El castellano es la lengua Española oficial del estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla: Las lenguas de las nacionalidades y las regiones que integran la nación Española serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas deacuerdo con sus estatutos El español es la lengua oficial del estado Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas desacuerdo con sus estatutos Todos los españoles tienen el deber de conocerla, pero no todos tienen el derecho a usarla.
Quienes contribuyen a la defensa y la promoción de los intereses económicos y sociales de España son: Los partidos políticos. Los sindicatos y las asociaciones. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico: Los poderes políticos. Los ciudadanos y los poderes públicos. Los poderes públicos y los ciudadanos en función de su comunidad autónoma de residencia. Los poderes públicos y los ciudadanos en función de su comunidad autónoma de nacimiento.
La Constitución garantiza: La irretroactividad de las disposiciones y normas aprobadas por las Cortes Generales. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Únicamente la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y la seguridad jurídica. El principio de legalidad, la jerarquía normativa y la publicidad de las normas, que son los ejes en los que se constituye la seguridad jurídica.
La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley ya los derechos de los demás: Son fundamento del orden político y de la paz social. Son normas relativas a los derechos fundamentales y libertades que la Constitución reconoce. Son condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas. Es la definición de libertad pública garantizada en el artículo 13 de la Constitución española.
La nacionalidad española de un español de origen: Se adquiere, conserva y pierde de acuerdo con lo establecido en la ley. El Estado puede concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España, y en éstos pueden naturalizarse los españoles de origen sin perder su nacionalidad. No existe ninguna causa para ser privado de ésta. Puede perderse por la comisión de un delito de alta traición.
Los extranjeros gozan en España de las libertades públicas que garantiza el título I de la Constitución española: Sólo los españoles son titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Constitución Española. (Derecho a participar en los asuntos públicos ya acceder en condiciones de igualdad a las funciones ya los cargos públicos) En los términos que establezcan los tratados y la ley. La extradición se concederá en cumplimiento del principio de reciprocidad en el supuesto de inexistencia de tratado o ley. Sin embargo, pueden ser obligados a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
En España, la pena de muerte: Queda abolida Queda abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempo de guerra. Queda abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes para los supuestos de terrorismo y estragos o masacre. Las respuestas b) y c) son correctas.
Nadie puede ser privado de su libertad, la detención preventiva no puede durar: Más del tiempo estrictamente necesario para realizar las pesquisas para esclarecer los hechos. En todo caso un máximo de setenta y dos horas. En todo caso un máximo de setenta y dos horas salvo que la autoridad judicial disponga una prórroga de este plazo. En aplicación del procedimiento del habeas corpus, se pondrá inmediatamente a disposición judicial a toda persona detenida preventivamente.
Ninguna entrada o registro puede hacerse en el domicilio sin consentimiento del titular: Salvo en caso de delito flagrante. Salvo resolución o autorización de la autoridad gubernativa. Salvo empleo temporal Salvo en caso de delito.
Los españoles tienen derecho a elegir libremente: Su residencia y circular por el territorio nacional, salvo en caso de pandemia declarada. Su residencia y circular por el territorio nacional. Su residencia y circular por el territorio de la Unión Europea. Su residencia ya circular por territorio nacional, salvo que carezcan de permiso de conducir.
El ejercicio de los derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. El secreto profesional. La producción y creación literaria, artística, científica, esotérica y técnica. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Difundir, bajo la tutela del partido al que se esté afiliado, opiniones políticas mediante la palabra, escrito o cualquier otro medio de reproducción.
La libertad de expresión tiene su límite: En el respeto a los derechos reconocidos en el título I de la Constitución Española. Especialmente en el derecho al honor, a la intimidad ya la propia imagen. Especialmente en la protección de la juventud y de la infancia. Todas las respuestas anteriores son ciertas.
Los ciudadanos tienen el derecho: De asociación a las asociaciones inscritas en un registro, a los solos efectos de publicidad, aunque sean secretas. De participar en los asuntos privados, por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. De acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. De reunión pacífica y sin armas, previa autorización para su ejercicio.
Indique la respuesta Incorrecta Los poderes públicos deben ayudar a los centros docentes a reunir los requisitos que la ley establezca. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
Los ciudadanos tienen el derecho y el deber: IMPUGNABLE De contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Contraer matrimonio con plena igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. De defender a España. De elegir libremente la profesión.
Los poderes públicos fomentarán: La educación sanitaria. La educación sanitaria y la educación física. La educación sanitaria, la educación física y el deporte. La educación sanitaria, la educación física y el deporte y facilitarán la adecuada utilización del ocio.
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social: Para los ciudadanos que estén afiliados al sistema. Para todos los ciudadanos. Para los trabajadores españoles en el extranjero. El régimen público de seguridad social lo mantienen las empresas con la recaudación de cotizaciones.
Se reconoce la libertad de empresa en el marco: De la economía general. De la planificación. De la economía de mercado. De la productividad.
Se reconoce el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo: A los trabajadores. A los empresarios y trabajadores. A los sindicatos. A las asociaciones empresariales.
Es un derecho fundamental: El derecho a una vivienda digna. (TÍTULO I, CAPÍTULO TERCERO) El derecho al trabajo. (TÍTULO I, SECCIÓN II) La libertad de cátedra. (TÍTULO I, SECCIÓN I) El derecho al matrimonio. (TÍTULO I, SECCIÓN II).
El derecho a la propiedad privada ya la herencia: Es un derecho fundamental. Es un principio rector de la política social y económica. Es un derecho previsto en la Constitución española, pero no fundamental. Es un derecho vulnerado por la aplicación de una tributación con alcance confiscatorio.
Señala la respuesta incorrecta. Es un derecho fundamental: El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. ART 20 El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen. ART 17 El derecho a la objeción de conciencia. ART 30 El derecho a la libertad y a la seguridad. ART 18.
En los casos de riesgo grave, catástrofe o calamidad pública: Podrán establecerse prestaciones personales de carácter público. Podrán establecerse prestaciones patrimoniales de carácter público. Nunca podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.
Todos los españoles tienen el derecho fundamental: A la libre elección de profesión u oficio. ART 35 A la promoción a través del trabajo. ART 35 A acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. ART 23 Al trabajo. ART 35.
La tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo II podrá ser recaudada por cualquier ciudadano. Están legitimados el presidente del Gobierno y el Defensor del Pueblo. Ante los tribunales ordinarios por procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Están legitimados el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados o cincuenta senadores. Están legitimados el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de éstas.
El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo III: Informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. La Constitución establece derechos y no principios. Podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria por uno de los procedimientos establecidos en el artículo 161.1.a) de la Constitución. Todas respuestas anteriores son correctas.
El derecho a la libertad y la seguridad, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, a la libre elección de residencia y circulación por el territorio nacional y de reunión pacífica y sin armas, entre otros, podrán ser suspendidos : Cuando se declare una pandemia. Cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio. Cuando se acuerde la declaración del estado de alarma. La libre circulación por el territorio nacional la establecen las asambleas legislativas de cada comunidad autónoma respecto de su territorio, lo que da lugar a que en unas se pueda circular y en otras no.
El derecho a la libertad y la seguridad, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, a la libre elección de residencia y circulación por el territorio nacional y de reunión pacífica y sin armas, entre otros, podrán ser suspendidos: Cuando se declare una pandemia. Cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio. Cuando se acuerde la declaración del estado de alarma. La libre circulación por el territorio nacional la establecen las asambleas legislativas de cada comunidad autónoma respecto de su territorio, lo que da lugar a que en unas se pueda circular y en otras no.
La duración de la detención preventiva, el secreto de las comunicaciones y la limitación del uso de la informática: Pueden ser suspendidos por una ley orgánica, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Pueden ser suspendidos por ley para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Una ley orgánica puede determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Una ley orgánica puede determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación delincuentes clasificados de peligrosos o muy peligrosos.
El Defensor del Pueblo, designado por las Cortes Generales, defenderá los derechos comprendidos: En el capítulo II (Derechos y libertades) del título I de la Constitución española. En el capítulo III (De los principios rectores de la política social y económica) del título I de la Constitución española. En el título I de la Constitución española. En el título I de la Constitución española salvo los previstos en el artículo 31 sobre la contribución al sostenimiento de los gastos públicos, cuya competencia corresponde al defensor del contribuyente.
El gobierno está formado: Por el presidente y los ministros. Por el presidente, los vicepresidentes, en su caso, los ministros y los secretarios de Estado. Por el presidente, los vicepresidentes, en su caso, los ministros y los demás miembros que establezca la ley. Por el presidente, los vicepresidentes, en su caso, y los ministros.
Los miembros del Gobierno no pueden ejercer: Otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, pero pueden ejercer su actividad profesional o mercantil. Otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. Otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, pero pueden desempeñar, a través de un tercero, su actividad profesional o mercantil. Otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo.
El rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con la ratificación del presidente del Congreso: Si después de haber transcurrido el plazo de tres meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato ha obtenido la confianza del Congreso. Si después de haber transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato ha obtenido la confianza del Congreso. Si realizadas las dos primeras votaciones no se otorga la confianza para la investidura, deben tramitarse hasta 12 sucesivas propuestas en la forma prevista en el artículo 99 de la Constitución española. Si realizadas estas votaciones no se otorga la confianza para la investidura, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Quien disuelve las cámaras es el presidente del Gobierno.
El rey nombra: Al presidente del Gobierno y los demás miembros del Gobierno. El Congreso de los Diputados es el que nombra el presidente del Gobierno, siendo los demás miembros del Gobierno nombrados y separados por el Rey, a propuesta del presidente. Al presidente del Gobierno, y éste a los demás miembros del Gobierno. Nadie nombra a nadie. El pueblo soberano elige a quien debe ser el presidente del Gobierno.
La Administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con: Los principios de eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y autonomía, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
El acceso a la función pública debe regularse: Por un estatuto, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Por ley, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Por un estatuto marco, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. or las convocatorias de acceso por los sistemas de oposición, concurso y concurso oposición.
Se debe regular mediante una ley orgánica: El derecho al acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. La composición y competencia del órgano consultivo supremo del Gobierno. El derecho de audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley. El derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por cualquier lesión que padezcan en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Debe actuar siempre de acuerdo con criterios de objetividad hacia los intereses generales y con total respeto a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sumisión plena a la ley y al derecho. La Administración pública. La Administración general estatal, autonómica o local. La Administración o los órganos constitucionales o estatutarios. La Administración institucional.
Indique la respuesta incorrecta. El Gobierno cesa: Tras la disolución de las Cortes Generales por convocatoria de elecciones generales. Por fallecimiento de su presidente En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria contemplados en la Constitución. Por dimisión de su presidente.
Indique la respuesta El Gobierno dirige: La política interior y exterior. La Administración civil y militar. El Consejo de Estado. La defensa del Estado.
La responsabilidad criminal de los ministros será exigible, en su caso,
Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma de residencia. Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación es por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo puede ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría simple de éste. La prerrogativa real de gracia no será de aplicación en ningún caso.
La neutralidad de la Administración en el cumplimiento de las directrices marcadas por el Gobierno y, por otra parte, la imparcialidad en la actuación, constituyen: El principio de jerarquía. El principio de legalidad. El principio de eficacia. El principio de objetividad.
Dictar órdenes singulares o instrucciones y circulares generales, resolver los conflictos de atribuciones o realizar transferencias de competencias son facultades derivadas: Del principio de jerarquía. Del principio de legalidad. Del principio de eficacia Del principio de objetividad.
Instrumentar unas técnicas para conseguir la unidad de actuación entre varias o entre todas las administraciones resume: El principio de descentralización. El principio de desconcentración. El principio de coordinación. El principio de jerarquía.
Una organización administrativa en la que se considera deseable que la descongestión de competencias se produzca no por la transmisión de éstas a otros entes, sino a otros órganos inferiores de la propia organización constituye: El principio de descentralización. El principio de desconcentración. El principio de coordinación. El principio de jerarquía.
Los tribunales controlan: La potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines de interés público. La potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifiquen. La potestad reglamentaria y la correcta actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifiquen. La legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines de interés público.
as bases del régimen jurídico de las administraciones públicas: Es una competencia asumible por las comunidades autónomas. Es una competencia exclusiva del Estado. Es una competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. Se establecen en la Constitución y en los estatutos de autonomía.
La actuación sin fundamento jurídico o que los poderes públicos actúen conforme a la mera voluntad de sus titulares:
Es posible, dado que la Constitución garantiza el principio de jerarquía. Si la actuación no implica arbitrariedad de los poderes públicos, puede llevarse a cabo si se respeta el principio de jerarquía. Es una actuación que vulnera la garantía constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Cualquier actuación de los poderes públicos se lleva a cabo por la mera voluntad de sus titulares.
Señala la respuesta incorrecta. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce deben interpretarse: De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Conforme a los tratados internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. De conformidad con lo que disponga la Organización de Naciones Unidas. Conforme a los acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Los españoles son mayores de edad
A los dieciocho años, salvo que obtengan la emancipación legal antes de cumplir esa edad. A los dieciocho años, en todo caso. Si obtiene una dispensa judicial o bien se inicia un procedimiento para que el menor sea declarado como emancipado, puede contraer matrimonio y obtener así la mayoría de edad. Si obtiene una dispensa judicial o bien se inicia un procedimiento para que el menor sea declarado como emancipado, puede contraer matrimonio y obtener así la mayoría de edad; sin embargo, no puede ejercer su derecho a sufragio hasta los 18 años.
El artículo 14 de la Constitución española define el derecho a la igualdad de los españoles, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de:
Nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
incorrecta Nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. También se reconoce a los extranjeros. Todos, todas y «toti» son iguales ante la ley.
Es constitucionalmente posible limitar el uso de la informática. No. Cada español puede hacer, libremente, con sus ordenadores lo que sus programas le permitan, siempre que éstos se hayan adquirido de forma legal. Sí, mediante ley se limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. No, mediante ley se garantizará el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, entre ellos el uso libre de la informática. Sí, en los supuestos de estado de sitio, mediante ley, se limitará el uso de la informática para garantizar la seguridad de las fuerzas armadas.
Sólo en virtud de una resolución judicial se puede acordar el secuestro: De publicaciones, grabaciones, ordenadores y otros medios de información. De publicaciones, grabaciones y otros medios de información. De publicaciones, grabaciones y otros dispositivos de grabación que contengan información. Cualquier tipo de secuestro, de personas, bienes o cosas, es un delito. .
Indique la respuesta incorrecta . Todo el mundo tiene derecho:
A no declarar contra sí mismo. A no confesarse culpable. A no declarar contra sí mismo o sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, así como contra su cónyuge o pareja A la presunción de inocencia.
Señala la respuesta incorrecta . Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse y según la legislación vigente en ese momento no constituyan: Un delito Una falta Una infracción administrativa Las respuestas a) y c) son correctas. Las respuestas a) b) y c) son correctas.
Señala la respuesta incorrecta. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas: Hacia la reeducación. Hacia la reinserción social. Tiene derecho a una remuneración. Tiene derecho a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social.
La Administración civil puede imponer sanciones Que impliquen privación de libertad. Que, subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. La Administración civil no puede imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
Los tribunales de honor están prohibidos
En el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. En el ámbito de la Administración civil y militar. En el ámbito militar y de las organizaciones profesionales. En todos los ámbitos.
Señala la respuesta incorrecta. Todo el mundo tiene derecho a sindicarse libremente:
Nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato. Nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización profesional. Nadie puede ser obligado a afiliarse a un colegio profesional. Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología.
Se reconoce el derecho de fundación: Para fines de interés particular. Para fines de interés general. Para fines de interés político. Para fines de interés privado.
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