Tema 1 - parte 1

Una de las siguientes afirmaciones no es exacta sobre los derechos de los españoles: Los españoles tienen derecho a salir libremente de España en los términos que la Ley establezca. Los españoles podrán ver limitado su derecho a circular por el territorio español por motivos políticos. Los españoles tienen derecho a entrar libremente a España en los términos que la Ley establezca. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia.

¿Cómo se adquiere, se conserva y se pierde la nacionalidad española?. De acuerdo con la Constitución. De acuerdo con la ley. De acuerdo con las normas internacionales. De acuerdo con los Tratados internacionales.

De acuerdo con el artículo 47 de la Constitución, la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Esto fundamenta la exigencia de: Tasas. Precios Públicos. Contribuciones Especiales. Impuestos.

¿Cuál es la forma política del Estado español?. Monarquía parlamentaria. Monarquía democrática. Monarquía social y democrática de derecho. Ninguna es correcta.

Respecto a las nacionalidades y regiones que integran a la Nación Española, la Constitución les reconoce y garantiza: El derecho a la solidaridad entre ellas, pero no el derecho a la autonomía políticamente entendida. El Derecho a su libre federación o confederación. El Derecho a la libre autodeterminación. El derecho a la autonomía.

¿Cuál es la Disposición de la Constitución Española que contiene una referencia de exclusión concreta?. Disposición Adicional primera. Disposición Transitoria primera. Disposición Derogatoria. Disposición Final.

¿En qué casos se puede obligar a un ciudadano a declarar sobre su ideología?. En caso de ciudadanos extranjeros. En casos de riesgo grave de la seguridad ciudadana. En cualquier caso. En ningún caso.

¿Qué requisito se exige a la actuación de la Administración Pública para asegurar la prestación conjunta de servicios a los interesados (Artículo 3.2 de la Ley 40/2015)?. Que se relacionen entre sí por medios electrónicos. Que se relacionen entre sí por medios escritos. Que se relacionen entre sí por la vía jerárquica. Que se relacionen entre sí a través del Tribunal de Cuentas.

Con respecto a las obligaciones militares de los españoles: Existirán aquellas obligaciones fijadas por Ley. No se reconoce en la Constitución, sí en la normativa que la desarrolla, la prestación social sustitutoria. La objeción de conciencia es la única causa de exención del servicio militar obligatorio. El servicio militar será potestativo.

¿Pueden interceptarse las comunicaciones postales?. Sí, por medio de resolución judicial o administrativa. Sí, por medio de resolución administrativa. Sólo mediante resolución judicial. No, en ningún caso.

La posibilidad de que personas del mismo sexo contraigan matrimonio está regulada en: La Ley 13/2005, de 1 de julio,. La Ley 8/2007, de 2 de febrero. La Ley 7/2011, de 25 de mayo. La Ley 3/2015, de 2 de abril.

En relación con el derecho a participar en los asuntos públicos: Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, tanto para el sufragio activo como para el pasivo en las elecciones municipales. Sólo corresponde a los ciudadanos españoles. Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, pero sólo para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales. Nunca puede corresponder a los extranjeros.

En relación al Derecho al trabajo, los poderes públicos: Velarán por la seguridad e higiene en los servicios públicos que presten. Fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales. Garantizarán la erradicación de las horas extraordinarias. Garantizarán la limitación de la jornada laboral como medida de fomento de empleo.

Los poderes públicos: Aseguran la protección de las madres, cualquiera que sea su estado civil. Aseguran la protección integral de los hijos matrimoniales. Impedirán la investigación de la paternidad. Aseguran la protección integral de los hijos legítimos.

Las Administraciones Públicas que limiten el ejercicio de derechos (Artículo 4.1 de la Ley 40/2015), además de aplicar la proporcionalidad y justificar su adecuación, deberán: Evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. Publicar la medida en el Diario Oficial de la Unión Europea. Someter la medida a referéndum consultivo. Recabar la opinión de la Fiscalía General del Estado.

Conforme al artículo 25.3 de la Constitución española, la Administración civil: Podrá poner sanciones que, subsidiariamente, impliquen privación de libertad. No podrá imponer sanciones privativas de documentos oficiales. No podrá imponer sanciones pecuniarias. No podrá poner sanciones que directamente impliquen privación de libertad.

¿Cuál de los siguientes principios NO forma parte de la lista de principios de actuación de las Administraciones Públicas con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho, según el Artículo 3.1 de la Ley 40/2015 (Régimen Jurídico del Sector Público)?. Eficacia. Descentralización. Responsabilidad por la gestión pública. Jerarquía.

El principio de igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, se consagra en el: Artículo 14 CE. Artículo 15 CE. Artículo 9 CE. Artículo 13 CE.

Una de las siguientes afirmaciones sobre el matrimonio es falsa: La Constitución establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La Constitución admite que el matrimonio podrá ser disuelto. La Constitución dispone que la edad y la capacidad del hombre y la mujer para contraer matrimonio se alcanza con la mayoría de edad. La Constitución delega en la Ley la concreción de los derechos y deberes de los cónyuges.

De acuerdo con el artículo 25 de la Constitución española: Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de juzgarse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no constituyeran delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Todas son correctas.

El art. 18.4 de nuestra Constitución, de cara a garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, y el pleno ejercicio de sus derechos, limita: El uso de la informática. El uso de la libertad de prensa. El uso de la libertad de expresión. El uso de la publicidad.

¿Cuál de los siguientes NO es un principio que deba respetar la Administración Pública en su actuación y relaciones, según el Artículo 3.1 de la Ley 40/2015 (Régimen Jurídico del Sector Público)?. Responsabilidad por la gestión pública. Dirección por objetivos. Imparcialidad. Cooperación.

El principio de legalidad regulado en el art. 25.1 de nuestra Constitución implica que: Todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al imperio de la Ley. Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una infracción administrativa, aún cuando no constituya conducta sancionable en el momento de producirse. Nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito según la legislación vigente en aquel momento. Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una falta, aún cuando no constituya infracción penal en el momento de producirse, siempre que sí lo sea al dictarse sentencia.

La tutela de uno de los siguientes derechos no puede ser recabada ante el Tribunal Constitucional por medio del recurso de amparo: El derecho al trabajo. El derecho a la seguridad. El derecho a la objeción de conciencia. El derecho a la intimidad familiar.

Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos: A no recibir formación moral o religiosa alguna. Reciban la formación religiosa y moral determinada por dichos poderes públicos. Reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Reciban formación religiosa y moral.

Los poderes públicos garantizan y protegen la libertad de empresa en el marco de: La libre competencia. La planificación económica nacional. La economía de mercado. La economía social de mercado.

Sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido en caso de que se acuerde la declaración de estado de excepción o de sitio: Derecho a la intimidad personal. Derecho a no ser detenido preventivamente por tiempo superior a las setenta y dos horas. Libertad ideológica. Derecho a la vida.

Sólo uno de los siguientes principios está garantizado constitucionalmente: La seguridad jurídica. La seguridad mercantil. La seguridad del tráfico. La seguridad ciudadana.

¿La seguridad jurídica es: El derecho a que la situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados. Es una garantía frente a la volubilidad de los poderes públicos. Es el derecho a conocer de forma anticipada la regulación normativa que afectará a los comportamientos de los miembros de la sociedad. Todas son correctas.

Los sindicatos de trabajadores: Contribuyen junto con las asociaciones de empresarios a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios. Contribuyen en solitario a la promoción de los intereses sociales. Contribuyen a la defensa de sus exclusivos intereses económicos. Contribuyen junto a las asociaciones de empresarios a la defensa de los intereses sociales, pero no de naturaleza propia, sino general.

El secuestro de grabaciones, publicaciones y otros medios de información: Podrá acordarse en virtud de resolución administrativa para salvaguardar el honor o la imagen del Jefe del Estado. Podrá acordarse en virtud de resolución administrativa en caso de peligro la imagen del Estado. No podrá acordarse nunca. Sólo podrá acordarse en virtud de resolución judicial.

La Administración Pública, según el Artículo 3.1 de la Ley 40/2015 (Régimen Jurídico del Sector Público), sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a: La Ley de Contratos del Sector Público y a la Ley de Transparencia. La Ley de Presupuestos Generales y al Derecho Comunitario. La Constitución, a la Ley y al Derecho. Los Reglamentos y a los Reales Decretos.

Según el artículo 9.3 de la CE, la Constitución garantiza, entre otros, los siguientes principios: Economía, eficacia y descentralización. Seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Jerarquía administrativa, objetividad y mérito. Legalidad, eficacia y libre concurrencia.

Sólo uno de los siguientes principios está garantizado constitucionalmente: La responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de la Administración Pública, tanto nacional, como autonómica o local. La responsabilidad de la Administración Pública. La interdicción de la arbitrariedad del poder judicial. La responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

¿Qué principio establece el Artículo 3.1.b) de la Ley 40/2015 (Régimen Jurídico del Sector Público)?. Participación, objetividad y transparencia. Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. Servicio efectivo a los ciudadanos.

En relación con el derecho a la vida y la pena de muerte: La pena de muerte queda abolida en todo caso, incluso en tiempos de guerra. La pena de muerte queda abolida, salvo lo que dispongan las leyes penales militares para tiempos de guerra. El derecho a la vida y a la integridad física y moral puede ser limitado en caso de terrorismo. Se prohíben la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, salvo en caso de estado de sitio.

El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo condena: Gozará de cuantos derechos fundamentales reconoce la Constitución, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. La Ley penitenciaria no contiene limitación alguna al ejercicio de los derechos fundamentales por el condenado que cumple pena privativa de libertad. Gozará de cuantos derechos fundamentales reconoce la Constitución a excepción del que le permite fijar su residencia en cualquier parte del Estado, y entrar o salir del mismo libremente. No gozará de ninguno de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

El principio de irretroactividad garantizado en la Constitución abarca: A las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. A todas las disposiciones legales de cualquier orden. A todas las normas de carácter penal. A las disposiciones sancionadoras, más aquellas que impongan penas privativas de libertad no superior a los seis años, o de multa cualquiera que fuese su cuantía.

La defensa de los consumidores a cargo de los poderes públicos protegerá, por procedimientos eficaces: La seguridad de los consumidores. La libre competencia. La economía de mercado. La independencia de los consumidores.

El artículo 15 de la Constitución española: Admite la práctica de la tortura para el esclarecimiento de delitos relacionados con el terrorismo. Afirma que todos los nacidos tienen derecho a la vida. Reconoce el derecho a la integridad física y psíquica de las personas. Descarta la posibilidad de que un ser humano pueda ser sometido a trato degradante.

Las demás lenguas, distintas del castellano, de las respectivas Comunidades Autónomas: Serán las únicas lenguas oficiales en las respectivas comunidades de acuerdo con sus Estatutos. Deben ser conocidas y empleadas por todos los españoles que residan o visiten la comunidad autónoma afectada. Serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Son oficiales también el resto del Estado.

Los principios reconocidos en el Capítulo III del Título I (Principios Rectores de la política social y económica) se tutelarán de acuerdo con lo que dispongan: La Jurisdicción ordinaria y la práctica judicial. La legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Las leyes que los desarrollen. El Tribunal Constitucional.

El derecho de petición: No podrá ser ejercido de forma individual. No podrá ser ejercido colectivamente. Está reconocido en beneficio de los españoles en el art. 30 de la Constitución. Siempre deberá ser ejercido por escrito.

En relación con el gasto público: Su programación responderá al criterio de austeridad. Su ejecución responderá al criterio de jerarquización del gasto. Realizará una asignación progresiva de los recursos públicos. Todas las otras respuestas son falsas.

Las prestaciones personales o patrimoniales de carácter público: Podrán establecerse, según afirma nuestra Constitución, en cualquier caso. No podrán establecerse, en ningún caso. Sólo podrán establecerse con arreglo a la Ley. Sólo podrán establecerse en los casos concretos determinados por la Constitución.

La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de: Subsidiariedad. Soberanía. Reciprocidad. Territorialidad.

Las Fuerzas Armadas están constituidas por: El Ejército de Tierra, con el apoyo logístico de la Armada y del Ejército del Aire. La Junta de Jefes de Estado Mayor. El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, y el conjunto de cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.

La labor que la Constitución asigna a los poderes públicos respecto a las personas con discapacidad: Impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. Todas son correctas.

En cuanto a la Seguridad Social: La asistencia y prestaciones complementarias a la Seguridad Social, son obligatorias. En ningún caso da cobertura al desempleo. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para la población activa. Garantizará la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.