Tema 11 y 16 - Ayuntamiento C2

En la fase de instrucción del procedimiento administrativo, los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución: a) Se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento. b) Deben ser sufragados íntegramente mediante tasa anticipada por el denunciante. c) Se ejecutan exclusivamente por los juzgados de lo penal. d) Quedan suspendidos hasta que los interesados aporten testigos presenciales.

¿Qué finalidad principal tienen los informes en el procedimiento administrativo?. a) Iluminar al órgano competente aportando elementos de juicio técnicos o jurídicos para la resolución. b) Sancionar económicamente al solicitante por retrasos en la entrega. c) Sustituir por completo la obligación de dictar una resolución definitiva. d) Prorrogar de manera indefinida los plazos de caducidad.

Como regla general en el derecho administrativo español, y salvo disposición expresa en contrario, los informes que se emitan durante la instrucción tienen carácter: a) Facultativo y no vinculante. b) Preceptivo y estrictamente vinculante. c) Obligatorio y ejecutivo ante los tribunales. d) Confidencial y secreto para los interesados.

El trámite de audiencia a los interesados, que se lleva a cabo antes de redactar la propuesta de resolución: a) Tiene una duración no inferior a diez días ni superior a quince para alegar y presentar documentos. b) Es totalmente voluntario para la administración y opcional para el ciudadano. c) Sustituye a la notificación de la resolución final del expediente. d) Se realiza únicamente mediante comparecencia nocturna en las dependencias policiales.

La terminación del procedimiento administrativo se produce de forma normal mediante: a) La resolución dictada por el órgano competente. b) El transcurso de cinco años sin actividad municipal. c) La dimisión voluntaria del secretario del ayuntamiento. d) La interposición de una querella criminal por parte del alcalde.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, si se produce el desistimiento o la renuncia: a) La administración debe continuar obligatoriamente el expediente hasta condenar al solicitante. b) La administración declarará concluso el procedimiento respecto a él, salvo que habiéndose personado terceros terceras partes insten su continuación. c) Se duplican las tasas municipales en concepto de penalización. d) El asunto se traslada de inmediato al Tribunal de Cuentas.

¿Qué ocurre si transcurre el plazo máximo establecido legal o reglamentariamente para resolver y notificar un procedimiento iniciado a solicitud del interesado sin que recaiga resolución expresa?. a) El expediente se destruye en el archivo general. b) Se produce el silencio administrativo (positivo o negativo según la normativa aplicable), sin eximir a la administración de la obligación de resolver. c) El alcalde pierde automáticamente su condición de autoridad pública. d) Se aprueba por defecto una subvención económica directa al solicitante.

La caducidad por inactividad del procedimiento en los expedientes iniciados *a solicitud del interesado* opera cuando: a) El ayuntamiento no emite factura electrónica en treinta días. b) Producida la paralización del procedimiento por causa imputable al interesado, este no realiza los trámites necesarios en el plazo requerido, tras lo cual se le advertirá y, transcurridos noventa días, se declarará la caducidad. c) El solicitante cambia de domicilio fiscal sin avisar a la hacienda estatal. d) Se celebran elecciones municipales anticipadas.

Respecto a la práctica de la prueba en la instrucción, el órgano competente para resolver: a) Tiene prohibido admitir documentos gráficos o fotográficos. b) Podrá rechazar aquellas pruebas que sean improcedentes o innecesarias, motivando dicha denegación de forma razonada. c) Debe aceptar obligatoriamente cualquier prueba propuesta sin importar el coste ni el tiempo. d) Delega la valoración de las pruebas en los tribunales militares.

La caducidad en los procedimientos iniciados *de oficio* (por ejemplo, procedimientos sancionadores o de gravamen donde se produce paralización imputable a la administración): a) Supone la duplicación automática de la sanción económica prevista. b) Determina el archivo de las actuaciones, produciendo la caducidad del procedimiento (siendo necesario iniciar uno nuevo si no ha prescrito la infracción). c) Convierte la sanción leve en falta muy grave de manera retroactiva. d) Obliga a la dimisión inmediata de los concejales del equipo de gobierno.

El período de información pública durante la instrucción de un procedimiento tiene por objeto: a) Recaudar fondos mediante donaciones ciudadanas anónimas. b) Votar en urnas la destitución del personal laboral interino. c) Que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente y formular alegaciones, cuando la naturaleza del procedimiento así lo exija. d) Publicar las nóminas secretas de los cargos directivos del ayuntamiento.

¿Cuál es el plazo general máximo para resolver y notificar los procedimientos administrativos, cuando las normas reguladoras de los mismos no fijen otro específico?. a) Diez días naturales. b) Tres semanas laborables. c) Tres meses. d) Un año exacto.

La terminación convencional de los procedimientos administrativos consiste en: a) La firma de un decreto de alcaldía dictado unilateralmente sin consultar a nadie. b) La absolución automática de todos los investigados por prescripción de plazos. c) La celebración de acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que tengan por objeto satisfacer el interés público. d) El arbitraje obligatorio impuesto por un juez de instrucción de guardia.

Si durante la instrucción se solicita un informe preceptivo y determinante a otro órgano administrativo, ¿qué efecto produce dicha solicitud sobre el cómputo del plazo máximo para resolver el procedimiento?. a) Duplica el plazo total de manera irreversible. b) Anula el procedimiento por incompetencia de firmas. c) Suspende el transcurso del plazo máximo para resolver por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe (con un límite máximo general de tres meses). d) Obliga a reiniciar el expediente desde cero.

En los procedimientos de carácter sancionador, el principio que rige la instrucción exige que: a) El acusado sea considerado culpable hasta que demuestre lo contrario. b) Los inspectores actúen sin identificarse ante los ciudadanos. c) Se reconozca el derecho a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo. d) Las multas se cobren de forma coactiva antes de emitir la propuesta.

Las alegaciones que los interesados pueden formular en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia: a) Carecen por completo de valor jurídico y no se incorporan al expediente. b) Deben ser rechazadas si están redactadas en castellano y no en catalán. c) Obligan a suspender el pleno municipal de forma inmediata. d) Deberán ser tenidas en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución y la resolución definitiva.

¿Qué valor jurídico tienen los hechos reconocidos por los administrados durante la instrucción del procedimiento?. a) Ninguno, la administración debe probarlos siempre mediante testigos jurados. b) Sirven exclusivamente para imponer sanciones accesorias de carácter penal. c) Obligan al juez contencioso a condenar al ayuntamiento. d) No necesitan prueba y podrán ser tenidos por ciertos por el órgano competente al resolver.

En relación con la obligación de resolver de la Administración Pública, la ley determina que: a) La administración solo está obligada si el ciudadano paga una tasa de tramitación previa. b) Puede eludir la resolución si hay exceso de trabajo en las oficinas de registro. c) El silencio administrativo exime totalmente de dictar resolución expresa posterior. d) La administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

Cuando una norma califique el silencio administrativo como *desestimatorio* (negativo) en procedimientos iniciados a solicitud del interesado: a) El ciudadano adquiere automáticamente la propiedad del bien solicitado. b) El ayuntamiento queda exento de responder por escrito en el futuro. c) El acto se convierte en firme e inapelable por vía judicial. d) El interesado podrá interponer los recursos administrativos o contencioso-administrativos que procedan, o bien esperar la resolución expresa posterior.

La renuncia al derecho en el ámbito del procedimiento administrativo se diferencia del desistimiento en que: a) La renuncia requiere la firma de tres notarios y el desistimiento no. b) El desistimiento destruye el derecho material y la renuncia solo aparta del trámite. c) No existe ninguna distinción práctica en el derecho administrativo moderno. d) La renuncia extingue el derecho subjetivo del administrado (siempre que no esté prohibida por el ordenamiento jurídico), mientras que el desistimiento solo afecta a la solicitud actual.

La potestad reglamentaria en el ámbito de las corporaciones locales se define como: a) La facultad normativa atribuida a los entes locales para dictar normas de carácter general y subordinadas a la ley en su esfera de competencias. b) La competencia exclusiva para aprobar las leyes autonómicas de cada comunidad. c) El poder del alcalde para dictar sentencias penales firmes. d) La potestad única y exclusiva del Estado para legislar sobre contratos mercantiles.

¿Qué tipo de norma local de carácter general tiene por objeto regular la utilización de los servicios públicos municipales y la convivencia ciudadana en el término municipal?. a) Las ordenanzas municipales. b) Los decretos de alcaldía de carácter personal. c) Los contratos de suministro menor. d) Las circulares internas de los negociados de personal.

En cuanto a los bandos dictados por el alcalde en el ámbito local: a) Tienen la consideración de actos administrativos o medidas de carácter general de dación de conocimiento y no verdaderas normas reglamentarias con rango de ordenanza. b) Tienen rango superior a la Constitución española. c) Solo pueden aprobarse con la autorización previa del Rey. d) Modifican automáticamente las leyes orgánicas del Estado.

El principio de jerarquía normativa en el ordenamiento jurídico local determina que: a) Ninguna disposición administrativa municipal puede contradecir lo establecido en otra de rango superior, ya sea ley estatal, autonómica u ordenanza. b) Los bandos de la alcaldía están por encima de las leyes de Cortes Generales. c) Los reglamentos internos derogan siempre a los Reales Decretos. d) Las ordenanzas fiscales tienen preferencia absoluta sobre la Constitución.

El procedimiento para la aprobación de las ordenanzas locales exige, tras la aprobación inicial por el Pleno, su exposición pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de: a) 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. b) 3 días naturales improrrogables. c) Seis meses exactos. d) Un año natural de debate vecinal.

La aprobación definitiva de las ordenanzas y reglamentos locales corresponde por regla general a: a) El juez de lo contencioso-administrativo de la provincia. b) El Pleno de la corporación local. c) La asamblea general de trabajadores del ayuntamiento. d) El tesorero municipal de forma unilateral.

¿Cuál es la norma institucional básica de cada municipio, aprobada de acuerdo con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), que organiza la estructura municipal?. a) El bando de policía y buen gobierno anual. b) El Reglamento Orgánico Municipal (ROM). c) El contrato de gestión de residuos sólidos. d) La ordenanza fiscal de tasas de agua.

Los reglamentos de organización y funcionamiento interno de las entidades locales se diferencian de las ordenanzas en que: a) Son de obligado cumplimiento exclusiva y únicamente para los vecinos extranjeros. b) Regulan la estructura interna de la entidad, los órganos de gobierno y su funcionamiento, mientras que las ordenanzas afectan a la esfera general de los ciudadanos. c) Tienen rango de ley orgánica aprobada por las Cortes. d) No requieren ningún tipo de aprobación plenaria.

La entrada en vigor de las ordenanzas locales y sus modificaciones requiere inexcusablemente: a) Su lectura pública en la plaza mayor en horario nocturno. b) La íntegra publicación de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) o de la comunidad autónoma uniprovincial, y que haya transcurrido el plazo previsto. c) La aprobación verbal por un concejal de la oposición. d) Su remisión exclusiva por correo postal ordinario a cada vecino.

¿Qué órgano de las entidades locales ostenta la potestad de dictar bandos para recordar las obligaciones establecidas en las leyes o ordenanzas?. a) El jefe de la policía local de forma autónoma. b) El alcalde. c) El interventor general de fondos. d) El comité de empresa del ayuntamiento.

En el procedimiento de aprobación de ordenanzas locales, si durante el periodo de exposición pública no se presentan reclamaciones ni sugerencias: a) El expediente se archiva y la norma queda anulada. b) Se debe convocar un referéndum municipal obligatorio. c) La aprobación inicial se entiende elevada automáticamente a definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. d) Se traslada el asunto al Tribunal Constitucional.

El principio de reserva de ley en el ordenamiento jurídico español implica que: a) Los ayuntamientos pueden regular libremente delitos y penas de cárcel. b) Cualquier materia puede ser regulada por un bando de alcaldía. c) Materias específicas como los derechos fundamentales o los tributos deben regularse por ley formal, sin que el reglamento local pueda invadir dicho ámbito reservado. d) Los reglamentos locales sustituyen por completo a la Constitución.

Las ordenanzas fiscales, como especie normativa dentro de las ordenanzas locales, se caracterizan por: a) Regular exclusivamente el tráfico rodado en vías peatonales. b) Establecer los sueldos y trienios de los funcionarios de carrera. c) Regular los tributos propios de la entidad local (tasas, contribuciones especiales e impuestos municipales). d) Fijar el calendario de fiestas patronales del municipio.

¿Qué principio general del Derecho prohíbe que una ordenanza local o reglamento retroceda en el tiempo perjudicando derechos individuales ya consolidados?. a) El principio de eficacia administrativa. b) El principio de descentralización. c) El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. d) El principio de autonomía financiera local.

Contra las ordenanzas y reglamentos locales aprobados definitivamente, una vez publicados en el boletín oficial correspondiente, los interesados pueden interponer: a) Únicamente una queja verbal en el registro general sin efectos jurídicos. b) Una moción de censura contra el alcalde en el plazo de dos días. c) Directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos jurisdiccionales competentes. d) Una huelga general indefinida de vecinos.

La potestad reglamentaria de las entidades locales encuentra su fundamento constitucional directo en: a) El artículo 1 del Código Civil. b) Las ordenanzas de la antigua corona de Aragón exclusivamente. c) Los estatutos de los partidos políticos locales. d) El artículo 140 y 137 de la Constitución Española, que garantizan la autonomía de los municipios y su gestión de intereses respectivos.

En el caso de los municipios de gran población regulados por el Título X de la LBRL, la iniciativa para la aprobación de reglamentos orgánicos corresponde: a) Exclusivamente a los vecinos menores de edad. b) A la junta de compensación urbanística privada. c) A la cámara de comercio provincial. d) Al alcalde y a los grupos políticos municipales conforme a los cauces previstos en la normativa.

¿Qué efectos jurídicos produce la aprobación definitiva de una ordenanza local?. a) Ninguno, es un documento meramente informativo sin valor legal. b) La disolución automática de los órganos de gobierno municipal. c) La obligación de abonar una tasa compensatoria al Estado. d) Su entrada en vigor tras la publicación íntegra de su texto y transcurso del plazo legal, obligando a todos los ciudadanos y autoridades del municipio.

El principio de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad reglamentaria local exige que: a) Las ordenanzas tengan exactamente cuarenta páginas impresas. b) Los bandos municipales se impriman en papel de colores fosforitos. c) El presupuesto del ayuntamiento se cuadre al céntimo. d) Las medidas regulatorias y limitadoras de derechos adoptadas sean las necesarias y adecuadas para conseguir el fin perseguido.

La infracción de las normas contenidas en las ordenanzas municipales da lugar a: a) La concesión automática de una subvención por daños morales. b) La celebración de un juicio oral penal con jurado popular. c) La pérdida del derecho al voto en las elecciones generales. d) La exigencia de responsabilidad administrativa mediante el correspondiente expediente sancionador e imposición de multas tipificadas.