tema 1 procesal penal

El derecho a ser informado de la acusación, en fase de instrucción, se proyecta sobre: El hecho punible atribuido, sus circunstancias y los derechos que asisten al investigado. Solo la pena concreta pedida en conclusiones definitivas. Únicamente la cuantía de la responsabilidad civil.

La posibilidad de defensa contradictoria exige que nadie pueda ser acusado sin: Haber sido previamente declarado judicialmente investigado o encausado y oído antes de concluir la investigación. Haber reconocido los hechos en sede policial. Haber sido condenado previamente por delito similar.

La presunción de inocencia, como regla de juicio fáctico, exige: Mínima actividad probatoria de cargo obtenida y practicada con todas las garantías. Sospecha racional no desvirtuada por el acusado. Silencio del acusado unido a denuncia inicial.

La limitación de derechos fundamentales en el proceso penal debe superar los parámetros de: Idoneidad, necesidad o alternativa menos gravosa y proporcionalidad estricta. Economía procesal, utilidad policial y rapidez. Gravedad mediática, alarma social y presión de la víctima.

El límite objetivo de la jurisdicción penal excluye: Las causas y juicios criminales que correspondan a la jurisdicción militar. Los delitos cometidos por extranjeros en España. Los delitos cometidos en buques españoles.

El principio de territorialidad permite a los órganos penales españoles conocer de: Delitos cometidos en territorio español, con independencia de la nacionalidad del investigado. Solo delitos cometidos por españoles en territorio español. Cualquier delito cometido en el extranjero sin requisito alguno.

En el principio de personalidad o nacionalidad del art. 23.2 LOPJ, se exige, entre otros requisitos: Querella del agraviado o del Ministerio Fiscal ante los tribunales españoles. Acción popular sin limitación. Que el hecho no sea punible en el lugar de ejecución en ningún caso.

El principio real o de protección se fundamenta en: La protección de bienes jurídicos propios del Estado español aunque el hecho se cometa fuera del territorio nacional. La residencia habitual de la víctima en España. La nacionalidad extranjera del autor.

Tras las reformas mencionadas, la jurisdicción universal se caracteriza porque: Exige puntos de conexión con España e impide promover ciertos procesos por acción popular. Permite siempre perseguir cualquier delito extranjero por acción popular. Ha desaparecido totalmente del ordenamiento español.

Son supuestos de inmunidad de jurisdicción absoluta: El Rey, los Jefes de Estado extranjeros y los Embajadores y Diplomáticos acreditados en España. Los agentes consulares respecto de cualquier delito. Los Diputados y Senadores respecto de todos los delitos comunes.