TEMA 1.2

Las Cortes Generales (incorrecta). a. Ejercen la potestad legislativa del Estado y aprueban sus Presupuestos. b. Controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la CE. c. Las Cortes Generales ejercen la potestad judicial del Estado y controlan la acción del Gobierno. d. Todas son incorrectas.

De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Española: a. El Senado es la Cámara de representación territorial. b. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas tres Senadores. c. Ninguna de las respuestas es correcta.

Quién determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, según el tenor literal del art. 70 de la CE: a. Las Cortes Generales. b. La ley electoral. c. La Constitución.

Conforme a lo establecido en el art. 70 CE, la ley electoral determinara las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso: a. A los Altos cargos de la Administración Autonómica. b. A los componentes del Tribunal Supremo. c. A los miembros de las Juntas electorales. d. Todas son correctas.

Señale la afirmación correcta. Entre las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores NO se incluye: a. A los componentes del Tribunal Constitucional. b. Al defensor del Pueblo. c. A los miembros del Gobierno. d. A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad y Policía en activo.

Según establece CE en su art 71.2, para imputar o procesar a Diputados o Senadores durante su mandato será necesaria una autorización previa que debe emitir: a. El Tribunal Constitucional. b. El Congreso o el Senado respectivamente. c. El Tribunal Supremo. d. El Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno.

¿Qué artículo de la CE, establece que el voto de los Diputados y Senadores es personal e indelegable?. a. Artículo 75. b. Artículo 76. c. Artículo 79. d. Artículo 80.

Conforme a lo dispuesto en el Titulo III CE, señale la respuesta correcta. a. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango no de ley sobre determinadas materias. b. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados. c. La delegación legislativa deberá otorgarse por una ley bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. d. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.

Que art. de la CE. Recoge las funciones del Gobierno: a. El artículo 97. b. El artículo 98. c. El artículo 99. d. El artículo 96.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 97 de la CE, el Gobierno: a. Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. b. Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad legislativa de acuerdo con la Constitución y las leyes. c. Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función jurisdiccional y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

De acuerdo con lo establecido en la CE, señale de quien se compone el Gobierno: a. Presidente y los Ministros. b. Presidente, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. c. Presidente, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. d. Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.

Según la Constitución Española de 1978, una vez propuesto un candidato a la Presidencia del Gobierno y expuesto su programa político ante el Congreso de los Diputados: a. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación setenta y dos horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. b. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y nombrará a un candidato. c. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

Según la Constitución Española de 1978, El Gobierno y la Administración, la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del artículo: a. Art. 99. b. Art. 100. c. Art. 101. d. Art. 102.

Según el art 103.1 CE, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de: a. Eficacia, jerarquía, eficiencia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. b. Eficacia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. c. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. d. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el art. 103 CE “…sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, son sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. Complete lo que fala en los puntos suspensivos. a. El Gobierno. b. El Estado. c. La Administración Pública. d. Todas son correctas.

De acuerdo con el artículo 103.2 de la Constitución Española: a. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. (art 103.1). b. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. c. Todas son correctas.

Señale los principios constitucionales que rigen siempre en el acceso de los ciudadanos a la función pública: a. Principio de mérito y objetividad. b. Principio de mérito y capacidad. c. Principios de mérito, capacidad e imparcialidad. d. Principios de mérito, capacidad, imparcialidad y transparencia.

La vigente CE se refiere a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: a. En el art. 106.2. b. En el art. 106.1. c. En el Título VIII.

El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a: a. Juzgados y Tribunales, determinados por las leyes. b. Juzgados y Magistrados que determina el Gobierno. c. Tribunales ordinarios y extraordinarios que se determinan en la Constitución y las leyes.

El Consejo General del Poder Judicial (correcta). a. Estará integrado por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de diez años. b. Estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. c. Estará integrado por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá y por quince miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. d. Estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por quince miembros nombrados por el Rey por un periodo de diez años.

De conformidad con el artículo 120.3 de la Constitución Española de 1978, las sentencias serán siempre motivadas y: a. Se pronunciarán en audiencia pública. b. Se pronunciarán en audiencia pública, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. c. Se pronunciarán en audiencia pública, salvo en materia criminal.

El Presidente del Tribunal Supremo (correcta). a. Será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. b. Será nombrado por el Rey, a propuesta de los miembros del Tribunal Supremo. c. Será nombrado por el Rey, a propuesta de las Cortes Generales. d. Ninguna es correcta.

Señale a quien corresponde el nombramiento del Fiscal General del Estado: a. Al Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del poder Judicial. b. Al Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. c. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia. d. Al Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia.

Los ciudadanos participan en la Administración de Justicia: (Art. 125). a. A través del jurado. b. A través del jurado y la acción popular. c. La a y b son respuestas correctas. d. A través del jurado y de los tribunales Consuetudinarios o tradicionales.

¿Cuál de las siguientes intervenciones del ciudadano en el ámbito de lo judicial no está prevista en el artículo 125 de la Constitución Española?. a. los ciudadanos participan en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, conforme Ley orgánica reguladora de éste. b. cabe la participación ciudadana en los Tribunales consuetudinarios. c. los ciudadanos podrán ejercer la acción popular excepto cuando se trate de procesos penales.

Señale la respuesta FALSA. De acuerdo con la CE, los Presupuestos Generales del Estado: a. Son elaborados por el Gobierno. b. Son examinados y aprobados por las Cortes Generales. c. Tienen carácter bianual. d. Incluyen la totalidad de gastos e ingresos del sector publico estatal.

Según el art 137 CE, el Estado se organiza territorialmente en: a. Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Administraciones Autonómicas. b. Municipios, en Provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. c. Municipios, Provincias y en las Mancomunidades que se constituyan. d. Ayuntamientos, Comarcas y Áreas Metropolitanas.

En virtud del art. 140 CE: a. La CE garantiza la autonomía de las provincias. b. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. c. Las Provincias gozarán de personalidad jurídica pública. d. Cualquier alteración de los límites municipales habrá de ser aprobada por ley estatal.

¿Qué Título de la Constitución regula la Administración Local?. a. Título VIII, Capítulo II, artículos 140 a 143. b. Título VIII, Capítulo II, artículos 140 a 142. c. Título VIII, Capítulo III, artículos 140 a 142.

Según el artículo 140 de la Constitución Española de 1978, los municipios: a. Gozan de personalidad jurídica plena. b. Gozan de capacidad jurídica plena. c. Gozan de personalidad jurídica propia.

Los Concejales son elegidos mediante: a. Sufragio universal, igual, libre y secreto. b. Sufragio universal, igual, libre, directo y público. c. Sufragio universal, igual, libre, indirecto y secreto. d. Sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.

De conformidad con el artículo 141.1 de la Constitución Española de 1978: a. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. b. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades de la Comunidad Autónoma. c. La provincia es una entidad local con capacidad jurídica plena, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.

Respecto de la provincia, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es la correcta?. a. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. b. El gobierno y la Administración estarán encomendados a Diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. c. No se podrá crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. d. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

De acuerdo con la CE, señale quién es competente para poder aprobar cualquier alteración de los límites provinciales: a. Las Cortes Generales mediante ley orgánica. b. Las Cortes Generales por mayoría absoluta. c. Las Cortes Generales por unanimidad con la conformidad de la Comunidad Autónoma afectada. d. El Gobierno y la Comunidad Autónoma de las provincias afectadas.

Según el art. 143.2 CE, la iniciativa del proceso autonómico corresponde: a. En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, a sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por, al menos, tres quintas partes de sus miembros. b. A todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las tres cuartas (dos terceras) partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mitad (mayoría) del censo electoral de cada provincia o isla. c. Las respuestas a) y b) no son correctas.

Según el artículo 145 de la Constitución Española: a. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación al Congreso de los Diputados. b. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. c. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios de cooperación para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales.

Conforme a lo dispuesto en la Constitución Española de 1978, las Comunidades Autónomas NO podrán asumir competencias en materia de: a. Sanidad e higiene. b. Asistencia social. c. Bases de régimen minero y energético.

Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en (señale la INCORRECTA): a. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. b. Sanidad e higiene. c. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. d. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

El art. 148 CE señala que las CCAA podrán asumir competencias en materia de: a. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. b. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. c. Servicio meteorológico. d. Legislación sobre productos farmacéuticos.

Según el art. 148.1. 6º CE, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: a. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos comerciales y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. b. Los puertos de socorro, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. c. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. d. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.

De conformidad con lo establecido en el art 148.1 de la CE, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: a. Administración de Justicia. b. Legislación básica sobre la protección del medio ambiente. c. Asistencia social. d. Legislación laboral.

De acuerdo con el artículo 149.1.10ª, el Estado tiene competencia exclusiva: a. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. b. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. c. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.

Es competencia exclusiva del Estado según el art. 149 CE: a. Regulación de la artesanía. b. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. c. Montes y aprovechamientos forestales. d. Ninguna de las repuestas anteriores son correctas.

El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: a. Legislación estatal y régimen económico de la Seguridad Social. b. Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por la Comunidad Autónomas. c. Legislación autonómica y régimen económico de la Seguridad Social. d. Todas las respuestas son correctas.

La Constitución Española nos dice que corresponde al Estado establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios y que en todo caso, garantizarán a los administrados: a. un derecho prevalente sobre los nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea. b. un tratamiento común ante ellas. c. Un tratamiento preferente ante ellas.

Las normas estatales prevalecen sobre las de las Comunidades Autónomas: a. En todo caso. b. Solamente como derecho supletorio. c. En las materias no asumidas por las Comunidades Autónomas. d. En lo que no esté atribuido a su exclusiva competencia, cuando existe conflicto.

Señale qué podrán transferir las leyes de transferencia y delegación de competencias, previstas en el art. 150.2 CE: a. Competencias concurrentes del Estado y las Comunidades Autónomas. b. Competencias previstas en el art. 148 CE. c. Competencias estatales. d. Competencias compartidas del Estado y las Comunidades Autónomas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 de la Constitución española de 1978, el Estado podrá delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de delegación mediante: a. Ley Marco. b. Ley ordinaria. c. Ley orgánica. d. Decreto-Ley.

Conforme al artículo 150 de la Constitución, el Estado podrá dictar leyes para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, cuando así lo exija el interés general. ¿Qué mayoría se requiere para que las Cortes Generales aprecien la necesidad de dictar leyes de armonización?: a. Mayoría de 3/5 de cada Cámara. b. Mayoría absoluta de cada Cámara. c. Mayoría simple de cada Cámara. d. Mayoría de 2/3 de cada Cámara.

Con respecto al sistema de acceso especial a la autonomía establecido en el art. 151.1 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. a. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. b. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por la mayoría de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratifica-da mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. c. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría de los votos válidamente emitidos de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. d. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mitad del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

Conforme al artículo 153 de la Constitución Española de 1978, el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: a. Por el Tribunal Constitucional, el económico y presupuestario. b. Por el Gobierno, previo dictamen del Tribunal de Cuentas, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150. c. Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución Española de 1978, un Delegado nombrado por el Gobierno en el territorio de la Comunidad Autónoma: a. Asumirá las funciones, en la Comunidad Autónoma, de los Gobernadores Civiles destinados en las distintas provincias integrantes de la misma. b. Ostentará la representación máxima del Estado ante las autoridades y organismos autónomos. c. Dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma, y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución le imponga, el Gobierno podrá, si el Presidente de la Comunidad Autónoma no atiende el requerimiento previo, adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones con: a. La mayoría absoluta de las Cortes Generales. b. La mayoría simple de las Cortes Generales. c. La mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. d. La mayoría absoluta del Senado.

De conformidad con el art. 158 CE, la asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios fundamentales en todo el territorio español: a. Podrá establecerse en los Presupuestos Generales del Estado. b. Es uno de los recursos de las CCAA y deberá establecerse anualmente con cargo a los presupuestos generales del Estado. c. Es el denominado Fondo de Compensación, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las CCAA y provincias, en su caso.

El Tribunal Constitucional se compone de: a. 12 miembros, cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Rey. b. 10 miembros, cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno. c. 12 miembros, cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. d. 12 miembros, cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Tribunal Constitucional.

Conforme al artículo 158.2 de la Constitución Española de 1978, los recursos del Fondo de Compensación serán distribuidos entre las Comunidades Autónomas y las provincias, en su caso, por: a. El Tribunal de Cuentas. b. El Gobierno de la Nación. c. Las Cortes Generales.

Entre quienes serán nombrados los miembros del Tribunal Constitucional: a. Entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio profesional. b. Entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios públicos y abogados, con más de 15 años de ejercicio profesional. c. Entre Magistrados y Fiscales, Funcionarios públicos y abogados, con más de 15 años de ejercicio profesional. d. Entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia, con más de 10 años de ejercicio profesional.

Según el art. 159 CE: a. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. b. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. c. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es compatible con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. d. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de cinco años de ejercicio profesional.

Tal y como se establece en el artículo 162.1 de la Constitución, están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad: a. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 75 Diputados, 75 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. b. El Presidente del Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. c. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. d. El Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y el Ministerio Fiscal.

Señale la afirmación correcta respecto al recurso de inconstitucionalidad, según la CE: a. Está legitimado para interponerlo solo el Ministerio Fiscal. b. Se interpone contra Leyes y disposiciones normativas con rango reglamentario. c. Está legitimado para interponerlo el Defensor del Pueblo. d. Podrá interponerse el recurso en cualquier momento desde la publicación oficial de la disposición normativa.

Según la CE, la legitimación para interponer tanto el recurso de inconstitucionalidad como el recurso de amparo corresponde a: a. El Presidente del Gobierno. b. 50 Diputados y 50 Senadores. c. El Defensor del Pueblo. d. Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legitimo.

¿Cuál de los siguientes órganos no es competente para interponer recurso de inconstitucionalidad?. a. El Presidente del Gobierno. b. Los órganos colegiados ejecutivos de las CC.AA. c. Las asambleas de las CC.AA. d. El Gobierno.

Conforme al art 164 CE, las sentencias del Tribunal Constitucional: a. Las que estimen subjetivamente un derecho tienen plenos efectos frente a todos. b. Pueden ser objeto de recurso de casación para la unificación de la doctrina. c. Se publicaran en el BOE con los votos favorables, si los hubiere. d. Tienen el valor de cosa juzgada desde le día de su publicación.

El artículo 164 de la Constitución Española de 1978 determina que las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere, y tienen el valor de cosa juzgada: a. A partir del día siguiente de su publicación. b. Desde el día que adquieren firmeza. c. Desde el día de su publicación.

La iniciativa de reforma constitucional corresponde, según nuestra normativa constitucional: a. Al Gobierno. b. Al Defensor del Pueblo. c. Al Tribunal Constitucional. d. A los órganos colegiados ejecutivos de la Comunidades Autónomas.

Según el artículo 167.1 de la Constitución, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por: a. Una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. b. Una mayoría de 2/3 en el Congreso de los Diputados y una mayoría de 3/5 en el Senado. c. Una mayoría de 2/3 en cada una de las Cámaras. d. Mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Según el art. 167 CE, el Tribunal Constitucional: a. Cuando se propusiera la revisión total de la CE o una parcial que afecte al Titulo preliminar, al Capitulo segundo, Sección primera del Titulo I, o al Titulo II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. b. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. c. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. d. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

El Titulo II de la CE “De la Corona”. a. Exige para su reforma la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y la disolución inmediata de las Cortes. b. Exige para su reforma una única aprobación por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. c. Regula el procedimiento de modificación del tipo de jefatura del Estado. d. Regula las abdicaciones y renuncias u cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona.