo 7 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, de Régimen Jurídico de Control Interno en las entidades del sector público local, ¿cuál de las siguientes fases del ejercicio de la función interventora es correcta?: La fiscalización posterior de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores. La intervención formal de la inversión. La intervención formal de la ordenación del pago. La intervención formal del pago.

Según el artículo 12.4 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, de Régimen Jurídico de Control Interno en las entidades del sector público local, en el procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos, cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte: Deberá subsanar las deficiencias en el plazo de quince días. Deberá remitir nuevamente las actuaciones en el plazo de diez días. Deberá subsanar las deficiencias en el plazo de diez días. Dispone el plazo de diez días para formular las alegaciones que estime por conveniente.

(Reserva) De conformidad con el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, hablamos de: Tramitación urgente. Tramitación inminente. Tramitación de emergencia. Tramitación excepciona.

En el control de eficacia, en el ejercicio del control financiero, según el artículo 29 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, de Régimen Jurídico de Control Interno en las entidades del sector público local: Estará incluido en el ejercicio de control permanente y la auditoría pública. Solo está incluido en el ejercicio de control permanente. Estará incluido en el ejercicio de auditoría pública y control posterior del gasto. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

En el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, hay determinadas resoluciones que deben ser motivadas. ¿Cuál de las siguientes NO es correcta?: Las que inadmitan a trámite las solicitudes. Las que concedan el acceso parcial. Las que concedan el acceso a través de una modalidad distinta de la solicitada. Las que no permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero afectado.

Contra la resolución expresa de la solicitud de acceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, podrá interponerse: Reclamación ante el comisionado de Transparencia y Acceso a la información con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Recurso de alzada ante la Secretaria General del Parlamento de Canarias. Sólo cabe impugnación alguna en contencioso-administrativa. Recurso de alzada ante el órgano competente del Gobierno de Canarias en materia de información y transparencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, el comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Será elegido por mayoría de 3/5 del Parlamento de Canarias. Será elegido por mayoría absoluta del Parlamento de Canarias. Será elegido por mayoría de 2/3 partes del Parlamento de Canarias. Será elegido por mayoría de 2/5 partes del Parlamento de Canarias.

(Reserva) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, el comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cese del comisionado o comisionada de Transparencia por incompatibilidad sobrevenida o incumplimiento grave de las obligaciones propias del cargo, se acordará: Por Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma. Por mayoría de 3/5 del Parlamento de Canarias. Por mayoría absoluta del Parlamento de Canarias. Por mayoría de 2/3 partes del Parlamento de Canarias.

(Reserva) ¿A qué tipo de contrato corresponde la siguiente definición del artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: “Tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles”: Contrato de obras. Contrato de servicios. Contrato de concesión de servicios. Contrato de suministros.

(Reserva) Una vez completado el expediente de contratación, ¿a quién corresponde aprobarlo y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, según dispone el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?: En todo caso, a los ministros. En todo caso, a los secretarios generales técnicos. En todo caso, a los directores generales. En todo caso, a los órganos de contratación.

(Reserva) ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?. No afecta al personal laboral. Se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, relacionadas en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Únicamente se aplica al personal funcionario. Se aplica exclusivamente al personal estatutario.

(Reserva) Las bases de ejecución del presupuesto, según el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales: En tanto que normas de carácter reglamentario, se aprueban siguiendo el trámite establecido para las demás ordenanzas. Forman parte de cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general. Pueden modificar lo legislado por la administración económica. Incluyen preceptos de orden administrativo sujetos a procedimiento específico diferenciado del correspondiente para el presupuesto.

(Reserva) ¿En qué plaza o parque del Municipio se encuentran ubicadas las Casas Consistoriales?. Parque Doramas. Plaza de Las Ranas. Plaza de Santa Ana. Parque de Santa Catalina.

(Reserva) ¿Cuál es el régimen de organización del Municipio de Las Palmas de Gran Canaria?. Régimen común. Régimen de gran población. Régimen especial de capitalidad compartida. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

(Reserva) El Título de la Constitución que trata del Gobierno y la Administración es: El Título III. El Título IV. El Título V. El Título VI.

(Reserva) El Defensor del Pueblo de conformidad con el art. 2 de la Ley Orgánica 3/1981, 6 de abril: Será designado el candidato que obtenga una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. Será designado el candidato que obtenga una votación favorable de las dos terceras partes de los miembros del Congreso y del Senado. Será designado el candidato que obtenga una votación favorable de la mayoría absoluta de ambas Cámaras. Será designado el candidato que obtenga una votación favorable únicamente de las tres quintas partes de los miembros del Congreso.

(Reserva) Según el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: Son fuentes de derecho de la Unión Europea las directivas, las recomendaciones y los dictámenes. Las fuentes de derecho europeo se configuran siempre atendiendo a las necesidades de los Estados Miembros y todas ellas tendrán sólo carácter obligatorio si los mismos así lo deciden. Las únicas fuentes de derecho europeo son el reglamento y la directiva. Solo son fuentes de Derecho Europeo los Tratados Internacionales.