Tema 1 - Constitución Española 1978
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Título del Test:
![]() Tema 1 - Constitución Española 1978 Descripción: Tipo test CE |



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¿Qué hecho histórico respecto a la Constitución Española de 1978 tuvo lugar el 6 de diciembre de dicho año?. La ratificación de la Carta Magna mediante referéndum popular. La aprobación formal del texto definitivo por las Cortes Generales. La publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor. La sanción y promulgación obligatoria del texto por parte del Rey. En el contexto de la estructura formal de la Constitución Española, ¿cuál de sus componentes carece de fuerza jurídica ejecutiva o vinculante?. Las Disposiciones Transitorias. El Título Preliminar. El Preámbulo. La Disposición Derogatoria. ¿Cuál de los siguientes preceptos NO forma parte del catálogo cerrado de valores superiores del ordenamiento jurídico consagrados en el artículo 1.1 de la Constitución?. La seguridad jurídica. La igualdad. La libertad. El pluralismo político. Conforme a la literalidad del artículo 2 de la Constitución Española, ¿en qué entidad o principio se fundamenta de forma indisoluble la propia norma suprema?. En la voluntad soberana del pueblo español del que emanan los poderes del Estado. En la autonomía reconocida de las nacionalidades y regiones que la integran. En la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. En el Estado social y democrático de Derecho en que se constituye España. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, ¿cuál es el régimen fijado para el conocimiento y uso del castellano?. Su oficialidad queda restringida en aquellas Comunidades Autónomas donde exista otra lengua cooficial. El castellano es de uso optativo y su deber de conocimiento depende de lo dispuesto en cada Estatuto. Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. Todos los españoles tienen el deber y la obligación legal de usarlo en todo el territorio nacional. Atendiendo a las especificaciones del artículo 4.1 de la Constitución, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe con precisión técnica la bandera de España?. Se integra por tres franjas verticales roja, amarilla y roja con un escudo oficial sobre la franja central. Está formada por tres franjas horizontales, siendo la amarilla de doble anchura que una de las rojas. Se compone de tres franjas horizontales de color rojo carmesí, amarillo gualda y rojo carmesí en igual proporción. Consta de tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la franja amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. En relación con las enseñas de las Comunidades Autónomas reguladas en el artículo 4.2 de la Carta Magna, ¿en qué lugares se exige constitucionalmente el uso conjunto de la bandera de España?. En sus edificios oficiales y en sus actos públicos. En sus edificios públicos y en sus actos oficiales. En cualquier acto público promovido por entidades privadas con subvención gubernamental. Exclusivamente en las sedes institucionales de los Parlamentos autonómicos. Según lo establecido en el artículo 6 de la Constitución sobre los partidos políticos, ¿cuál es el requisito constitucional delimitador de su 'estructura interna y funcionamiento'?. Se someterán exclusivamente a la supervisión previa del Ministerio del Interior. Deberán ser democráticos. Deberán estar financiados de forma exclusiva mediante fondos públicos para garantizar su neutralidad. Son plenamente libres siempre que no incurran en ilícito penal. En el artículo 8 de la Constitución, ¿qué instrumento normativo se exige de forma específica para regular las 'bases de la organización militar'?. Una Ley Orgánica. Un Reglamento de desarrollo del Ministerio de Defensa. Una Ley Ordinaria de las Cortes Generales. Un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. ¿Cuál de los siguientes principios consagrados en el artículo 9.3 de la Constitución prohíbe la aplicación desfavorable retroactiva de las normas?. La responsabilidad de la administración civil en el ejercicio de la potestad sancionadora. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. El principio de publicidad formal de los reglamentos sancionadores. La interdicción absoluta de la retroactividad normativamente considerada. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución Española, ¿cómo deben interpretarse las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades que la Constitución reconoce?. Conforme a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre adoptada tras la Revolución Francesa. Con arreglo exclusivo a la jurisprudencia previa sentada por el Tribunal Supremo y la Sala de lo Contencioso. Atendiendo al criterio interpretativo vinculante fijado por el Defensor del Pueblo en sus recomendaciones. De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Atendiendo a las garantías establecidas en el artículo 11.2 de la Constitución respecto de la nacionalidad, ¿qué limitación se impone a la potestad de privación estatal?. Queda prohibida tanto la privación forzosa como la renuncia voluntaria a la nacionalidad española de origen. Ningún ciudadano español, sea de origen o derivativo, podrá ser privado de su nacionalidad. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. La privación de la nacionalidad requerirá en todo caso la previa aprobación por Ley Orgánica de las Cortes. En materia de los derechos de los extranjeros reconocidos en el artículo 13.1 de la Constitución Española, ¿cuál es la regla sobre la exigencia de reciprocidad?. El reconocimiento de libertades públicas a extranjeros exige inexcusablemente reciprocidad diplomática en todo caso. Sólo se reconocen libertades públicas a los ciudadanos de países pertenecientes a la Unión Europea. En el goce de las libertades públicas contempladas en el artículo 13.1 NO se exige el principio de reciprocidad. Queda a criterio del Consejo de Ministros exigir la reciprocidad mediante Real Decreto según la coyuntura. Tras la reforma constitucional efectuada en 1992 para adecuar la Carta Magna al Tratado de Maastricht, ¿qué derecho político se reconoció a los extranjeros bajo el artículo 13.2?. El derecho de sufragio activo y pasivo exclusivamente en las elecciones municipales, atendiendo a criterios de reciprocidad. El derecho a formar partidos políticos e inscribirlos en el Registro del Ministerio. El acceso general a la función pública estatal mediante el sistema de oposición ordinaria. El derecho a votar y ser elegidos en todas las elecciones generales y autonómicas. En el marco de la regulación de la extradición prevista en el artículo 13.3 de la Constitución Española, ¿cuál es la excepción explícita que SI permite autorizar la entrega de un individuo?. Los delitos de opinión vertidos a través de medios de comunicación en el extranjero. Los actos de terrorismo, los cuales no se consideran delitos políticos a estos efectos. La comisión de infracciones administrativas de especial gravedad o reiteración. Cualquier delito cometido contra el patrimonio público del Estado requirente. A nivel sistemático e institucional, ¿cómo se posiciona el artículo 14 de la Constitución referente a la igualdad de los españoles ante la ley?. Es una norma que se aplica indistintamente y con idéntico alcance a españoles y extranjeros por aplicación de los tratados. Constituye un mero principio rector de la política social y económica del Título I, Capítulo III. Se encuentra integrado como el primer artículo de la Sección 1ª de los Derechos Fundamentales del Capítulo II. Está ubicado de forma independiente al inicio del Capítulo II, pero el Tribunal Constitucional le reconoce naturaleza de Derecho Fundamental al otorgarle amparo. De acuerdo con el artículo 15 de la Constitución, ¿en qué único supuesto contemplado literalmente en el texto de 1978 cabría la excepción a la abolición de la pena de muerte?. Los delitos de alta traición contra la seguridad del Estado en cualquier situación de emergencia. Las conductas de terrorismo agravado aprobadas mediante Ley Orgánica de Cortes. La declaración firme de los estados de sitio y excepción decretados según el artículo 55. Lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Atendiendo a las libertades reguladas en el artículo 16 de la Carta Magna, ¿cuál es el único límite reconocido para las manifestaciones de la libertad ideológica y religiosa?. El mantenimiento del orden público protegido por la ley. La previa autorización concedida por la autoridad gubernativa del lugar. El fuero de control fijado por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. El debido respeto a la fe tradicional e histórica profesada por la Iglesia Católica. En el contexto de la detención preventiva prevista en el artículo 17.2 de la Constitución Española, ¿cuál es la duración legal fijada de esta medida policial?. El plazo máximo de 24 horas, prorrogado por orden judicial motivada hasta 72 horas. El tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y como máximo 72 horas. Un plazo fijo e improrrogable de 72 horas de privación de libertad en todos los casos. El período que señale el Código Penal de forma particular para el delito investigado. Según el artículo 18.2 de la Constitución sobre la inviolabilidad del domicilio, ¿cuál de los siguientes supuestos NO permite la entrada o registro legal en un domicilio sin previo mandamiento judicial?. El consentimiento otorgado por el titular del derecho de uso del inmueble. Un mandato o resolución judicial acordado en un procedimiento de instrucción penal. El caso de flagrante delito presenciado o perseguido por las fuerzas de seguridad. La sospecha policial fundada de ocultación de pruebas de una infracción administrativa. En el marco de la regulación del derecho de residencia y circulación previsto en el artículo 19 de la Constitución, ¿qué limitación se prohíbe imponer por la ley al ejercicio de entrar y salir libremente de España?. No podrá exigirse la exhibición de pasaporte ni documento oficial de identificación. No podrán acordarse medidas cautelares penales de retirada del documento de viaje por orden de un juez. No cabrá restricción alguna incluso ante situaciones excepcionales de alerta sanitaria. No podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Con arreglo a lo preceptuado en los apartados 2 y 5 del artículo 20 de la Constitución, ¿cuál es el régimen fijado respecto de la censura previa y el secuestro de publicaciones?. Tanto la censura previa como el secuestro administrativo de publicaciones son admisibles si lo justifica el derecho al honor de las autoridades. Se permite la censura previa administrativa previa aprobación parlamentaria; el secuestro requiere previa audiencia del medio de comunicación. La censura previa queda totalmente prohibida sin excepción; el secuestro de publicaciones solo podrá acordarse mediante resolución judicial. La censura previa es admisible en estados de excepción y el secuestro puede ser acordado directamente por el Gobernador Civil. De conformidad con el artículo 21.2 de la Constitución, ¿cuál es el requisito formal exigido para la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones?. Autorización expresa y por escrito solicitada con un mínimo de diez días de antelación. Inscripción previa de los convocantes en el Registro de Asociaciones y Póliza de Responsabilidad Civil. Comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Solicitud previa de licencia ante el Ayuntamiento del municipio donde discurra el itinerario. A tenor de las garantías judiciales contenidas en el artículo 24.2 de la Constitución, ¿cuál de los siguientes enunciados define un derecho procesal explícito del justiciable?. El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. La gratuidad universal e incondicionada de todos los trámites ante cualquier tribunal ordinario. El derecho a elegir libremente el magistrado ponente que tramitará el procedimiento. La obligación de que todo tipo de juicio se celebre íntegramente de manera oral y con jurado popular. En el artículo 25.2 de la Constitución, ¿hacia qué fines orienta el legislador constitucional el cumplimiento de las penas privativas de libertad?. Hacia la reeducación y la reinserción social. Hacia la disuasión económica general mediante la imposición subsidiaria de sanciones monetarias. Hacia el aislamiento definitivo del penado mediante trabajos forzados de utilidad pública. Hacia la retribución punitiva proporcional a la alarma social causada. De acuerdo con las limitaciones del poder sancionador de la Administración fijadas en el artículo 25.3 de la Constitución, ¿qué tipo de sanción tiene totalmente vedado imponer la Administración civil?. Inhabilitaciones de carácter profesional o privación del derecho a contratar con el sector público. Sanciones pecuniarias cuyo importe supere los ingresos anuales del infractor. Recargos ejecutivos e intereses por demora en el pago de obligaciones de Derecho Público. Sanciones que directamente o de forma subsidiaria impliquen privación de libertad. Atendiendo a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución Española respecto a la prohibición de los Tribunales de Honor, ¿cuál es el ámbito de alcance delimitado por la norma?. Quedan proscritos únicamente para el enjuiciamiento de faltas cometidas por autoridades o jurados populares. Están permitidos en las organizaciones profesionales si así lo prevén libremente sus Estatutos con validez legal. Se encuentran prohibidos con carácter genérico y absoluto en todos los ámbitos, incluido el militar. Se prohíben exclusivamente en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Según la CE, España se constituye en un Estado: Social, liberal y de derecho. Social y democrático de derecho. Social, democrático y capitalista. Democrático, occidental y capitalista. El Título II de la CE está dedicado a: Los Derechos y Deberes fundamentales. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración. La Corona. Según la CE, quién/es contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios?. Las asociaciones empresariales. Los partidos políticos. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales. Todas son correctas. Según la CE, la lengua oficial del Estado es: El español, exclusivamente. El Castellano. El castellano y las demás lenguas, que serán cooficiales en todo el territorio del Estado. Todas y cada una de las lenguas habladas en territorio español. Según la CE, corresponde a los poderes públicos: Garantizar la conservación del patrimonio histórico. Promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Todas son correctas. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la CE, una de las siguientes afirmaciones no es correcta: Los poderes públicos gestionarán los centros de enseñanza no sostenidos por la Administración. Los poderes públicos inspeccionarán el sistema educativo. Se reconoce la autonomía de las Universidades. Se reconoce la libertad de cátedra. El Título 1 de la CE tiene: 3 capítulos. 5 capítulos. No consta de capítulos. 3 secciones. Señale la respuesta correcta según el artículo 23 de la Constitución española: Los ciudadanos no tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periodicas por sufragio universal. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, solo por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Ninguna de las respuestas es correcta. La CE se fundamenta: En la pluralidad de pueblos integrantes de la Nación Española. En el compromiso de unidad de todos los pueblos y nacionalidades integrantes de la Nación Española. En la patria y unidad de la Nación Española. En la indisoluble unidad de la Nación Española. Según el artículo 5 de la CE, la capital del Estado es: La ciudad de Madrid. La villa de Madrid. Madrid. La Comunidad Autónoma de Madrid. Teniendo en cuenta el Titulo I de la CE, ¿cuál de entre los siguientes no es un principio rector de la política social y económica?. El derecho a la seguridad social. El derecho a la protección de la salud. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. El derecho a la educación. Según la CE, las bases de la organización militar: Se regulan por Ley Ordinaria, conforme a los principios de la Constitución. Se regulan por Ley Orgánica, conforme a los principios de la Constitución. Se regulan en la propia Constitución, en el Titulo Preliminar. Se regulan en la propia Constitución, en el Capítulo Octavo. La CE establece que los poderes del Estado emanan: Del pueblo español. De las Cortes Generales. Del Rey como supremo representante del Estado. Del Gobierno de la Nación elegido mediante sufragio universal. |





