Tema 10-11-12

En relación con la tramitación de urgencia del procedimiento administrativo, indique la respuesta correcta: Se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Se podrá acordar únicamente de oficio. Se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. El acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento es susceptible de recurso, en todo caso.

La Administración no tiene obligación de dictar resolución expresa: En los casos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. En los procedimientos en que ejercite potestades discrecionales. En los supuestos de prescripción. En los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá (opcional) suspender en los siguientes casos: (señale la respuesta incorrecta). Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados. Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria.

Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento administrativo?. Tres meses. Cinco meses. El plazo fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Doce meses.

En el procedimiento administrativo, cuando el número de solicitudes formuladas pudiera suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, ¿quién podrá habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo?. El órgano competente para resolver. El órgano instructor. El superior jerárquico del órgano competente para resolver. Son correctas las opciones a y c.

Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la falta o insuficiente acreditación de la representación de una persona en un procedimiento administrativo: No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto en el plazo previsto legalmente. No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate siempre que se trate de actos o gestiones de mero trámite. Impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate. Vuelve nulo el procedimiento administrativo.

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán: Con cualquiera de los interesados que se presente en el procedimiento. Con el representante o el interesado que figure en último término. Con el representante o el interesado que figure en primer término. Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado.

Señale la respuesta incorrecta en relación con el cómputo de plazos en los procedimientos administrativos: Los plazos expresados por horas podrán tener una duración superior a veinticuatro horas. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto.

En el procedimiento administrativo, ¿quiénes son responsables del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo?. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver. Los órganos superiores jerárquicos de los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver. Todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para resolver.

¿Puede ampliarse el plazo máximo para resolver un procedimiento administrativo?. Sólo en los procedimientos de materia sancionadora. No, el plazo máximo para resolver no puede ampliarse. Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo motivadamente. Siempre, cuando el órgano competente lo considere necesario.

Según la Ley 39/2015 señale si es heredable la condición de interesado en el procedimiento administrativo: No, porque los derechos del interesado concluyen con el fallecimiento. Sí, en cualquier momento del procedimiento cuando se trate de una relación jurídica transmisible. Sí, con la autorización del órgano administrativo competente cuando se trate de una relación jurídica transmisible. Sí, al inicio del procedimiento cuando se trate de una relación jurídica transmisible.

A los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar, en todo caso, ante las Administraciones Públicas: Los menores de edad incapacitados en defensa de sus derechos, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Los patrimonios independientes o autónomos. Las uniones y entes sin personalidad jurídica. Los grupos de afectados, cuando la Ley así lo declare expresamente.

Señale la afirmación correcta en relación con el concepto de interesado en el procedimiento administrativo regulado en el artículo 4 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Se consideran como tales exclusivamente las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales. Se consideran como tales los que puedan verse afectados como titulares de derechos o intereses no legítimos de carácter individual. Los que, sin haber iniciado el procedimiento y sin tener derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, lo soliciten. Se consideran como tales los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

En el ámbito estatal, el Registro electrónico de apoderamientos se denomina: Registro General de Apoderamientos de la Administración Pública. Registro General de Mandas y Apoderamientos de la Administración General del Estado. Registro Electrónico de Apoderamientos del Estado. Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.

En los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado, el cómputo del plazo máximo para resolver por parte de la Administración se efectuará: Desde la fecha de presentación del escrito de solicitud. Desde la fecha del acuerdo de admisión a tramite. Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente para su tramitación. Desde la fecha del acuerdo de iniciación.

¿En que Ley se regulan los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos?. En la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. En la Ley 19/2013 de Actos y resoluciones administrativas. En la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con carácter general, ¿en qué plazo deberá subsanarse el defecto de insuficiencia de la acreditación de la representación en el procedimiento administrativo?. En el plazo de quince días. En el plazo de tres días. En el plazo de diez días. En el plazo de cinco días.

Según la Ley 39/2015, los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos: Tendrán una validez determinada máxima de tres años a contar desde la fecha de inscripción. Tendrán una validez determinada máxima de cuatro años a contar desde la fecha de inscripción. Tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. Tendrán una validez determinada máxima de dos años a contar desde la fecha de inscripción.

Indique la opción correcta para el cómputo de plazos según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se señalen por días, se computarán de fecha a fecha. Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados y los domingos.

Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados: Por el órgano a quien vayan dirigidos. Por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico. Por la oficina de asistencia en materia de registros del órgano competente para resolver el procedimiento para su incorporación al expediente administrativo electrónico. Por los interesados, en la forma que reglamentariamente se determine.

Señale la afirmación correcta con relación a los actos administrativos: Los actos que incurran en desviación de poder no son recurribles dado que responden al principio de discrecionalidad técnica de la administración. La realización de actos administrativos fuera del tiempo establecido para ello solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. La realización de actos administrativos fuera del tiempo establecido para ello, los convierte en ineficaces en todo caso. Los actos que incurran en desviación de poder son nulos de pleno derecho en todo caso.

La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo: No implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. No implicará la de las partes del mismo dependientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. No implicará en ningún caso la de las partes del mismo independientes de aquélla. Implicará siempre la de las partes del mismo independientes de aquélla.

Conforme establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración podrá convalidar un acto si: El acto es anulable y el vicio consiste en incompetencia por razón de la materia. El acto es nulo de pleno derecho y el vicio consiste en incompetencia funcional. El acto es nulo de pleno derecho y el vicio consiste en incompetencia jerárquica. El acto es anulable y el vicio consiste en incompetencia jerárquica.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: Es nulo de pleno derecho el acto administrativo que se dicte como consecuencia de infracción penal. Es nulo de pleno derecho el acto administrativo dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Es nulo de pleno derecho el acto administrativo dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. Es nulo de pleno derecho el acto administrativo que carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

¿Cuáles de los siguientes actos serían nulos de pleno derecho?. Todas las respuestas anteriores no son correctas. Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio. Los dictados por órgano competente y según el procedimiento legalmente establecido. Aquéllos cuyo contenido sea meramente posible.

Señale la respuesta correcta. El defecto de forma determinará la nulidad de pleno derecho cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. El defecto de forma, en todo caso, determinará la anulabilidad del acto. El defecto de forma, en ningún caso, determinará la anulabilidad del acto. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Cuál de estos actos no es nulo de pleno derecho?. Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio. Los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. Los actos que tengan contenido imposible. Los actos que incurran en desviación de poder.

En relación con los actos administrativos nulos, señale la respuesta falsa: La Administración podrá convalidarlos, subsanando los vicios de los que adolezcan. La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Los actos nulos que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. El órgano que declare la nulidad dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas determinará: La anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. La continuación del procedimiento hasta su fin, sin que implique la anulabilidad del acto de no existir oposición expresa de los interesados que conste en el expediente. La anulabilidad del acto si implica indefensión de los interesados. La nulidad del acto.

La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas califica en su artículo 47 como nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que: Sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio. Establezcan deberes no susceptibles de amparo constitucional. Sean contrarios al ordenamiento jurídico y por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de algunos requisitos formales para su adquisición. Sean dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido.

Indique cuál de los siguientes actos no será nulo de pleno derecho sino anulable: Los actos de la Administración que incurran en infracción del ordenamiento jurídico consistente en desviación de poder. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Los actos con contenido imposible. Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o territorio.

En relación con aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción, el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre su: Transmisibilidad. Conservación. Conversión. Convalidación.

La figura jurídica conforme a la cual los actos administrativos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto y produzcan los efectos de éste, se denomina: Conservación de actos y trámites. Convalidación. Conversión de actos viciados. Transmisibilidad.

Señale la respuesta correcta en relación a los límites formales de la potestad reglamentaria: Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango inferior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Serán anulables las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, son anulables los actos de la Administración: Que se hayan dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o el territorio. Que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Que tengan contenido imposible. Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

Señale la afirmación correcta en relación con la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos: Con carácter general el acto de convalidación producirá efectos en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente a su notificación, salvo que se fije otro distinto. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto para la retroactividad de los actos administrativos. La Administración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho y los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. El órgano que declare la nulidad de actuaciones dispondrá dejar sin efecto todos los actos y trámites.

Señale la opción correcta en relación con la convalidación de actos nulos o anulables: La Administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan. El acto de convalidación producirá efecto desde su notificación, salvo que se disponga otra cosa. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. Si el vicio consistiera en incompetencia determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

Señale la afirmación correcta. De acuerdo con la Ley 39/2015, el defecto de forma de un acto administrativo produce: La anulabilidad del acto cuando dé lugar a indefensión de los interesados. La nulidad del acto. La nulidad del acto cuando dé lugar a indefensión de los interesados. La anulabilidad, en todo caso.

Indique la afirmación correcta en relación con la nulidad o anulabilidad de los actos administrativos de conformidad con el artículo 49 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará en ningún caso la de las partes del mismo independientes de aquella. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo implicará la de las partes del mismo, ya sean dependientes o independientes de aquella. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo implicará la de la totalidad de las partes del mismo.

Indique, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la respuesta correcta sobre la convalidación de actos: Cuando el vicio consista en incompetencia determinante de nulidad, podrá convalidarse por el órgano superior jerárquico del que dictó el acto viciado. La Administración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho, subsanando los vicios de que adolezcan. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, se podrá convalidar el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. Como regla general, la convalidación producirá efecto desde la fecha en que fue dictado el acto convalidado.

En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán: El órgano o unidad responsable de su gestión. Los trámites que pueden realizarse en el Registro. Los días declarados hábiles. El nivel de seguridad del acceso al registro.

Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de los plazos previstos para resolver y notificar la resolución de un procedimiento administrativo: No cabrá recurso alguno. Cabrá recurso de apelación. Cabrá recurso de alzada. Cabrá recurso de revisión.

En los procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento de derechos favorables a los interesados, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y resolución expresa: Produce la caducidad del procedimiento. Implica que los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Implica que los interesados podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Produce la prescripción del procedimiento.

Los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de: Cinco años a contar desde la fecha de inscripción, con la posibilidad de que antes de la finalización de dicho plazo el apoderado revoque o prorrogue el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. Cinco años a contar desde la fecha de inscripción, con la posibilidad de que antes de la finalización de dicho plazo el poderdante revoque o prorrogue el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. Cinco años a contar desde la fecha de inscripción. Cinco años a contar desde la fecha de inscripción, con la posibilidad de que una vez finalizado dicho plazo el poderdante revoque o prorrogue el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

Podrán establecerse especialidades del procedimiento administrativo referidas a los órganos competentes: Mediante ley. Siempre que el órgano instructor lo considere necesario. En ningún caso. Reglamentariamente.

Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en: Todos los trámites en los que así se establezca reglamentariamente. El acuerdo de resolución del procedimiento. La confirmación de la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. La notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 39/2015, ¿en qué caso de los siguientes habrá de entenderse estimada la solicitud una vez producido el acto presunto como consecuencia del silencio administrativo?. El recurso de alzada cuando se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo. Procedimientos de ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución Española. Procedimientos de impugnación de actos y disposiciones administrativas. Procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia la transferencia al solicitante o a terceros de facultades relativas al dominio público o al servicio público.

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuando el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución no se suspenderá de forma obligatoria: Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento. Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias. Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria. Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional.

En el procedimiento administrativo, ¿podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en la Ley 39/2015?. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada. Sí, siempre que el órgano instructor o decisor del procedimiento lo considere necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada. No, en ningún caso. Sólo reglamentariamente, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada.

Según el artículo 18 de la Ley 39/2015, el principio de colaboración de los ciudadanos con la Administración implica que: Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de comunicarle al interesado la apertura del procedimiento. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante. Todo ciudadano que conozca datos que permitan identificar a un interesado en un procedimiento que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él no están obligados a proporcionárselos a la Administración actuante.

¿A quiénes de los siguientes no se les considera interesados en el procedimiento administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015?. Quienes tengan intereses legítimos colectivos que puedan resultar afectados por la resolución y que se personen en el procedimiento una vez que se haya dictado la resolución definitiva. Aquellos, cuyos intereses legítimos individuales puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Quienes lo promuevan como titulares de intereses legítimos colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, aunque no se personen en el mismo.

Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto al concepto de interesado, se consideran interesados en el procedimiento administrativo a las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, como titulares de: Intereses legítimos colectivos. No tienen el concepto de interesados. Intereses particulares. Sólo tienen el concepto de interesados cuando intervengan con un particular.

Un interesado no podrá presentar un documento dirigido a un órgano administrativo: En la oficina de Correos. En las representaciones diplomáticas de España en el extranjero. En las oficinas de asistencia en materia de registros. En el registro de cualquier Notaría.

El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender cuando: Deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. Se pida un pronunciamiento previo y optativo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición y la notificación del pronunciamiento. Exista un procedimiento finalizado de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate. En ningún caso.

Si un interesado, persona física, no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo: Sólo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público para los procedimientos en que esté así expresamente previsto legal o reglamentariamente. No podrá ser válidamente realizada por medios electrónicos, aunque se identifique ante un funcionario público y preste su consentimiento expreso para ello. Podrá ser válidamente realizada por cualquier funcionario público. Podrá ser válidamente realizada por un funcionario público habilitado.

¿En qué lengua se tramitará un procedimiento administrativo cuando los interesados se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial?. En castellano. En la que decida la Administración actuante. En la lengua oficial de la Comunidad Autónoma. En la que elija el interesado.

Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los poderes inscritos en Registros electrónicos de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de cinco años: A contar desde la fecha de la solicitud de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá prorrogar pero no revocar el poder el poder. A contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, el poderdante no podrá revocar o prorrogar el poder. A contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar pero no prorrogar el poder. A contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder.

La obligatoriedad de comunicarse con las Administraciones Públicas utilizando sólo medios electrónicos, para ciertos procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas ... No está permitido por la ley. Puede establecerse reglamentariamente. Puede establecerse sólo por Ley. Únicamente es posible si lo solicita el administrado.

La Ley 39/2015 no tiene por objeto: Regular el procedimiento de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. Regular los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa. Regular los principios a los que se ha de ajustar el recurso contencioso-administrativo. Regular los principios los que se ha de ajustar el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Los ciudadanos tienen la obligación de comparecer ante las oficinas de la Administración Pública cuando: Lo exija la disposición reglamentaria que regule el procedimiento. Lo acuerde el órgano instructor del procedimiento. Lo exija una norma con rango de ley. Lo acuerde el órgano competente para resolver el procedimiento.