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Tema 11 auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía.

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Título del test:
Tema 11 auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía.

Descripción:
La función pública en la Administración de la Junta de Andalucía. Adquisición y

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
12/07/2021

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 90
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Temario:
1. La función pública en la Administración de la Junta de Andalucía En primer lugar vamos a tratar los órganos con competencias en materia de función pública y pertenecientes a la Junta de Andalucía, para después desgranar en este apartado las cuestiones básicas de la relación laboral de los diferentes trabajadores existentes en la Administración autonómica andaluza.
1.1. Órganos competentes en materia de función pública andaluza 1.1.1. El Consejo de Gobierno.
¿Que función ejerce el consejo de gobierno? la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en materia de la Función Pública de la Junta de Andalucía, la función representativa y la potestad reglamentaria en materia de la Función Pública de la Junta de Andalucía,.
1.1.2. La Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior A esta Consejería le corresponde en materia de personal, la planificación de la Administración de la Junta de Andalucía, y en consecuencia la elaboración de propuestas, el desarrollo, la ejecución y la coordinación de la política del Consejo de Gobierno en materia de régimen de personal al servicio de la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Tiene atribuida la organización y transformación continua de la Administración y sus procedimientos. Igualmente, ejercerá la inspección de servicios y los programas para la evaluación y calidad de los mismos.
1.1.3. Las personas titulares de la Consejería De acuerdo al Decreto 56/1994, de 1 de marzo, se atribuyen a los titulares de las Consejerías, sin perjuicio de las competencias que vienen ejerciendo y en relación con el personal destinado en sus respectivos Departamentos:.
1.1.4. Órganos Colegiados 1.1.4.1. El Consejo de la Función Pública.
¿A que consejería esta adscrito el Consejo de la Fundación Publica? Adscrito a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior como órgano superior colegiado de consulta y asesoramiento de la política de Función Pública. Adscrito a la Consejería de Industria y Energia de la Administración Publica como órgano superior colegiado de consulta y asesoramiento de la política de Función Pública.
B) Composición Su composición es la siguiente:.
1.1.4.2. La Comisión Técnica de Personal Depende de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, y se configura como un órgano técnico colegiado de coordinación, documentación y asesora-miento para la elaboración y ejecución de la política de la Función Pública.
1.1.5. El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) Conforme al artículo 34 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, el Instituto Andaluz de Administración Pública, como agencia administrativa adscrita a la Consejería competente en materia de Administración Pública (en la actualidad, la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior ), es una entidad pública con personalidad y capacidad jurídica pública y patrimonio propio, a la que corresponden la investigación, el estudio, la información y la difusión de las materias que afecten a la Administración Pública, con especial referencia a las Administraciones Públicas andaluzas, la formación del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y la gestión de las pruebas de selección y los cursos de selección que se le encomienden, así como aquellas otras funciones que reglamentariamente se determinen. Por su parte, es competencia del Consejo de Gobierno la aprobación de los estatu-tos que regulen la estructura y funciones del Instituto Andaluz de Administración Pública, debiendo garantizarse la participación de las organizaciones sindicales en los órganos de la agencia competentes en materia de formación y perfeccionamiento del personal. Por Decreto 277/2009, de 16 de junio, se aprueban los nuevos del Instituto Andaluz de Administración Pública adaptados a la Ley 9/2007. En el siguiente enlace se pueden consultar los Estatutos del IAAP, convenientemente actualizados (se recomienda su lectura por si se preguntara sobre este particular): http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/anexos/masiaap/Decreto_277_2009.pdf.
1.1.6. Otros órganos competentes en materia de Función Pública 1.1.6.1. La Secretaría General para la Administración Pública.
Es un órgano de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, con rango de Viceconsejería. La Secretaría General para la Administración Pública es el órgano de planificación del sector público de Junta de Andalucía, así como de dirección, impulso, coordinación y gestión de la política de organización y transformación continua de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales.
¿De quien dependera la la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior? dependerá orgánicamente de la Secretaría General para la Administración Pública la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Asimismo, dependerá orgánica y funcionalmente de la Secretaría General de Administración Pública la Inspección General de Servicios. dependerá orgánicamente de la Secretaría General para la Administración Pública la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Asimismo, dependerá orgánica y funcionalmente de la Secretaría General de Administración Pública la Inspección General.
¿Quien nombra el nombramiento del personal funcionario de carrera? lo realiza por delegación de la Consejera de Hacienda y Administración Pública la persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública. lo realiza por delegación de la Consejera de Hacienda y Administración Pública la persona titular de la Secretaría General para la Función Publica.
1.1.6.2. La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública Es un órgano de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de-pendiente de la Secretaría General para la Administración Pública.
1.1.6.3. Las Delegaciones del Gobierno A las Delegaciones del Gobierno se les adscriben de acuerdo con la Disposición Adi-cional Tercera del Decreto 342/2012, de 31 de julio, los servicios periféricos de la Conse-jería de Presidencia, Administración Pública e Interior.
1.2. Clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía 1.2.1. Concepto La Función Pública de la Junta de Andalucía se configura como un instrumento para la realización de los intereses públicos expresados en la Constitución, en el Estatuto de Auto-nomía y en las leyes, a los que se subordinan los intereses colectivos e individuales de sus miembros. Su ordenación y gestión estarán presididas por los principios de objetividad, economía y eficacia, que inspirarán el desarrollo reglamentario de la Ley 6/1985 y los actos administrativos de su ejecución. La Junta de Andalucía velará para que su personal desarrolle sus actividades concretadas conforme a los intereses del servicio y actúe siempre con objetividad, diligencia, profesionalidad, imparcialidad, sometimiento pleno a la ley y al Derecho y atención a los administrados. Está constituida por las personas integradas en la Administración de la misma y de sus Organismos Autónomos, por una relación de servicios profesionales y retribuidos, con independencia de la Administración Pública de donde, en su caso, procedan. No forman parte de la Administración de la Junta de Andalucía los titulares de cargos que sean nombrados por decreto.
1.2.2. Clases.
Clases El personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, se clasifica, según el artículo 16 de la Ley 6/1985, en relación con el art. 8 del EBEP, en las siguientes categorías:.
1.2.2.1. Funcionarios de carrera Establece el artículo 9 del EBEP que son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profe-sionales retribuidos de carácter permanente. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.
1.2.2.2. Funcionarios interinos.
¿Quien podrá ocupar los puestos de Funcionarios interinos? podrá ser ocupado de manera provisional y hasta tanto no se proceda al nombramiento ordinario de su titular o tenga lugar la reintegración de este a sus funciones, por cualquier persona ajena a la Función Pública que reúna la titulación y requisitos funcionales exigidos para el mismo. podrá ser ocupado de manera provisional y hasta tanto no se proceda al nombramiento ordinario de su titular o tenga lugar la reintegración de este a sus funciones, por cualquier persona relaciona con la Función Pública que reúna la titulación y requisitos funcionales exigidos para el mismo.
¿Quien corresponde la designación? previa autorización de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior (Secretaría General para la Administración Pública), será realizada por el titular de la Consejería en cuyo Departamento se halle integrado el puesto u órgano en quien delegue. La regulación de la selección de personal interino se contiene en el Decreto 2/2002, de 9 de enero. El personal interino deberá reunir, en todo caso, los requisi-tos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso a los correspondientes Cuerpos, Especialidades u opciones de acceso como funcionarios. previa autorización de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior (Secretaría General para la Administración Pública), será realizada por el titular de la Consejería en cuyo Departamento se halle integrado el puesto u órgano en quien delegue. La regulación de la selección de personal interino se contiene en el Decreto 2/2002, de 8 de enero. El personal interino deberá reunir, en todo caso, los requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso a los correspondientes Cuerpos, Especialidades u opciones de acceso como funcionarios.
1.2.2.3. Personal eventual El personal eventual ocupará los puestos de trabajo a él reservados por su carácter de confianza o asesoramiento especial.
¿Como será nombrado y cesado? Dicho personal será nombrado y cesado libremente por el Presidente de la Junta de Andalucía o por el titular de la Consejería en cuyo Departamento se encuentre integrado el puesto. Cesarán automáticamente, en todo caso, cuando cese la autoridad que los haya nombrado, sin que ello genere, en ningún caso, derecho a indemnización. Dicho personal será nombrado y cesado libremente por el Presidente de la Comunidad autonoma o por el titular de la Consejería en cuyo Departamento se encuentre integrado el puesto. Cesarán automáticamente, en todo caso, cuando cese la autoridad que los haya nombrado, sin que ello genere, en ningún caso, derecho a indemnización.
1.2.2.4. Personal laboral Los puestos de trabajo que vayan a ser desempeñados por personal laboral serán ocupados mediante contrato indefinido de tal carácter, con el periodo de prueba que establece la legislación general, y formalizado por escrito. Su inscripción en el Registro General de Personal es el mo-mento en que la Junta de Andalucía manifiesta su voluntad de contratar. El contenido y efectos de esta relación de empleo estarán regulados por el Derecho Laboral y los actos preparatorios a su constitución, sin perjuicio de las normas eventualmente fijadas al respecto en el Ordenamiento laboral, por el Derecho Administrativo. En todo caso, la Administración contratante conserva sus potestades organizatorias en razón de los intereses del servicio. Con cargo a los respectivos créditos para inversiones, las Consejerías y Organismos Autónomos podrán formalizar contrataciones temporales.
¿La prestación de servicios laborales no puede ser considerada como mérito único para la adquisición de la condición de funcionario? ni, tratándose de un contrato temporal, para la adquisición de la condición de personal de carácter indefinido, sin perjuicio en ambos casos de su posible reconocimiento y valoración en el correspondiente sistema selectivo. Si, tratándose de un contrato temporal, para la adquisición de la condición de personal de carácter indefinido, sin perjuicio en ambos casos de su posible reconocimiento y valoración en el correspondiente sistema selectivo.
1.2.2.5. Estructuración de la función pública de la Junta de Andalucía 1. Grupos y cuerpos funcionariales.
Establece el artículo 74 del EBEP¿Como estructurarán su organización las Administraciones Públicas? a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos. a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación personal, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.
2. Relaciones de puestos de trabajo A) Carácter y concepto Es uno de los elementos a través de los cuales se estructura básicamente la Función Pública de la Junta de Andalucía. El otro eje viene constituido por las Plantillas presu-puestarias.
B) Regulación La relación de puestos de trabajo, expresión ordenada del conjunto de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía, se rige por lo dispuesto en el artículo 74 del EBEP, en la Ley 6/1985 y en el Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, modificado por Decreto 65/1996, de 13 de febrero, Decreto 151/1996, de 30 de abril y Decreto 286/2003, de 7 de octubre. Además, la Orden de 6 de abril de 2009, por la que se modifican el modo de acceso y el requisito de titulación de determinados puestos de la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, tiene la finalidad de adecuar los modos de acceso de provisión por concurso y selección mediante oposición (clave: PC,SO) y el de acceso de provisión por concurso (clave: PC), a la clasificación de nivel de Com-plemento de Destino de los puestos. Así se reserva con carácter general el modo de acceso PC, SO a aquellos puestos clasificados en el nivel mínimo de Complemento de Destino correspondiente a su cuerpo. Por otra parte, el modo de acceso PC estaría asig-nado a aquellos puestos clasificados en un nivel de Complemento de Destino superior al que corresponda al nivel de acceso del cuerpo al que pertenezcan, todo ello de acuerdo con la nueva clasificación de los Grupos y Cuerpos.
El Decreto 65/1996, de 13 de febrero, establece el área funcional como una de las características esenciales de los puestos de trabajo de personal funcionario contenidos en la relación de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía. ¿Como se define el área funcional? «el conjunto de actividades y tareas homogéneas con características comunes respecto de los conocimientos y formación necesarios, así como de los procedimientos de trabajo utilizados». «el conjunto de actividades y tareas homogéneas con características no comunes respecto de los conoci-mientos y formación necesarios, así como de los procedimientos de trabajo utilizados».
Las agrupaciones de áreas son nueve: Las agrupaciones de áreas son nueve: .
D) Adscripción de los puestos de trabajo Asimismo, en el Decreto 390/1986 se establecen otros requisitos y, como criterio ge-neral ordenador, el que se adscribirán a funcionarios los puestos de trabajo correspondientes a los centros de carácter administrativo y a los laborales, los puestos de trabajo de aquellos centros cuya finalidad sea la prestación de servicios de carácter no adminis-trativo, e igualmente a los funcionarios los puestos que supongan necesariamente la adopción de decisiones que puedan ser objeto de recursos en vía administrativa o con-tencioso-administrativa.
E) Aprobación y modificación El órgano competente para aprobar la Relación de Puestos de Trabajo es el Consejo de Gobierno según establece el artículo 4 de la Ley 6/1985, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior No obstante, el titular de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e In-terior podrá modificar mediante Orden la relación de puestos de trabajo de la Administra-ción General de la Junta de Andalucía, por propia iniciativa, previo informe preceptivo de las Consejerías afectadas, o a instancias de estas, y cumplidos, en su caso, los trámites de negociación ante la Mesa Sectorial de Negociación de Administración General y la Comisión del Convenio, en los siguientes supuestos:.
¿Quien propondrá al Consejo de Gobierno las modificaciones oportunas en los demás supuestos no señalados anteriormente? Igualmente, la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, por propia iniciativa o a propuesta de las Consejerías afectadas y previo informe de las Centrales Sindicales más representativas, Igualmente, la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, por propia voluntad o a propuesta de las Consejerías afectadas y previo informe de las Centrales Sindicales más representativas,.
F) Publicidad Según el artículo 12 de la Ley 6/1985, la relación de puestos de trabajo es pública. Su publicación se efectúa en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Como conclusión a todo lo expuesto, debemos significar que, en virtud del Decreto 395/1986, de 17 de diciembre, se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta de Andalucía correspondiente a la mayoría de funcionarios y personal laboral fijo de la misma. Con posterioridad se han aprobado la totalidad de Relaciones de Organismos y Departamentos, así como otros Decretos modificando o actualizando los existentes en esta materia.
3. Plantillas presupuestarias En cuanto a las plantillas presupuestarias como otro de los elementos a través de los cuales se estructura básicamente la Función Pública de la Junta de Andalucía hay que señalar que vendrá determinado en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y que supone la relación de plazas que corresponde a cada una de las categorías de personal laboral, y tratándose de funcionarios, ordenadas por Grupos. Con independencia de lo anteriormente expuesto, podrán establecerse dotaciones globales para retribuir los trabajos ocasionales o urgentes que no correspondan a puestos de trabajo incluidos en la Relación, en razón de su falta de permanencia o de previsibilidad, así como para satisfacer el importe de los contratos de servicios. A efectos de la Ley 6/1985, se entiende por plaza el puesto de trabajo con dotación presupuestaria. No obstante, en el Acuerdo de 18 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de 24 de octubre de 2003, de la Mesa Sectorial de Negocia-ción de Administración General, sobre mejoras de las condiciones de trabajo y en la prestación de los servicios públicos en la Administración General de la Junta de Andalucía se determina que, concebida la Relación de Puestos de Trabajo como un instrumento de plani-ficación de los recursos humanos a medio o largo plazo, el número de puestos de trabajo podrá exceder de las plazas de la plantilla presupuestaria correspondiente. La dotación de los puestos no dotados constituye un margen de decisión de cada Consejería en función de su orden de prioridades de funcionamiento y de su crédito disponible, sin perjuicio de que si, transcurrido un plazo, un puesto no ha sido dotado desde su creación se proponga a la Consejería respectiva su eliminación o modificación por otro más afín con sus necesidades.
1.2.3. Normativa aplicable 1.2.3.1. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
1. Contenido y estructura Tras la aparición de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, se pone fin a un régimen antiguo de regulación del personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas, máxime con la nueva configuración del es-tado de las Autonomías, y se plasman algunas de las reformas que en esta materia se pretendían. Sin embargo, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, consigue ser el eficaz y certero desarrollo integral del artículo 149.1.18 de la Constitución, aunque en la actualidad con la forma de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP en adelante).
El contenido y la estructura del nuevo EBEP es el siguiente: TÍTULO I. TÍTULO II. Personal al servicio de las Administraciones Públicas (artículos 8 a 13). TÍTULO III. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos. TÍTULO IV. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. TÍTULO V. Ordenación de la actividad profesional. TÍTULO VI. TÍTULO VII. TÍTULO VIII.
2. Objeto y ámbito de aplicación El EBEP tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funciona-rios públicos incluidos en su ámbito de aplicación. Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
Sobre el ámbito de aplicación el EBEP se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas: La Administración General del Estado. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Las Administraciones de las Entidades Locales. Los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Admi-nistraciones Públicas. Las Universidades Públicas.
A su vez, el artículo 5 del EBEP señala que el personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en el mismo. Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables. Recuérdese que el artículo 6 establece que, en desarrollo del EBEP, las Cortes Ge-nerales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de la Función Pública de la Adminis-tración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. En cualquier caso, hasta que se dicten las leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública, conforme a su disposición final cuarta, las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos huma-nos en tanto no se opongan a lo establecido en el EBEP.
1.2.7.7. Movilidad Aparte de la movilidad geográfica (en cuyo caso el traslado forzoso que exija cambio de residencia requiere la existencia de probadas razones económicas, técnicas, organiza-tivas o de producción que lo justifiquen) y funcional (en la que se permite la realización de funciones correspondientes a categorías de un Grupo profesional superior por un tiempo que no exceda de seis meses o la realización de funciones correspondientes a un Grupo profesional inferior, que deberá responder a razones técnicas y/o organizativas que la justifiquen y durará el tiempo imprescindible para su atención, sin que pueda superar, en ningún caso, los quince días), se contempla la regulación de las permutas, a cuyo efecto la Consejería competente en materia de Función Pública podrá autorizar entre personal laboral fijo, fijo discontinuo o fijo con destino provisional la permuta de puestos de trabajo de idéntica naturaleza, cuando concurran las siguientes circunstancias.
En el supuesto de haber completado los años de servicio activo en la Administración que se especifican más adelante, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales: Quince años de servicio: veintitrés días hábiles. Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles. Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábiles. Treinta o más años de servicio: veintiséis días hábiles.
– Por razones personales o particulares: * Por traslado de domicilio: Cuando el traslado se produzca dentro de la localidad de residencia, un día. Si el traslado tuviera lugar en distinta localidad pero dentro de la misma provincia, dos días. En los casos en que se produjera en distinta localidad perteneciente a dis-tinta provincia, tres días.
1.2.7.10. Excedencia y suspensión del contrato de trabajo Los tipos de excedencias, según el vigente Convenio Colectivo, son las siguientes:.
A) Excedencia voluntaria La excedencia voluntaria podrá solicitarse por el personal fijo con un año, al menos, de antigüedad con tal carácter al servicio de la Administración Autonómica. La duración de esta situación no podrá ser inferior a un año, ni superior a cinco; si la condición de fijeza del personal fuera superior a tres años, dicha excedencia podrá ser de hasta diez años. Solo podrá ser ejercido este derecho otra vez por la misma persona si han transcurrido dos años desde el final de la anterior excedencia voluntaria.
B) Excedencia forzosa La excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del mismo puesto y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia,.
C) Excedencia por cuidado de familiares El personal tendrá derecho a un período de excedencia no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
D) Excedencia por incompatibilidad El personal que deba optar o haya optado por un puesto de trabajo distinto al que ocupaba con relación laboral fija o fija discontinua en la Junta de Andalucía, siempre que el otro puesto de trabajo esté dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Incompatibili-dades, quedará en situación de excedencia voluntaria, aun cuando no haya cumplido un año de antigüedad en el servicio. Mientras permanezca en esta situación, conservará indefinidamente el derecho al reingreso en cualquier plaza vacante de igual categoría a la suya, que hubiera o se produjera en la Junta de Andalucía.
1.2.7.11. Seguridad y salud laboral del personal El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de prevención de riesgos laborales.
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá, al menos,_______________________y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. trimestralmente anualmente.
1.2.7.12. Jubilación a) Jubilación forzosa b) Jubilación voluntaria:.
1.2.8. Funciones del Registro General de Personal: los asientos registrales La Ley 6/1985 regula en su artículo 15 el Registro General de Personal, adscrito ac-tualmente a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, con la finalidad de inscribir en él a todo el personal a su servicio y anotar cuantos actos afecten a la vida administrativa del mismo.
1.2.8.2. Asientos registrales Serán objeto de inscripción registral los actos y circunstancias que, afectando a la vida administrativa del personal funcionario, eventual, interino y estatutario, así como a todo el personal que tenga una relación laboral con la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se determinan en el artículo 14 del Reglamento.
Serán canceladas las inscripciones registrales cuando los actos que se acrediten hayan sido anulados por la Administración o por sentencia judicial firme. Las nuevas inscripciones registrales producidas como consecuencia de una modificación o cancelación harán constar esta circunstancia. A los números de documento nacional de identidad o de identificación de extranjeros se le añadirán los dígitos que se determinen mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior para conformar el Código de Registro de Per-sonal, en función de la relación jurídica e identificación profesional en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.
1.2.8.4. Órganos competentes Según prescribe el artículo 2 del citado Reglamento, corresponderá al titular de la Di-rección General de Recursos Humanos y Función Pública la autorización de inscripciones en el Registro General de Personal, así como la denegación, suspensión o cancelación de los mismos.
2. Adquisición y pérdida de la relación de servicio en la Administración General de la Junta de Andalucía 2.1. Adquisición de la condición de funcionario Establece el artículo 55 del EBEP que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el citado Estatuto y en el resto del ordena-miento jurídico. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos.
Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de valoración de méritos. Las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las Organizaciones Sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria. No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selec-ción hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementa-ria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.
La adquisición de la condición de funcionario de carrera se produce por el cumplimiento sucesivo de los requisitos previstos en el artículo 62: a) Superación del proceso selectivo. b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. No podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria. En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía compete, dentro de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, a la persona ti-tular de la Secretaría General para la Administración Pública. c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. A este respecto hay que señalar que el artículo 45.2 de la Ley 6/1985 prescribe que la condición de funcio-nario se adquiere en el momento de la toma de posesión, que produce la integra-ción en el Cuerpo y Grupo de que se trate empezando a consolidar el grado per-sonal inicial correspondiente al nivel inferior del intervalo propio del Cuerpo en el que haya ingresado.
2.2. Pérdida de la condición de funcionario.
Las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera se contemplan en el artículo 63 del EBEP: a) La renuncia a la condición de funcionario. b) La pérdida de la nacionalidad. c) La jubilación total del funcionario. d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.
El artículo 67 se dedica a la jubilación de los funcionarios, pudiendo ser: a) Voluntaria, a solicitud del funcionario. Procederá esta jubilación siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable. Por ley de las Cortes Generales, con carácter excepcional y en el marco de la planificación de los recursos humanos, se podrán establecer condiciones especiales de las jubilaciones voluntaria y parcial. a) Voluntaria, a solicitud del funcionario. Procederá esta jubilación siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Se-guridad Social que le sea aplicable. Por ley de las Cortes Generales, con carácter excepcional y en el marco de la planificación de los recursos humanos, se podrán establecer condiciones especiales de las jubilaciones voluntaria y parcial. Mediante la Orden de 14 de enero de 1997 se regula el procedimiento a seguir para la prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo de los funcionarios públicos que prestan sus servicios en el ámbito de la Junta de Anda-lucía. Así el procedimiento se inicia mediante escrito de solicitud dirigido al órga-no competente con una antelación mínima de dos meses a la fecha en que el fun-cionario cumpla los sesenta y cinco años de edad. La presentación de la solicitud comportará automáticamente la no iniciación del procedimiento de jubilación for-zosa del interesado o su suspensión, si se hubiese iniciado. El órgano competente dictará resolución sobre la prolongación de su permanencia en el servicio activo dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de entrada en el registro del órgano competente de la solicitud del funcionario. c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapa-cidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala. d) Parcial. Procederá la jubilación parcial, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Se-guridad Social que le sea aplicable.
Finalmente debemos significar que el artículo 34 de la Ley 30/1984, que se mantiene vigente en virtud del anterior EBEP, regula la jubilación voluntaria incentivada en los términos siguientes: – Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en las situaciones de expectativa de destino o de excedencia forzosa,como consecuencia de un Plan de Empleo, podrán solicitar la jubilación voluntaria anticipada, en las condiciones establecidas en el Régimen de Seguridad Social en que estén encuadrados, siempre que tengan cumplidos sesenta años de edad, acrediten, al menos, treinta años de servicios y reúnan los requisitos exigidos en dicho régimen. Los funcionarios que se acojan a esta jubilación tendrán derecho a percibir, por una sola vez, una indemnización cuya cuantía será fijada por el Gobierno según su edad y retribuciones íntegras correspondientes a la última mensualidad completa devengada, con exclusión, en su caso, del complemento específico y de la productividad, referida a doce mensualidades. Corresponde al Ministerio de competente en materia de Función Pública acordar la jubilación voluntaria incentivada.
a) Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y perfec-cionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera.
Las leyes de Función Pública de cada Comunidad Autónoma han de regular la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalida-des: a) Carrera horizontal, b) Carrera vertical, c) Promoción interna vertical, d) Promoción interna horizontal,.
c) Promoción interna de los funcionarios de carrera. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una anti-güedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que este no tenga Subgrupo y super-ar las correspondientes pruebas selectivas.
d) Carrera profesional y promoción del personal laboral. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional. La carrera profe-sional y la promoción del personal laboral se harán efectivas a través de los pro-cedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los Convenios Colectivos.
e) La evaluación del desempeño. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es el procedi-miento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Los sistemas de evaluación del desempeño se ade-cuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.
A) El grado personal y sus efectos derivados a) Todo funcionario posee un grado personal (la fecha inicial de cómputo para el mismo ha sido la de 1-1-1985) que corresponderá a alguno de los treinta niveles en que están clasificados los puestos de trabajo. Se consolida por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o durante tres con interrupción; si durante ese tiempo se modificase el nivel, el tiempo de desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiese estado clasificado.
El grado consolidado constituye un derecho del funcionario, protegido legalmente. Se trata de un derecho adquirido, y cuyas principales consecuencias son: a) El grado personal b) En ningún caso los funcionarios c) Los funcionarios tendrán derecho, d) Los Viceconsejeros de los Departamentos u órganos correspondientes, e) Los funcionarios que cesen en el desempeño de los puestos de trabajo por alteración de su contenido o supresión de los mismos en las correspondientes relaciones, f) Los puestos cubiertos mediante adscripción provisional.
3.2. Promoción interna Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional, siendo la ca-rrera profesional el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
3.2.4. La promoción interna en el seno de la administración pública andaluza. El concurso-oposición La promoción interna se llevará a cabo en convocatorias independientes de las de in-greso libre, en los términos establecidos en las mismas. Las plazas que se oferten, estarán distribuidas por Cuerpos y especialidades u opciones de acceso para el personal funcionario. De esta forma, para facilitar la promoción interna del personal funcionario de la Admi-nistración General de la Junta de Andalucía, el Instituto Andaluz de Administración Públi-ca podrá impartir cursos de formación específica preparatorios de las materias objeto de las pruebas selectivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento.
Las pruebas de promoción interna, en las que deberán respetarse los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, se llevarán a cabo en convocatorias indepen-dientes de las de ingreso, en las que se establecerá necesariamente el baremo de méri-tos valorables en la fase de concurso, previa negociación en la mesa sectorial de negociación. En el baremo se incluirán los siguientes méritos, siempre que guarden relación con las funciones propias del Cuerpo y, en su caso, Especialidad a que se opta: a) Valoración del trabajo desarrollado: la puntuación por este mérito podrá oscilar en-tre el 20 y el 30 % de la puntuación total del baremo. b) Antigüedad: la puntuación por este mérito podrá oscilar entre el 20 y el 30 % de la puntuación total del baremo. c) Grado personal: la puntuación por este mérito podrá oscilar entre el 20 y el 30 % de la puntuación total del baremo. d) Superación de ejercicios y pruebas selectivas de promoción interna en el Cuerpo o Especialidad a que se accede: la puntuación por este mérito podrá oscilar entre el 5 y el 15 % de la puntuación total del baremo. e) Titulación académica: la puntuación por este mérito no podrá ser superior al 10 % de la puntuación total del baremo. f) Cursos de formación y perfeccionamiento: la puntuación por este mérito no podrá ser superior al 10 % de la puntuación total del baremo.
a) Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera. Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante proce-dimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del EBEP podrán establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de movili-dad, permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos (artículo 78).
b) Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera. El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La composición de estos órganos responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre sexos. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del EBEP establecerán el plazo mínimo de ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros concursos de provisión de puestos de trabajo. En el caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso se deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema (artículo 79).
c) Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera. La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discre-cional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
4.2. Procedimientos ordinarios A) Concurso A.1. Definición Se denomina concurso de méritos al procedimiento de provisión de puestos de trabajo en los que estos se adjudican tras la valoración de una serie de elementos establecidos previamente en la convocatoria respectiva y que concurriendo en los candidatos son alegados por los mismos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento. Recuerda que... El concurso es el procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo.
A.2. Méritos Las convocatorias deberán respetar las características esenciales de los puestos es-tablecidas en la relación de puestos de trabajo. Se entenderán como características esenciales las recogidas en la relación de puestos de trabajo y correspondientes al Grupo al que están adscritos los puestos, el área funcional y a lo expresado en la misma rela-ción como «otras características», en lo que hace referencia a la localización del puesto, sus condiciones de ocupación, de modificación o extinción y todo aquello que sea relativo específicamente a los puestos.
2. Antigüedad. La antigüedad como personal funcionario se computará por años completos de servicio o fracción superior a seis meses, valorándose hasta un máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25 por año. La Ley 2/2016, de 11 de mayo (BOJA de 18 de mayo), modifica la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en materia de valoración de la antigüedad a efectos de méritos. De esta forma, para valorar la anti-güedad en la Administración a efectos de méritos en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, se computarán los servicios prestados como personal funcionario de carrera e interino.
A.3. Convocatorias Las convocatorias deberán respetar los requisitos exigidos para el desempeño de los puestos en la relación de puestos de trabajo entendiéndose como tales, si así existen, la formación, conocimientos o especialización exigidos para la ocupación, la experiencia en relación con el área funcional, relacional o agrupación de áreas correspondiente, y la titulación, así como todo aquello que sea relativo a requisitos que deba reunir el funciona-rio.
A.3.2. Periodicidad y publicidad Las convocatorias de los concursos no unitarios deberán efectuarse al menos con una periodicidad semestral y se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
A.4. Tramitación La tramitación de los concursos corresponderá a los órganos competentes en materia de personal de las distintas Consejerías, en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, como órgano de consulta y asesoramiento. La propuesta y tramitación de los concursos unitarios corresponderá a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.
A.7. Comisiones de Valoración Estarán constituidas como mínimo por siete miembros, de entre los cuales uno ac-tuará en calidad de Presidente y otro en calidad de Secretario, designados todos ellos, titulares y suplentes, por la autoridad convocante en la Orden de convocatoria.
A.8. Resolución La Comisión de Valoración propondrá a la autoridad convocante los candidatos que hayan obtenido mayor puntuación para cada puesto. La resolución motivada de los concursos convocados deberá efectuarse en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la finalización del plazo de presentación de instancias, salvo que en supuestos excepcionales la convocatoria establezca otros distintos. Las resoluciones se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
A.9. Destino Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de que se produzca el cese efectivo o, en todo caso, antes de que finalice el plazo de cese se hubiese obtenido otro destino mediante convocatoria pública, en cuyo caso serán los interesados los que, en el momento de solicitar el cese en el destino que tuvieran, determinen en cuál de ellos tomaran posesión, viniendo obligados a comunicar por escrito la opción ejercida a los órganos convo-cantes y a la Dirección General de la Recursos Humanos y Función Pública, en el plazo de tres días hábiles desde la publicación de la última adjudicación.
A.10. Plazos de cese y tomas de posesión.
Se establecen las siguientes reglas: El cese del funcionario en el anterior destino deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo que en dicha resolución se establezca otra cosa. La toma de posesión deberá formalizarse con efectos administrativos del día si-guiente al del cese en el destino anterior, salvo que comporte el reingreso al servicio activo, en cuyo caso se formalizará en el plazo de un mes desde la publicación de la resolución del concurso. El plazo de incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se efectuará en los tres días hábiles siguientes al del cese si no implica cambio de residencia del fun-cionario, o en el plazo de un mes si comporta cambio de residencia, con la obliga-ción, en este último caso, de acreditar de forma fehaciente dicho cambio. Si la re-solución comporta el reingreso al servicio activo, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá en la misma fecha en la que se toma posesión en el mismo. El titular de la Viceconsejería de la Consejería donde preste servicios el funciona-rio podrá diferir el cese por necesidades del servicio y motivadamente hasta veinte días hábiles, comunicándose a la unidad a la que haya sido destinado el funcionario. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o li-cencias que hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas justi-ficadas el órgano convocante acuerde motivadamente suspender el disfrute de los mismos. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de servicio ac-tivo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el periodo de reserva del puesto de trabajo.
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