TEMA 1 - 5

prueba. bien. mal.

1. La definición del Derecho Administrativo como el conjunto de normas de Derecho público interno que regulan la organización y la actividad de la Administración Pública la relaciona con: A) Entrena Cuesta. B) Zanobini. C) Ballbé. D) Garrido Falla.

2. En todo caso, la presencia de la Administración Pública constituye un requisito necesario para que exista una relación jurídico administrativa, por lo que: A) Las normas administrativas tienen como sujeto a una Administración. B) Las normas administrativas tienen como destinatario a una Administración. C) Las normas administrativas tienen como destinatarios indirectos a los particulares o administrados, y presuponen la presencia vigilante de la Administración como garante de su efectividad. D) Las dos primeras opciones son correctas.

3. El sometimiento de la Administración al Derecho es uno de los postulados del Derecho Administrativo, a la luz de nuestra Carta Magna, donde se sujeta a los poderes públicos "a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico" en su artículo: A) 9.1. B) 103.1. C) 97. D) 98.

4. El procedimiento administrativo expresa que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Así se recoge inicialmente en: A) El artículo 103 de la Constitución. B) El artículo 149.1.18 de la Constitución. C) La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. D) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. El antecedente legislativo remoto en la regulación del procedimiento administrativo lo encontramos en: A) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. B) La Ley Azcárate de 1889 y la Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. C) La Constitución de 1931. D) La Constitución de 1812.

6. El control reactivo que consagra la posibilidad de revisar judicialmente la actuación de la Administración se recoge en: A) El artículo 148 de la Constitución. B) El artículo 106 de la Constitución. C) La Ley Azcárate de 1889. D) La Ley 4/1999, de 13 de enero.

7. La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre pretende: A) Modificar la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. B) Modificar la Ley 11/2007, de 22 de junio. C) Integrar el contenido de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y la Ley 11/2007, de 22 de junio. D) Agilizar los procedimientos ante la Administración y excluir la posibilidad de procedimientos no electrónicos.

8. La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre por primera vez: A) Establece la tramitación exclusivamente electrónica de los procedimientosadministrativos. B) Establece las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas. C) Garantiza la audiencia y participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas. D) Establece el derecho de los interesados al acceso a los documentos administrativos.

9. El artículo 103 de la Constitución establece los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas: A) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. B) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. C) Eficacia, transparencia, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. D) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno al Derecho.

10. El Derecho administrativo: A) Es un derecho que recoge las prerrogativas y privilegios de la Administración. B) El Derecho de la desigualdad dentro de la legalidad. C) Es un Derecho de tutela y de garantía de los intereses generales. D) Todas las respuestas son acertadas.

11. La regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas se contiene en: A) La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. B) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. C) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. D) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

12. En relación a las relaciones interadministrativas, el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dispone que las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con los siguientes principios: A) Lealtad institucional, subordinación, cooperación, coordinación y eficiencia. B) Lealtad institucional, colaboración, cooperación, transparencia y eficiencia. C) Lealtad institucional, colaboración, cooperación, coordinación y eficiencia. D) Lealtad institucional, jerarquía, cooperación, coordinación y eficiencia.

13. Es un principio de organización de la Administración General del Estado: A) La descentralización funcional. B) La eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. C) La eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. D) La objetividad y la transparencia de la actuación administrativa.

14. La descentralización funcional en el ámbito de la Administración Pública implica: A) El otorgamiento de una mayor libertad de gestión a los responsables de la actividad administrativa, mediante la creación de organizaciones especializadas a las que se transfieren funciones para su ejercicio específico. B) La creación de organismos autónomos. C) La transferencia permanente de competencias de un órgano superior a otro inferior dentro de un mismo ente público. D) La transferencia de competencias de un órgano central a otro periférico, dentro de un mismo ente público.

15. La desconcentración en el ámbito administrativo significa: A) La transferencia de competencias de un órgano central a otro periférico, dentro de un mismo ente público. B) La técnica organizativa destinada a otorgar una mayor libertad de gestión a los responsables de la actividad administrativa en orden a conseguir los objetivos previamente establecidos. C) La creación de organismos autónomos. D) La transferencia permanente de competencias de un órgano superior a otro inferior, dentro de un mismo ente público.

16. Los principios de funcionamiento de la Administración General del Estado se concretan en: A) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. B) Desconcentración funcional y territorial. C) Responsabilidad por la gestión pública. D) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

17. En relación a las fuentes del derecho en el Derecho Administrativo señale la opción que considere más adecuada. A) Se distinguen dos tipos, las fuentes formales, es decir, la Constitución, la legislación, la jurisprudencia y los reglamentos, y las fuentes sustanciales, que son las costumbres, las doctrinas y los hechos sociales. B) El problema que las fuentes del derecho tiene en el Derecho Administrativo parte de que la Administración no sólo es una destinataria obligada por las normas jurídicas (como los restantes sujetos del derecho), sino un protagonista importante en su elaboración. C) Además de las fuentes formales y las fuentes sustanciales se incluyen los reglamentos, los actos y los precedentes administrativos. D) Las fuentes del Derecho Administrativo son las fuentes formales, las fuentes sustanciales y los reglamentos administrativos.

18. Serán de aplicación en España las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales: A) Tras la ratificación por el Estado español. B) Tras su íntegra publicación en el Boletín Oficial del Estado. C) Tras su ratificación por las Cortes Generales. D) Tras su ratificación por acuerdo del Consejo de Ministros.

19. El principio de jerarquía en el sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico implica que: A) Una norma prevalece sobre otra en función del rango de la autoridad o del órgano que emana. B) La atribución a un órgano de la potestad de regular determinadas materias. C) Para que una norma resulte de aplicación resulta indiferente el órgano del que emane. D) Para que una norma pueda ser aplicable debe ser norma con rango legal.

20. La reserva de ley en materia de fuentes del Derecho Administrativo tiene como consecuencia que: A) Determinadas cuestiones no pueden ser reguladas a través de reglamentos. B) La ley se sitúa en la posición más elevada en la pirámide normativa. C) Las leyes ordinarias y las leyes orgánicas son las únicas normas jurídicas con rango legal. D) Las leyes autonómicas, puesto que no se elaboran en el Parlamento español, no son directamente aplicables.

21. El conjunto de normas que conforman el Derecho Administrativo son: A) Únicamente las normas de Derecho Público que disciplinan el actuar de la Administración. B) Las normas de Derecho Público interno. C) Las normas referidas a las relaciones entre el ciudadano y la Administración. D) Todas son correctas.

22. Cuando nos referirnos a la jerarquía normativa queremos decir que por debajo de la Constitución y los tratados internacionales encontramos: A) Las leyes orgánicas y ordinarias estatales o autonómicas, los decretos leyes y decretos legislativos. B) Las leyes orgánicas y ordinarias estatales o autonómicas. C) Los decretos leyes y decretos legislativos; están por debajo de las leyes orgánicas y ordinarias y por encima de los reglamentos. D) Por debajo de las leyes orgánicas y ordinarias encontramos los reglamentos.

23. Las disposiciones del Gobierno con rango de ley son: A) Los decretos leyes y las leyes marco. B) Los decretos legislativos. C) Los decretos-leyes. D) Los decretos-leyes y los decretos legislativos.

24. Según el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la potestad reglamentaria corresponde a: A) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales. B) Al Gobierno de la Nación y a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos. C) Al Gobierno de la Nación y a los restantes órganos de la Administración General del Estado. D) Al Gobierno de la Nación.

25. Por su relación con la ley, los reglamentos pueden clasificarse en: A) Ejecutivos e independientes. B) Ejecutivos, independientes y de necesidad. C) Dependientes e independientes. D) Secundum legem y de necesidad.

26. La expresión “Administración Pública” hace referencia: A) A un complejo de elementos personales y materiales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de división del trabajo. B) A un complejo de elementos materiales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de especialidad y eficiencia. C) A un complejo de elementos personales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de competencia y especialidad. D) A un complejo de elementos personales y materiales ordenados que por designación política asume parte del total de las competencias que corresponden a la organización en su conjunto.

27. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos: A) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros cuya actuación tenga carácter potestativo. B) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. C) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones jurídicamente reguladas cuya actuación tenga carácter potestativo. D) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones reguladas por la Ley 39/2015.

28. Cuando nos referimos a la clasificación de los órganos administrativos en individuales y colegiados hacemos referencia a lo siguiente: A) Varias personas concurren en posición de igualdad y simultáneamente a la formación de la voluntad de un determinado órgano administrativo. B) El número de titulares de que se compone un determinado órgano administrativo. C) Varias personas concurren en el ejercicio mismo de la función que el órgano tiene atribuida. D) Todas las opciones son válidas.

29. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos: A) La determinación de su forma de integración en la Administración Pública concernida y su dependencia jerárquica, la delimitación de sus funciones y competencias y su dotación financiera. B) La determinación de sus funciones y competencias, su régimen de funcionamiento y su dotación financiera y de recursos personales. C) La determinación de su situación jerárquica en la organización, la delimitación de sus funciones, la designación del titular responsable y su dotación financiera. D) La determinación de las razones que justifican su creación, la planificación estratégica, su situación jerárquica en la organización y su dotación financiera.

30. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la competencia es: A) Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación. B) Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. C) Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. D) Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación.

31. Según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante: A) Instrucciones y órdenes de servicio. B) Reglamentos internos. C) Circulares. D) Disposiciones de carácter general.

32. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia: A) Suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. B) Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. C) No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. D) No suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.

33. Según el artículo 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación al régimen jurídico de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, establece: A) Si dichos órganos están compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. B) Si en dichos órganos participan organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. C) Si en dichos órganos colegiados participan organizaciones representativas de intereses sociales, su funcionamiento se regirá por las mismas normas que regulan el funcionamiento de la organización representada. D) Son correctas las dos primeras opciones.

34. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda: A) Ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes. B) Ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes. C) Por delegación a sus órganos administrativos dependientes. D) Ninguna es correcta.

35. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, contra el acuerdo de avocación: A) Podrá interponerse recurso de alzada. B) Podrá interponerse recurso potestativo de reposición. C) No cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. D) Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión.

36. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario, todos los órganos colegiados: A) Se podrán convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial como a distancia. B) Se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. C) Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse y celebrar sesiones tanto de forma presencial como a distancia. D) Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial como a distancia.

37. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia: A) Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de dos terceras partes, al menos, de sus miembros. B) Presencial del Presidente o Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de la mitad, al menos, de sus miembros. C) Presencial del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la mitad, al menos, de sus miembros. D) Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

38. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos colegiados tendrán un Secretario. De entre las siguientes opciones señale la que considere correcta: A) Podrá ser un miembro del propio órgano. B) Podrá ser una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. C) Podrá ser una persona ajena a la Administración Pública. D) Las dos primeras opciones son correctas.

39. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no corresponderá al Secretario: A) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado. B) Certificar las actuaciones del órgano colegiado. C) Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetados. D) Fijar el orden del día.

40. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa: A) Cuando así lo decidan la mitad de sus miembros. B) Cuando así lo decidan dos tercios de sus miembros. C) Cuando así lo decidan tres quintos de sus miembros. D) Cuando así lo decidan todos sus miembros.

41. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los órganos colegiados: A) Los acuerdos serán adoptados por mayoría de dos tercios. B) Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. C) Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de los miembros presentes. D) Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de sus miembros.

42. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados: A) En el lugar donde esté ubicada la presidencia y, en su defecto, donde tenga la sede el órgano colegiado. B) En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicado el Secretario. C) En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia. D) En el lugar donde esté ubicado el Secretario y, en su defecto, donde tenga la sede el órgano colegiado.

43. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas: A) Ya sean de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. B) A instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. C) De oficio, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. D) Bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.

44. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el contenido de los actos se ajustará: A) A lo dispuesto expresamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines del ordenamiento jurídico. B) A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de la presente ley. C) A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. D) A lo dispuesto exclusivamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

45. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no habrán de motivarse con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: A) Los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde identidad sustancial o íntima conexión. B) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. C) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos. D) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta.

46. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no habrán de motivarse: A) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. B) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. C) Los actos que rechacen pruebas propuestas por la Administración. D) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.

47. Según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán: A) Por escrito a través de medios electrónicos. B) A través de medios electrónicos. C) Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos. D) Por escrito o verbalmente.

48. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria: A) Son convalidables. B) No son recurribles. C) Son anulables. D) Son nulas.

49. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: A) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. B) El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso. C) El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. D) La fecha en que se dicten, en cualquier caso.

50. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas de carácter particular: A) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general. B) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. C) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general. D) No podrán vulnerar lo establecido en otra disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general.

51. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos: A) Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados. B) Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. C) Como regla general, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. D) En ningún caso, cuando se dicten en sustitución de actos anulados.

52. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, toda notificación: A) Deberá ser cursada dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. B) Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. C) Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. D) Deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

53. Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos serán objeto de publicación: A) Cuando lo aconsejen razones de interés público legalmente previstas. B) En cualquier caso. C) A instancias del interesado. D) Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento.

54. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones: A) Se practicarán preferentemente por medios no electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. B) Se practicarán preferentemente por correo certificado, excepto en los casos en que el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. C) Se practicarán por cualquier medio reconocido válidamente por el ordenamiento jurídico para producir los efectos legalmente previstos. D) Se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

55. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: A) Por medios electrónicos. B) Por medios no electrónicos. C) Por el medio señalado al efecto por la Administración. D) Por el medio señalado al efecto por aquel.

56. Entendemos por procedimiento administrativo: A) Aquella serie de actuaciones tendentes a alcanzar la formación de la voluntad de la Administración Pública. B) El conjunto de disposiciones tendentes a regular la formación de la voluntad de la Administración Pública. C) La resolución de recursos en la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico. D) El conjunto de instrucciones a los órganos de la Administración Pública sobre la aplicación de normas de índole procesal.

57. Según el apartado I de la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento administrativo es: A) El instrumento de carácter reactivo que protege la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas. B) La expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución. C) El cauce formal que ha de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. D) La regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos como reza el artículo 105 de la Constitución.

58. En relación al procedimiento administrativo común, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece lo siguiente: A) Sólo mediante Ley pueden establecerse trámites adicionales o distintos a los contemplados en dicha norma. B) La Ley se aplica al sector público, que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. C) La Ley contiene una regulación secuencial del procedimiento al modo en que se hace en las normas procesales, estableciendo los trámites concretos que han de seguirse para dictar actos administrativos. D) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

59. Según el artículo 149.1.18 de la Constitución, en relación a la regulación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común: A) El régimen jurídico de las Administraciones Públicas ha de ser establecido exclusivamente por la legislación estatal. B) Para la regulación del procedimiento administrativo común, la Constitución diseña una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas en atención a las especialidades de las mismas. C) Son competencias exclusivas del Estado. D) La regulación del régimen de las Administraciones Públicas ha sido redefinida desde la entrada de España en las Comunidades Europeas.

60. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones son motivos de abstención los siguientes: A) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél. B) Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. C) Tener relación comercial con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. D) Las dos primeras opciones son correctas.

61. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es motivo de abstención tener con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento: A) El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo. B) El parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto. C) El parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del primero. D) El parentesco de consanguinidad dentro del primer grado o de afinidad dentro del tercero.

62. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos previstos como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados: A) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. B) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. C) En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución. D) En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.

63. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. El recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada: A) En el plazo de tres días desde la presentación del escrito. B) En el plazo de dos días desde la presentación del escrito. C) En el mismo momento de la formulación de la recusación. D) En el día siguiente a la presentación del escrito.

64. Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a los efectos de dicha Ley, no tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: A) Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. B) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. C) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos que la Ley admita expresamente. D) Los menores de edad no incapacitados para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

65. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se consideran interesados en el procedimiento administrativo: A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. B) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. C) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución sin mediar personación. D) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales.

66. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición: A) Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción. B) Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia. C) Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública. D) El derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

67. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante: A) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. B) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado. C) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación tácita en contra del interesado. D) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas en tanto no se acredite fehacientemente la revocación de sus poderes.

68. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a: A) A conocer, antes del trámite de audiencia, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. B) El sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. C) A no presentar en ningún caso documentos originales. D) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.

69. En cuanto al inicio del procedimiento administrativo, según el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los procedimientos pueden iniciarse: A) Directamente de oficio por la misma Administración. B) A petición de cualquier interesado. C) A petición de quien acredite un interés legítimo. D) Las dos primeras opciones son correctas.

70. Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, siempre que sea el mismo que deba tramitar y resolver dicho procedimiento: A) Cuando se haya iniciado de oficio, podrá disponer, también de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. B) Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. C) Cuando se haya iniciado a instancia de parte, podrá disponer, también a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. D) Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.

71. Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la iniciación de oficio del procedimiento se lleva a efecto en virtud de: A) El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia. B) El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia o como consecuencia de una orden del superior. C) La denuncia de un particular. D) El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia, como consecuencia de una orden superior o petición razonada de otro órgano administrativo o denuncia.

72. Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto al inicio del procedimiento de oficio se entiende por denuncia: A) La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. B) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. C) La orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. D) El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

73. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos necesarios, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo: A) De veinte días. B) De cinco días. C) De diez días. D) De tres días.

74. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales: A) Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. B) Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. C) Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días. D) Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días.

75. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites: A) A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia, publicidad y buena fe. B) A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. C) A través de medios no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia y publicidad. D) A través de medios a su alcance, electrónicos o no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia y publicidad.

76. Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse: A) En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. B) En el plazo de cinco días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. C) En el plazo de diez días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. D) En el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.

77. Según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la instrucción del procedimiento comprende aquellas actuaciones dentro del procedimiento que se consideran necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución que haya de dictarse: A) Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios electrónicos, por el órgano que inicie el procedimiento. B) Esas actuaciones se realizarán de oficio por el órgano encargado de la tramitación y a través de medios electrónicos. C) Esas actuaciones se realizarán de oficio y a través de medios no electrónicos por el órgano que inicie el procedimiento. D) Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios no electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento.

78. En relación a los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados, habrán de practicarse, según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: A) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. B) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones laborales o profesionales. C) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones familiares y personales. D) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones.

79. Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: A) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. B) En todo momento del procedimiento. C) En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación. D) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.

80. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, la prueba mediante la cual se pretenden acreditar los hechos relevantes que sirvan de presupuesto a la decisión: A) Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en el Derecho Común. B) Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. C) Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. D) Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

81. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: A) No superior a treinta días ni inferior a diez. B) No superior a veinte días ni inferior a diez. C) No superior a quince días ni inferior a diez. D) No superior a treinta días ni inferior a veinte.

82. Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán informes que, salvo disposición expresa en contrario, serán: A) Facultativos y no vinculantes. B) Preceptivos y no vinculantes. C) Facultativos y vinculantes. D) Preceptivos y vinculantes.

83. En relación al procedimiento administrativo en el ámbito local: A) No puede hablarse de un procedimiento administrativo específico para las Entidades Locales, habida cuenta de que les resulta de aplicación la Ley 39/2015. B) Las Entidades Locales están fuera del ámbito de aplicación de la Ley 39/2015. C) Las Entidades Locales se rigen exclusivamente por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local. D) El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, regula los procedimientos administrativos de las Entidades Locales.

84. Según el art. 84 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, pondrán fin al procedimiento: A) La resolución, el desistimiento, la renuncia permitida y la declaración de caducidad. B) La resolución, el desistimiento, la renuncia no prohibida, la imposibilidad sobrevenida y la declaración de caducidad. C) La caducidad, la renuncia o el desistimiento. D) La prescripción, la caducidad y la resolución motivada.

85. Los procedimientos sancionadores podrán finalizar: A) Si el infractor reconoce su responsabilidad ante fedatario público. B) En el caso de sanciones pecuniarias, si el presunto responsable paga voluntariamente antes de que se dicte resolución. C) Si el infractor paga voluntariamente la sanción pecuniaria antes de la práctica de diligencias probatorias. D) Si el infractor y el órgano competente acuerdan la reducción de la sanción antes de que se abra el plazo para dictar resolución.

86. Las reducciones a aplicar en los procedimientos que pueden imponer sanciones pecuniarias pueden ascender: A) Al 20% del importe de la sanción propuesta. B) Al 25% del importe de la sanción reglamentariamente estipulada. C) Al menos al 20% del importe de la sanción propuesta salvo que se incremente reglamentariamente dicho porcentaje. D) Al importe que se acuerde con el infractor en la fase de diligencias previas.

87. Los procedimientos administrativos, según el art. 86 de la Ley 39/2015, podrán finalizar mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos si respetan el ordenamiento y satisfacen el interés público: A) Celebrados con personas y entidades de Derecho público. B) Celebrados con entidades de Derecho público. C) Celebrados con personas de Derecho público o privado. D) Celebrados con entidades con personalidad jurídica y con el dictamen conforme del Consejo de Estado.

88. El órgano competente para resolver un procedimiento administrativo podrá decidir motivadamente la realización de las actuaciones complementarias indispensables para la resolución: A) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a siete días. B) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a treinta días. C) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. D) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a veinte días.

89. La Administración está obligada a resolver los procedimientos administrativos, en virtud de las prescripciones del artículo 21 de la Ley 39/2015: A) En el plazo establecido por la norma pertinente, con un máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. B) En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. C) En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley. D) En el plazo máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea.

90. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos: A) En un plazo máximo de tres meses cuando las normas reguladoras no fijen plazo máximo. B) En un plazo máximo de seis meses cuando el procedimiento se inicie de oficio. C) En un plazo máximo de tres meses cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte. D) En el plazo máximo de cuatro meses si la terminación tiene lugar por pacto o convenio.

91. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla: A) En los procedimientos iniciados de oficio. B) En los procedimientos finalizados por pacto o convenio. C) En todos los procedimientos cualquiera que sea la forma de iniciación. D) No ha de dictar resolución en los casos de prescripción, renuncia o caducidad.

92. La Administración está obligada a informar a los interesados en relación a: A) Los procedimientos de su competencia, los plazos máximos de duración y los efectos del silencio administrativo. B) La duración máxima de los procedimientos y los efectos del silencio administrativo. C) Las posibilidades de ampliar el plazo para resolver. D) La compensación económica correspondiente a los interesados por la demora en la resolución del procedimiento.

93. El artículo 24 de la Ley 39/2015, en relación con los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, establece que el silencio administrativo: A) Tendrá efecto estimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE o el Derecho Internacional. B) Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal. C) Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE. D) Tendrá efecto desestimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal.

94. El silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, tendrá efectos desestimatorios: A) En todos los supuestos salvo disposición legal contraria. B) En procedimientos relativos al derecho de petición y actos de impugnación y solicitud de revisión de oficio. C) En todos los procedimientos relativos a licencias, tasas y tributos. D) En todos los procedimientos que impliquen medidas cautelares o complementarias.

95. La estimación por silencio administrativo: A) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. B) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Administración. C) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. D) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento desde que la Administración competente dicta resolución expresa posterior.

96. El certificado acreditativo del silencio administrativo producido se expedirá: A) De oficio por el órgano competente para resolver en los tres meses siguientes a la expiración del plazo. B) A instancia del interesado. C) De oficio por el órgano competente para resolver transcurridos quince días desde que expiró su plazo para resolver o a instancia del interesado en cualquier momento. D) Cuando no pueda efectuarse la notificación electrónica.

97. La regulación del silencio administrativo fue modificada para incrementar la seguridad jurídica de los administrados en: A) La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. B) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. C) La Ley 11/2007, de 22 de junio. D) La Ley 4/1999, de 13 de enero.

98. La regulación del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se reguló en: A) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. B) La Ley 4/1999, de 13 de enero. C) Los Estatutos de Autonomía, en tanto contemplan los derechos de los ciudadanos. D) La Ley 11/2007, de 22 de junio.

99. Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio por la Administración: A) Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, el organismo competente volverá a iniciar el expediente. B) Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, se entenderán desestimadas las pretensiones del interesado que persiguieren situaciones jurídicas favorables por silencio administrativo. C) La Administración, aun transcurrido el plazo máximo establecido para resolver, ha de dictar resolución y notificarla fehacientemente al interesado. D) La Administración podrá paralizar o suspender el plazo para resolver siempre que lo notifique al interesado.

100. Según el art. 88 de la Ley 39/2015, en relación a la resolución que ponga fin al procedimiento: A) Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados en los procedimientos iniciados por estos. B) Las resoluciones serán motivadas en todos los casos. C) La Administración podrá declinar la resolución por ausencia de regulación a las cuestiones planteadas en el procedimiento. D) Podrán expresar los recursos que caben contra la misma.

101. En los procedimientos de carácter sancionador la propuesta de resolución será formulada por el órgano instructor y notificada a los interesados: A) Deberá indicar el plazo de alegaciones, en su caso las medidas cautelares adoptadas y la valoración de la prueba practicada. B) Deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento, los hechos probados, su calificación, la persona responsable y la sanción propuesta. C) Deberá valorar las causas atenuantes o agravantes de la responsabilidad del interesado. D) Deberá dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas.

102. En los procedimientos iniciados de oficio: A) La Administración no podrá desistir sin resolver previamente el expediente. B) La Administración podrá desistir sin necesidad de motivar su actuación. C) Los interesados podrán desistir o renunciar a sus derechos por cualquier medio que acredite su constancia y con las firmas correspondientes según normativa aplicable. D) Los interesados podrán desistir mediante comparecencia personal ante el órgano encargado de instruir el expediente.

103. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece: A) En las cuestiones que afecten al interés general o aquellas cuya sustanciación fuese conveniente, la caducidad podrá no ser aplicada por la Administración. B) La caducidad se aplicará a la paralización del procedimiento por los interesados que lo iniciaron por causas imputables a estos en todos los casos. C) Podrá acordarse la caducidad por inactividad del interesado en la cumplimentación de cualquier trámite pertinente en el procedimiento. D) Los actos y trámites utilizados en un procedimiento en el que se haya producido su caducidad no podrán ser incorporados a otro procedimiento.

104. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece que: A) No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante un mes por causa imputable al interesado que lo inició. B) No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició. C) No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició, previa advertencia de la Administración pertinente. D) Contra la resolución que acuerde la caducidad no cabrá recurso alguno.

105. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo podrá acordarse: A) Por razones de interés o falta de complejidad del procedimiento, de oficio o a instancia del interesado. B) De oficio por razones de orden público o interés general. C) A instancia de parte, cuando se acredite la lesión patrimonial. D) No cabrá tramitación simplificada en procedimientos sancionatorios.

106. En el caso de que se acuerde la tramitación simplificada, los procedimientos administrativos deberán ser resueltos: A) En un plazo de quince días. B) En un plazo de cuarenta días. C) En un plazo de treinta días en las Administraciones Central y Autonómica y de quince días en el caso de la Administración Local. D) En un plazo de treinta días desde que se acuerde, a menos que restase menos para su tramitación ordinaria.

107. Los trámites de lo que constará la tramitación simplificada serán los siguientes: A) Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, informes y dictámenes preceptivos y resolución. B) Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución. C) Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, recibimiento a prueba, informes y dictámenes preceptivos y resolución. D) Inicio, subsanación, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución.

108. En el procedimiento simplificado si fuesen preceptivos informes o dictámenes, el órgano competente, a fin de respetar el plazo establecido en el artículo 96.6 de la Ley 39/2015, podrá solicitar: A) Que el dictamen se emita en el plazo de un mes desde la recepción del expediente. B) Que el dictamen se emita en el plazo de quince días. C) Que se prescinda del dictamen por causa de urgencia. D) Que el dictamen se ajuste a la propuesta de resolución que se adjunta en el expediente remitido.

109. El artículo 61 de la Ley 39/2015 permite a un órgano administrativo el inicio de procedimientos por petición razonada de otros. Podemos afirmar que: A) El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en funciones de inspección del órgano solicitante. B) El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en funciones de investigación del órgano solicitante. C) El órgano competente, si recibida la petición decide no iniciar el procedimiento, habrá de dictar resolución motivada. D) El órgano competente, si recibida la petición, decide no iniciar el procedimiento habrá de comunicar al peticionario los motivos por los que no procede el inicio del procedimiento.

110. En el caso de ser preceptivo dictamen en el procedimiento administrativo simplificado: A) El procedimiento se suspenderá por el plazo necesario para resolver. B) El dictamen conforme a la propuesta de resolución pone fin al procedimiento. C) Se seguirá la tramitación por el procedimiento ordinario si el dictamen se aparta de la propuesta de resolución del órgano competente. D) El dictamen conforme a la petición inicial del interesado pone fin al procedimiento.

111. El interesado en un procedimiento administrativo tendrá los siguientes derechos: A) A conocer el estado de la tramitación del procedimiento, los efectos del silencio administrativo, el órgano competente, los trámites y la resolución. B) A recibir notificaciones por correo certificado y a presentar documentación por este mismo método en cualquier momento del procedimiento. C) A la asignación de abogado de oficio para la defensa de sus intereses. D) A la obtención de compensación de daños e indemnización por el retraso de la Administración por el incumplimiento de los plazos en la tramitación de los expedientes que le afecten.

112. Las medidas provisionales en los procedimientos administrativos podrán ser adoptadas: A) De oficio, de forma motivada siempre que resulten necesarias. B) De oficio o a instancia de parte, de forma motivada y siempre que resulten necesarias y proporcionadas. C) De oficio o a instancias del órgano superior siempre que resulten necesarias. D) De oficio tras denuncia que otro órgano administrativo formule ante el órgano competente.

113. La iniciación del procedimiento por la Administración puede llevarse a efecto: A) Por denuncia identificada o anónima, por orden de un órgano superior o por propia iniciativa del órgano competente. B) Por denuncia, por propia iniciativa del órgano competente o por petición razonada de otros. C) Por orden de un órgano superior o por denuncia de un particular, identificado o no, en caso de infracción legal flagrante. D) Por denuncia, por orden de un órgano superior, por petición razonada de otro órgano administrativo o por propia iniciativa del competente.

114. El artículo 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, consagra el principio de ejecutividad de los actos administrativos: A) Los actos de las Administraciones Públicas serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley. B) Los actos de la Administración General del Estado serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. C) Los actos de la Administración General del Estado una vez que alcancen firmeza serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. D) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esa Ley.

115. La posición de la Administración respecto a los Tribunales se explica: A) Como un sistema de autotutela. B) Está capacitada como sujeto de derecho para hacer valer sus derechos eximiéndose de este modo de la necesidad común a los demás sujetos de recabar una tutela judicial. C) La Administración únicamente se somete a los dictados de la jurisdicción contencioso-administrativa. D) Las dos primeras opciones son correctas.

116. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos: A) Desde la fecha en que se dicten. B) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. C) Desde la fecha en que se dicten, en cualquier caso. D) Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso.

117. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la eficacia de los actos quedará demorada cuando: A) Así lo exija una norma aplicable. B) Así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. C) El acto sea susceptible de recurso. D) Así lo estipulen las medidas cautelares que lo acompañan.

118. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación a la eficacia temporal de los actos administrativos: A) Como regla general podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos. B) Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos. C) Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados. D) En ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados.

119. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observados por el resto de los órganos administrativos: A) Siempre que dependan jerárquicamente entre sí y dependan de la misma Administración. B) Aunque no tengan relación jerárquica entre sí y dependan de la misma Administración. C) Siempre que dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. D) Aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.

120. De la "presunción de legalidad" se extraen las siguientes consecuencias: A) Los actos serán ejecutivos, se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten. B) Los administrados asumen la carga de recurrir, primero, a través de los recursos administrativos y, una vez agotada esta vía, ante los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo. C) Ante la interposición de los recursos se acordará de oficio la suspensión del acto. D) Las dos primeras opciones son correctas.

121. En este sentido el artículo 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que la Administración pública, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos: A) Salvo en el supuesto que por órganos competentes se suspenda la ejecución. B) Salvo en el supuesto que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención un órgano judicial. C) Salvo en el supuesto que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Constitución. D) Salvo en el supuesto que la suspensión del acto pueda causar perjuicio a los particulares interesados parte en el procedimiento.

122. Podemos considerar que un acto jurídico es inválido cuando: A) No produce efectos por no haber sido notificado a su destinatario. B) No produce efectos por no haber sido publicado. C) No ha sido elaborado utilizando los soportes electrónicos legalmente previstos. D) Está afectada la esencia misma del acto por estar viciado alguno de sus elementos.

123. Según la redacción del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, seleccione la opción que no se corresponde con actos nulos de pleno derecho. A) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. B) Los actos que limiten derechos subjetivos individuales. C) Los actos que tengan un contenido imposible. D) Los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

124. Según la redacción del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, seleccione la opción que no se corresponde con actos nulos de pleno derecho. A) Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. B) Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. C) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. D) Cualquiera que se establezca como tal expresamente en una disposición con rango de ley o reglamentaria.

125. Según la redacción del artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto a la anulabilidad el precepto establece que: A) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder. B) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. C) La realización en cualquier caso de actuaciones administrativas fuera del plazo establecido para ello implica la anulabilidad. D) Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido son anulables.

126. Según el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando de una resolución administrativa nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará: A) Obligatoriamente mediante transferencia o domiciliación bancarias. B) Mediante transferencia o domiciliación bancarias según opte el obligado al pago. C) Mediante transferencia bancaria, domiciliación bancaria o giro postal según opte el obligado al pago. D) Preferentemente, utilizando tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria o domiciliación bancaria o cualesquiera que se autoricen por el órgano competente.

127. Según el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará respetando siempre el principio de proporcionalidad. La Administración podrá optar: A) Apremio sobre el patrimonio, ejecución coercitiva, multa subsidiaria o compulsión sobre el patrimonio. B) Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirán el que pueda llevarse a efecto a cabo con mayor celeridad. C) Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirán el que decida el afectado. D) Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirán el menos restrictivo de la libertad individual.

128. Según el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a: A) Una ley. B) Una norma reglamentaria. C) Una norma de rango legal o reglamentaria. D) Una norma de rango legal.

129. Según el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la multa coercitiva es: A) Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas. B) Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. C) Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas. D) Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.

130. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas declararán la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1: A) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. B) En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. C) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. D) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.

131. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con la revisión de disposiciones y actos nulos, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio: A) El transcurro del plazo de un mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la nulidad automática del acto revisado. B) El transcurro del plazo de un mes desde su inicio sin dictarse resolución permitirá la apertura de la vía jurisdiccional. C) El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. D) El transcurro del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la responsabilidad de la Administración por inactividad.

132. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, previa declaración de lesividad para el interés público: A) Los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48. B) Los actos desfavorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48. C) Los actos favorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48. D) Los actos desfavorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48.

133. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la declaración de lesividad no podrá adoptarse: A) Una vez transcurridos seis meses desde que se dictó el acto administrativo. B) Una vez transcurrido un año desde que se dictó el acto administrativo. C) Una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. D) Una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo.

134. Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra las resoluciones y determinados actos de trámite, fundado en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha Ley, podrá interponerse por los interesados: A) El recurso de alzada. B) Los recursos de alzada y extraordinario de revisión. C) Los recursos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión. D) Los recursos de alzada y potestativo de reposición.

135. Según el artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá: A) El recurso extraordinario de revisión. B) El recurso extraordinario de reposición. C) El recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1. D) El recurso de anulación.

136. Según el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones y actos cuando no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos: A) En revisión ante el órgano que dictó el acto que se impugna. B) En alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. C) En alzada ante el mismo órgano que los dictó. D) En reposición ante el órgano superior del que lo dictó.

137. El plazo para la interposición del recurso de alzada: A) Será de un mes, si el acto fuera presunto. B) Será de un año. C) Si el acto no fuera expreso el plazo será de dos meses. D) Será de un mes, si el acto fuera expreso.

138. En virtud de lo estipulado en el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puede afirmarse contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión: A) Ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución. B) Las causas que justifican el recurso son tasadas: únicamente procede por prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible. C) El plazo para interponer el recurso es de cinco años, siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. D) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá estimado.

139. Según el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso, respecto a la ejecución del acto impugnado: A) Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso. B) No suspenderá la ejecución del acto impugnado excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario. C) No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso. D) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá la ejecución del acto impugnado.