Tema 13, 14 y 15 Ley 39/2015 y 40/2015

La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante Ley 40/2015), no se aplica: A la Administración General del Estado. A las Administraciones de las Comunidades Autónomas. A la Administración de la Comunidad Europea. A las entidades que integran la Administración Local.

Según la Ley 40/2015, las unidades administrativas a las que se atribuyen funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, reciben la denominación de: Secciones administrativas. Servicios administrativos. Negociados administrativos. Órganos administrativos.

Según la Ley 40/2015, cuando un órgano superior requiere para si el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda a un órgano dependiente, dicha técnica se denomina: Revocación. Asunción. Avocación. Detracción.

El ejercicio de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, según la Ley 40/2015, deberá ser reconocido por una norma con rango de: Decreto. Reglamento. Ley. Orden.

La dirección electrónica disponible para los ciudadanos, a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos, según la Ley 40/2015 se denomina: Registro electrónico. Sede electrónica. Portal electrónico. Correo electrónico.

El principio por el cual sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, es: Principio de legalidad. Principio de irretroactividad. Principio de tipicidad. Principio de proporcionalidad.

Según la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015), las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: Servicio efectivo a los ciudadanos. Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Responsabilidad por la gestión pública. Todas las respuestas son correctas.

Según la Ley 40/2015, respecto a la delegación de competencias, se recoge que: Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán esta circunstancia y se consideraran dictadas por el órgano delegado. En cualquier caso, para su validez no es necesaria su publicación en diario oficial. Puede efectuarse en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes. Todas las respuestas son correctas.

Según la Ley 40/2015, respecto al principio de proporcionalidad de la potestad sancionadora, se recoge que cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras: El órgano competente para resolver decidirá la sanción a imponer considerando los perjuicios causados y la existencia de intencionalidad. Se deberá imponer la sanción correspondiente a todas las infracciones cometidas. Se deberá imponer la sanción correspondiente a la infracción más leve cometida. Se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.

Según la Ley 40/2015, ¿Cuál de los señalados a continuación NO es un principio de la potestad sancionadora?. Concurrencia de sanciones. Retroactividad. Responsabilidad. Prescripción.

Según la Ley 40/2015, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se regula en su: Capítulo V. Capítulo IV. Capítulo III. Capítulo II.

Según la Ley 40/2015, se establece que cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas con sujeción, entre otros, a los principios de: Eficacia, disponibilidad y accesibilidad. Transparencia, publicidad y responsabilidad. Eficiencia, disponibilidad y accesibilidad. Eficiencia, neutralidad e interoperabilidad.

Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015), entre los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas NO se encuentra el de: Ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma. Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos. Comunicarse con las Administraciones Públicas a través de la "ventanilla única".

Según la Ley 39/2015, las disposiciones de creación de los registros electrónicos especificaran, en todo caso: La autoridad que aprueba su creación y la fecha en que se aprueba. La autoridad que aprueba su creación y el ámbito de aplicación. El órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha a partir de la cual surte efectos. El órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles.

Según la Ley 39/2015, respecto al cómputo de plazos, cuando el último día del plazo sea inhábil: Se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Se entenderá prorrogado al primer día natural siguiente. Se entiende que el plazo finaliza el día hábil anterior. Se entiende que el plazo finaliza el día natural anterior.

Según la Ley 39/2015, la Administración podrá convalidad, subsanando los vicios de que adolezcan, los actos: Nulos. Anulables. Irregulares. Defectuosos.

Según la Ley 39/2015, ¿Qué actos dictados por la Administración deberán ser motivados?. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de emergencia. Los actos por los que se admitan pruebas propuestas por los interesados. Los actos que resuelvan procedimientos de arbitraje. Las respuestas a y c son correctas.

Según la Ley 39/2015, cuando la notificación de un acto administrativo por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, dicha notificación se entenderá: Efectuada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Rechazada cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Efectuada cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de éstas sujetos a Derecho Administrativo se presumirán válidos y producen efectos: Desde la fecha en que salen del registro del órgano administrativo. Desde la fecha de firma dl titular del órgano competente. Desde la fecha de notificación. Desde la fecha en que se dicten.

Según la Ley 39/2015, las notificaciones se practicarán preferentemente: Por comparecencia del interesado o su representante en la sede del órgano administrativo. Por medios electronicos. Por correo certificado. Mediante publicación en Boletín o Diario Oficial.

Según la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado para atenderla, como norma general: Estimada. Desestimada. No presentada. Nula.

Según la Ley 39/2015, ¿Qué actos de las Administraciones Públicas son nulas de pleno derecho?. Los que lesionen derechos y libertades. Los dictados por órgano competente. Los que tengan un contenido imposible. Los que sean constitutivos de infracción administrativa.

Según la Ley 39/2015, la Administración podrá convalidar los actos anulables: Subsanando los vicios de que adolezcan. Siempre que interesa a la propia Administración. Siempre que cuente con el visto bueno de los interesados en el procedimiento. Solo en caso de que haya sido dictado por órgano incompetente.

Según la Ley 39/2015, contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden sobre el fondo del asunto, podrá interponerse por los interesados: Recurso de revisión. Recurso contencioso administrativo. Recursos de alzada y potestativo de reposición. Ninguna respuesta es correcta.

Según la Ley 39/2015, son causas de inadmisión de un recurso administrativo: Carecer de legitimación el recurrente. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. Todas las respuestas son correctas.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos podrán iniciarse: De oficio o a solicitud del interesado. De oficio o solicitud del representante del interesado. Sólo a petición del interesado. Sólo a petición de órgano superior.

Según la Ley 39/2015, salvo disposición expresa en contrario los informes serán: Facultativos y vinculantes. Facultativos y no vinculantes. Vinculantes y no facultativos. Ni facultativos ni vinculantes.

Según la Ley 39/2015, la práctica de prueba se establece en: La instrucción del procedimiento. La ordenación del procedimiento. La finalización del procedimiento. La iniciación del procedimiento.

Según la Ley 39/2015, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en un plazo de: 15 días. 30 días. 40 días. 3 meses.

Según la Ley 39/2015, pone fin a un procedimiento administrativo. La resolución. El desistimiento. La caducidad. Todas son ciertas.

Según el artículo 36.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto: Se efectuará en todo caso. Deberá expresar la autoridad de la que procede. Se efectuará, cuando sea necesario y se firmará por el titular del órgano del que proviene. Se efectuará siempre, y será firmada por el titular del órgano inferior y el funcionario que la reciba oralmente.

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos serán objeto de publicación: Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. Cuando se trate de actos no integrantes de procedimientos selectivos. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento de concurrencia no competitiva. Cuando se trate de actos definitivos que pongan fin al procedimiento administrativo.

Según el artículo 77.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la prueba en un procedimiento consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, se entenderá que este tiene carácter: Vinculante. Preceptivo. Facultativo. No vinculante.

Según el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en los casos de daños físicos o psíquicos a las personas prescribirá: Al año de producirse el hecho que motive la indemnización. Al año de producirse el acto que motive la indemnización. Al año de producirse la publicación del acto que motive la indemnización. Al año, empezando a computarse el plazo desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

Según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Cuando sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de jerarquía. Cuando se dicten prescindiendo total y absolutamente de las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Cuando incurran en desviación de poder. Cuando se dicten por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del territorio.

Según el artículo 115.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, referido a la interposición del recurso: El error en la calificación del recurso por parte del recurrente, aunque se deduzca su verdadero carácter, determinará su inadmisión. La ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente, aunque se deduzca su verdadero carácter, determinará su inadmisión. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto podrán ser alegados por quienes lo hubiesen causado.

Según el artículo 37.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las resoluciones administrativas: Pueden vulnerar lo dispuesto en una disposición de carácter general cuando provengan de un órgano administrativo de igual jerarquía al que dictó esta última. Pueden vulnerar lo dispuesto en una disposición de carácter general cuando provengan de un órgano administrativo de superior jerarquía al que dictó esta última. Incurren en vicio de anulabilidad si vulneran lo establecido en una disposición de carácter general. Son nulas si vulneran lo establecido en una disposición reglamentaria.

De conformidad con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados a instancia de parte. Los acuerdos de ampliación de plazos. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria tácita. Las propuestas de resolución en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los hechos denunciados que pudieran constituir una infracción administrativa identificarán a los presuntos responsables cuando sea posible. La denuncia es el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, inicia a instancia de parte un procedimiento administrativo. Cuando el denunciante es anónimo, no será necesaria la identificación de los presuntos responsables. La presentación de la denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora.

Ponen fin a la vía administrativa, de conformidad con el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos en todo caso. La resolución administrativa de los procedimientos sancionadores, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.

Según el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando de una resolución administrativa nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará preferentemente: Mediante tarjeta de débito. Mediante ventanilla electrónica. Mediante aval bancario. En efectivo.

A propósito del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO será motivado un acto que: Acuerde la aplicación de la tramitación de urgencia. Acuerde la limitación de un interés legítimo. Acuerde la aplicación del precedente administrativo. Acuerde la ampliación de los plazos del procedimiento.

La práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos se recoge en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el artículo: 41. 42. 43. 40.

Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la eficacia de un acto se demorará: Nunca, el acto es eficaz desde la fecha en que se dicta. Cuando produzca efectos desfavorables al interesado. Cuando así lo exija el contenido del acto. Siempre.

En virtud del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos que pongan fin a un procedimiento selectivo: Deben motivarse siempre por escrito. Deben motivarse de manera individualizada. Deben motivarse en el tablón de anuncios del órgano convocante. Deben motivarse en la forma que establezcan las normas que regulen su convocatoria.

Según dispone el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el aviso de puesta a disposición a la persona interesada de una notificación electrónica en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única: Sólo surte efectos en aquellos procedimientos telematizados en los que la persona interesada es persona física. Es de aplicación preferente cuando se ignore el lugar de la notificación. Es independiente a que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. Su falta de práctica impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

Se entiende por digitalización, según refiere el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte no electrónico en un fichero papel que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel en un fichero electrónico que contiene la imagen descodificada, fiel e íntegra del documento. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen descodificada, fiel e íntegra del documento.

A propósito de la copia realizada por una Administración Pública, según establece el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique qué respuesta es correcta: La copia auténtica de documento privado no surte efectos administrativos. Las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante actuación administrativa automatizada. La copia auténtica realizada por una Administración Pública no tendrá validez en las restantes Administraciones. La copia auténtica de documento privado tendrá la misma validez que el documento original, quedando su eficacia supeditada a control posterior del órgano que tenga atribuida las competencias de expedición de copias.

Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de: 10 días. 15 días. 7 días. 5 días.

Señale la frase correcta relativa al expediente administrativo, según el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Se entiende por expediente administrativo el conjunto de funciones y procesos reglados aplicados con carácter transversal a lo largo del ciclo de vida de los documentos. Los expedientes podrán tener formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos deban integrarlos. Deberá constar en el expediente administrativo electrónico copia electrónica certificada de la resolución adoptada. Se incorporará como documentación accesoria al expediente administrativo, toda aquella información que tenga carácter auxiliar o de apoyo.

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas: Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. Acceder, sin restricciones, a todos los documentos obrantes en cualquier procedimiento en tramitación. Obtener copia de expedientes en tramitación relacionados con su profesión, aunque no tenga la condición de interesado.

Los actos administrativos serán objeto de publicación, a tenor de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Cuando los destinatarios de los actos administrativos estén obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración. Cuando sea necesaria la publicación para asegurar la eficacia de la actuación administrativa. Cuando los actos contengan medios de pago a favor de los obligados. Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.

El artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, refiere que: El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes. Contra la resolución de un recurso de reposición podrá interponerse el recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico que resolvió el recurso de reposición. Si el acto no fuera expreso, se podrá interponer recurso de reposición en cualquier momento desde el día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

Establece el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que: El procedimiento administrativo está sometido al principio de transparencia. El procedimiento administrativo se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de jerarquía y publicidad. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de heterogénea naturaleza. El titular de la unidad administrativa que tenga atribuida las funciones de instrucción será responsable directo de la tramitación del procedimiento.

El artículo 41 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, establece aquella información que debe ser objeto de comunicación al interesado cuando éste deba relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Indique la respuesta INCORRECTA: La fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos que haya de cumplir el interesado tras la presentación del documento o documentos en el registro electrónico. El plazo máximo para resolver el procedimiento y para la práctica de la notificación de los actos que le pongan término. Los efectos del silencio administrativo. La realización del requerimiento de anulación o revisión de actos entre administraciones públicas.

Según dispone el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo: El derecho-habiente del interesado, siempre que haya recaído resolución definitiva. Los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, siempre y cuando hayan iniciado el procedimiento. Las organizaciones representativas de intereses económicos como titulares de derechos derechos colectivos, en los términos que la ley reconozca. Quienes lo promuevan como titulares de intereses legítimos individuales o colectivos.

La representación en el procedimiento administrativo, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: No se presume nunca. No se presume para presentar comunicaciones. Se presume para desistir de acciones. Se presume siempre.

A propósito de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común establecida en el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: El procedimiento deberá ser resuelto en 20 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. El procedimiento se iniciará siempre de oficio. Se prescindirá del trámite de audiencia cuando la resolución vaya a ser favorable para el interesado. Requiere informe preceptivo del órgano competente para resolver.

Según el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos: A quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. A los interesados que no estén obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública. A los interesados que no estén obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública, así como a las entidades sin personalidad jurídica. A las personas jurídicas.

A tenor lo establecido en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados se prestará por las Administraciones Públicas especialmente en lo referente a: La firma electrónica. La obtención de copias autenticadas. La emisión de informes por medios electrónicos. La interposición de recursos contencioso-administrativos.

A tenor de lo establecido en el artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el principio por el que se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo, es el de: Economía procedimental. Transparencia. Celeridad. Simplificación administrativa.

Con respecto a la potestad reglamentaria, el artículo 128.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las disposiciones administrativas: Se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Se ajustarán al orden jerárquico señalado por cada Administración. Podrán vulnerar los preceptos de otras de rango superior. Podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas.

Según el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué actos NO han de ser motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho?. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia. Los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

Según el artículo 96.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en: 15 días. 30 días. Dos meses. Tres meses.

Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, las personas con capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares en sus relaciones con ellas de los siguientes derechos, ¿Qué afirmación es INCORRECTA?. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. A la protección de datos de carácter personal. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos. Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución, las leyes y los reglamentos.

Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué afirmación es INCORRECTA?. Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabrá recurso en vía administrativa. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, por otros procedimientos de impugnación.

En materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas indica que el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial: Se identifica completamente con el procedimiento administrativo común. Se integra como especialidad del procedimiento administrativo común. Es un procedimiento especial regulado en la referida Ley 39/2015. Es un procedimiento especial regulado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Cómo pasan a denominarse las oficinas en materia de registros?. Oficinas de Atención al Público. Oficinas de Registro Presencial. Oficinas de Atención a la Ciudadanía. Oficinas de Asistencia en Materia de Registros.

Según el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los ciudadanos pueden presentar sus solicitudes, escritos y comunicaciones a los órganos de la Administraciones Públicas en: Las oficinas de Correos. Las embajadas y consulados españoles pero sólo si están en la Unión Europea. Las entidades financieras españolas. Ninguna de las anteriores es correcta.

Manuela desea dirigirse a la Ley que establece las reglas de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aplicables a estos hechos denunciados, pero se debate entre la LPACAP y la LRJSP. Usted rápidamente le indica que dichas reglas procedimentales se encuentran, ¿en qué ley y título?. Están en la Ley 40/2015, Título I. Están en la Ley 40/2015, Título II. Están en la Ley 39/2015, Título III. Están en la Ley 39/2015, Título IV.

Considerando que Antonio AZ desea abonar la multa pecuniaria, el artículo 85.3 de la LPACAP establece, respecto a las reducciones sobre el importe de la sanción, que (Indique la INCORRECTA): Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20% sobre el importe de la sanción propuesta. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento. Su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. El porcentaje de reducción previsto en este apartado no podrá ser incrementado reglamentariamente.

A tenor del artículo 41 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, será objeto de comunicación al interesado por medios electrónicos, al menos: La fecha y, en su caso, la hora efectiva de inicio del cómputo de plazos que haya de cumplir la Administración tras la presentación del documento o documentos en el registro electrónico. Los efectos de la resolución expresa que haya de resolver el procedimiento. La solicitud de pronunciamiento previo no preceptivo a un órgano de la Unión Europea y la notificación del pronunciamiento de ese órgano de la Unión Europea a la Administración instructora. El plazo máximo para resolver el procedimiento y para la práctica de la notificación de los actos que no le pongan término.

Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Cuándo concluirá el plazo fijado en meses?. A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. El último día del mes de vencimiento. A partir del día siguiente en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento.

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta con respecto a la revisión de disposiciones y actos nulos, según el artículo 106 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, transcurrido el plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución, se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, transcurrido el plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas solo será obligatoria: únicamente cuando la comparecencia sea presencial y así esté previsto en una norma con rango de Ley. cuando la comparecencia sea presencial o por medios electrónicos y así esté previsto en una norma con rango de Ley. únicamente cuando la comparecencia sea presencial y así esté previsto en la Orden que regula el procedimiento en cuestión. cuando la comparecencia sea presencial o por medios electrónicos y así esté previsto en la Orden que regula el procedimiento en cuestión.

¿Qué finalidad persigue la apertura de un periodo de información antes de acordar el inicio del procedimiento de acuerdo con lo establecido en el art. 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Conocer posibles interesados en el procedimiento. Conocer las opiniones y circunstancias que puedan afectar a la resolución del mismo. Conocer los hechos concretos que puedan determinar cuál es el órgano competente para la instrucción. Conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

De acuerdo con el artículo art. 53 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿Cuál de los siguientes es un derecho de los interesados en el procedimiento?. A presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. A aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. A obtener asesoramiento por parte de la administración pública correspondiente, sobre cómo enfocar los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

De acuerdo con el art. 112 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, indique qué tipo de recurso se podrá interponer: no cabe recurso alguno. los recursos de alzada y potestativo de reposición. los recursos de alzada y extraordinario de revisión. exclusivamente el recurso de alzada.

Según el art. 118.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes en: un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte. un plazo no superior a veinte días. un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. un plazo no inferior a quince días ni superior a veinte.

A tenor del art. 126.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entenderá desestimado el recurso extraordinario de revisión: transcurrido el plazo de un mes desde su interposición sin haberse dictado y notificado la resolución. transcurrido el plazo de tres meses desde su interposición sin haberse dictado y notificado la resolución. transcurrido el plazo de seis meses desde su interposición sin haberse dictado y notificado la resolución. transcurrido el plazo de dos meses desde su interposición sin haberse dictado y notificado la resolución.

De acuerdo con las definiciones recogidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho, se trata de una: certificación. comunicación. declaración responsable. solicitud.

Según el artículo 22 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá ¿en cuál de los siguientes casos?. Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley. Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.

La declaración de lesividad de los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no podrá adoptarse: Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento que originó el acto. La declaración de lesividad podrá adoptarse en cualquier momento desde que se dictó el acto administrativo. Una vez transcurrido un año desde que se dictó el acto administrativo. Una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.

En relación a la exigencia de responsabilidad,  regulada en el artículo 20 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, derivada de actuaciones que durante la tramitación del procedimiento pueda afectar a intereses legítimos de los interesados, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. La Administración a la que corresponda podrá solicitar la exigencia de responsabilidad al personal que tuviese a su cargo el despacho de los asuntos. Los interesados podrán solicitar la exigencia de responsabilidad al personal que tuviese a su cargo el despacho de los asuntos. La Administración competente en materia de impulso e inspección de servicios podrá exigir la responsabilidad a la Administración que corresponda dicho procedimiento. Los interesados podrán solicitar la exigencia de responsabilidad a la Administración Pública de que dependa el personal afectado.

Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para las solicitudes de iniciación del procedimiento: Las solicitudes de inicio de los procedimientos deberán realizarse a través de medios electrónicos, salvo que el interesado acredite que no dispone de los mismos. Cuando se opte por notificación electrónica, deberá indicarse en la solicitud una dirección de correo electrónico con el fin de que la administración ponga a disposición la notificación. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos normalizados de uso obligatorio que permitan la presentación masiva de solicitudes, estos modelos podrán descargarse en las correspondientes sedes electrónicas.

De acuerdo con el artículo 96 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración podrá acordar la tramitación simplificada del procedimiento cuando: Se aleguen intereses legítimos por parte de quienes solicitaron su tramitación y el procedimiento en cuestión no revista complejidad. La administración aplique los principios de racionalización y agilidad en los procedimientos y no se lesionen intereses superiores de terceros. Existan razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. No se haya dictado resolución expresa y se haya otorgado con carácter previo un plazo de cinco días para que los interesados puedan oponerse.

La declaración de lesividad de actos que provengan de las entidades que integran la Administración Local, será adoptada por: El Alcalde. La Comisión de Gobierno. El Pleno de la Corporación. El Concejal competente en la materia.

¿Cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada?. Un mes. Tres meses. Cuatro meses. Seis meses.

¿Cuál de los siguientes supuestos ponen fin a la vía administrativa, según el artículo 114.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tenga la consideración de finalizadores del procedimiento. Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. Las resoluciones de los recursos de alzada. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a la práctica de notificaciones en papel: Después de un primer intento de notificación infructuoso, éste se podrá repetir por una sola vez dentro de los tres días siguientes. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, el resto de las notificaciones se realizarán necesariamente a través de medios electrónicos. Si la notificación se practica en el domicilio del interesado y éste no se halla presente, cualquier persona mayor de trece años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad podrá hacerse cargo de esta.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece en su artículo 72.1 que "se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo", de acuerdo con el principio de: Celeridad. Impulso de oficio. Buena administración. Simplificación administrativa.

El artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que, entre los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas se encuentra el derecho a: Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos. Actuar asistidas de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. Utilizar ante todas las Administraciones Públicas cualquiera de las lenguas cooficiales en el territorio español. Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos de interés público.

Según el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos: En alzada. Potestativamente en reposición. Únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. En alzada o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece en su artículo 126.3 que el recurso extraordinario de revisión se entenderá desestimado si, desde la interposición del recurso, no se dicta y notifica la resolución en un plazo de: Quince días. Un mes. Dos meses. Tres meses.

Conforme al artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, ¿desde cuándo empezará a computarse el plazo de prescripción para solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial?: Desde que se determine la relación de causalidad entre las lesiones producidas y el funcionamiento del servicio público. Desde que se manifieste efecto lesivo del acto que motive la indemnización. Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Desde el día en que la lesión efectivamente se produjo.

Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en su ámbito de aplicación, se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas: La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. Los distintos Ministerios del Gobierno de España, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las Agencias Administrativas.

Según el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015): Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados en le plazo de 3 día hábiles a sus respectivos destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes. Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración deberán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la administración de la que dependen. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. El Registro Electrónico General será único para todas las Administraciones.

Según la Ley 39/2015 (LPACAP), y en relación a la obligación de resolver que tiene la Administración Pública, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen un plazo máximo, éste será de: 6 meses. 3 meses. 1 mes. 10 días.

Según la Ley 39/2015 (LPACAP), los actos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos: Mediante recurso de alzada. Mediante recurso de reposición. Potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Recurso de alzada ante el órgano superior al que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Según la Ley 39/2015 (LPACAP), y en relación a la motivación de los actos administrativos, recoge que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Todos los actos administrativos. Exclusivamente los que resuelvan procedimientos. Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los que suspendan derechos de menores de edad.

En relación a la delegación de firma de los órganos de las Administraciones Públicas, la legislación vigente recoge: No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación. Alterará la competencia, debiendo recoger el documento firmado las circunstancias que originan dicha delegación de firma. Alterará la competencia del órgano delegante, asumiendo a partir de ese momento el nuevo firmante todas las actuaciones pendientes del procedimiento. No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.

Contra las resoluciones adoptadas por órgano competente en materia de recusación de personal al servicio de las Administraciones Públicas para intervenir en un procedimiento: Cabrá recurso de reposición. Cabrá recurso de alzada. No cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento. Cabrá recurso de revisión.

Los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial: Sólo pueden tramitarse por el procedimiento administrativo común. Solo pueden tramitarse por el procedimiento administrativo simplificado. Se tramitan por un procedimiento administrativo especial. Pueden tramitarse por el procedimiento común y por el simplificado.

Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran, entre otros, interesados en el procedimiento administrativo: Quienes ostentan la titularidad y el derecho legítimo. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Quieres considera la ley garante de los procedimientos. Las empresas, particulares y asociaciones que tengan legitimada su solvencia administrativa.

Según establece la ley 39/2015 en su artículo 30 sobre computo de plazos cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá: Prorrogado al primer día hábil siguiente. No cabe prorroga en este caso. Los días inhábiles se cuentan como los días hábiles en este caso. Prorrogado al día siguiente alternativo.

Según establece la ley 39/2015 en su artículo 47, serán actos de las Administraciones Públicas considerados nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Los que tengan un contenido imposible. Los que lesionen los derechos y libertades. Los que se dicten como lesivos. Los vulnerables del normal desarrollo del acogimiento al derecho.

Una de las novedades de la Ley 39/2015 con relación a la norma que la precede es que amplía su ámbito subjetivo a: La Administración de Justicia. El sector público institucional. Las Entidades que integran la Administración Local. La Administración General del Estado.

Según establece la ley 39/2015, no se consideraría interesado en el procedimiento administrativo. Quienes lo promueven como titulares de derechos legítimos colectivos. Quien no habiendo iniciado el procedimiento tenga intereses que puedan resultar afectados por la resolución que en el mismo se adopte. Un sindicato en los términos que la ley le reconozca. El derecho-habiente del interesado cuando la condición de interesado derivase de una relación jurídica transmisible.

Según establece la ley 39/2015, la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de ... Cinco días. Quince días. Setenta y dos horas. Diez días.

Según establece la ley 39/2015, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán en primer término con. El interesado que expresamente hubieran señalado. El que figure en primer lugar. El que figure en último lugar. Ninguna es correcta.

Según establece la Ley 39/2015 (LPACAP), el efecto que tendrá el silencio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Española será: Desestimatorio. Estimatorio. Estimatorio en caso de que el interesado alegue interés legítimo. En estos procedimientos siempre tiene que haber resolución expresa.

Según establece la Ley 39/2015 (LPACAP), en relación al cómputo de plazos, éstos podrán señalarse en: Meses y días. Meses, días y horas. Años, meses y días. Años, meses, días y horas.

Según establece la Ley 39/2015 (LPACAP), en relación al cómputo de plazos, cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará: Inhábil sólo para los interesados que residan en el municipio o Comunidad Autónoma en el que hubiese un día inhábil. Inhábil sólo para los interesados que residan en la localidad del organismo administrativo en el que hubiese un día inhábil. Hábil para todos los interesados, independientemente del lugar de residencia. Inhábil en todo caso.

Respecto a la identificación de los interesados, a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, ¿Cómo se identifican estos ante las Administraciones Públicas?. Todos los interesados están obligados a identificarse ante las Administraciones Públicas por medios electrónicos. Sólo a través de funcionario público mediante el uso de firma electrónica del que esté dotado para ello, previa identificación ante el funcionario y prestación expresa de consentimiento para la actuación. Los interesados no están obligados a identificarse ante las Administraciones Públicas en el procedimiento administrativo. Todas son incorrectas.

De conformidad con la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015), es interesado en un procedimiento administrativo: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar. Cualquier ciudadano independientemente de su capacidad de obrar. Quien presente una solicitud en un registro de una Administración Pública. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

Según la Ley 39/2015, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán primeramente con: El que figure en último lugar. El que acredite mayor solvencia o conocimiento administrativo. El interesado que expresamente hayan señalado, y en su defecto, con el que figure en primer término. Cualquiera de los que figuren en la solicitud, escrito o comunicación.

Según la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: Formular petición de acciones. Renunciar a derechos. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Interponer recursos.

Según la Ley 39/2015, cuando la norma reguladora de un procedimiento no fije el plazo máximo de notificación de la resolución expresa, éste será de: De un mes. De tres meses. De seis meses. De un año.

Según la Ley 39/2015, transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá: Estimado. Desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional penal. Desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. Desestimado, pudiendo el interesado recurrir en amparo al Tribunal Supremo.

Según la Ley 39/2015, iniciado un procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial sin que haya recaído ni notificado resolución expresa, en un plazo de seis meses, se entenderá: Que es contrario a la indemnización del particular. Que es favorable. Que se prorroga por tres meses. Caducidad de las actuaciones.

Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos: Que no exceda de la mitad de los mismos. Que no exceda de un tercio de los mismos. Por el mismo plazo establecido. No es posible la ampliación de plazos.

Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015), las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas estarán sujetas a esta Ley: En todas las potestades que ejerzan. Exclusivamente en sus relaciones con los ciudadanos. Cuando ejerzan potestades administrativas. Exclusivamente cuando ejerzan potestades administrativas de gestión de derechos con los ciudadanos.

De conformidad con la Ley 39/2015, en relación con la representación, y como norma general: Podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Deberá acreditarse mediante poder notarial. Las personas físicas con capacidad de obrar podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas. Las respuestas A) y C) son correctas.

Según la Ley 39/2015, con relación a la obligación de resolver, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa: Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Será de 1 mes en todos los casos. Será de 3 meses en todos los casos. Será de 6 meses en todos los casos.

Según la Ley 39/2015, son actos nulos de pleno derecho: La desviación de poder. La realización de actuaciones administrativas fuera de plazo. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los actos de las administraciones que incurran en infracción del ordenamiento jurídico.

Según la Ley 39/2015, los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente: Por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. Por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior o por denuncia de terceros. Por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior o por denuncia de terceros interesados en el procedimiento. Como consecuencia de orden superior, a petición de otros órganos de las Administración Pública o por denuncia de terceros.

Según la Ley 39/2015, con relación al trámite de audiencia, los interesados podrán alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes en un plazo: Máximo de diez días. No inferior de diez días ni superior a quince. Máximo de quince días. No inferior de diez días ni superior a veinte.

Según la Ley 39/2015, ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos de reposición. Las resoluciones de los recursos de alzada, reposición y el extraordinario de revisión. Las resoluciones de los recursos de alzada y reposición. Las resoluciones de órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad, las Administraciones intervinientes responderán de forma: Mancomunada. Solidaria. Subsidiaria. Independiente.

La indemnización por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en: La legislación de expropiación forzosa, a valor de mercado. La legislación fiscal, en función de las tablas publicadas por el Ministerio de Economía y Hacienda. La legislación mercantil. La legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.

Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015), los actos de éstas sujetos a Derecho Administrativo se presumirán válidos y producen efectos: Desde la fecha en que salen del registro del órgano administrativo. Desde la fecha de firma del titular del órgano competente. Desde la fecha de notificación. Desde la fecha en que se dicten.

Según la Ley 39/2015, las notificaciones se practicarán preferentemente: Por comparecencia del interesado o su representante en la sede del órgano administrativo. Por medios electrónicos. Por correo certificado. Mediante publicación en Boletín o Diario Oficial.

Según la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado para entenderla, como regla general: Estimada. Desestimada. No presentada. Nula.

Según la Ley 39/2015, la Administración podrá convalidar, subsanando los vicios de que adolezcan, los actos: Nulos. Anulables. Irregulares. Defectuosos.

Según la Ley 39/2015, los interesados en un procedimiento administrativo tendrán derecho: A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de interesado. A no presentar documentos originales. A formular alegaciones. Las respuestas anteriores son ciertas.

Según la Ley 39/2015, los procedimientos podrán iniciarse: De oficio o a solicitud del interesado. De oficio o a solicitud del representante del interesado. Sólo a petición de interesado. Sólo a petición de órgano superior.

Según la Ley 39/2015, los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán: Siempre de oficio por acuerdo de órgano superior al competente. Siempre de oficio por acuerdo de órgano competente. Por querella de particular. Por denuncia de particular.

Según la Ley 39/2015, las disposiciones de creación de los registros electrónicos especificarán, en todo caso: La autoridad que aprueba su creación y la fecha en que se aprueba. La autoridad que aprueba su creación y el ámbito de aplicación. El órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha a partir de la cual surte efectos. El órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles.

Según la Ley 39/2015, respecto al cómputo de plazos, cuando el último día del plazo sea inhábil: Se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Se entenderá prorrogado al primer día natural siguiente. Se entiende que el plazo finaliza el día hábil anterior. Se entenderá que el plazo finaliza el día natural anterior.

Según la Ley 39/2015, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho: A presentar documentos originales. A identificar a las autoridades y al personal de las Administraciones Públicas. A actuar asistido de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. A aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.

Según la Ley 39/2015, la Administración podrá convalidar los actos anulables: Subsanando los vicios de que adolezcan. Siempre que interese a la propia Administración. Siempre que cuente con el visto bueno de los interesados en el procedimiento. Sólo en caso de que haya sido dictado por órgano incompetente.

El principio por el que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, está recogido expresamente en la Constitución en el: Artículo 9. Artículo 23. Artículo 93. Artículo 103.

Según la Ley 39/2015, pone fin a un procedimiento administrativo: La resolución. El desistimiento. La caducidad. Todas son ciertas.

Según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido: 10 días hábiles. 10 días naturales. 15 días hábiles. 15 días naturales.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aquellas personas que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte: No se les considerará interesados a no ser que soliciten justificadamente tal condición. Se considerarán interesados en el procedimiento. No se les considerará interesados, pero podrán impugnar la apertura del procedimiento. Se considerarán interesados en el procedimiento siempre y cuando presenten el correspondiente recurso de revisión previo a la iniciación de las actuaciones.

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa: La notificación se hará por medio de anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. La notificación se hará por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su domicilio. Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. Habrá de intentarse una segunda notificación en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

De conformidad con el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuáles de los siguientes actos NO son actos nulos de pleno derecho: Los actos que incurran en desviación de poder. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos sancionadores se pueden iniciar: De oficio, a petición de parte interesada, o por denuncia. Siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente. Por denuncia o de oficio, por acuerdo del órgano competente. Únicamente por denuncia.

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto: Cuando resulte contrario al derecho de los particulares o a las leyes. Cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Cuando así lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución. En los casos en que la Ley lo ordene de modo expreso.

¿Quién está obligado si o si a relacionarse por medios electrónicos?. Las personas jurídicas. Las entidades sin personalidad jurídica. Quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación. Todas son correctas.

En relación con los principios que rigen el procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, señale la respuesta FALSA: Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los ser. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.

No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos. Por orden alfabético de los documentos para facilitar su localización y consulta. Respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos e indicando la fecha del día en que se produzcan. Agrupados por nivel jerárquico del órgano receptor o emisor de los documentos, indicando la fecha de entrada o salida según corresponda. Por la fecha del documento a registrar.

En relación con la práctica de las notificaciones en papel, el artículo 42 de la Ley 39/2015 establece que: Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 12 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hace cargo de la notificación en el domicilio del interesado, se hará constar esta circunstancia en el expediente, con el día y la hora en que se intentó la notificación, y se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 5 días hábiles siguientes. En caso de que el primer intento de notificación en el domicilio del interesado se haya realizado antes de las 17 horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 17 horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.

Según la Ley 39/2015, en materia de responsabilidad patrimonial, el plazo máximo de que dispone la Administración para resolver la reclamación y notificar la resolución expresa es de: Tres meses y si la Administración no resolviese en plazo, se producirá la caducidad del procedimiento y el archivo de actuaciones. Seis meses y si la Administración no resolviese en plazo, se entenderá estimada la reclamación. Seis meses y si la Administración no resolviese en plazo, se entenderá desestimada la reclamación. Tres meses, puesto que la norma reguladora del procedimiento no fija un plazo máximo.

Señale la respuesta INCORRECTA en relación con el Punto de Acceso General electrónico de la Administración (P.A.G.), de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Las personas físicas con capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas tienen la obligación de comunicarse con éstas a través de un P.A.G. La obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos se entiende cumplida con la puesta a disposición de las mismas en el P.A.G. Los interesados pueden acceder a las notificaciones por medios electrónicos desde el P.A.G. Los interesados de los procedimientos tienen derecho a consultar la información y documentos relativos al procedimiento en el P.A.G.

Conforme al artículo 21.2 de la Ley 39/2015, cuando las normas reguladoras de los procedimientos NO fijen el plazo máximo en el que deben notificarse las resoluciones expresas, este será de: Dos meses. Doce meses. Seis meses. Tres meses.

En relación con la posibilidad de ampliación de los plazos del procedimiento administrativo, señale cuál es la opción correcta conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Podrá acordarse la ampliación por una duración que no exceda del doble del plazo inicial. Sólo procederá cuando la ampliación sea solicitada previamente por el interesado. La Administración podrá acordar la ampliación general de los plazos cuando haya sufrido un ciberincidente. Podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el procedimiento administrativo los interesados. Sólo podrán actuar por medio de representante cuando una norma con rango de ley expresamente lo autorice. Podrán acreditar su representación a través de cualquier medio válido en derecho. Sólo podrán actuar por medio de representante para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. No podrán actuar por medio de representante, salvo que se trate de procedimientos iniciados de oficio.

Conforme al artículo 48.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas: Implicará en todo caso la nulidad del acto. Implicará siempre la anulabilidad del acto. Solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. En ningún caso implicará la anulabilidad del acto.

De acuerdo con la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta en relación con la solicitud de informes para la instrucción de un procedimiento: Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. El informe emitido fuera de plazo no podrá ser tenido en cuenta en ningún caso al adoptar la correspondiente resolución. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de quince días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, no se podrán proseguir las actuaciones.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Qué supone la inderogabilidad singular del acto administrativo?. Que los actos de las Administraciones Públicas serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley. Que los actos de las Administraciones Públicas se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Que las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a más de un interesado. Que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado y éste no se encuentre presente, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio, siempre que haga constar su identidad y sea mayor de: 12 años. 14 años. 16 años. 18 años.

Conforme a la Ley 39/2015, ¿Qué órgano es competente para resolver un recurso potestativo de reposición?. El órgano que dictó el acto administrativo recurrido. El superior jerárquico del órgano que dictó el acto administrativo recurrido. El órgano del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que fuera competente para conocer del asunto conforme con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El órgano que dictó el acto administrativo o el superior jerárquico del órgano que dictó el acto recurrido, en función de la materia recurrida.

En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial, que será evacuado en el plazo máximo de: Seis meses, quedando suspendido el plazo para dictar resolución por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción y no pudiendo exceder dicho plazo de los citados seis meses. Tres meses, quedando suspendido el plazo para dictar resolución por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción y no pudiendo exceder dicho plazo de los citados tres meses. Un mes, quedando suspendido el plazo para dictar resolución por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción y no pudiendo exceder dicho plazo del citado mes. Dos meses, quedando suspendido el plazo para dictar resolución por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción y no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses.

¿Cuándo es necesaria la autorización judicial, según el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Para la ejecución subsidiaria. Para el apremio sobre el patrimonio. Para entrar en el domicilio del afectado u otros lugares que requieran la autorización de su titular, salvo que se obtenga el consentimiento del mismo. Única y exclusivamente para la entrada en el domicilio del afectado.

El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas: Podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. No podrá ser modificado con posterioridad al trámite de audiencia. Únicamente podrá ser modificado cuando de no hacerlo se corra riesgo de no alcanzarse las pretensiones del interesado. No podrá ser modificado de manera unilateral por el interesado.

¿Qué tipo de intereses legítimos pueden ser defendidos por los interesados en el procedimiento administrativo?. Individuales o colectivos. Económicos o sociales. Públicos o privados. Ninguna de las anteriores es correcta.

¿Qué obligación tiene un determinado órgano cuando se interponga ante él un recurso de alzada contra una resolución dictada por él mismo?. Resolver el recurso. Rechazarlo, perdiendo todo el derecho el recurrente. Deberá remitirlo al órgano competente en 10 días. Ninguna de las anteriores.

¿Puede la Administración declarar de oficio la nulidad de un acto administrativo que haya puesto fin a la vía administrativa o no haya sido recurrido en plazo?. Si, en cualquier momento, solamente a iniciativa propia, y previo dictamen favorable del Consejo de estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiera. Si, en cualquier momento, solamente a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiera. Si, en cualquier momento, por iniciativa propia, o a solicitud del interesado y previo dictamen favorable del Consejo de estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiera. No está admitida en el ordenamiento español la Revisión de oficio.

Conforme al artículo 24.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa del Ayuntamiento posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse: De ser desestimatoria del mismo. De ser confirmatoria del mismo. Sin vinculación alguna al sentido del silencio. En cualquier caso.

La falta de práctica por el Ayuntamiento de aviso electrónico a la persona interesada de puesta a disposición de notificación administrativa: Impide que la notificación sea considerada plenamente válida. No impide que la notificación sea considerada plenamente válida. Anula el procedimiento de notificación. Invalida el procedimiento de notificación.

Conforme al artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las personas interesadas en un procedimiento tramitado por el Ayuntamiento de San Fernando sean desconocidas, la notificación se hará en todo caso por medio de un anuncio publicado en: El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El tablón electrónico de anuncios del Ayuntamiento. El Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.

Conforme al artículo 107.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad de los actos anulables no podrá adoptarse: Una vez transcurrido un año desde que se dictó el acto administrativo. Una vez transcurridos tres años desde que se dictó el acto administrativo. Una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Una vez transcurridos tres años desde que se dictó el acto administrativo.

Conforme al artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano competente para la resolución del recurso extraordinario de revisión será: El órgano administrativo que dictó el acto recurrido. El órgano administrativo superior jerárquico del que dictó el acto recurrido. El órgano administrativo designado reglamentariamente como competente para la resolución. El órgano competente del orden jurisdiccional administrativo.

Conforme al artículo 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un procedimiento iniciado a solicitud de una persona interesada, cuando su paralización se produzca por causa imputable a la misma, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad de dicho procedimiento: Transcurridos dos meses. Transcurridos un mes. Transcurridos tres meses. Transcurridos 15 días.

¿Cuál de estos derechos tiene el interesado, según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. A interponer recursos ante la Comunidad Autónoma en caso de silencio de la Administración municipal a la que se haya dirigido. A que los actos administrativos no se ejecuten mediante compulsión directa sobre la persona. A abonar en metálico el importe de las sanciones impuestas. A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

¿Qué derechos tienen las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, según el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Cualquier derecho que se reconozca a una persona con capacidad jurídica. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con entidades privadas. A no abonar ninguna tasa o precio excesivo por la prestación de servicios. A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

Conforme al artículo 28.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las copias que aporten las personas interesadas al procedimiento administrativo tendrán eficacia: Exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas. Exclusivamente en el ámbito de la actividad del sector público. Exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Corporaciones de Derecho Público. Exclusivamente en el ámbito de la actividad de cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

Conforme al artículo 23.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de un procedimiento administrativo: Por el plazo máximo de 15 días hábiles. Por plazo no superior al establecido para la tramitación del procedimiento de que se trate. Por plazo no superior a 30 días ni inferior a 10. Por plazo no superior a 20 días ni inferior a 10.

En relación con la representación en el procedimiento administrativo: La Ley de Procedimiento Administrativo Común exige la acreditación de la representación para cualquier acto, incluido los de mero trámite. La Ley de Procedimiento Administrativo Común no exige la acreditación de la representación cuando el representante va a formular la solicitud. La Ley de Procedimiento Administrativo Común nunca exige la acreditación de la representación para ningún trámite. La Ley de Procedimiento Administrativo Común no exige la acreditación de la representación para actos y gestiones de mero trámite.

Conforme al art. 82 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de administraciones públicas, el plazo en el que los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, será: respuestas: No inferior a diez días ni superior a quince. No inferior a quince días ni superior a veinte. No inferior a diez días ni superior a veinte. No superior a diez días.

A tenor del art. 22 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común administraciones públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución, se podrá suspender: Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. Cuando los interesados promuevan la recusación. Cuando se soliciten informes facultativos a un órgano de la misma o distinta Administración. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes de oficio.

El art. 79 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, dispone que: Los informes podrán ser emitidos a través de medios electrónicos. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y no vinculantes. El informe emitido fuera de plazo no será tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

El art. 47 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de administraciones públicas, establece que son nulos de pleno derecho los actos de las administraciones públicas que: Se dicten como consecuencia de infracción penal. Lesionen los derechos y libertades no susceptibles de amparo constitucional. Tengan un contenido ilícito. Se dicten por órgano manifiestamente incompetente por razón de jerarquía.

Son medios de ejecución forzosa de las administraciones públicas, y por tanto, también de las entidades locales: Ejecución subsidiaria y multa coercitiva, exclusivamente. Apremio sobre el patrimonio, únicamente. Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. La compulsión sobre las personas está prohibida legalmente.

Según el art. 14 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos los siguientes sujetos: Las uniones y entidades sin personalidad jurídica. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. Las personas físicas. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

Según el art. 70 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, formarán parte del expediente administrativo: Los informes preceptivos y vinculantes solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. Los informes internos o entre órganos o entidades administrativas. Los informes preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. La información contenida en bases de datos informáticas.

La notificación se hará por medio de un anuncio en el boletín oficial del estado, según el art. 44 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de administraciones públicas: Cuando los representantes de los interesados en un procedimiento sean desconocidos. Cuando el notificado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa. Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud del interesado. Cuando, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.

El art. I29 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los siguientes principios de buena regulación en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria: Necesidad y eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia. Necesidad y eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Necesidad y eficiencia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia. Necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, publicidad y transparencia.

A efectos de la caducidad, ¿Qué fecha se tiene en cuenta para iniciar el computo?. La fecha del acuerdo de iniciación. La fecha en la que recibimos la notificación. El día hábil siguiente al de la fecha de notificación. El día natural siguiente al de la fecha de notificación.

¿Qué Ley regula el Procedimiento a seguir en la potestad sancionadora?. Ley 39/2015. Ley 40/2015. Ley 42/2015. Ley 2/2007.

¿Qué Ley regula los Principios de la potestad sancionadora?. Ley 39/2015. Ley 40/2015. Ley 42/2015. Ley 2/2007.