option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php

TEMA 11 PARTE II

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
TEMA 11 PARTE II

Descripción:
Tema 11 39/2015 Administrativo Común (Art 54 - 126)

Fecha de Creación: 2026/11/21

Categoría: Otros

Número Preguntas: 78

Valoración:(0)
COMPARTE EL TEST
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
Comentarios
NO HAY REGISTROS
Temario:

Los procedimientos administrativos podrán iniciarse: De oficio, a instancia de parte o mediante denuncia. De oficio, en todo caso. Siempre mediante instancia escrita del interesado. De oficio o a solicitud del interesado.

Formas de iniciación de los procedimientos: De oficio, a instancia de parte o mediante denuncia. De oficio, en todo caso. Siempre mediante instancia escrita del ciudadano. De oficio o a solicitud del interesado.

De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué momento podrá abrir el órgano competente un período de información o actuaciones previas?. Una vez dictado el acuerdo de iniciación del procedimiento y antes de la apertura del período de prueba. Con anterioridad al inicio del procedimiento. Simultáneamente a la notificación de la propuesta de resolución provisional a los interesados. Únicamente tras la presentación de una denuncia por un particular y dentro de los diez días siguientes.

Según el artículo 55.1 de la Ley 39/2015, el período de información o actuaciones previas tiene por finalidad: Practicar las pruebas técnicas propuestas por los interesados para evitar la fase de instrucción. Conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Suspender el cómputo del plazo máximo legal para resolver y notificar el procedimiento ya iniciado. Adoptar medidas provisionalísimas de carácter ejecutivo antes de dar audiencia a los afectados.

Conforme al primer párrafo del artículo 55.2 de la Ley 39/2015, en el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible: La cuantía exacta de la sanción pecuniaria que deberá imponerse y la solvencia económica del presunto infractor. Los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. La existencia de antecedentes penales firmes y la posible responsabilidad civil subsidiaria de terceros. Únicamente si la presunta infracción administrativa ha prescrito por el transcurso del plazo legal.

Una vez iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver podrá adoptar medidas provisionales: Únicamente de oficio y sin necesidad de motivación. A instancia de parte, exclusivamente cuando exista urgencia inaplazable. De oficio o a instancia de parte y de forma motivada, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello. De oficio o a instancia de parte, sin necesidad de que existan elementos de juicio suficientes.

Las medidas provisionales adoptadas una vez iniciado el procedimiento deberán acordarse de acuerdo con los principios de: Eficacia, celeridad y economía administrativa. Proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Igualdad, transparencia y seguridad jurídica. Eficiencia, jerarquía y coordinación administrativa.

Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento podrá adoptar medidas provisionales: En cualquier caso, aunque no exista urgencia. Únicamente cuando lo solicite el interesado. Cuando existan elementos de juicio suficientes, sin necesidad de motivación. En los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, de forma motivada.

Las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación del procedimiento deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación, que deberá efectuarse dentro de los: Diez días siguientes a su adopción. Quince días siguientes a su adopción. Veinte días siguientes a su adopción. Treinta días siguientes a su adopción.

Conforme al artículo 56.4 de la Ley 39/2015, NO se podrán adoptar medidas provisionales: Que recaigan sobre bienes muebles o rentas computables en metálico del presunto responsable. Que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Que consistan en la suspensión temporal de actividades o en la prestación de fianzas. Que se adopten a instancia de parte antes de que finalice el trámite de audiencia.

Contra el acuerdo de acumulación de procedimientos: No cabe recurso alguno. Cabe alzada. Cabe reposición. Cabe recurso extraordinario de revisión.

Contra el acuerdo de acumulación de procedimientos: Cabrá recurso de alzada. Cabrá recurso potestativo de reposición. Cabrá recurso extraordinario de revisión. No procederá recurso alguno.

Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente: Por propia iniciativa, como consecuencia de orden inferior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. Por propia iniciativa, a solicitud del interesado, por denuncia o mediante recurso administrativo. Por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. Exclusivamente por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior.

Se entiende por propia iniciativa: La actuación derivada exclusivamente del conocimiento directo de las circunstancias objeto del procedimiento por el órgano competente. La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. La actuación derivada del conocimiento de las circunstancias por cualquier órgano administrativo, aunque no tenga atribuida la competencia de iniciación. La actuación derivada de una orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico.

n los procedimientos de naturaleza sancionadora iniciados como consecuencia de orden superior, esta expresará, en la medida de lo posible: Únicamente la identidad de las personas presuntamente responsables y la sanción que pudiera imponerse. Las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa, sin necesidad de indicar su tipificación. La identidad del órgano instructor, la autoridad competente para resolver y el plazo máximo de resolución. La persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación, así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

Se entiende por petición razonada: La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciarlo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. La emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

La petición razonada de iniciación del procedimiento: Vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, que deberá acordar su iniciación. No vincula al órgano competente, que no estará obligado a comunicar los motivos de su decisión. Vincula al órgano competente únicamente en los procedimientos de naturaleza sancionadora. No vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento.

Se entiende por denuncia: el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.

Las denuncias deberán expresar: Únicamente la identidad de la persona que las presenta y la fecha de presentación. La identidad de los presuntos responsables y la sanción que pudiera imponerse. La identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. La identidad del órgano competente para resolver y la calificación jurídica de los hechos.

Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación del procedimiento: No necesitará motivación, pero deberá comunicarse al denunciante. Deberá ser motivada, pero no será necesario notificar la decisión al denunciante. Deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. Determinará automáticamente la iniciación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial.

La presentación de una denuncia: Confiere automáticamente la condición de interesado en el procedimiento. Confiere la condición de interesado cuando los hechos denunciados constituyan una infracción administrativa. Confiere la condición de interesado cuando el denunciante aporte elementos de prueba. No confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

El acto por el que cualquier persona pone en conocimiento de un órgano la existencia de un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento se denomina: Petición razonada. Solicitud. Denuncia. Comunicación.

Los procedimientos de naturaleza sancionadora: Se iniciarán a solicitud del interesado o por acuerdo del órgano competente. Se iniciarán siempre de oficio, pero la fase instructora y la sancionadora podrán encomendarse al mismo órgano. Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. Se iniciarán siempre por acuerdo del órgano instructor, que será también el encargado de imponer la sanción.

Según el artículo 63 de la Ley 39/2015: Se podrá imponer una sanción sin procedimiento cuando exista denuncia. Se podrá imponer una sanción antes de finalizar el procedimiento si existen pruebas suficientes. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento. Se podrá imponer una sanción directamente por el órgano competente para iniciar el procedimiento.

No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada: Hasta que se haya dictado la propuesta de resolución del primer procedimiento. Hasta que se haya notificado el acuerdo de iniciación del primer procedimiento. Hasta que se haya dictado cualquier resolución administrativa, aunque no sea ejecutiva. En tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.

Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, será necesario: Que el interesado haya presentado previamente una reclamación. Que exista una resolución judicial que declare la existencia de responsabilidad. Que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado. Que el interesado haya reconocido expresamente la existencia de la lesión.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados de oficio, el plazo concedido a los particulares presuntamente lesionados para aportar alegaciones, documentos o información y proponer pruebas será de: Cinco días. Diez días. Quince días. Veinte días.

Si los particulares presuntamente lesionados no se personan en el plazo establecido en el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio: Se producirá la caducidad del procedimiento. Se entenderá que renuncian a su derecho a reclamar. Se archivarán las actuaciones. El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares no se personen en el plazo establecido.

señale cuál de los siguientes datos NO forma parte del contenido obligatorio de las solicitudes de iniciación: Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico para el envío de avisos de puesta a disposición de notificaciones. Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.

señale cuál de los siguientes extremos NO forma parte del contenido obligatorio que deberán contener las solicitudes de iniciación: Lugar y fecha. Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. Indicación del sentido del silencio administrativo aplicable en caso de vencimiento del plazo máximo para resolver.

El derecho a reclamar en un procedimiento de responsabilidad patrimonial prescribirá: Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los dos años de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los tres años de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los seis meses de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción del derecho a reclamar empezará a computarse: Desde el momento en que se produjo el hecho causante del daño. Desde la fecha en que se presentó la reclamación. Desde la fecha en que se notificó la resolución administrativa. Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

Cuando proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá: Al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. A los dos años de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. A los tres años de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. A los cuatro años de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

En los casos de responsabilidad patrimonial previstos en el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá: Al año de haberse dictado la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma. A los seis meses de la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado. Al año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea. A los dos años de la publicación de la sentencia en el diario oficial correspondiente.

Cuando una solicitud de iniciación no reúna los requisitos exigidos por la Ley 39/2015, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo de: Cinco días. Quince días. Diez días. Veinte días.

El plazo de subsanación de la solicitud podrá ser ampliado prudencialmente: Hasta diez días, en todos los procedimientos administrativos. Hasta cinco días, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. Hasta cinco días, exclusivamente en los procedimientos selectivos. Hasta quince días, cuando lo solicite el órgano instructor.

Se entiende por declaración responsable: El documento mediante el que la Administración autoriza al interesado para iniciar una actividad. El documento mediante el que el interesado comunica exclusivamente sus datos identificativos a la Administración. El documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio. El documento emitido por la Administración mediante el que se reconoce el cumplimiento de los requisitos exigidos para ejercer un derecho.

No forman parte del expediente: Los informes preceptivos. Los informes solicitados antes de la resolución. Las alegaciones del interesado. La información de carácter auxiliar.

El expediente administrativo: Tendrá formato físico en los iniciados por el interesado. Incluirá información auxiliar. No incluirá documentos de otros expedientes. Hará constar las diligencias encaminadas a ejecutar la resolución administrativa.

se entiende por expediente administrativo: El conjunto cronológico de solicitudes y alegaciones presentadas por los interesados desde el inicio del procedimiento hasta la propuesta de resolución. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. La totalidad de documentos, borradores, notas internas e informes técnicos generados por el órgano instructor durante la fase de prueba. El archivo electrónico único en el que se conservan los documentos correspondientes a procedimientos finalizados.

Los expedientes administrativos tendrán: Formato físico, salvo que el interesado solicite su tramitación electrónica. Formato electrónico o físico, según determine el órgano competente. Formato electrónico. Formato electrónico únicamente cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio.

De conformidad con el artículo 70.4 de la Ley 39/2015, señale cuál de los siguientes elementos NO formará parte del expediente administrativo: Los informes preceptivos solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. Los informes facultativos solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. Los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas y las comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. La copia electrónica certificada de la resolución adoptada y las notificaciones practicadas.

Según el artículo 70.4 de la Ley 39/2015, señale cuál de los siguientes documentos SÍ formará parte del expediente administrativo: Las notas, borradores, opiniones y resúmenes elaborados por los empleados públicos durante la tramitación. La información de carácter auxiliar o de apoyo contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas. Los informes facultativos solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. Los informes internos o entre órganos o entidades administrativas emitidos con carácter auxiliar.

Conforme al artículo 70.4 de la Ley 39/2015, NO formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo. Señale cuál de las siguientes opciones recoge únicamente elementos excluidos del expediente administrativo según el tenor literal de dicho apartado: Notas, borradores, opiniones, resúmenes y pruebas practicadas durante la instrucción. Aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores y dictámenes preceptivos. Notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas. Resúmenes, juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas y notificaciones dirigidas a los interesados.

el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará: A instancia de parte en los procedimientos iniciados por solicitud y de oficio en los sancionadores. De oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. De oficio únicamente en las fases de instrucción y terminación, a través de medios electrónicos o en soporte papel indistintamente. A petición del interesado en todos sus trámites, respetando los principios de eficacia, jerarquía y desconcentración.

en el despacho de los expedientes se guardará: El orden riguroso de presentación en el registro electrónico general en todos los asuntos, con independencia de su naturaleza. El orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario. El orden de cuantía económica de mayor a menor en asuntos de homogénea naturaleza, salvo autorización del superior jerárquico. El orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, sin que quepa excepción alguna ni siquiera por orden motivada.

El principio por el que se acuerdan en un solo acto todos los trámites que admitan impulso simultáneo se llama: Eficiencia. Celeridad. Simplificación administrativa. Unicidad.

Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de: Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Veinte días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Treinta días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.

Cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de: Cinco días para cumplimentarlo. Quince días para cumplimentarlo. Diez días para cumplimentarlo. Veinte días para cumplimentarlo.

A los interesados que no cumplan los trámites que les correspondan dentro del plazo establecido: Se les tendrá automáticamente por desistidos de su solicitud. Se producirá la caducidad del procedimiento. Se les impondrá una sanción administrativa. Se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite.

as cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones: Suspenderán siempre la tramitación del procedimiento. Suspenderán la tramitación cuando afecten a la validez de las actuaciones. Suspenderán la tramitación cuando lo solicite cualquiera de los interesados. No suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación.

Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución: Se realizarán a instancia de los interesados y mediante medios electrónicos. Se realizarán por el órgano competente para resolver el procedimiento. Se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos. Se realizarán exclusivamente a propuesta de los interesados.

Los interesados pueden aducir alegaciones y aportar documentos siempre que lo hagan: Con anterioridad al trámite de audiencia. Con anterioridad a la propuesta de resolución. Después de la audiencia pero antes de la propuesta. Solo con la solicitud o subsanación.

Los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: Únicamente durante la fase de iniciación del procedimiento. En cualquier momento del procedimiento, incluso después del trámite de audiencia. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. Exclusivamente antes de que se formule la propuesta de resolución.

Los interesados podrán alegar en todo momento los defectos de tramitación y, en especial: Los que supongan la nulidad automática del procedimiento. Los que afecten exclusivamente a la resolución definitiva. Los que supongan la falta de competencia del órgano superior jerárquico. Los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto.

Las alegaciones formuladas por los interesados sobre defectos de tramitación podrán dar lugar: A la caducidad automática del procedimiento. A la suspensión obligatoria de la tramitación. A la exigencia de responsabilidad disciplinaria. A la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones realizadas.

Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: No superior a veinte días ni inferior a cinco. No superior a treinta días ni inferior a diez. No superior a quince días ni inferior a cinco. No superior a treinta días ni inferior a quince.

Cuando el instructor considere necesario abrir un período extraordinario de prueba, a petición de los interesados, podrá hacerlo por un plazo: No superior a quince días. No inferior a diez días. No superior a treinta días. No superior a diez días.

El instructor del procedimiento del periodo de prueba sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando: No hayan sido propuestas durante el trámite de audiencia. Sean contrarias al criterio del órgano instructor. Sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. No hayan sido propuestas junto con la solicitud de iniciación.

Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, se entenderá que este tiene carácter: Preceptivo. No vinculante. Vinculante. Facultativo.

Solicitud de informes: Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. El informe emitido fuera de plazo no podrá tenerse en cuenta en ningún caso. Se emiten por medios electrónicos en quince días. Si lo debe emitir otra Administración y no lo hace en plazo, no se podrá proseguir.

Salvo disposición expresa en contrario, los informes emitidos serán: Preceptivos y vinculantes. Facultativos y vinculantes. Facultativos y no vinculantes. Preceptivos y no vinculantes.

Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26, en el plazo de: Diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. Quince días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. Veinte días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. Veinticinco días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

De no emitirse un informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora: Se producirá automáticamente la caducidad del procedimiento. Se podrán proseguir las actuaciones, salvo cuando se trate de un informe preceptivo. Se entenderá que el informe tiene carácter favorable. Se deberá suspender siempre el procedimiento hasta la emisión del informe.

Cuando el informe deba ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento, y transcurra el plazo sin que se haya emitido: Se suspenderá obligatoriamente el procedimiento. Se entenderá que la Administración requerida presta su conformidad. Se producirá la caducidad del procedimiento. Se podrán proseguir las actuaciones.

Cuando el informe deba ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento, y transcurra el plazo sin que se haya emitido: Se suspenderá obligatoriamente el procedimiento. Se entenderá que la Administración requerida presta su conformidad. Se producirá la caducidad del procedimiento. Se podrán proseguir las actuaciones.

El informe emitido fuera de plazo: Deberá ser tenido en cuenta obligatoriamente al adoptar la correspondiente resolución. Será nulo de pleno derecho. Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. Determinará la suspensión automática del procedimiento.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe: Al órgano competente para resolver el procedimiento, en un plazo máximo de quince días. Al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. Al Consejo General del Poder Judicial, en todos los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Al Consejo de Estado, en todos los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial en los que sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico, el órgano instructor remitirá una propuesta de resolución al órgano competente para solicitar el dictamen en el plazo de: Diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. Cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. Veinte días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. Quince días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.

El dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma en los procedimientos de responsabilidad patrimonial se emitirá en el plazo de: Diez días. Un mes. Dos meses. Tres meses.

En las reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia será preceptivo el informe: Del Consejo de Estado, que será evacuado en el plazo de un mes. Del Ministerio de Justicia, que será evacuado en el plazo de diez días. Del Consejo General del Poder Judicial, que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. Del Tribunal Supremo, que será evacuado en el plazo máximo de tres meses.

Instruidos los procedimientos, el trámite de audiencia a los interesados se realizará: Después de redactar la propuesta de resolución. Antes de iniciar la fase de instrucción. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. Después de dictarse la resolución definitiva.

En el trámite de audiencia, los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo: No inferior a cinco días ni superior a diez. No inferior a quince días ni superior a veinte. No inferior a diez días ni superior a quince. No inferior a diez días ni superior a veinte.

Si antes del vencimiento del plazo del trámite de audiencia los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones: Se declarará la caducidad del procedimiento. Deberá esperarse necesariamente al vencimiento del plazo. Se tendrá por desistido al interesado. Se tendrá por realizado el trámite.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando: El órgano instructor considere que el procedimiento está suficientemente instruido. El interesado no haya presentado alegaciones durante la fase de instrucción. No figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. El procedimiento se haya iniciado de oficio.

El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera: Deberá acordar obligatoriamente un período de información pública. Podrá acordar un período de información pública a propuesta del órgano instructor. Podrá acordar un período de información pública. Deberá acordar un período de información pública en todos los procedimientos iniciados de oficio.

En el trámite de información pública, el anuncio se publicará: En el Boletín Oficial del Estado. En el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente. En la sede electrónica de la Administración, exclusivamente. En el Diario oficial correspondiente.

El anuncio de información pública determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a: Diez días. Quince días. Veinte días. Treinta días.

Denunciar Test