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¿Cuándo entró en vigor la Constitución Española de 1978?. 6 de diciembre de 1978. 27 de diciembre de 1978. 29 de diciembre de 1978. 31 de octubre de 1978.

¿Dónde se regula la forma política del Estado español?. Artículo 1.1. Artículo 1.2. Artículo 1.3. Artículo 2.

¿Cuál de estos artículos pertenece a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I?. Artículo 14. Artículo 30. Artículo 41. Artículo 47.

Qué artículo constitucional regula el derecho a la protección de la salud?. Artículo 39. Artículo 41. Artículo 43. Artículo 49.

¿Cuál es el régimen de protección de los principios rectores del Capítulo III?. Siempre cabe recurso de amparo directo. Tienen idéntica protección que los artículos 15–29. Informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos; su alegación depende de las leyes que los desarrollen. Solo vinculan al Gobierno estatal.

¿Qué artículo regula las garantías de los derechos y libertades?. Artículo 49. Artículo 53. Artículo 54. Artículo 55.

¿Puede el estado de alarma suspender derechos fundamentales conforme al artículo 55?. Sí, todos ellos. Sí, los artículos 14–29 en bloque. No permite por sí mismo la suspensión prevista en el artículo 55. Sí, siempre que lo acuerde el alcalde.

¿Qué artículo regula actualmente los derechos de las personas con discapacidad?. Artículo 47. Artículo 48. Artículo 49. Artículo 50.

¿Cómo se estructura formalmente el texto de la Constitución Española de 1978?. Un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos numerados, 169 artículos y varias disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final. Un preámbulo, un título preliminar, 12 títulos numerados y 169 artículos sin disposiciones finales. Un título preliminar, 9 títulos numerados, 175 artículos y disposiciones adicionales y transitorias. Un preámbulo, 10 títulos numerados (incluido el preliminar), 169 artículos y disposiciones de desarrollo.

Según el artículo 3 de la Constitución Española, ¿cuál es el régimen jurídico respecto al castellano y las demás lenguas españolas?. El castellano es la única lengua con reconocimiento oficial en España, quedando el resto relegadas al uso privado. El castellano es la lengua oficial del Estado, existiendo el derecho y el deber constitucional de conocer todas las lenguas oficiales de España. Todas las lenguas de España son oficiales en todo el territorio nacional por igual, obligando a todos los ciudadanos a conocerlas. El castellano es la lengua oficial del Estado con el deber de conocerla y el derecho a usarla, y las demás lenguas podrán ser oficiales en sus CCAA según sus Estatutos.

Respecto a la ubicación sistemática del artículo 14 dentro del Título I, ¿en qué posición se encuentra respecto a los demás capítulos y secciones?. Pertenece al Título preliminar por consagrar el principio general de igualdad ante la ley. Está integrado en el Capítulo I, regulando los derechos de españoles y extranjeros. Forma parte de la Sección 1.ª del Capítulo II, junto a los derechos fundamentales y libertades públicas. Se sitúa al comienzo del Capítulo II, encabezándolo antes de la división en Secciones.

¿Cuál es la eficacia jurídica y el nivel de protección de los Principios rectores de la política social y económica según el artículo 53.3?. Requieren ser desarrollados necesariamente por Ley Orgánica para poder ser vinculantes para los poderes públicos. Gozan de tutela preferente y sumaria ante los tribunales ordinarios y permiten interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Tienen eficacia directa e inmediata, pudiendo ser invocados directamente ante los jueces sin necesidad de leyes que los desarrollen. Informan la legislación, la práctica judicial y la actuación pública, y solo se pueden alegar ante la jurisdicción ordinaria según sus leyes de desarrollo.

Tras la reforma constitucional de 2024, ¿cuál es el eje central de la regulación del artículo 49 de la Constitución Española?. Los derechos, la autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y la regulación de la utilización del suelo. La protección del derecho a la salud pública, la educación física y el deporte. La garantía de la suficiencia económica y el bienestar mediante pensiones en la tercera edad.

¿En qué figura institucional encomienda el artículo 54 de la Constitución la defensa de los derechos del Título I?. El Ministerio Fiscal, actuando en representación directa de la Administración del Estado. El Consejo General del Poder Judicial, como órgano rector de todos los jueces y magistrados. El Defensor del Pueblo, nombrado como alto comisionado de las Cortes Generales. El Presidente del Tribunal Constitucional, designado por el Rey previa recomendación del Gobierno.

De acuerdo con el artículo 55.1 de la Constitución, ¿cuál es el efecto de la declaración del estado de alarma sobre los derechos fundamentales?. Provoca la suspensión automática de todos los derechos contenidos en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I. Permite la suspensión individualizada de derechos sin necesidad de autorización judicial. Suspende de manera temporal únicamente los derechos de reunión, manifestación y huelga. No permite por sí mismo la suspensión de derechos fundamentales en el sentido del artículo 55, aunque pueda acarrear limitaciones.

¿Qué requisitos y supuestos exige el artículo 55.2 para acordar la suspensión individual de derechos fundamentales?. Aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados sin necesidad de intervención judicial ulterior. Determinación por Ley Orgánica, intervención judicial, control parlamentario y vinculación a investigaciones sobre bandas armadas o terroristas. Resolución administrativa inmediata en supuestos de urgencia sanitaria declarada por la autoridad local. Regulación por Decreto-Ley, previa notificación discrecional al Gobierno y aplicable a cualquier tipo de delito grave.

Cuál de los siguientes principios NO figura expresamente entre las garantías del Estado de Derecho recogidas en el artículo 9.3 del Título Preliminar?. La libre circulación de bienes y personas. La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y la responsabilidad. La jerarquía normativa y el principio de legalidad. La publicidad de las normas y la seguridad jurídica.

Respecto a la ubicación sistemática del artículo 14 en la Constitución Española, ¿en qué posición exacta se encuentra dentro del Título I?. Forma parte del Capítulo I del Título I, regulando los derechos de los españoles en materia de nacionalidad y mayoría de edad. Está integrado formalmente dentro del Capítulo II, Sección 1.ª, figurando como el primer derecho fundamental del listado de los artículos 15 al 29. Se encuadra dentro del Capítulo III como el primer principio rector orientador de la política social y económica del Estado. Encabeza el Capítulo II situándose antes de la Sección 1.ª, no estando integrado dentro de ninguna sección pero disfrutando de la protección reforzada del artículo 53.2.

¿Cuál es la eficacia jurídica y el nivel de protección de los Principios rectores de la política social y económica según el artículo 53.3 de la Constitución?. Informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que los desarrollen. Tienen un valor meramente programático sin trascendencia jurídica ni capacidad de guiar la actuación de los juzgados y tribunales. Vinculan directamente a todos los poderes públicos y gozan de la posibilidad de interponer recurso de amparo de forma directa ante el Tribunal Constitucional. Tienen la misma protección reforzada que la Sección 1.ª del Capítulo II, requiriendo un procedimiento preferente y sumario ante la jurisdicción ordinaria.

¿Qué requisitos y supuestos exige el artículo 55.2 para acordar la suspensión individual de determinados derechos fundamentales?. Determinación por Ley Orgánica para personas concretas en investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas, con necesaria intervención judicial y control parlamentario. Aplicación automática sobre la totalidad de los derechos recogidos en el Título I en supuestos de alarma decretados por el Congreso. Declaración por parte de la Administración en situaciones extraordinarias sin requerir supervisión ni autorización de los órganos judiciales. Aprobación discrecional mediante Real Decreto del Gobierno para cualquier delito grave cometido en el ámbito de la Administración local.

¿Cuál de los siguientes principios NO figura expresamente entre las garantías del Estado de Derecho recogidas en el artículo 9.3 del Título Preliminar?. La reserva de ley orgánica para la regulación de reglamentos municipales. La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y la responsabilidad. La jerarquía normativa y el principio de legalidad. La publicidad de las normas y la seguridad jurídica.

¿En qué fecha concreta se produjo la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 tras su publicación en el BOE?. El 29 de diciembre de 1978. El 6 de diciembre de 1978. El 27 de diciembre de 1978. El 31 de octubre de 1978.

¿Qué mecanismo específico ampara con la máxima protección procesal a los derechos comprendidos en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I?. La tramitación obligatoria de una Ley Orgánica de desarrollo previa a la posibilidad de invocarlos ante cualquier juzgado. La alegación exclusiva en vía administrativa mediante recurso jerárquico ante el órgano superior de la Administración Local. La supervisión directa y de carácter vinculante realizada por el Defensor del Pueblo sin acceso a la vía judicial. La tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Según el artículo 54 de la Constitución Española, ¿cuál es la naturaleza institucional y función del Defensor del Pueblo?. Es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, pudiendo supervisar la actividad de la Administración. Es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia encargado de elaborar proyectos de Ley Orgánica en materia de derechos sociales. Es un órgano jurisdiccional integrado en el Poder Judicial especializado en dirimir conflictos entre la Administración Local y los administrados. Es un tribunal especial encargado de tramitar en exclusiva las solicitudes de amparo constitucional presentadas por los ciudadanos.