Tema 13-16 general

De conformidad con el artículo 94.1 de la Constitución Española, requerirán previa autorización de las Cortes Generales los: a.Tratados que requieran la aprobación de una ley para su ejecución. b.Tratados que tengan carácter paramilitar. c.Tratados que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. d.Tratados que no afecten a la integridad territorial del Estado.

En relación con la jerarquía de fuentes, ¿qué implica el criterio de la primacía del Derecho escrito en el Derecho Administrativo?. a.Que la jurisprudencia es la fuente principal al estar escrita en sentencias. b.Que los reglamentos pueden prevalecen sobre las leyes según la materia regulada. c.Que la costumbre tiene el mismo rango que la Ley escrita. d.Que las fuentes no escritas, como la costumbre, quedan relegadas a la categoría de fuentes subsidiarias.

En base al artículo 1 del Código Civil, ¿cuándo se considera que un uso jurídico tiene la consideración de costumbre?. a.Cuando sea contrario a la ley pero aceptado socialmente. b.Siempre que se realice de forma reiterada por la Administración. c.Cuando sea meramente interpretativo de una declaración de voluntad. d.Cuando no sea meramente interpretativo de una declaración de voluntad.

Según el artículo 1.3 del Código Civil, ¿qué consideración tienen los usos jurídicos en nuestro sistema de fuentes?. a.Tienen la consideración de jurisprudencia siempre que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad. b.Tienen la consideración de principios generales del derecho siempre que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad. c.No tienen la consideración de fuente del derecho en ningún caso, sirviendo solo como criterios interpretativos. d.Tienen la consideración de costumbre siempre que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad.

Atendiendo al principio de la jerarquía normativa, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones sería la CORRECTA?. a.Las leyes orgánicas prevalecen sobre las leyes ordinarias. b.La Constitución Española prevalece sobre el Derecho de la Unión Europea. c.El Derecho de la Unión Europea prevalece sobre la Constitución Española. d.Los Decretos Leyes prevalecen sobre los Decretos Legislativos.

Según el artículo 94 de la Constitución Española, ¿en qué supuesto se requiere la previa autorización de las Cortes Generales para la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados?. a.Solo en aquellos tratados que supongan la modificación de una Ley Orgánica. b.En los tratados de carácter político, militar, o que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. entre otros. c.Exclusivamente en los tratados que atribuyan a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. d.En todos los tratados internacionales sin excepción.

Según el artículo 1.3 del Código Civil, ¿qué requisitos deben concurrir para que la costumbre rija como fuente del derecho?. a.Que no sea contraria a la Constitución y que resulte probada ante el Tribunal Supremo. b.Que no exista ley aplicable, que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. c.Que sea secundum legem, que sea reiterada y que sea aceptada por la Administración. d.Que no exista ley ni principios generales aplicables y que no sea contraria al orden público.

De acuerdo con el artículo 24.1 de la Ley 50/1997, los actos cuya adopción venga atribuida al Presidente del Gobierno revisten la forma de: a.Real Decreto acordado en Consejo de Ministros. b.Acuerdo del Presidente del Gobierno. c.Orden Presidencial. d.Real Decreto del Presidente del Gobierno.

Conforme al artículo 93 de la Constitución Española, ¿qué instrumento normativo se requiere para autorizar la celebración de tratados que atribuyan a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución?. a.Ley Orgánica. b.Ley Ordinaria aprobada en referéndum. c.Real Decreto Legislativo. d.Acuerdo del Consejo de Ministros con ratificación del Rey.

De acuerdo con el artículo 1.4 del Código Civil, los principios generales del derecho se aplicarán: a.Únicamente cuando sean invocados por el Tribunal Supremo. b.Como fuente primaria en el Derecho Administrativo sancionador. c.Siempre con preferencia sobre la costumbre. d.En defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.

Según el artículo 1.7 del Código Civil, los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver los asuntos de que conozcan: a.Aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo por encima de la costumbre. b.Siguiendo los criterios de la costumbre extra legem en primer lugar. c.Ateniéndose al sistema de fuentes establecido. d.Ateniéndose exclusivamente a la Ley escrita.

Según el artículo 1.2 del Código Civil, ¿cuál es la consecuencia jurídica de que una disposición contradiga otra de rango superior?. a.Será anulable a instancia de parte. b.Se convertirá en costumbre contra legem. c.Carecerá de validez. d.Se aplicará el principio de competencia para resolver el conflicto.

Según lo dispuesto en el artículo 1.6 del Código Civil, ¿cuál es la función específica de la jurisprudencia en el ordenamiento jurídico?. a.Interpretar la Constitución para garantizar la jerarquía normativa. b.Crear derecho en ausencia de ley o costumbre aplicable. c.Informar el ordenamiento jurídico y resolver los recursos de casación. d.Complementar el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo.

Según el artículo 94.2 de la Constitución Española, ¿qué trámite deben seguir los Tratados o Convenios que no requieran autorización previa de las Cortes?. a.Deben ser ratificados por la Comisión de Asuntos Exteriores. b.El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de su conclusión. c.Requieren aprobación del Senado por mayoría simple. d.No requieren ningún trámite parlamentario.

De conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española, ¿cómo pueden ser derogadas las disposiciones de los Tratados Internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente en España?. a.Por el Tribunal Constitucional mediante sentencia firme. b.Solo en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional. c.Mediante acuerdo del Consejo de Ministros previa autorización del Congreso. d.Mediante una Ley Orgánica posterior.

En el contexto del artículo 24 de la Ley 50/1997, los Reales Decretos Legislativos y los Decretos-Leyes aprobados por el Gobierno tienen: a.Rango reglamentario superior a las Órdenes Ministeriales. b.Rango de Ley. c.Rango constitucional en casos de extraordinaria necesidad. d.Naturaleza de acto administrativo complejo.

Atendiendo al artículo 24.1 de la Ley 50/1997, del Gobierno, ¿qué forma jurídica deben revestir las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia del Consejo de Ministros?. a.Acuerdo del Consejo de Ministros. b.Orden Ministerial. c.Real Decreto Legislativo. d.Real Decreto acordado en Consejo de Ministros.

En relación con los Tratados Internacionales y conforme al artículo 1.5 del Código Civil, ¿cuándo son de aplicación directa en España sus normas jurídicas?. a.Inmediatamente después de la autorización de las Cortes Generales. b.Cuando son ratificados por el Tribunal Constitucional. c.Una vez que han pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. d.Desde el momento de su firma por el Jefe del Estado.

De conformidad con el artículo 24 de la Ley 50/1997, los Acuerdos del Consejo de Ministros se definen como: a.Las decisiones de dicho órgano colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto. b.Las disposiciones dictadas por las Comisiones Delegadas. c.Las decisiones que aprueben normas reglamentarias. d.Las resoluciones de los Ministros que afectan a varios departamentos.

Según el artículo 24.1 de la Ley 50/1997, las disposiciones y resoluciones de los Ministros revisten la forma de: a.Real Decreto Ministerial. b.Acuerdo Ministerial. c.Orden Ministerial. d.Resolución Administrativa.

Según el artículo 26 de la Ley 50/1997, ¿qué impacto debe valorarse obligatoriamente en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo respecto al clima?. a.No es obligatorio valorar el impacto climático. b.Impacto en las reservas hidrológicas. c.Impacto por razón de cambio climático en términos de mitigación y adaptación. d.Impacto en la capa de ozono exclusivamente.

A tenor del artículo 82 de la Constitución Española, la delegación legislativa para la formación de textos articulados se otorgará mediante: a.Una Ley Ordinaria. b.Una Ley Orgánica. c.Un Decreto-Ley. d.Una Ley de Bases.

De conformidad con el artículo 127 de la Ley 39/2015, el Gobierno ejerce la iniciativa legislativa mediante: a.La remisión de decretos legislativos a las Cortes. b.La aprobación de planes anuales normativos exclusivamente. c.La aprobación de proposiciones de ley. d.La elaboración y aprobación de anteproyectos y remisión de proyectos de ley.

Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, el principio de eficiencia en la iniciativa normativa implica: a.Asegurar la coherencia con el ordenamiento jurídico. b.Identificar claramente los fines perseguidos. c.Evitar cargas administrativas innecesarias y racionalizar recursos públicos. d.Garantizar la participación activa de los destinatarios.

Según el artículo 150.3 de la Constitución Española, ¿quién debe apreciar la necesidad de dictar una Ley de Armonización?. a.Las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara. b.El Congreso de los Diputados por mayoría simple. c.El Tribunal Constitucional. d.El Gobierno mediante Real Decreto.

Según el artículo 83 de la Constitución Española, las Leyes de Bases no podrán en ningún caso: a.Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. b.Establecer principios y criterios. c.Fijar un plazo para su ejercicio. d.Delimitar el objeto y alcance de la delegación.

De acuerdo con el artículo 91 de la Constitución Española, ¿cuál es el plazo del que dispone el Rey para sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales?. a.15 días. b.30 días hábiles. c.20 días naturales. d.2 meses.

Según el artículo 130 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas revisarán su normativa para: a.Reducir la plantilla de funcionarios. b.Adaptarla a los principios de buena regulación. c.Aumentar la recaudación tributaria. d.Centralizar competencias.

Según el artículo 26 de la Ley 50/1997, ¿cuál es el plazo mínimo para la consulta pública previa a la elaboración del texto normativo?. a.15 días hábiles. b.15 días naturales. c.10 días naturales. d.7 días hábiles.

Conforme al artículo 26 de la Ley 50/1997, ¿qué debe incluir obligatoriamente la Memoria del Análisis de Impacto Normativo respecto a las empresas?. a.Un informe de auditoría externa. b.Un listado de accionistas afectados. c.La aprobación de la patronal. d.El test Pyme de acuerdo con la práctica de la Comisión Europea.

Según el artículo 26 de la Ley 50/1997, ¿qué impacto adicional debe incluirse en la Memoria por mandato de la LO de Protección del Menor (aunque no esté en la Ley 50/1997 explícitamente)?. a.Impacto sobre la tercera edad. b.Impacto sobre la despoblación. c.Impacto sobre el turismo. d.Impacto sobre la juventud y la infancia.

Según el artículo 116 de la Constitución, los estados de alarma, excepción y sitio se regulan por: a.Ley Orgánica. b.Bando militar. c.Real Decreto. d.Ley Ordinaria.

A tenor del artículo 87.3 de la Constitución, la iniciativa popular NO procede en materias: a.De Derecho administrativo sancionador. b.De carácter tributario. c.De Derecho civil. d.De régimen local.

De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución, la delegación legislativa: a.Puede permitir la subdelegación a autoridades distintas del Gobierno. b.Puede concederse por tiempo indeterminado. c.Se agota por el uso que de ella haga el Gobierno. d.Puede versar sobre materias reservadas a Ley Orgánica.

De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución, ¿qué requisito deben cumplir las Leyes de Bases?. a.Regular materias propias de Ley Orgánica. b.Tener vigencia indefinida. c.Permitir la modificación de la propia Ley de Bases. d.Delimitar con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa.

De acuerdo con el artículo 506 del Código Penal, ¿qué pena se prevé para la autoridad que dicte una disposición general careciendo de atribuciones?. a.Prisión de seis meses a un año. b.Multa de doce a veinticuatro meses. c.Prisión de uno a tres años, multa e inhabilitación especial. d.Solo inhabilitación absoluta.

Según el artículo 131 de la Ley 39/2015, para que las normas con rango de ley produzcan efectos jurídicos es indispensable: a.Su publicación en el diario oficial correspondiente. b.Su notificación personal a los interesados. c.Su ratificación por el Tribunal Constitucional. d.Su aprobación por el Consejo de Ministros.

De acuerdo con el artículo 144 de la Constitución, la autorización para constituir una Comunidad Autónoma uniprovincial que no reúna condiciones históricas se hace mediante: a.Ley Orgánica. b.Real Decreto. c.Referéndum. d.Ley Ordinaria.

Según el artículo 131 de la Ley 39/2015, la publicidad complementaria de las normas por otros medios es: a.Facultativa. b.Prohibida. c.Sustitutiva de la publicación oficial. d.Obligatoria en todos los casos.

En relación con la iniciativa legislativa popular regulada en el artículo 87.3 de la Constitución y la LO 3/1984, ¿qué plazo se establece para la recogida de firmas una vez admitida la proposición?. a.Doce meses. b.Nueve meses, prorrogables por otros tres meses. c.Seis meses, prorrogables por tres más. d.Nueve meses, improrrogables.

Según el artículo 51 de la Ley 39/2015, cuando se declara la nulidad o se anula una actuación, ¿qué sucede con los trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción?. a.Deben repetirse para garantizar la pureza del procedimiento. b.El órgano que declare la nulidad dispondrá siempre su conservación. c.Solo se conservarán si lo solicita el interesado en trámite de audiencia. d.Quedan anulados automáticamente por el principio de extensión de la nulidad.

De acuerdo con el artículo 108 de la Ley 39/2015, iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente podrá suspender la ejecución del acto: a.En todos los casos, de forma automática. b.Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. c.Solo si se presta garantía suficiente por el interesado. d.Únicamente si el acto es manifiestamente nulo de pleno derecho.

Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, las notificaciones que omitan alguno de los requisitos legales (texto íntegro, recursos, plazos): a.Son nulas de pleno derecho y deben repetirse obligatoriamente. b.Surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución. c.Se tendrán por no practicadas y se iniciará el cómputo de caducidad del procedimiento. d.Serán válidas si se enviaron por medios electrónicos, independientemente de su contenido.

De acuerdo con los elementos subjetivos del acto, ¿qué tipo de competencia ostenta un órgano administrativo cuando se le atribuye una materia específica sobre la que sólo él puede actuar, y cuya violación provoca la nulidad de pleno derecho?. a.Competencia territorial. b.Competencia jerárquica. c.Competencia material. d.Competencia funcional.

De conformidad con el artículo 35 de la Ley 39/2015, respecto a la motivación de los actos que pongan fin a procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva: a.No requieren motivación si la puntuación es numérica. b.Se motivarán de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución. c.Requieren una motivación detallada de hechos y derechos en la misma resolución final, sin remitirse a las actas. d.Solo se motivarán si algún interesado interpone recurso de alzada.

Respecto a los plazos de notificación regulados en el artículo 40 de la Ley 39/2015, toda notificación deberá ser cursada: a.Dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. b.Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. c.Inmediatamente o, en todo caso, antes de quince días desde la firma de la resolución. d.Dentro del plazo máximo de resolución del procedimiento.

¿Qué dispone el artículo 52.3 de la Ley 39/2015 respecto a la convalidación de actos con vicio de incompetencia jerárquica?. a.Que no es posible la convalidación, el acto es nulo. b.Que la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. c.Que la convalidación debe realizarse por el propio órgano que dictó el acto mediante rectificación. d.Que requiere dictamen favorable del Consejo de Estado.

Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, la declaración de lesividad es necesaria para impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a.Los actos nulos de pleno derecho. b.Los actos favorables para los interesados que sean anulables. c.Los actos de gravamen que sean anulables. d.Las disposiciones administrativas de carácter general.

¿Cuál de los siguientes vicios del acto administrativo NO se encuentra en la lista de causas de nulidad de pleno derecho del artículo 47 de la Ley 39/2015?. a.Los que sean constitutivos de infracción penal. b.Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. c.La falta de dictamen del Consejo de Estado en los casos en que sea preceptivo (sin ser omisión total del procedimiento). d.Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales.

Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, ¿en qué supuesto es obligatoria la publicación de los actos administrativos surtiendo los efectos de la notificación?. a.Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas. b.Cuando el acto sea favorable y declarativo de derechos. c.Cuando se trate de actos de gravamen dictados por Ministros. d.Cuando la notificación electrónica haya sido rechazada.

Según el artículo 107.2 de la Ley 39/2015, ¿es susceptible de recurso la declaración de lesividad?. a.Sí, recurso de alzada ante el superior jerárquico. b.Sí, recurso potestativo de reposición. c.No, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso. d.Sí, recurso directo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, ¿puede otorgarse eficacia retroactiva a un acto administrativo?. a.Nunca, la irretroactividad es un principio absoluto del Derecho Administrativo. b.Sí, excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados o produzcan efectos favorables al interesado. c.Sí, siempre que el acto sea de gravamen y la infracción sea muy grave. d.Solo si existe una ley específica que autorice la retroactividad para ese caso concreto.

En el procedimiento de revisión de oficio de disposiciones y actos nulos (Art. 106 Ley 39/2015), si el procedimiento se inicia a solicitud del interesado y transcurre el plazo sin resolución expresa: a.Se produce la caducidad del procedimiento. b.Se podrá entender la solicitud estimada por silencio administrativo positivo. c.Se podrá entender la solicitud desestimada por silencio administrativo negativo. d.Se entenderá convalidado el acto recurrido.

En el ámbito estatal, según el artículo 111 de la Ley 39/2015, ¿quién es competente para la revisión de oficio de los actos dictados por los órganos directivos dependientes de una Secretaría de Estado?. a.El Ministro del departamento. b.El Consejo de Ministros. c.Los propios Secretarios de Estado. d.El Subsecretario del Ministerio.

Según los elementos subjetivos del acto administrativo descritos en el documento, ¿qué consecuencia jurídica tiene la violación de la competencia material por parte de un órgano administrativo?. a.La anulabilidad del acto, pudiendo ser convalidado por el órgano competente. b.La irregularidad no invalidante, siempre que no cause indefensión. c.La nulidad de pleno derecho del acto. d.La nulidad relativa, salvo que el órgano jerárquicamente superior lo ratifique.

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 39/2015, si un acto administrativo adolece de un vicio consistente en la falta de alguna autorización, ¿cómo puede ser convalidado?. a.Mediante el transcurso de cuatro años sin impugnación. b.Mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. c.Mediante la emisión de un nuevo acto por el superior jerárquico. d.No es convalidable, es nulo de pleno derecho.

¿Qué figura jurídica describe el artículo 50 de la Ley 39/2015 al establecer que los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de este?. a.Convalidación. b.Rectificación de errores. c.Conversión de actos viciados. d.Conservación de trámites.

En cuanto a las diferencias entre nulidad y anulabilidad, ¿quién está legitimado para alegar el vicio de nulidad de pleno derecho?. a.Solo los interesados que hubieran comparecido en el procedimiento. b.Cualquier persona, y puede ser apreciada de oficio por los Tribunales. c.Solo la Administración autora del acto. d.Exclusivamente el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad.

En cuanto a la motivación regulada en el artículo 35 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes actos debe ser motivado obligatoriamente?. a.Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. b.Los actos favorables que reconozcan derechos a los interesados. c.Los actos de trámite que no impidan la continuación del procedimiento. d.Los actos que se ajusten al criterio seguido en actuaciones precedentes.

Según el artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿cuál es el plazo para que una Administración dirija un requerimiento previo a otra para que anule o revoque un acto ilegal?. a.Diez días desde la publicación del acto. b.Un mes desde que la Administración requirente hubiera conocido el acto. c.Dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración hubiera conocido o podido conocer el acto. d.Seis meses si se trata de una disposición general.

Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras, la falta de resolución en plazo produce: a.El silencio negativo. b.La caducidad. c.La prescripción de la infracción. d.El silencio positivo.

Conforme al artículo 5 de la Ley 39/2015, la falta o insuficiente acreditación de la representación: a.No impedirá que se tenga por realizado el acto, siempre que se aporte dentro del plazo de diez días. b.Dará lugar al archivo inmediato de las actuaciones. c.Se podrá subsanar en un plazo de quince días hábiles. d.Impedirá que se tenga por realizado el acto en todo caso.

Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, la obligación de resolver se exceptúa en los supuestos de: a.Recursos administrativos. b.Procedimientos sancionadores. c.Procedimientos iniciados de oficio. d.Terminación del procedimiento por pacto o convenio.

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 39/2015, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas: a.Nunca es obligatoria. b.Es obligatoria siempre que lo solicite un funcionario. c.Es obligatoria si está prevista en una disposición reglamentaria. d.Solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.

Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, los asientos en el Registro Electrónico General se anotarán: a.Agrupados por tipo de procedimiento. b.Respetando el orden de llegada física del ciudadano. c.Por orden alfabético del interesado. d.Respetando el orden temporal de recepción o salida, indicando la fecha del día en que se produzcan.

Según el artículo 31 de la Ley 39/2015, si un documento se presenta en un registro electrónico en un día inhábil: a.Se rechaza automáticamente. b.La fecha de entrada será la del siguiente lunes. c.Se considera presentado el día natural en que se envió a efectos de plazo. d.Se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo norma expresa en contrario.

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, las Administraciones no exigirán documentos originales salvo que: a.Con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. b.El funcionario lo estime oportuno. c.El documento sea de una administración extranjera. d.Se trate de certificados de empadronamiento.

Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, los actos administrativos producidos por silencio administrativo: a.No tienen validez ante terceros. b.Se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. c.No se pueden probar. d.Solo valen si hay sentencia judicial.

Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, el certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el órgano competente en el plazo de: a.Veinte días. b.Un mes. c.Quince días. d.Diez días.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 39/2015, si los interesados optan por relacionarse electrónicamente, ¿qué sistemas de firma se considerarán válidos?. a.Exclusivamente la firma manuscrita digitalizada. b.Cualquier contraseña alfanumérica. c.Solo el DNI electrónico. d.Los mismos sistemas que los aceptados para la identificación de interesados.

Según el artículo 20 de la Ley 39/2015, ¿quiénes son responsables directos de la tramitación de los asuntos?. a.Los interesados. b.Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio que tuviesen a su cargo la resolución o despacho. c.El registro general. d.Solo los altos cargos políticos.

Conforme al artículo 18 de la Ley 39/2015, las personas colaborarán con la Administración en inspecciones y actos de investigación: a.En todos los casos sin excepción. b.Salvo que la revelación de información atente contra el honor, intimidad o suponga comunicación de datos confidenciales por servicios profesionales de defensa. c.Solo si reciben una compensación económica. d.Solo si hay orden judicial.

Según el artículo 70 de la Ley 39/2015, ¿cómo se formarán los expedientes administrativos?. a.Mediante la agregación desordenada de documentos, siempre que estén foliados. b.En formato electrónico, mediante la agregación ordenada de documentos, pruebas y demás diligencias, incluyendo un índice numerado. c.En formato papel, salvo excepciones justificadas. d.En formato electrónico, excluyendo las pruebas y dictámenes que se archivarán aparte.

Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, si el último día del plazo es inhábil: a.El plazo termina el día hábil anterior. b.Se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. c.Se cuenta como medio día. d.El plazo caduca.

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 39/2015, cuando los plazos se señalen por días y la Ley no exprese otro cómputo, se entiende que son: a.Naturales, pero si el último es festivo se prorroga. b.Naturales. c.Hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos. d.Hábiles, excluyendo domingos y festivos, pero incluyendo sábados.

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 39/2015, los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones: a.Se enviarán por correo postal al órgano instructor. b.No serán admitidos. c.Deberán ser digitalizados por la oficina de asistencia para su incorporación al expediente electrónico, devolviendo los originales al interesado. d.Se guardarán en carpetas físicas.

Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, ¿cuál es el plazo máximo que puede fijar una norma para resolver y notificar un procedimiento?. a.Tres meses. b.Seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así lo prevea el Derecho de la UE. c.Doce meses. d.No hay límite máximo.

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 39/2015, la suspensión del plazo para resolver es preceptiva (se suspenderá) cuando: a.Los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación. b.Deban realizarse pruebas técnicas. c.Se deba obtener un pronunciamiento previo de un órgano de la UE. d.Se inicien negociaciones para un pacto.

Según el artículo 6 de la Ley 39/2015, los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de: a.Cinco años, prorrogables. b.Indefinida hasta su revocación. c.Diez años. d.Tres años.

Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, cuando los plazos se señalen por horas: a.Incluyen los sábados y domingos. b.Son hábiles todas las horas del día, incluso en días festivos. c.No podrán tener una duración superior a 24 horas; en caso contrario se expresarán en días. d.Se cuentan de día en día.