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TEMA 11 parte I

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Título del Test:
TEMA 11 parte I

Descripción:
Tema 11 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

Fecha de Creación: 2026/11/20

Categoría: Otros

Número Preguntas: 75

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Los menores de edad tienen capacidad de obrar ante las AAPP: Solo quienes la ostentan con arreglo a las normas civiles. Los menores, pero únicamente con la asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Los menores, para el ejercicio y defensa de aquellos derechos cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo sin esa asistencia. Los menores incapacitados, aun cuando la incapacitación afecte al ejercicio de los derechos de que se trate.

Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, ¿quiénes tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?. Exclusivamente las personas físicas que tengan capacidad de obrar conforme a las normas civiles. Las personas físicas y jurídicas, con independencia de su capacidad de obrar conforme a las normas civiles. Las personas físicas y jurídicas que hayan cumplido los dieciocho años. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

Los menores de edad tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas para el ejercicio y defensa de aquellos derechos e intereses cuya actuación: Esté permitida por el ordenamiento jurídico, siempre con asistencia de quien ejerza la patria potestad. Esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Sea autorizada expresamente por la Administración Pública correspondiente. Esté permitida exclusivamente por resolución judicial.

Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, se exceptúa de la capacidad de obrar reconocida a los menores de edad el supuesto de: Los menores emancipados. Los menores que actúen sin representante legal. Los menores que tengan más de dieciséis años. Los menores incapacitados.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 39/2015, señale la afirmación INCORRECTA: Las personas físicas con capacidad de obrar conforme a las normas civiles tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. Los menores de edad pueden tener capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela en determinados supuestos. La excepción de capacidad de obrar para los menores incapacitados se aplica cuando la extensión de la incapacitación afecte a los derechos o intereses de que se trate. Los grupos de afectados tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas siempre que acrediten un interés legítimo en el procedimiento.

Capacidad de obrar de los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos: No tendrán capacidad de obrar. Cuando una disposición de carácter general lo declare. Cuando un reglamento lo declare. Cuando la ley lo declare expresamente.

Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Únicamente quienes lo promuevan como titulares de derechos individuales. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Quienes tengan cualquier interés en el resultado del procedimiento, aunque no sea legítimo. Quienes sean autorizados expresamente por el órgano administrativo competente.

Tendrán la condición de interesados en el procedimiento administrativo, aunque no lo hayan iniciado: Los que tengan intereses legítimos que puedan resultar afectados por la decisión. Los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Los que tengan cualquier relación con la Administración Pública. Los que hayan presentado una queja ante el órgano instructor.

Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento antes de que haya recaído resolución definitiva: No tendrán la condición de interesados si no han iniciado el procedimiento. Tendrán la condición de interesados únicamente cuando acrediten la titularidad de un derecho subjetivo. Tendrán la condición de interesados en el procedimiento administrativo. Tendrán la condición de interesados exclusivamente si el procedimiento es sancionador.

Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de: Derechos individuales en todos los procedimientos administrativos. Intereses legítimos individuales, en los términos que establezca el reglamento. Derechos colectivos, siempre que hayan iniciado el procedimiento. Intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

En el procedimiento los interesados: Solo podrán actuar por medio de representante cuando una norma con rango de ley lo autorice. Podrán acreditar su representación a través de cualquier medio válido en derecho. Solo podrán actuar por medio de representante para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables, interponer recursos, desistir y renunciar. No podrán actuar por representante, salvo procedimientos de oficio.

De conformidad con el artículo 5.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los interesados con capacidad de obrar actúen por medio de representante, las actuaciones administrativas se entenderán con: El interesado directamente, salvo que el representante solicite expresamente recibir las notificaciones. El representante, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado. El representante, salvo manifestación expresa en contra del interesado. El representante y el interesado de forma simultánea, en todo caso.

Según el artículo 5.2 de la Ley 39/2015, ¿quiénes podrán actuar en representación de otras personas ante las Administraciones Públicas?. Únicamente las personas físicas con capacidad de obrar. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, en todo caso. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos. Las personas físicas con capacidad jurídica y las personas jurídicas autorizadas expresamente por la Administración.

Conforme al artículo 5.3 de la Ley 39/2015, señale para cuál de las siguientes actuaciones NO es necesario acreditar la representación, presumiéndose la misma: Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Para formular solicitudes. Interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona. Actos y gestiones de mero trámite.

De acuerdo con el artículo 5.4 de la Ley 39/2015, ¿cómo se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta?. Únicamente mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica. Mediante comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica. Exclusivamente mediante documento notarial inscrito en el registro mercantil. Mediante comparecencia personal, sin que quepa la comparecencia electrónica para este tipo de apoderamiento.

La representación podrá acreditarse ante las Administraciones Públicas mediante: Exclusivamente poder notarial. Únicamente mediante su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. Cualquier declaración verbal del interesado, aunque no quede constancia de ella. Cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo: Únicamente el documento nacional de identidad del representante. La autorización del representante, sin necesidad de acreditar los poderes reconocidos. La acreditación de la condición de interesado y de los derechos que pretende ejercer. La acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento.

De conformidad con el artículo 5.6 de la Ley 39/2015, la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de: Cinco días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, improrrogables. Diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Cinco días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, improrrogables.

Los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos tendrán una validez: Indefinida. Máxima de un año desde la inscripción. Máxima de cinco años desde la inscripción. Máxima de dos años desde la inscripción.

De conformidad con el artículo 6.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué Administraciones dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos?. Únicamente la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Exclusivamente la Administración General del Estado, al cual se adherirán las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las Universidades Públicas en todo caso.

Según el artículo 6.1 de la Ley 39/2015, en el registro electrónico general de apoderamientos deberán inscribirse, al menos: Todos los poderes, generales o especiales, otorgados exclusivamente de forma electrónica. Los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado. Únicamente los poderes otorgados ante notario para actuar ante cualquier Administración Pública. Los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en cada Organismo público, sin necesidad de hacer constar el bastanteo.

Según el artículo 6 de la Ley 39/2015, además de los poderes otorgados apud acta, en el registro electrónico general de apoderamientos también deberá constar: La autorización judicial del poder. El bastanteo realizado del poder. La aceptación expresa del poder por el órgano administrativo. La resolución administrativa de concesión del poder.

En el ámbito estatal, el registro electrónico general de apoderamientos será: El Registro General de Procedimientos Administrativos. El Registro Electrónico de la Administración Pública. El Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. El Registro General de Representantes de la Administración.

Según el artículo 6 de la Ley 39/2015, los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones deberán ser: Compatibles entre sí, siempre que pertenezcan a una misma Administración. Interoperables únicamente entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Plenamente interoperables entre sí. Independientes entre sí, aunque permitan consultar sus datos.

Conforme al artículo 6.2 de la Ley 39/2015, ¿con qué otros registros deberán ser interoperables los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos?. Únicamente con los registros administrativos similares de otras Administraciones Públicas. Con los registros mercantiles, de la propiedad y de los protocolos notariales. Con el Registro Civil, el Registro de la Propiedad y el Registro de Penados y Rebeldes. Exclusivamente con los registros particulares de cada Organismo dependiente de la misma Administración.

De acuerdo con el artículo 6.3 de la Ley 39/2015, señale cuál de los siguientes datos NO figura entre los que deben contener, al menos, los asientos que se realicen en los registros electrónicos de apoderamientos: Nombre y apellidos o la denominación o razón social, DNI, NIF o documento equivalente del poderdante y del apoderado. Fecha de inscripción y período de tiempo por el cual se otorga el poder. Tipo de poder según las facultades que otorgue. Domicilio fiscal a efectos de notificaciones del poderdante y del apoderado.

Según el artículo 6.4 de la Ley 39/2015, los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de tres tipologías. Señale la opción que recoge la incorrecta: Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder. Un poder tácito para actuaciones de mero trámite ante una Administración u Organismo concreto.

De conformidad con el artículo 6.5 de la Ley 39/2015, el apoderamiento apud acta mediante comparecencia personal se otorgará: En cualquier registro electrónico general. Ante el órgano instructor del procedimiento correspondiente. En las oficinas de asistencia en materia de registros. Exclusivamente ante funcionario habilitado de la Administración General del Estado.

Según el artículo 6.6 de la Ley 39/2015, ¿cuál es la validez determinada máxima de los poderes inscritos en el registro y de sus prórrogas?. Los poderes tendrán una validez máxima de cinco años desde la fecha de inscripción, y las prórrogas tendrán una validez máxima de dos años. Tanto los poderes inscritos como las prórrogas otorgadas por el poderdante tendrán una validez determinada máxima de cinco años. Los poderes tendrán una validez máxima de cuatro años a contar desde su otorgamiento, prorrogables por otros cuatro años. Los poderes inscritos tendrán validez indefinida, salvo revocación expresa del poderdante.

Conforme al artículo 6.7 de la Ley 39/2015, las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo: Únicamente podrán presentarse por vía electrónica en la sede de la Administración ante la que vaya a actuar el apoderado. Deberán dirigirse obligatoriamente al registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder, surtiendo efectos desde la fecha de presentación de la solicitud. Podrán dirigirse a cualquier registro, surtiendo efectos desde la fecha en la que se presente la solicitud en dicho registro. Podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán: Con el interesado que figure en primer término, en todo caso. Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con todos ellos simultáneamente. Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. Con el representante que designe de oficio el órgano instructor del procedimiento.

Según el artículo 8 de la Ley 39/2015, si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad se advierte la existencia de personas que puedan resultar afectadas por la resolución que se dicte, la Administración: Deberá publicar un anuncio para que puedan comparecer. Suspenderá el procedimiento hasta que dichas personas soliciten su incorporación. Comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. Deberá iniciar un nuevo procedimiento para cada una de ellas.

De conformidad con el artículo 9.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo mediante la comprobación de: Su nombre y apellidos, domicilio habitual y fecha de nacimiento que consten en el padrón municipal. Su nombre y apellidos o denominación o razón social que consten en el DNI. Su firma manuscrita o electrónica y su número de afiliación a la Seguridad Social. Su certificado electrónico cualificado, en todo caso y para cualquier tipo de procedimiento.

Según el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de sistemas basados en: Certificados electrónicos cualificados de firma electrónica o de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». Certificados electrónicos reconocidos o avanzados expedidos por cualquier entidad bancaria incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».. Claves concertadas sin necesidad de registro previo como usuario en ningún caso. Certificados electrónicos simples expedidos por las oficinas de asistencia en materia de registros incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación»...

Conforme al artículo 9.2.c) de la Ley 39/2015, cuando las Administraciones Públicas consideren válido otro sistema de identificación electrónica distinto de los certificados cualificados de firma o sello electrónico, ¿a qué órgano deberá realizarse la comunicación previa?. Al Ministerio de Hacienda y Función Pública. A la Agencia Española de Protección de Datos. A la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

De acuerdo con el artículo 9.2.c) de la Ley 39/2015, la comunicación previa para la validez de otros sistemas de identificación electrónica vendrá acompañada de: Un informe preceptivo de la Abogacía del Estado. Una declaración responsable . Una autorización expresa del Consejo de Ministros. Una memoria económica sobre el coste de implantación del sistema.

Según el artículo 9.2.c) de la Ley 39/2015, de forma previa a la eficacia jurídica de estos otros sistemas de identificación electrónica, ¿qué plazo deberá transcurrir desde la comunicación previa?. Un mes. Quince días hábiles. Dos meses. Tres meses.

En relación con el procedimiento previsto en el artículo 9.2.c) de la Ley 39/2015, durante el plazo previo a la eficacia jurídica del sistema, el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional: Previo informe preceptivo y no vinculante del Ministerio del Interior, que deberá emitir en el plazo de quince días. Previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días. Sin necesidad de informe previo alguno, bastando resolución motivada. Previo informe vinculante de la Secretaría General de Administración Digital, que deberá emitir en el plazo de veinte días.

De conformidad con el artículo 10.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar: Únicamente su identidad y la fecha exacta de presentación del escrito. La autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, la integridad e inalterabilidad del documento. Su capacidad de obrar y la representación otorgada en el registro electrónico correspondiente. La veracidad de los datos aportados y el consentimiento expreso para su cesión a terceros.

Según el artículo 10.2 de la Ley 39/2015, en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: Únicamente los sistemas de firma electrónica cualificada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica. Los incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. Los sistemas de firma electrónica simple, avanzada y cualificada expedidos por cualquier entidad certificadora nacional. Exclusivamente los sistemas de sello electrónico cualificado expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Se exigirá el uso obligatorio de firma para: Allanarse en el procedimiento. Interponer querellas. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Participar en actos administrativos.

Se exigirá firma obligatoria para: Interponer acciones. Formular denuncias. Presentar comunicaciones. Desistir de derechos.

Se exigirá firma obligatoria para: Interponer acciones. Formular denuncias. Presentar solicitudes. Formular solicitudes.

Se exigirá firma obligatoria para: Interponer Comunicaciones. Formular declaraciones responsables. Presentar solicitudes. Interponer Recursos.

Se exigirá firma obligatoria para: Renunciar a Comunicaciones. Interponer declaraciones responsables. Presentar recursos. Desistir de acciones.

Se exigirá firma obligatoria para: Renunciar a Comunicaciones. Interponer declaraciones responsables. Presentar recursos. Renunciar a derechos.

Señale cuál de los siguientes derechos NO está recogido expresamente en el artículo 13 de la Ley 39/2015 como derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas: A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.

Señale cuál de los siguientes derechos NO está recogido expresamente en el artículo 13 de la Ley 39/2015 como derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas: Al acceso a la información pública, archivos y registros. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

Señale cuál de los siguientes derechos NO está recogido expresamente en el artículo 13 de la Ley 39/2015 como derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas: A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas: Exclusivamente a través de medios electrónicos. Exclusivamente por medios no electrónicos, salvo que soliciten voluntariamente utilizar medios electrónicos. A través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. A través de medios electrónicos únicamente cuando el procedimiento se inicie a solicitud del interesado.

Según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, señale cuál de los siguientes sujetos NO está obligado en todo caso a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas: Las personas jurídicas y sin personalidad jurídica. Las personas físicas que actúen en representación de otra persona física no obligada a relacionarse electrónicamente. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.

e conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, señale cuál de los siguientes sujetos NO está incluido entre los que, en todo caso, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas: Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. Las personas físicas mayores de edad que dispongan de certificado electrónico cualificado de firma electrónica.

Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, cada Administración dispondrá de: Un Registro Electrónico General. Un Registro General de documentos. Un Registro Electrónico General. Un Registro Electrónico General.

Según el artículo 16.1 de la Ley 39/2015, en relación con los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración: Deberán disponer obligatoriamente de su propio registro electrónico independiente del Registro Electrónico General. Podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. No podrán disponer de registro electrónico propio, debiendo utilizar exclusivamente el Registro Electrónico General de la Administración matriz. Podrán disponer de su propio registro electrónico siempre que lo autorice previamente el Consejo de Ministros mediante Real Decreto.

Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, el Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como: Un archivo electrónico único. Una oficina de asistencia en materia de registros. Un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Un sistema de identificación y firma electrónica.

Las disposiciones de creación de los registros electrónicos: Se publicarán en la sede electrónica y su texto íntegro estará disponible en el diario oficial correspondiente. Se publicarán exclusivamente en el Boletín Oficial del Estado. Se comunicarán directamente a los interesados sin necesidad de publicación. Se publicarán en el diario oficial correspondiente.

Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: Exclusivamente en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan. En el registro electrónico de la Administración General del Estado y en las oficinas de asistencia en materia de registros. Únicamente en los registros electrónicos de las Administraciones Públicas y en las oficinas de Correos. En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos.

Según el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, señale cuál de los siguientes NO es un lugar válido previsto expresamente para la presentación de documentos dirigidos a los órganos de las Administraciones Públicas: En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. En las oficinas de asistencia en materia de registros. En las notarías y registros de la propiedad del domicilio del interesado.

Según el último párrafo del artículo 16.4 de la Ley 39/2015, respecto a los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones: Deberán ser interoperables únicamente dentro del ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma. Deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. Podrán interconectarse voluntariamente mediante convenio administrativo entre la Administración General del Estado y las Entidades Locales. Garantizarán la transmisión telemática de los asientos registrales, debiendo remitirse los documentos adjuntos en soporte papel en el plazo de diez días.

Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas deberán ser digitalizados: Por el órgano administrativo encargado de resolver el procedimiento. Por el Registro Electrónico General de la Administración correspondiente. Por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados. Por el interesado, antes de su presentación.

Según el segundo párrafo del artículo 16.5 de la Ley 39/2015, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas: Únicamente mediante norma con rango de ley. Cuando por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Mediante resolución del órgano instructor en cada expediente individual, previa audiencia del interesado. Exclusivamente cuando los documentos tengan un formato gráfico o audiovisual superior a diez megabytes.

De acuerdo con el artículo 16.7 de la Ley 39/2015, respecto a las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos, las Administraciones Públicas deberán: Crear al menos una oficina en cada término municipal con independencia de su población. Hacer pública y mantener actualizada una relación de dichas oficinas. Publicar anualmente en el Boletín Oficial del Estado los nombres de los funcionarios destinados en cada oficina. Mantener abiertas dichas oficinas en horario ininterrumpido de veinticuatro horas todos los días hábiles.

Según el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, ¿qué consecuencia jurídica tiene la presentación en el registro de aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación?. Se tendrán por presentados a todos los efectos, requiriéndose al interesado para su subsanación en el plazo de diez días. Se remitirán de oficio por el registro al órgano competente en el plazo máximo de cinco días. No se tendrán por presentados en el registro. Se archivarán provisionalmente durante tres meses hasta que el interesado los presente por el cauce especial.

Según el artículo 17 de la Ley 39/2015, cada Administración deberá mantener: Un archivo electrónico por cada órgano administrativo. Un archivo físico y otro electrónico para todos los procedimientos. Un archivo electrónico único de los documentos electrónicos de procedimientos finalizados. Un registro electrónico único de todos los documentos presentados por los interesados.

Según el artículo 17.2 de la Ley 39/2015, los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar: La autenticidad, integridad y conservación del documento. El acceso público libre y gratuito a cualquier ciudadano. Su almacenamiento exclusivo en servidores locales de cada órgano instructor durante un plazo máximo de diez años. Únicamente su lectura rápida y su impresión en soporte papel en cualquier oficina pública.

Según el artículo 19 de la Ley 39/2015, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, presencialmente o por medios electrónicos, será obligatoria: Cuando así lo establezca cualquier disposición reglamentaria. Cuando lo determine el órgano administrativo competente. Sólo cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Siempre que la Administración considere necesaria la presencia del interesado.

Conforme al artículo 19.2 de la Ley 39/2015, en los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente una serie de extremos. Señale cuál de los siguientes NO figura entre ellos: El lugar, fecha y hora de la comparecencia. Los medios disponibles y el objeto de la comparecencia. Los efectos de no atenderla. La identidad del funcionario público que presidirá el acto de comparecencia.

Según el artículo 20 de la Ley 39/2015, ¿quiénes serán responsables directos de la tramitación de los asuntos?. Exclusivamente los órganos administrativos competentes para resolver. Los titulares de los órganos superiores y los órganos directivos. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos. Exclusivamente los funcionarios públicos que tengan atribuida la instrucción del procedimiento.

La Administración está obligada a resolver expresamente en todos los procedimientos, salvo determinadas excepciones. Una es: La caducidad. La prescripción. La desaparición sobrevenida del objeto. La terminación del procedimiento por pacto o convenio.

Si las normas no fijan el plazo máximo para resolver, será de: Un mes. Dos meses. Seis meses. Tres meses.

Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla: Únicamente en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. En todos los procedimientos iniciados de oficio, pero no en los iniciados a solicitud del interesado. Exclusivamente en los procedimientos que no hayan terminado por desistimiento. En todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Según el segundo párrafo del artículo 21.1 de la Ley 39/2015, en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento: La Administración queda exceptuada de la obligación de dictar resolución expresa, procediendo directamente al archivo de las actuaciones sin más trámite. La resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. La resolución deberá entrar en el fondo del asunto y estimar o desestimar las pretensiones inicialmente formuladas por el interesado. Únicamente se dictará resolución expresa cuando el interesado lo solicite por escrito en el plazo de diez días desde que se produzca dicha circunstancia.

¿Cuál de los siguientes supuestos está exceptuado de la obligación de dictar resolución expresa y notificarla, conforme al artículo 21 de la Ley 39/2015?. Los procedimientos iniciados de oficio. Los procedimientos en los que se produzca la caducidad. Los procedimientos en los que el interesado renuncie a su derecho. Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.

De acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, también se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa y notificarla: Los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. Los procedimientos iniciados de oficio en los que no haya comparecido ningún interesado en el trámite de audiencia. Los recursos administrativos interpuestos contra actos presuntos producidos por silencio negativo. Los procedimientos en los que haya operado la prescripción o la renuncia del derecho.

Según el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Dicho plazo: No podrá exceder de tres meses. No podrá exceder de seis meses. No podrá exceder de ocho meses. No podrá exceder de nueve meses.

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