TEMA 16. CREACIÓN DE DOCUMENTOS. SAS

En cuanto al uso no sexista del lenguaje administrativo, ¿cuál de estos enunciados es incorrecto?: A) Es compatible el uso de las normas gramaticales y estilísticas con el uso no sexista de la lengua. B) El uso innecesario o abusivo del masculino genérico es un obstáculo a la igualdad real entre hombres y mujeres. C) Los cargos ocupados por mujeres deben recogerse en femenino. D) Como norma general, se utilizará el uso de dobletes mediante barras en los documentos administrativos.

La Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos, recoge que: A) El lenguaje utilizado en las disposiciones y textos administrativos no contendrá discriminación alguna por motivo de sexo. B) Las ofertas de empleo, relación de puestos de trabajo, convocatorias de concursos y oposiciones, convocatoria de becas y ayudas y cualquier cuestión relativa a la Función Pública así como la publicidad que de ellas se realice, se redactarán de tal forma que hombres y mujeres se encuentren reflejados sin ambigüedad. C) Crea una Comisión Paritaria Consejería de Gobernación-Instituto Andaluz de la Mujer, cuyo objetivo es la eliminación de cualquier indicio sexista en la materia objeto de la presente Orden. Sus funciones serán las siguientes: Formular, aprobar e impulsar las propuestas necesarias para conseguir el objetivo fijado. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Para evitar el uso sexista del lenguaje en la Administración: A) Es preferible usar siempre sustantivos genéricos. B) Se utilizarán barras para designar a los dos géneros. C) Se citará el cargo en su correspondiente género femenino o masculino en función de la persona que en dicho momento lo esté desempeñando. D) Se utilizará la arroba para sustituir el masculino o femenino.

Para comprobar si un texto incurre en sexismo lingüístico, según la Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros de la Junta de Andalucía, se aplicará la regla de la inversión que consiste en: A) Usar el femenino o masculino indistintamente. B) Usar el femenino genérico. C) Omitir las referencias directas al sujeto. D) Sustituir la palabra dudosa por su correspondiente de género opuesto.

¿Cuál de las siguientes oraciones utiliza un lenguaje sexista?. A) Las personas solicitantes deberán reunir los requisitos exigidos. B) Los candidatos deberán reunir los requisitos exigidos. C) Quienes concurran a la convocatoria deberán reunir los requisitos exigidos. D) Los candidatos y las candidatas deberán reunir los requisitos exigidos.

Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas: A) Tendrán la consideración de copias auténticas sólo si se mantiene el formato original. B) Tendrán la consideración de copias auténticas con independencia de que el documento electrónico original se encuentre en poder de la Administración. C) Tendrán la consideración de copias auténticas siempre que la información de firma electrónica permita comprobar la coincidencia con dicho documento. D) No están contempladas en la legislación actualmente.

De acuerdo con la normativa andaluza sobre eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos, en la redacción de documentos cerrados: A) La mención de puestos administrativos ocupados por mujeres se hará utilizando los géneros femenino y masculino conjuntamente. B) La mención de puestos administrativos ocupados por mujeres se hará utilizando el género femenino. C) La mención de cargos administrativos ocupados por mujeres se hará utilizando los géneros femenino o masculino indistintamente. D) La mención de puestos administrativos ocupados por mujeres se hará utilizando el género epiceno.

El documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad, se denomina: A) Firma digital. B) Firma electrónica. C) Verificación electrónica. D) Certificado electrónico.

¿Cuántos sellos de registro de documentos existen?. A) Tres: uno para recepción de documentos, otro para la salida de los mismos y un tercero para su compulsa. B) Uno, que se utiliza indistintamente para la recepción de documentos y para la salida de los mismos. C) Dos: uno para la recepción de documentos y otro para la salida de los mismos. D) Cuatro: uno para recepción de documentos, otro para la salida de los mismos, un tercero para la compulsa y el cuarto para otorgar el visto bueno a la recepción.

Las Administraciones Públicas podrán obtener imágenes electrónicas de los documentos privados aportados por los ciudadanos: A) Con su misma validez y eficacia. B) Que únicamente tendrán validez en los procedimientos administrativos iniciados de oficio. C) Que en ningún caso tendrán validez administrativa. D) Que únicamente tendrán validez en los procedimientos administrativos iniciados a instancia del interesado.

¿Cuándo es correcto el uso de la arroba (@) para expresar simultáneamente las formas de masculino y femenino?. A) En ningún caso, ya que no es un signo lingüístico y no permite su lectura. B) En circulares, para hacer explícita la alusión a los dos sexos y evitar la repetición de una palabra en masculino o en femenino. C) En documentos abiertos, para hacer mención de puestos y cargos, así como la condición, carácter o calidad de las personas que intervienen en el procedimiento administrativo. D) En aquellos documentos administrativos dirigidos a una pluralidad de destinatarios, con la finalidad de evitar el masculino genérico.

¿Cuál de las siguientes oraciones utiliza un lenguaje sexista?. A) Las personas solicitantes deberán reunir los requisitos exigidos. B) Los candidatos deberán reunir los requisitos exigidos. C) Quienes concurran a la convocatoria deberán reunir los requisitos exigidos. D) Los candidatos y las candidatas deberán reunir los requisitos exigidos.

En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, respecto a la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos: A) Se redactarán de tal forma que hombres y mujeres se encuentren reflejados sin ambigüedad. B) El lenguaje utilizado en las disposiciones y textos administrativos no contendrá discriminación alguna por motivo de sexo. C) En documentos abiertos, la mención a la condición, carácter o calidad de las personas que intervienen en el procedimiento administrativo, se formulará en femenino y masculino conjuntamente. D) Todas las respuestas con correctas.

De acuerdo con la normativa andaluza sobre eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos, en la redacción de documentos cerrados: A) La mención de documentos administrativos ocupados por mujeres se hará utilizando los géneros femenino y masculino conjuntamente. B) La mención de documentos administrativos ocupados por mujeres se hará utilizando el género femenino. C) La mención de documentos administrativos ocupados por mujeres se hará utilizando los géneros femenino o masculino indistintamente. D) La mención de documentos administrativos ocupados por mujeres se hará utilizando el género epiceno.

Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas: A) Tendrán la condición de copias auténticas solo si se mantiene el formato original. B) Tendrán la condición de copias auténticas con independencia de que el documento electrónico original se encuentre en poder de la Administración. C) Tendrán la condición de copias auténticas siempre que la información de firma electrónica permita comprobar la coincidencia con dicho documento. D) No están contempladas en la legislación actualmente.

Según el art 43 de la Ley 7/2011, de 3 de nov, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, en cada Consejería de la Administración de la JA existirá un archivo central, que transferirá sus documentos: A) Al Archivo General de Andalucía. B) Al Archivo del Consejo Audiovisual de Andalucía. C) Al Archivo del Parlamento de Andalucía. D) Al Archivo de la Real Chancellería de Granada.

No es un archivo de la JA, según el art 42 de la Ley 7/2011, de 3 de nov, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía: El Archivo del Consejo Audiovisual de Andalucía. El Archivo de la Real Chancellería de Granada. El Archivo del Parlamento de Andalucía. El Archivo General de Indias.

De acuerdo con la Ley 7/2011, de 3 de nov, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, deberán estar a cargo de personal con la cualificación y nivel técnico que sea necesario, los archivos de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos de municipio con más de: 3.000 habitantes. 5.000 habitantes. 15.000 habitantes. 10.000 habitantes.

¿Cuál de los siguientes no es un órgano ejecutivo del Sistema Archivístico de Andalucía?. La Comisión Andaluza de Valoración de Documentos. El Consejo de Gobierno. La Consejería competente en materia de documentos, archivos y patrimonio documental. La Comisión del Sistema Archivístico de Andalucía.

Se entiende por Archivos, a los efectos de los dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: Los conjuntos orgánicos de documentos reunidos por las personas jurídicas públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información y las gestión administrativa. Las instituciones culturales donde se conservan, reúnen, seleccionan, inventarian, catalogan y difunden conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos. Las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio y educación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. Todas las respuestas son correctas.

Según establece la Ley 7/2011, de 3 de nov, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, los documentos de titularidad pública, a efectos de su validez, han de cumplir los requisitos de: Autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y contextualización. Inalienabilidad, inembargabilidad, imprescriptibilidad, disponibilidad y fiabilidad. Inalienabilidad, inembargabilidad, imprescriptibilidad, disponibilidad y autenticidad. Autenticidad, integridad, fiabilidad, confidencialidad y contextualización.

En el ámbito de la Administración general de la JA, la función de autorizar el acceso a los documentos y registros que obren en los archivos de un Servicio corresponde: A la persona titular del Servicio responsable de la custodia de los documentos, previa comunicación a la Secretaría General Técnica correspondiente. A la persona titular de la Secretaría General Técnica a solicitud de la persona interesada. A la persona titular del Servicio responsable de la custodia de los documentos. A la persona titular de la Secretaría General Técnica a petición de la Jefatura del Servicio que custodia los documentos.

De acuerdo con la Ley 7/2011, de 3 de nov, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, la custodia y conservación de los documentos de expedientes en fase de tramitación, hasta su transferencia al archivo correspondiente, es responsabilidad de: Las personas responsables de las unidades administrativas en las que se tramiten los expedientes. La Secretaría General Técnica, Secretaría General u órgano asimilado en los entes instrumentales dependientes de la JA. El personal profesional de archivo de la Consejería, Delegación o Ente instrumental dependiente de la JA, en la que se tramiten los expedientes. El personal funcionario responsable de la tramitación del procedimiento que genera dicha documentación.

La Orden de 24 de nov de 1992, sobre eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos, indica que en la redacción de documentos y textos se observarán las siguientes reglas: En documentos abiertos, la mención de puestos y cargos, así como la condición, carácter o calidad de las personas que intervienen en el procedimiento, se hará utilizando el género neutro. En documentos abiertos, la mención de puestos y cargos, así como la condición, carácter o calidad de las personas que intervienen en el procedimiento, se formulará en femenino y en masculino conjuntamente. En documentos cerrados, la designación de la condición o calidad en la que los sujetos de sexo femenino intervienen en el procedimiento administrativo, se hará utilizando la denominación que corresponda al colectivo profesional. En documentos cerrados, la mención de puestos y cargos, así como la condición, carácter o calidad de las personas que intervienen en el procedimiento administrativo, se formulará en género neutro.

Los documentos remitidos por los archivos centrales de la organización territorial de la Administración de la JA y de las entidades instrumentales en su respectiva provincia, se transferirán: Al Archivo General de Andalucía. A los archivos provinciales intermedios. A los archivos de la titularidad y gestión de la JA. A los archivos históricos provinciales.

¿Cuál de los siguientes tipos de copias de documentos no está prevista en el artículo 21 del decreto 204/1995?. Copias auténticas de documentos administrativos. Copias autenticadas de documentos privados. Copias auténticas de documentos privados. Copias autenticadas de documentos públicos.

Para el cotejo de las copias con los documentos originales, el art 26 del decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, dispone que: Sobre estas se estampará la correspondiente diligencia de consulta. Se abstendrán de practicar la diligencia de compulsa cuando dichas copias ofrezcan sobre su correspondencia con el original. Sobre estas se estampará el correspondiente sello de 30x50 mm, consignando la fecha. Se dirigirá a la sección del órgano administrativo que emitió el original.

¿Cuál de las siguientes oraciones utiliza un lenguaje sexista?. Los candidatos y las candidatas deberán reunir los requisitos exigidos. Los candidatos deberán reunir los requisitos exigidos. Las personas solicitantes deberán reunir los requisitos exigidos. Quienes concurran a la convocatoria deberán reunir los requisitos exigidos.

Según la normativa vigente sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos, en cualquier cuestión relativa a las ofertas de empleo, convocatorias de acceso a la Función Pública así como a la publicidad que de ellas se realice: Se redactarán de tal forma que hombres y mujeres se encuentren reflejados sin ambigüedad. Se redactarán de tal forma que hombres y mujeres se encuentren bien reflejados. Se redactarán de tal forma que hombres y mujeres se encuentren reflejados de forma inequívoca. Se redactarán de tal forma que hombres y mujeres se encuentren representados.

Para comprobar que un texto incurre en sexismo lingüístico se aplicará la regla de la inversión que consiste en: Usar @ al finalizar los sustantivos. Sustituir la palabra dudosa por su correspondiente de género opuesto. Evitar el uso del masculino genérico. Todas las respuestas anteriores son falsas.

De acuerdo con el decreto 204/1995, de 29 de agosto, por lo que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, en el ámbito de actuación de la Administración de la JA, las copias de documentos pueden ser: Copias auténticas de documentos administrativos y copias autenticadas de documentos públicos y privados. Copias autenticadas de documentos administrativos, copias autenticadas de documentos públicos y privados y copias simples de cualquiera de ellos. Copias autenticadas de documentos administrativos y copias auténticas de documentos públicos y privados. Copias auténticas de documentos administrativos, copias autenticadas de documentos públicos y privados y copias simples de cualquiera de ellos.

¿Quién se encuentra obligado a suministrar información según la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA)?. a) Las entidades que no integran la Administración local andaluza. b) Las corporaciones de derecho público andaluzas y estatales y entidades asimila­bles, como federaciones y clubes deportivos, en lo relativo a sus actividades sujetas al Derecho administrativo. c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indi­recta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50%. En todo caso, las sociedades no mercantiles del sector público anda luz a las que se refiere el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, apro­bado por Decreto Legislativo 1/20 1O, de 2 de marzo, y las sociedades mercantiles locales y las sociedades interlocales de los artículos 38 y 39 de la Ley 5/201O, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, o normativa que las sustituya. d) Las asociaciones constituidas por las administraciones y entidades previstos en la LTPA. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en los artículos 147 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, les resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la LTPA será llevado a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación.

Los documentos administrativos deberán redactarse de forma: a) Confusa. b) Sencilla. c) Concisa. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

Indica la norma reguladora de las bases generales para eliminar el lenguaje sexis­ta en los textos y documentos administrativos en el ámbito de la Junta de Andalucía: a) Orden de 15 de febrero de 1994. b) Orden conjunta de 24 de noviembre de 1992. c) Decreto 204/1995, de 29 de agosto. d) Orden de 1 de diciembre de 1995.

¿Qué es información pública según la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transpa­rencia Pública de Andalucía (LTPA)?. a) Dirección electrónica disponible a través de redes de telecomunicaciones cuya titulari­dad, gestión y administración corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, que tiene por objeto poner a disposición de la ciudadanía toda clase de servicios e informaciones relacionadas con la Comunidad Autónoma de Andalucía de manera totalmente gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la información y atención a la ciudadanía y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos. b) La obligación de las personas y entidades a las que hacen referencia los artículos 3 y 5 de la LTPA de hacer pública, por propia iniciativa, la información pública de relevancia que garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y con­trol de su actuación pública. c) Posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades sujetas al ámbito de la LTPA con seguridad sobre su veracidad y sin más requisitos que los establecidos en la misma y en la normativa básica estatal. d) Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el título 1 de la LTPA y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Indica qué se entiende por desglose de documentos en un expediente: a) La entrega de documentos originales o copias de documentos que figuran en un expediente, a solicitud del interesado que los aportó. b) La entrega al interesado de relación completa, que contenga transcripción literal de los documentos que figuran en su expediente. c) La distribución, en diversas carpetas o cajas de archivo correlativas y ordenadas, de los documentos que obran en un expediente, cuando la gran extensión del mismo así lo aconseje. d) Todas las respuestas son correctas.

Indica a quién se atribuye la competencia para el desglose de documentos en la Administración de la Junta de Andalucía: a) A las jefaturas de sección u órganos asimilados que tengan encomendadas la trami­tación y custodia de los respectivos expedientes. b) A las jefaturas de sección que tengan encomendadas la instrucción de los expe­dientes. c) A las jefaturas de servicio u órganos equivalentes que tengan encomendadas la instrucción y custodia de los correspondientes expedientes. d) A las jefaturas de sección u órganos asimilados que tengan encomendadas la ini­ciación, ordenación, instrucción y resolución de los expedientes.

¿Qué norma regula la administración electrónica, simplificación de procedi­mientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía?. a) El Decreto 662/2019, de 27 de diciembre. b) El Decreto 622/2019, de 27 de noviembre. c) El Decreto 622/2019, de 27 de diciembre. d) Ninguna de las anteriores.

El desglose de documentos públicos originales en la actuación de la Junta de Andalucía requiere: a) La solicitud del interesado. b) La previa aportación al expediente de los documentos por el interesado. c) La no constancia en el expediente de la copia autenticada de los documentos que se retiran. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

Indica qué documentos forman parte del patrimonio documental andaluz: a) Los documentos de cualquier época recibidos o producidos en el ejercicio de su función por los órganos de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma. b) Solamente los documentos de cualquier época, recogidos o no en archivos, recibi­dos o producidos en el ejercicio de su función por los órganos periféricos de la Adminis­tración Autónoma Andaluza. c) Exclusivamente los documentos, recogidos o no en archivos, con una antigüedad superior a los cincuenta años, recibidos o producidos en el ejercicio de su función por la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. d) Los documentos radicados en Andalucía, con una antigüedad superior a cien años, producidos o recibidos por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestores de servicios públicos en Andalucía.

Indica qué condición deberá cumplirse para que la Administración Pública autorice a los investigadores que acrediten un interés histórico, científico o cultural relevante el acceso directo a la consulta de los expedientes: a) Que se formule una previa solicitud del particular. b) Que la intimidad de las personas quede debidamente garantizada. c) Que la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos no quede afectada. d) Todas las respuestas son correctas.

Indica si la investigación de los delitos constituye una materia limitada del acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos: a) Sí. b) Solamente si el delito es muy grave. c) Depende del contenido. d) No, está exceptuada.

¿Cuál de los siguientes no es un principio de la LTPA?. a) Principio de facilidad y comprehensión, en cuya virtud la información se facilitará de la forma que resulte más simple e inteligible atendiendo a la naturaleza de la misma y a las necesidades de las personas con circunstancias especiales que les dificulten el ejercicio del derecho. b) Principio de accesibilidad, por el que se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información. c) Principio de interoperabilidad, en cuya virtud la información será publicada confor­me al Esquema Nacional de lnteroperabilidad. d) Principio de reutilización, en cuya virtud se fomentará que la información sea pu­blicada en formatos que permitan su reutilización, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de reutilización de la información del sector público.

Indica en qué casos no pueden los terceros que acrediten un interés legítimo y directo acceder a los documentos administrativos: a) En los procedimientos de carácter sancionador. b) En los expedientes de expropiación de bienes para la construcción de una autovía. c) En el trámite de información pública para la construcción de una presa. d) En los documentos administrativos de carácter nominativo que, incluyendo datos referentes a la intimidad de las personas, figuren en los procedimientos de aplicación del derecho y que, por su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Indica si el derecho de acceso del ciudadano a la información pública, archi­vos y registros administrativos es un derecho reconocido en el artículo 13 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publi­cas (LPACAP): a) No. b) Sí. c) Sí, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparen­cia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del ordenamiento jurídico. d) No, se reconoce en el artículo 14 de la LPACAP.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las copias de docu­mentos pueden ser: a) Auténticas de documentos administrativos. b) Auténticas de documentos solo privados. c) Autenticadas de documentos privados y públicos. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

Indica a quién se atribuye la competencia, en cumplimiento de la LPACAP, para expedir copias auténticas de documentos públicos o privados: a) A la Administración General del Estado. b) A todas las Administraciones Públicas. c) A las Administraciones de las Comunidades Autónomas. d) A la Administración General del Estado y a las Administraciones Autonómicas.

Indica qué trámite previo deberán cumplir los particulares para ejercer el derecho de acceso a archivos y registros en la Administración de la Junta de Andalucía: a) Formular una petición individualizada de los documentos que vayan a consultarse. b) Pagar las exacciones que estén previstas. c) Formular una solicitud genérica sobre una materia o un conjunto de materias. d) Formular una solicitud para obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración Pública.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la competencia para expedir copias auténticas de documentos administrativos corresponde a: a) Las jefaturas de sección u órgano asimilado. b) Los órganos administrativos que hubiesen emitido el documento original. c) Las jefaturas de servicio o Secretarios Generales. d) Los funcionarios públicos habilitados para ello por el Sistema de Información de Re­cursos Humanos de la Junta de Andalucía (SIRHUS).

Indica en qué casos la petición individual del particular para acceder a los archivos y registro administrativos puede ser denegada por la Administración Pública: a) Cuando lo disponga un reglamento. b) Cuando existan intereses de terceros. c) Cuando prevalezcan razones de interés público. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

¿Es posible ampliar las obligaciones de publicidad activa que la LTPA establece?. a) Sí, en aras de una mayor transparencia en la actividad del sector público andaluz, se fomentará la inclusión de cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía. b) Deberá incluirse aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. c) La Administración de la Junta de Andalucía publicará, en la medida en que las posi­bilidades técnicas y jurídicas lo permitan, toda la información que se haya facilitado en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. d) Todas las respuestas de las opciones anteriores son correctas.

En cuanto a la información de relevancia jurídica de la LTPA, las administraciones públicas andaluzas, en el ámbito de sus competencias y funciones, publicarán: a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas plantea­das por los particulares u otros órganos, en la medida en que supongan una interpreta­ción del Derecho o no tengan efectos jurídicos. b) Los anteproyectos de ley cuando, tras la preceptiva elevación por la Consejería competente, sean conocidos por el Consejo de Gobierno. Asimismo, los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos se publicarán cuando se soliciten los dic­támenes, en su caso, al Consejo Económico y Social de Andalucía y al Consejo Consultivo de Andalucía. Y, finalmente, los proyectos de ley tras su aprobación por el Parlamento de Andalucía. c) Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda se harán públicos en el momento en que, en su caso, se sometan al trámite de audiencia o información pública. Asimismo, se publicarán cuando se solicite, en su caso, el dictamen del Consejo Económico y Social de Andalucía y el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. La publicación de los proyectos de reglamentos no supondrá, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. d) Las memorias, informes y actas que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la publicidad de los mismos.

¿Qué información institucional y organizativa han de publicar las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la LTPA, en materia de publicidad institucio­nal? (Indique la incorrecta). a) Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documento equiva­lente referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus retribuciones mensuales. b) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos. c) Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes. d) La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.

Si la información pública que se solicite al amparo de la normativa en ma­teria de transparencia incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contu­viera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar: a) En caso de que se no cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. b) En caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley o reglamento. c) En caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel no estuviera amparado por una norma con rango de ley. d) En caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley.

Si la información pública que se solicite al amparo de la normativa en ma­teria de transparencia contuviera datos personales que revelen la ideología, afilia­ción sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar: a) En caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afec­tado. b) En caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afecta­do, a menos que dicho afectado no hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. c) En caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afec­tado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. d) No se podrá autorizar en ningún caso.

Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la infor­mación, en materia propia de la LTPA, en la Comunidad Autónoma de Andalucía existe un órgano frente al cuál se puede interponer una reclamación. ¿De cuál estamos hablando?. a) Consejo de Transparencia de Andalucía. b) Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía. c) Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. d) Consejo de Transparencia, Protección de Datos y Buen Gobierno de Andalucía.

Según la LTPA, toda la información pública se publicará y actualizará, con carácter general: a) Trimestralmente, salvo que la normativa específica establezca otros plazos aten­diendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate y sin perjuicio de los plazos que puedan establecer las entidades locales en ejercicio de su autonomía o de la potestad de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales para publicar toda la información pública que estime conveniente en plazos más breves. b) Semestralmente, salvo que la normativa específica establezca otros plazos aten­diendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate y sin perjuicio de los plazos que puedan establecer las entidades locales en ejercicio de su autonomía o de la potestad de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales para publicar toda la información pública que estime conveniente en plazos más breves. c) Anualmente, salvo que la normativa específica establezca otros plazos atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate y sin perjuicio de los plazos que puedan establecer las entidades locales en ejercicio de su autonomía o de la potes­tad de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales para publicar toda la información pública que estime conveniente en plazos más breves. d) Mensualmente, salvo que la normativa específica establezca otros plazos atendien­do a las peculiaridades propias de la información de que se trate y sin perjuicio de los plazos que puedan establecer las entidades locales en ejercicio de su autonomía o de la potestad de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales para publicar toda la información pública que estime conveniente en plazos más breves.

Indica el informe que deberán tener en cuenta los proyectos de ley y regla­mentos cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno: a) El informe de evaluación de impacto ambiental. b) El informe de evaluación de impacto de género. c) El informe de evaluación de impacto económico. d) El informe de evaluación de impacto político.

Indica bajo qué condiciones la competencia para la autenticación de copias de documentos en la Administración de la Junta de Andalucía puede delegarse en órganos o unidades diferentes a las jefaturas de sección y órganos asimilados res­ponsables de cada registro general de documentos: a) En supuestos especiales y para tramitar la presentación de documentos en locali­dades distintas a las sedes de los órganos que tenga que tramitarlos y con el objeto de salvar las dificultades que existan para autenticar las copias y recibirlas. b) En cualquier supuesto, siempre que tenga por objeto facilitar la presentación de documentos en la localidad en que residan los interesados de un procedimiento. c) En los supuestos expresamente previstos en las normas legales y reglamentarias vigentes. d) En los supuestos de proximidad temporal y espacial de los ciudadanos con respec­to a la sede del órgano administrativo.

Si una información pública está en curso de elaboración o publicación gene­ral, conforme la LTPA: a) Se inadmitirá la solicitud y se denegará la información, debiéndose especificar el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a disposición. b) Se estimará la solicitud y se ofrecerá la información por el órgano correspondiente. c) Se desestimará la solicitud y se obligará al órgano que la haya de elaborar, su remi­sión en el plazo de 15 días. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

El derecho de acceso según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos, dis­ciplinarios o civiles. b) La igualdad de las partes en los procesos administrativos, judiciales y la tutela judicial efectiva. c) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. d) Los intereses socio-económicos y comerciales.

Se podrán inadmitir a trámite aquellas solicitudes de acceso a la información según la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen go­bierno (LTAIPBG): a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general o especial. b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración y redifusión. d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder obre la información cuando se desconozca el competente, debiéndose indicar el órgano competente para ofrecer la información solicitada.

La finalización del procedimiento de acceso a la información de acuerdo a la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG), no tendrá una de las siguientes notas: a) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al so­licitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, sin que sea posible ampliar dicho plazo. b) Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. c) Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso, se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud. d) Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

Indica la respuesta incorrecta. La solicitud de acceso a la información confor­me a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) podrá presentarse por cualquier medio que per­mita tener constancia de: a) La identidad del solicitante. b) La información que se solicita. c) Una dirección de contacto, preferentemente postal, a efectos de comunicaciones. d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.

La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que men­ciona la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen go­bierno (LTAIPBG): a) No tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos que procedan. b) Tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos que procedan. c) Además de tener la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos que procedan, se habrá de interponer en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produz­can los efectos del silencio administrativo. d) Ninguna de las respuestas anteriores es totalmente correcta.

Indica a quién no es aplicable la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transpa­rencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG): a) A las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. b) A la Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo (la Disposición Adicional sexta establece una especialidad en la tramitación de las solicitudes de acceso a la información, pasando las mismas por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. c) A las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indi­recta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. d) A las fundaciones del sector público o privado previstas en la legislación en materia de fundaciones.

La denominada carpeta ciudadana no sirve entre otras para: a) Consultar al estado de tramitación y, en su caso, acceso al contenido de los expe­dientes de los procedimientos administrativos y servicios. b) Consultar las solicitudes o escritos presentados en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía. c) El acceso a las notificaciones electrónicas. d) Consultar la información personal existente en las Administraciones Públicas sin necesidad de autorización de la persona interesada.

En la Administración de la Junta de Andalucía las copias autorizadas de do­cumentos administrativos: a) Gozarán de la validez y eficacia que corresponda según el ordenamiento vigente. b) Tendrán la virtualidad probatoria prevista en el Código Civil. c) Gozarán de la validez y eficacia en el procedimiento para el que fueron expedidos. d) Gozarán de la misma validez y eficacia que los documentos originales.

Indica en qué casos la publicación de un acto administrativo sustituye a la notificación personal: a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas. b) Cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado sea insuficiente para garantizar la notificación a todos. c) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de una con­currencia competitiva. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

En las comunicaciones entre el interesado y los órganos administrativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se produzcan con motivo de la trami­tación de procedimientos administrativos por medios telemáticos, será necesario: a) Que las partes intervinientes dispongan de un certificado reconocido de usuario que les habilite para utilizar una firma electrónica avanzada. b) Que las partes intervinientes no dispongan de un certificado reconocido de usuario que les habilite para utilizar una firma electrónica avanzada. c) Que las partes intervinientes dispongan de un certificado reconocido de usuario que no les habilite para utilizar una firma electrónica avanzada. d) Que las partes intervinientes dispongan de un certificado reconocido de usuario que les habilite para utilizar una firma manual.

Indica qué expedientes no están exceptuados del ejercicio del derecho de acceso a archivos y registros administrativos: a) Los relativos a materias protegidas por el secreto comercial. b) Los relativos a materias administrativas derivadas de la política monetaria. c) Los que contengan información sobre las actuaciones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sometidas al Derecho Administrativo. d) Ninguna respuesta es correcta.

Según el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos en el ámbito de actuación de la Administración Junta de Andalucía, la competencia para la expedición de copias auténticas de documentos administrativos de la Junta de Andalucía corresponderá a: A) Los órganos administrativos que hubieran emitido el documento original. B) Los órganos administrativos de cualquier organismo público adscrito a la Junta de Andalucía. C) Los órganos administrativos de cualquier organismo adscrito a la Junta de Andalucía. D) A los Secretarios Generales de cualquier organismo adscrito a la Junta de Andalucía.

En el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos en el ámbito de actuación de la Administración de la Junta de Andalucía, se recogen los siguientes tipos de copias de documentos: A) Las copias auténticas de documentos administrativos expedidos por el mismo órgano que emitió el documento original y las auténticas de documentos públicos, mediante cotejo con el original y en las que se estampará si procediera la correspondiente diligencia de compulsa. B) Las copias auténticas de documentos administrativos expedidos por el mismo órgano que emitió el documento original y las autenticadas de documentos públicos y privados, mediante cotejo con el original y en las que se estampará si procediera la correspondiente diligencia de compulsa. C) Las copias auténticas de documentos administrativos expedidos por el mismo órgano que emitió el documento original y las auténticas de documentos públicos y privados, mediante cotejo con el original y en las que se estampará si procediera el correspondiente sello en el que conste “Compulsa”. D) Las copias auténticas de documentos administrativos expedidos por el mismo órgano que emitió el documento original y las autenticadas de documentos públicos, mediante cotejo con el original y en las que se estampará si procediera el correspondiente sello en el que conste “Compulsa”.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos en el ámbito de actuación de la Administración Junta de Andalucía, establece en relación al desglose de los documentos originales que: A) Se autorizará la entrega a los interesados que los hubieran aportado y que así lo soliciten, dejando constancia en el expediente mediante la expedición de copia autenticada del documento que se retira. B) No se autorizará la entrega a los interesados que los hubieran aportado y que así lo soliciten, salvo que el mismo aporte copia auténtica del documento original. C) Se autorizará la entrega a los interesados que los hubieran aportado y que así lo soliciten, siempre y cuando se compruebe por el órgano competente que se trata de un documento imprescindible en el expediente administrativo. D) No autorizará la entrega a los interesados que los hubieran aportado en ningún caso.