tema 12 europeo

El recurso por incumplimiento tiene como finalidad principal: Indemnizar a los particulares perjudicados. Declarar la responsabilidad política del Estado. Garantizar que los Estados miembros respeten el Derecho de la Unión. Anular actos de las instituciones.

El fundamento jurídico del recurso por incumplimiento se encuentra en: El artículo 263 TFUE. El artículo 265 TFUE. Los artículos 258 y 259 TFUE. El artículo 267 TFUE.

El recurso por incumplimiento puede interponerse cuando un Estado miembro: No transpone correctamente una directiva. Aprueba un reglamento interno. Modifica su Constitución. Celebra un tratado internacional.

El procedimiento del artículo 258 TFUE se caracteriza porque: Es iniciado directamente por el Tribunal de Justicia. Es iniciado por la Comisión Europea. Solo puede iniciarlo otro Estado miembro. Excluye la fase administrativa previa.

Antes de interponer el recurso ante el Tribunal de Justicia, la Comisión debe: Solicitar autorización al Consejo. Iniciar una fase administrativa previa con el Estado. Consultar al Parlamento Europeo. Dictar una decisión vinculante.

La fase administrativa previa del recurso por incumplimiento tiene como finalidad: Imponer sanciones económicas. Permitir al Estado poner fin al incumplimiento. Declarar la nulidad del Derecho nacional. Sustituir el control jurisdiccional.

El recurso del artículo 259 TFUE se diferencia del artículo 258 TFUE porque: Lo inicia la Comisión. Se dirige contra las instituciones. Es interpuesto por un Estado miembro contra otro. Excluye la intervención del Tribunal.

El recurso por incumplimiento puede tener por objeto: Solo actos legislativos. Únicamente actos administrativos. Cualquier acción u omisión contraria al Derecho de la Unión. Exclusivamente la no transposición de directivas.

La sentencia del Tribunal de Justicia que declara un incumplimiento: Anula automáticamente la norma nacional. Obliga al Estado a adoptar las medidas necesarias para poner fin al incumplimiento. Impone directamente sanciones económicas. Tiene efectos solo declarativos sin consecuencias.

Si el Estado no ejecuta la sentencia declarativa de incumplimiento, la Comisión puede: Interponer directamente un nuevo recurso de anulación. Solicitar al Tribunal la imposición de sanciones económicas. Suspender los derechos del Estado. Anular la normativa nacional.

Las sanciones económicas previstas en el artículo 260 TFUE pueden consistir en: Multas penales. Indemnizaciones a particulares. Multa coercitiva y/o suma a tanto alzado. Retirada de fondos estructurales.

El recurso por incumplimiento tiene un carácter: Sancionador penal. Preventivo y corrector. Exclusivamente indemnizatorio. Político.

Los particulares: Pueden interponer directamente un recurso por incumplimiento. No tienen ningún papel en el control del incumplimiento. No están legitimados para interponerlo, pero pueden provocar su inicio. Sustituyen a la Comisión.

Los particulares pueden poner en conocimiento de la Comisión: Únicamente actos de las instituciones. Incumplimientos del Derecho de la Unión por parte de los Estados. Conflictos entre Estados. Cuestiones prejudiciales.

El control de los particulares sobre el cumplimiento del Derecho de la Unión se manifiesta también a través de: El recurso de casación. La cuestión prejudicial. El recurso de revisión. El control político.

En el marco del recurso por incumplimiento, el Tribunal de Justicia: Sustituye al Estado en el ejercicio de sus competencias. Controla la oportunidad política de la actuación estatal. Verifica la conformidad de la conducta del Estado con el Derecho de la Unión. Anula directamente el Derecho nacional.

El incumplimiento puede consistir en: Una actuación contraria al Derecho de la Unión. Una omisión. Una práctica administrativa. Todas las anteriores.

El recurso por incumplimiento se enmarca dentro del principio de: Subsidiariedad. Cooperación reforzada. Cooperación leal entre la Unión y los Estados. Autonomía procesal.

El recurso por incumplimiento contribuye principalmente a: La descentralización del Derecho de la Unión. La efectividad y uniformidad del Derecho de la Unión. La eliminación del control jurisdiccional. La supremacía del Derecho nacional.

Según Mangas/Liñán, el recurso por incumplimiento constituye: Un mecanismo accesorio. Un instrumento central para garantizar el respeto del Derecho de la Unión. Un procedimiento excepcional. Un control político sin efectos jurídicos.