TEST TEMA 1 Y 2 CONTRATACIÓN

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¿Por qué la Administración Pública no tiene "libertad absoluta" para comprar lo que quiera y como quiera, a diferencia del ámbito privado?. Porque la Administración no persigue ganar dinero. Porque los contratos públicos son siempre gratuitos. Porque solo puede firmar contratos con empresas públicas o entes del Sector Público. Porque gasta dinero público.

Si surge una disputa o problema en la ejecución de un contrato administrativo puro, ¿qué órganos judiciales son los competentes para juzgarlo?. Los Juzgados de lo Contractual. Los Juzgados de los Social. Los Juzgados de lo Civil. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

¿Cuáles son los 4 Pilares sobre los que se fundamenta la Ley 9/2017 según lo expuesto en el tema?. Centralización, fiscalización previa, arbitraje privado y gratuidad. Libre comercio, patrocinio privado, ahorro fiscal y opacidad. Eficiencia en el gasto, lucha contra la corrupción/favoritismo, igualdad de acceso y compra estratégica. Adjudicación a dedo, preferencia nacional, precio bajo y burocracia.

Un órgano de contratación del Ministerio de Defensa decide resolver unilateralmente un contrato de mantenimiento de vehículos porque la empresa contratista ha incurrido en un incumplimiento grave de sus obligaciones. ¿En qué posición jurídica sitúa esta facultad a la Administración respecto a un individuo del ámbito privado?. En una situación de subordinación a lo estipulado por los Tribunales Civiles. En una posición de supremacía otorgada por Ley para proteger el interés general. En la obligación de indemnizar previamente a la empresa antes de declarar la resolución. En una posición de igualdad legal idéntica al ámbito mercantil.

Si durante una obra en una base naval la Administración ordena modificar unilateralmente el proyecto técnico por una filtración imprevista (Ius Variandi) y la empresa no está de acuerdo con la orden, ¿qué sucede?. La empresa puede modificar el proyecto a su criterio sin necesidad de aprobación técnica. La decisión administrativa es ejecutiva de inmediato, por lo que se debe cumplir mientras la empresa la recurre a los tribunales. La obra se paraliza automáticamente hasta que se pronuncie el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo. El contrato queda anulado de pleno derecho y la Administración pierde la fianza depositada.

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) es un Organismo Autónomo dependiente de Defensa. ¿Bajo qué régimen normativo y ante qué jurisdicción se tramitan y resuelven sus contratos?. Sujeción 100% a sus propias Instrucciones Internas de Contratación (IIC) y competencia de la Jurisdicción Civil. Selección mercantil privada y jurisdicción de arbitraje internacional. Sujeción 100% formal a la LCSP y al Derecho Administrativo en todas sus fases, siendo competente la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Preparación por LCSP y ejecución por Código Civil; disputas ante la Jurisdicción Civil.

¿Es correcto afirmar que todas las Sociedades Mercantiles Estatales (SME) pertenecen a la capa externa (Sector Público No Poder Adjudicador)?. No, todas las SME pertenecen al Círculo 1 como Administraciones Públicas. Sí, salvo que tengan más de 1.000 trabajadores público. No, dependerá de si cumplen o no el Requisito 2 (interés general no comercial). Si lo cumplen son PANAP (Círculo 2). Sí, porque su forma jurídica de Sociedad Anónima o S.L. las excluye automáticamente de ser Poder Adjudicador.

Se dice que las entidades del Círculo 2 (PANAP) están sometidas a un "régimen jurisdiccional dual". ¿Qué significa esto?. Que las fases de preparación y adjudicación se someten a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, mientras que la ejecución y extinción van a la Jurisdicción Civil. Que las faltas graves las juzga el Tribunal Militar y las leves el juzgado de paz. Que la licitación se somete a derecho privado y el pago a derecho administrativo. Que el contrato lo firma un juez civil y lo ejecuta un juez contencioso.

El ámbito subjetivo de la LCSP se estructura dogmáticamente en tres círculos concéntricos. De dentro a fuera son: Administración Pública, Poder Adjudicador No Administración Pública y Sector Público No Poder Adjudicador. Administraciones Públicas, Empresas Públicas y Empresas Privadas. Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas y Proveedores. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

¿Qué tipo de contratos celebran las entidades del Círculo 1 (Administración Pública)?. Contratos Administrativos Puros. Contratos mercantiles privados. Contratos de arrendamiento civil. Instrucciones Internas de Contratación.

Una empresa consulta por teléfono una duda sobre los pliegos a un técnico municipal. El técnico le responde resolviendo la duda, pero no publica dicha aclaración en la Plataforma de Contratación (PLACSP). ¿Qué principio se ha violado?. El principio de confidencialidad empresarial. Únicamente el principio de contratación verde. La Libertad de Acceso, Igualdad de Trato y la Transparencia. Ninguno, las aclaraciones telefónicas son válidas e informales.

Las cláusulas sociales y medioambientales en los expedientes de contratación según el Mandamiento 5 son: Exclusivas para fundaciones sin ánimo de lucro. De inclusión obligatoria en todos los expedientes salvo justificación excepcional. Medidas opcionales de aplicación prohibida en contratos menores. Consejos morales sin eficacia jurídica.

¿Qué documento obligatorio deben firmar los evaluadores y miembros de la Mesa de Contratación para prevenir el conflicto de intereses?. El compromiso de confidencialidad mercantil. La solvencia técnica. El pliego de prescripciones técnicas. La Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).

La redacción de prescripciones técnicas diseñadas intencionadamente para beneficiar a una empresa concreta se conoce como: Valoración por costes directos. Procedimiento abierto simplificado. Contratación estratégica. 'Traje a medida' o pliego dirigido.

¿En qué portal o boletín es obligatorio publicar los anuncios de licitación cuando se trata de Contratos Sujetos a Regulación Armonizada (SARA)?. En el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). En el BOE. En el portal del contratista. En el BORME.

Las prórrogas de los contratos públicos deben acordarse: Únicamente mediante autorización judicial previa. De forma expresa y antes de la finalización del contrato, siendo obligatorias para el contratista si estaban previstas en el pliego con el preaviso legal. Una vez vencido el contrato, en los 30 días posteriores a la finalización. De forma automática y tácita al finalizar el plazo inicial salvo renuncia expresa.

Para poder contratar con el sector público, las personas naturales o jurídicas deben contar con: Una antigüedad mínima acreditada de 5 años en su actividad económica. Capacidad de obrar, no estar incursas en prohibición de contratar y acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional (o clasificación en su caso). Un capital social mínimo de 100.000 euros. Exclusivamente un domicilio fiscal dentro del territorio español.

Un Ayuntamiento tramita en el mismo mes tres contratos menores de servicios de pintura para tres colegios públicos del municipio (14.000 € cada uno). Justifica la separación argumentando que son inmuebles distintos situados en barrios diferentes y con partidas presupuestarias independientes. ¿Es legal esta configuración del objeto contractual?. Sí, porque la Ley de Haciendas Locales exige contratos independientes para cada centro de gasto. Sí, la diversidad de inmuebles y de partidas presupuestarias justifica de forma autónoma la existencia de tres contratos independientes. Sí, siempre que cada expediente individual de servicios no supere el umbral del contrato menor (15.000 €). No; constituye un fraccionamiento ilícito del contrato (Art. 99.2 LCSP) al existir unidad operacional y funcional (misma prestación homogénea en la misma entidad local y marco temporal), debiendo haberse licitado mediante un único procedimiento abierto con división en lotes.

Si el órgano de contratación decide NO dividir en lotes el objeto de un contrato no menor, ¿cuál es el requisito formal indispensable que debe incluir en el expediente?. Justificar debidamente los motivos de la no división en la memoria del expediente e indicarlo explícitamente en el anuncio de licitación o en el PCAP (Art. 99.3 LCSP). Elevar la garantía definitiva del 5% al 10% del precio de adjudicación. Reservar automáticamente un 20% de la facturación para subcontratación con PYMES. Solicitar informe preceptivo y vinculante al Consejo de Estado.

¿Qué entidad u órgano tiene atribuida la competencia para celebrar contratos en nombre de la entidad del sector público?. El Jefe de la Unidad de Contratación. La Mesa de Contratación. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. El Órgano de Contratación.

¿Cuál es la regla de oro respecto al IVA en el cálculo del Valor Estimado del Contrato (VEC) conforme al Artículo 101 de la LCSP?. El VEC se calcula aplicando el 50% de la cuota de IVA. El IVA siempre se incluye al tipo general del 21%. El VEC NUNCA incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido (es una cifra 100% neta). El IVA se incluye solo si el contrato está sujeto a regulación armonizada (SARA).

Para calcular el VEC de un contrato con prórrogas previstas, ¿qué duración se debe tener en cuenta?. Solamente el plazo de ejecución inicial del contrato. El plazo inicial más la totalidad de las prórrogas previstas en el pliego. El plazo inicial más únicamente la primera prórroga. Las prórrogas no computan en el VEC.

¿Cuál es el plazo mínimo que debe transcurrir desde la formalización del contrato para poder aplicar la revisión de precios?. 1 año (12 meses). 2 años. 6 meses. 3 meses.

Durante la ejecución de un contrato de suministro de gasoil, el precio del combustible sufre un incremento extraordinario del 80%. Sin embargo, el pliego NO contempló la cláusula de revisión de precios. ¿Tiene derecho el contratista a exigir la revisión del precio contratado?. Sí, automáticamente por aplicación del principio de riesgo y ventura diferido. Sí, la Administración está obligada a compensar mediante un modificado de obra. Sí, solicitando la resolución por fuerza mayor sin penalización. No, porque la revisión de precios requiere PREVISIÓN EXPRESA e ineludible en los pliegos (Art. 103.1 LCSP); la omisión en el pliego impide revisar el precio.

¿Qué es el Precio del Contrato según el Artículo 102.1 de la LCSP?. La retribución cierta que percibirá el contratista adjudicatario por la ejecución efectiva de la prestación. La fianza depositada por los licitadores. El importe máximo fijado en el anuncio de licitación con IVA. La estimación global del valor del negocio realizada por el órgano de contratación.

Un pliego de obras públicas fija un Presupuesto Base de Licitación calculando un 0% de Gastos Generales y un 0% de Beneficio Industrial bajo el argumento de que es una obra pública de emergencia. ¿Es legal esta configuración del PBL?. Sí, en emergencia se pueden eliminar los gastos generales y el beneficio industrial. Es legal únicamente si el contratista es una entidad sin ánimo de lucro. Sí, si la empresa acepta voluntariamente ejecutar la obra a coste. No, vulnera el Art. 100.2 LCSP y el Art. 131 del RGLCAP; todo PBL debe contemplar gastos generales y margen comercial, siendo nulo el pliego que los suprima.

¿Qué consecuencia jurídica tiene que un pliego apruebe un PBL que no cubre los costes salariales fijados en el convenio colectivo de aplicación?. El pliego incurre en causa de nulidad de pleno derecho y puede ser anulado tras recurso ante el tribunal administrativo de recursos contractuales (TACRC). Se corrige automáticamente aumentando el precio en la certificación final. El contratista debe absorber las pérdidas. Ninguna, prevalece el principio de libertad de pactos.

En el desglose del PBL de un contrato de obras, ¿qué porcentaje de Beneficio Industrial se aplica habitualmente sobre el PEM?. 21%. 13%. 6%. 50%.

¿Se permite en la contratación pública el pago aplazado del precio según el Artículo 102.8 de la LCSP?. Sí, siempre que el aplazamiento no supere los 10 años. Queda a criterio exclusivo del contratista adjudicatario. Sí, con total libertad si lo acuerdan las partes en el contrato. No, está taxativamente prohibido por ley, salvo las modalidades de arrendamiento financiero o contratos de concesión.

Si una Administración fracciona indebidamente un contrato de servicios para evitar alcanzar el umbral SARA, ¿qué infracción comete?. Solamente exige modificar el pliego a posteriori. Una mera irregularidad no invalidante. Ninguna, es una práctica válida de ahorro presupuestario. Infracción grave del Artículo 99.2 de la LCSP y nulidad de pleno derecho del expediente por elusión del procedimiento adecuado.