Tema 1.6

La constitución española de 1978 fue a probada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas: 31 octubre de 1978. 6 diciembre de 1978. 27 diciembre de 1978. 29 diciembre de 1979.

Según el artículo 10.2 de la Constitución, las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades se interpretarán de conformidad con: La declaración universal de derechos humanos exclusivamente. Los tratados bilaterales ratificados por España. La declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos exclusivamente.

La Constitución Española ha sido reformada hasta 2026: En ninguna ocasión. En una ocasión. En dos ocasiones (reforma artículos 13.2 y 135). En tres ocasiones.

El derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución: Se regula por la Ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto. Carece de desarrollo normativo específico, aplicándose provisionalmente el Real Decreto-ley 17/1977. Se desarrolla en el Estatuto de los Trabajadores. Se regula por la Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social.

Según el artículo 53.2 de la Constitución, pueden protegerse mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional: Todos los derechos del Título I de la Constitución. Los derechos reconocidos en el artículo 14 y en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I. Únicamente los derechos fundamentales de los artículos 15 a 29. Todos los derechos fundamentales y los principios rectores de la política social y económica.

El plazo para interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra resoluciones judiciales es de: 10 días desde la notificación. 15 días desde la notificación. 20 días desde la notificación. 30 días desde la notificación.

El artículo 55.1 de la Constitución permite la suspensión de determinados derechos fundamentales cuando se declare: El Estado de alarma o de excepción. El Estado de excepción o sitio. Cualquiera de los tres estados excepcionales. Únicamente el estado de sitio.

El defensor del pueblo, según el artículo 54 de la Constitución y la Ley orgánica 3/1981, es elegido por las Cortes Generales por un periodo de: Tres años renovables. Cuatro años renovables. Cinco años renovables. Seis años renovables.

El artículo 31.1 de la Constitución establece que el sistema tributario español debe inspirarse en los principios de: Igualdad, progresividad y legalidad. Capacidad económica, igualdad y proporcionalidad. Igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. Legalidad, capacidad económica y solidaridad.

Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el contenido esencial de un derecho fundamental: Comprende todas las facultades reconocidas en el precepto constitucional sin excepción. Es aquella parte del contenido sin la cual el derecho pierde su peculiaridad o deja de ser recognoscible. Puede ser delimitado libremente por el legislador mediante Ley orgánica. Coincide siempre con el contenido desarrollado en las leyes organicas.

El procedimiento preferente y sumario para la protección de derechos fundamentales en la jurisdicción contencioso-administrativa establece un plazo de interposición del recurso de: 5 días desde la notificación del acto. 10 días desde la notificación del acto. 15 días desde la notificación del acto. 20 días desde la notificación del acto.

La prohibición de Tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales se establece en: El artículo 24 de la Constitución. El artículo 25 de la Constitución. El artículo 26 de la Constitución. El artículo 117 de la Constitución.

El artículo 135 de la Constitución, reformado en 2011, establece: El principio de estabilidad presupuestaría y limitación del déficit estructural. La regulación del Tribunal de Cuentas. El procedimiento de elaboración de los presupuestos generales del Estado. La potestad tributaria del Estado y las Comunidades Autónomas.

Respecto a la suspensión individual de derechos del artículo 55.2 de la Constitución: Puede acordarla el Gobierno mediante decreto. Requiere siempre autorización judicial y control parlamentario. Solo es posible durante los estados de excepción o sitio. Afecta únicamente al plazo máximo de detención.

La especial transcendencia constitucional exigida para la admisión del recurso de amparo por el artículo 50.1.b de la LOTC fue introducida mediante: La Ley orgánica 2/1979 de 3 de octubre. La ley orgánica 6/1988 de 9 de junio. La Ley orgánica 6/2007 de 24 de mayo. La Ley orgánica 7/2015 de 21 de julio.

Según la doctrina Tribunal Constitucional sobre colisión entre libertad de información y derechos al honor: Prevalece siempre el derecho al honor por ser anterior en el texto constitucional. Prevalece la libertad de información cuando verse sobre asuntos de interés público, sea veraz y afecte a personas que ejercen cargos publicos. Prevalece siempre la libertad de información por su carácter preferente. Ninguna de las anteriores es correcta.

Los principios rectores de la política social y económica del Capítulo Tercero del Título I: Pueden alegarse directamente ante la jurisdicción ordinaria sin desarrollo legislativo. Son susceptibles de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Tienen el mismo nivel de protección que los derechos de la Seccion Primera del Capítulo Segundo.