Tema 04

El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: El Gobierno. El secreto profesional. El Senado.

Según lo dispuesto en la Ley 19/2013, respecto a la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria, ¿de qué forma podrá realizarse la publicación de la información relativa a los contratos menores?. Cada seis meses. Anualmente. Trimestralmente. Mensualmente.

Según el artículo 36 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ¿quién NO forma parte de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno?: Un Diputado. Un Senador. Un miembro del Consejo General del Poder Judicial. Un representante del Defensor del Pueblo.

Según el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿qué se entiende por los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones?. Publicidad activa. Información pública. Transparencia activa. Información institucional.

Según lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, las solicitudes que se refieran a información de publicación general: Se remitirán al lugar o lugares de dicha publicación. Se inadmitirán a trámite. Se desestimarán. Se archivarán.

Señale la respuesta errónea en relación al ámbito subjetivo de aplicación del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno. Es de aplicación a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local. Es de aplicación a las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades privadas. Es de aplicación a las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. Es de aplicación Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.

Dentro de los principios generales establecidos en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se encuentra aquel que obliga a que la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web: Se podrán establecer por los sujetos obligados los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización. Será publicada de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, en todo caso, en formatos reutilizables. Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas. Todas las respuestas con incorrectas.

De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán: Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación. Todas las respuestas son correctas.

El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: Protección de datos personales. La garantía estratégica y de vigilancia exterior. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. La confidencialidad y el secreto de la toma de decisiones en temas comprometidos con la seguridad marítima.

De conformidad con el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la resolución que conceda o deniegue el derecho de acceso a la información pública deberá notificarse en el plazo máximo de: Un mes, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Dos meses, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Tres meses, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

De conformidad con los artículos 20 y 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, contra la resolución por la que se conceda o deniegue el acceso al solicitante a la información pública, podrá interponerse. Únicamente reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno previa a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto. No cabe interposición de recurso alguno al tratarse de un mero acto de trámite.

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, algunas de las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública son las siguientes: Que la solicitud se refiera a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. Que sean solicitudes manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la propia Ley 9/2013. Que la solicitud se refiera a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo. Todas las respuestas anteriores son correctas.

De conformidad con el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la solicitud de acceso a la información pública el solicitante no está obligado a: Declarar su identidad. Motivar la solicitud de acceso a la información pública. Indicar una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones. Especificar la información que se solicita.

Según el artículo 5.5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, toda la información de las Administraciones Públicas deberá ser comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesible y comprensibles, conforme al principio de: Accesibilidad universal y diseño para todos. Eficacia. Igualdad de oportunidades. Eficiencia.

En cuanto al silencio administrativo, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, transcurrido el plazo máximo para resolver el ejercicio de un derecho de acceso a información pública, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido: Estimada. Desestimada. Desierta. Archivada.

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no se considera información económica, presupuestaria y estadística que deberá hacer pública la Administración la información relativa a: Los contratos. Las subvenciones. Las cuentas semestrales. Encomienda de gestión.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la aplicación de los límites del derecho de acceso a la información será: Justificada y proporcionada. Pública. Equitativa. Justa y equilibrada.

Conforme al art. 24 de la Ley de Transparencia frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante: El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa, con carácter potestativo y previo a su impugnación ante el Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno. El Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno, con carácter obligatorio y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. El órgano que dictó la resolución, con carácter potestativo y previo a su impugnación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

El art. 14 de la Ley de Transparencia recoge como límites del derecho de acceso a la información cuando suponga un perjuicio para. La protección del medio ambiente. La seguridad nacional. Las relaciones exteriores. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La solicitud de acceso a la información podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de: Documento Nacional de identidad del solicitante, la información que se solicita, una dirección electrónica a efectos de comunicaciones, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. La identidad del solicitante, extracto de la información que se solicita, una dirección electrónica a efectos de comunicaciones, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. Documento Nacional de identidad del solicitante, la información que se solicita, una dirección de contacto a efectos de comunicaciones, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. Ninguna de las anteriores es correcta.

El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, serán objeto de control, de conformidad con el artículo 9 del referid o texto legal, por parte de: El Consejo de Ministros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Parlamento, a través de sus Cámaras. El Ministerio de la Presidencia.

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará las resoluciones que se dicten en aplicación del articulo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre ante: El Presidente del Tribunal Constitucional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Defensor del Pueblo. El Ministro del departamento ministerial afectado.

No forma parte de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno: Un representante del Tribunal de Cuentas. Un representante del Defensor del Pueblo. Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Todos los anteriores forman parte de la Comisión de Transparencia.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los principios de: Accesibilidad, Interoperabilidad y Reutilización. Accesibilidad, Interoperabilidad, Seguridad y Transparencia. Accesibilidad, Interoperabilidad, Seguridad y Reutilización. Accesibilidad, Reutilización, Transparencia, Interoperabilidad y Seguridad.

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 19/2013, ¿cuál de los siguientes NO se incluye como miembro de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno?. Un representante del Tribunal de Cuentas. Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos. Un representante de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Según la Ley 19/2013, cuando una solicitud de acceso a la información pública se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, este. La inadmitirá a trámite. Suspenderá el plazo para resolver. Dictará una resolución declarando caducado el procedimiento. La remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.

El artículo 14.1 de la Ley 19/2013 establece que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para. El Mercado Común. La protección del medio ambiente. La libertad de empresa. El interés público.

Señale la respuesta INCORRECTA en relación con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Entre sus funciones se encuentra la de evaluar el grado de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Con carácter general, los puestos de trabajo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno serán desempeñados por funcionarios públicos. Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines y está adscrito al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

De conformidad con el artículo 29 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuál de las siguientes infracciones disciplinarias tiene el carácter de grave?. La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.

Según el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública deberá notificarse en el plazo máximo de: Tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, sin posibilidad de ampliación. Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, que podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante. Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, que podrá ampliarse por un máximo de quince días en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante. Dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, sin posibilidad de ampliación.

Según el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Será de un mes, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada. Será de un mes, transcurrido el cual la reclamación se entenderá estimada. Será de tres meses, transcurridos los cuales la reclamación se entenderá estimada. Será de tres meses, transcurridos los cuales la reclamación se entenderá desestimada.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, son titulares del derecho de acceso a la información pública: Solo los ciudadanos españoles. Solo los ciudadanos españoles y las personas jurídicas que tengan su sede en España. Solo las personas físicas. Todas las personas.

¿Ante qué órgano podrá interponerse, con carácter potestativo, reclamación frente a una resolución expresa o presunta en materia de acceso, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?. Ante el órgano que dictó la resolución. Ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Ante el órgano que dictó la Resolución y, posteriormente, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

El artículo 22 de la Ley 19/2013 establece que: El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Si la información ya ha sido publicada, no será necesario dictar resolución. El acceso a la información será gratuito, incluida la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a quince días.

De conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante Ley 19/2013), ¿está obligado el interesado a motivar su solicitud de acceso a la información pública?. Sólo en ciertos casos, cuando la información solicitada sea compleja. Si, en todo caso. No. Sólo a efectos estadísticos.

La resolución de las peticiones de acceso a expedientes llevadas a cabo en el marco de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno se habrá de realizar, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, en el plazo de: Quince días. Un mes. Dos meses. Tres meses.

La información publicada en el Portal de Transparencia se adecuará, entre otros, al principio de accesibilidad, según el cual: Se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información para facilitar la identificación y búsqueda de la información. La información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad. La información será publicada en formatos que permitan su reutilización. La información se publicará de acuerdo con los estándares de calidad.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno crea, en materia de impugnaciones, una reclamación frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso. Dicha reclamación: Se tendrá que interponer con carácter preceptivo antes de impugnar la resolución en vía contencioso-administrativa. Se interpondrá en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Se tendrá que resolver y notificar el plazo máximo de un mes, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada. Se interpondrá ante el Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno.

De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, frente a una resolución que deniegue el acceso a la información pública: Podrá interponerse un recurso de alzada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. No es recurrible en ningún caso. Podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. La reclamación podrá interponerse ante el Ministerio de la Presidencia.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que el órgano encargado de controlar las obligaciones de publicidad activa es: La Oficina de Conflictos de Intereses. El Ministerio de la Presidencia, respecto de las obligaciones de la Administración General del Estado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno respecto de las obligaciones de la Administración General del Estado y de las CCAA. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, respecto de las obligaciones de la Administración General del Estado.

Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, ¿a quién le corresponde la competencia para imponer una sanción al Secretario de Estado de Medio Ambiente?. Al Consejo de Ministros. A la Ministra de Hacienda. A la Ministra de Política Territorial y Función Pública. A la Ministra para la Transición Ecológica.

De acuerdo con la Ley 19/2013, a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora, el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa tendrá la consideración de: Infracción muy grave. Infracción grave. Infracción leve. Falta.

De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante Ley 19/2013) cuando no pueda darse el acceso a la información solicitada en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a: Cinco días. Diez días. Quince días. Un mes.

Según lo dispuesto en la Ley 19/2013, ¿puede limitarse el derecho a la información pública?: No, solo puede limitarse en los casos de perjuicio para la seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores y seguridad pública. No, solo puede limitarse a las personas que carezcan de capacidad de obrar. Sí, pero únicamente cuando la información contenga datos de carácter personal. Sí, cuando el acceso a la información suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

Según el artículo 9 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buengobierno, el cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en el capítulo II"Publicidad Activa" de su Título I"Transparencia de la actividad pública" será objeto de control por parte: De la Oficina de Conflicto de intereses. De la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración (OPERA). Del Consejo de Transparencia de información pública. Del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Señale la respuesta correcta en relación con el acceso a la información sujeta a publicidad activa en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y bueno gobierno (en adelante Ley 19/2013). Está sometida al pago de una tasa. Toda la información será de acceso gratuito. Está sometido al pago de un precio público. Toda la información ser de acceso gratuito cuando así lo disponga la Administración Pública correspondiente.

la respuesta correcta de conformidad con la Ley 19/2013 sobre el procedimiento de acceso a la información: El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. El solicitante debe motivar necesariamente su solicitud en el interés público. La ausencia de motivación es, por sí sola, causa de inadmisión de la solicitud. El solicitante debe motivar necesariamente su solicitud en el interés general.

El derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, corresponde. A cualquier persona que tenga un interés legítimo. A los ciudadanos españoles. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública. A los interesados en un procedimiento.

El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente, que deberán adecuarse a los siguientes principios. Operatividad y accesibilidad. Reutilización, interoperabilidad y accesibilidad. Información veraz, acceso libre y utilización segura.

Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso tendrá determinados límites, indicar cuál no es correcto: Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional. Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para las relaciones interiores. Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad pública. Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la defensa.

En relación al ejercicio del derecho de acceso a la información pública previsto en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. La solicitud únicamente podrá presentarse por medios telemáticos. El solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Todas son incorrectas.

La Ley de Transparencia tiene un alcance que incluye. Incrementar la transparencia en la actividad pública. Garantizar el acceso a la información. Establecer obligaciones de buen gobierno. Todas son correctas.

En el ejercicio del derecho a la información pública y cuando se trate de acceder a expedientes que contengan datos personales: El ejercicio del derecho a la información pública es un derecho que comprende también el acceso a los datos personales. No se podrá acceder a los datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias sin el consentimiento expreso del afectado. Sí están publicados en el portal de transparencia del Ayuntamiento, se podrá acceder a los mismos. Ninguna respuesta es correcta.