Tema 17-20 general

En materia de prueba, el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que el instructor podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba: a.Por un plazo no superior a diez días, a petición de los interesados. b.Por un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte, de oficio. c.Únicamente cuando la prueba deba practicarse en el extranjero. d.Por un plazo no superior a treinta días, a petición de los interesados.

Según el artículo 88 de la Ley 39/2015, en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución: a.Podrá agravar su situación inicial si así lo exige el interés público. b.Deberá resolver únicamente lo pedido, sin tocar cuestiones derivadas. c.No necesita motivación salvo si es desestimatoria. d.No podrá en ningún caso agravar su situación inicial (congruencia).

La "compulsión sobre las personas" (artículo 104 Ley 39/2015) se utiliza para: a.El cobro de deudas tributarias. b.Cualquier tipo de acto administrativo incumplido. c.Actos que puede realizar un tercero. d.Obligaciones personalísimas de no hacer o soportar.

En relación con la iniciación del procedimiento por denuncia, tal y como regula el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: a.La presentación de una denuncia confiere automáticamente al denunciante la condición de interesado en el procedimiento. b.Cuando la denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación del procedimiento no requiere motivación. c.El órgano competente deberá eximir al denunciante del pago de la multa si este ha participado en la infracción, es el primero en aportar pruebas y cumple otros requisitos legales. d.Las denuncias pueden ser anónimas en cualquier circunstancia para proteger al informante.

Según el artículo 96 de la Ley 39/2015, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en el plazo de: a.Treinta días. b.Veinte días. c.Quince días. d.Tres meses.

Según el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el apremio sobre el patrimonio se utilizará: a.Cuando el administrado se niegue a cumplir una obligación de hacer personalísima. b.Cuando hubiera de satisfacerse una cantidad líquida en virtud de acto administrativo. c.Para actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. d.Únicamente para el cobro de multas coercitivas.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado (artículo 81 Ley 39/2015) cuando: a.Las indemnizaciones reclamadas sean superiores a 30.000 euros. b.Exista discrepancia entre el instructor y el órgano competente para resolver. c.Las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros. d.La reclamación se base en el funcionamiento anormal de la Justicia.

Según el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre el trámite de audiencia: a.La audiencia a los interesados será posterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico. b.Se puede prescindir de este trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. c.El plazo para alegar será en todo caso de quince días improrrogables. d.Se realizará siempre después de redactar la propuesta de resolución y antes de solicitar el informe jurídico.

En relación con la iniciación del procedimiento por orden superior en procedimientos sancionadores, el artículo 60 de la Ley 39/2015 indica que la orden expresará, en la medida de lo posible: a.Las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación, así como el lugar y fechas. b.La propuesta de resolución y la sanción exacta a imponer. c.La identificación del instructor, pero no la del secretario. d.Las medidas provisionales que deben adoptarse obligatoriamente.

Respecto a la subsanación de la solicitud regulada en el artículo 68 de la Ley 39/2015, si un sujeto obligado a relacionarse electrónicamente presenta su solicitud presencialmente: a.Se inadmitirá la solicitud directamente sin posibilidad de subsanación. b.Se le requerirá para que la subsane, manteniendo la fecha de la presentación presencial como válida. c.Se le requerirá para que la subsane a través de presentación electrónica, considerándose como fecha de presentación la de la subsanación. d.Se tramitará la solicitud, pero se le sancionará por incumplimiento formal.

De conformidad con el artículo 55 de la Ley 39/2015, en los procedimientos de naturaleza sancionadora, las actuaciones previas se orientarán a determinar: a.La culpabilidad definitiva de los responsables y la sanción exacta a imponer. b.La propuesta de resolución y el nombramiento inmediato del instructor. c.La adopción automática de medidas provisionales sin necesidad de acuerdo posterior. d.Los hechos susceptibles de motivar la incoación, la identificación de las personas responsables y las circunstancias relevantes.

Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos: a.Una vez redactada la propuesta de resolución. b.Solo durante el periodo de prueba. c.En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. d.Únicamente en el trámite de audiencia.

En el acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador, según el artículo 64 de la Ley 39/2015: a.No es necesario indicar la posibilidad de reconocimiento voluntario de responsabilidad. b.La calificación de los hechos es obligatoria y definitiva desde el inicio. c.No se pueden adoptar medidas provisionales en este momento procesal. d.Excepcionalmente, si no existen elementos suficientes para la calificación inicial, esta podrá realizarse en una fase posterior.

¿Qué elementos NO forman parte del expediente administrativo según el artículo 70 de la Ley 39/2015?. a.Las notificaciones y diligencias. b.Los informes preceptivos y facultativos. c.La información de carácter auxiliar o de apoyo, como borradores, opiniones o resúmenes. d.La copia electrónica certificada de la resolución adoptada.

Conforme al artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la ejecución subsidiaria procede: a.Cuando la ley no autorice la imposición de multas coercitivas. b.Cuando se trate de actos no personalísimos que puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. c.Para obligaciones personalísimas de hacer que el obligado rechaza cumplir. d.Exclusivamente cuando haya riesgo para la salud pública.

El "apremio sobre el patrimonio" (artículo 101 Ley 39/2015) se utiliza cuando: a.Se trate de una obligación personalísima de hacer. b.El administrado se resista a una orden de desalojo. c.Haya que satisfacer una cantidad líquida en virtud de un acto administrativo. d.La Administración quiera realizar el acto por sí misma.

La diferencia entre desistimiento y renuncia (artículo 94 Ley 39/2015) radica en que: a.La renuncia solo la puede hacer la Administración. b.La renuncia implica la pérdida del derecho, mientras que el desistimiento permite volver a solicitarlo si no ha prescrito. c.El desistimiento requiere escritura pública. d.El desistimiento impide volver a solicitar el derecho.

La "ejecución subsidiaria" (artículo 102 Ley 39/2015) procede para: a.Obligaciones personalísimas de no hacer. b.Actos no personalísimos que puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. c.Entradas en domicilio. d.Obligaciones de pago de dinero.

Respecto a la concentración de trámites (artículo 72 Ley 39/2015), se acordarán en un solo acto: a.Todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. b.Únicamente los trámites de solicitud de informes. c.Todos los trámites del procedimiento, incluidos los de prueba y resolución. d.Los trámites que afecten a distintos interesados.

El artículo 95 de la Ley 39/2015 establece que la caducidad NO producirá por sí sola: a.La prescripción de las acciones del particular o de la Administración. b.La pérdida del derecho al trámite. c.El archivo de las actuaciones. d.La terminación del procedimiento.

Conforme al artículo 125 de la Ley 39/2015, el plazo para interponer recurso extraordinario de revisión cuando se fundamente en error de hecho que resulte de los propios documentos es de: a.Tres meses desde el conocimiento de los documentos. b.Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. c.Tres meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. d.Cuatro años desde que la sentencia judicial quedó firme.

Conforme al artículo 124 de la Ley 39/2015, contra la resolución de un recurso de reposición: a.Cabe interponer recurso de alzada. b.No podrá interponerse de nuevo dicho recurso (reposición). c.Cabe recurso de súplica ante el superior. d.Se abre la vía de la reclamación económico-administrativa.

Según el artículo 19 de la LJCA, ¿quién puede ejercer la acción popular?. a.Solo el Ministerio Fiscal. b.Cualquier ciudadano. c.Solo las asociaciones de consumidores y usuarios. d.Los partidos políticos con representación parlamentaria.

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 29/1998 (LJCA), en las actuaciones ante órganos unipersonales (Juzgados): a.Es preceptiva la intervención de Procurador y Abogado. b.Las partes pueden comparecer por sí mismas si son funcionarios públicos en cualquier materia. c.Las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado. d.El Abogado puede ostentar la representación y la defensa simultáneamente sin necesidad de notificaciones.

Según el artículo 12 de la Ley 29/1998 (LJCA), ¿qué órgano es competente para conocer de los recursos contra actos del Consejo de Ministros?. a.La Audiencia Nacional. b.El Tribunal Central de Instancia. c.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. d.El Tribunal Constitucional.

A tenor del artículo 112 de la Ley 39/2015, si un interesado pretende impugnar un acto administrativo basándose únicamente en la nulidad de una disposición administrativa de carácter general: a.Debe interponer recurso de alzada ante el superior jerárquico del que dictó la disposición. b.Podrá interponer recurso directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. c.No cabe recurso administrativo alguno, debiendo acudir directamente a la vía contencioso-administrativa. d.Deberá solicitar previamente la revisión de oficio de la disposición.

Conforme al artículo 114 de la Ley 39/2015, en el ámbito estatal, ponen fin a la vía administrativa los actos emanados de: a.Los Subdirectores Generales. b.Los Directores Generales en materia de contratación. c.Los órganos directivos con nivel de Director general o superior en materia de personal. d.Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas exclusivamente.

A tenor del artículo 25 de la Ley 29/1998 (LJCA), los actos de trámite son impugnables separadamente si. a.Son posteriores a la iniciación del procedimiento sancionador. b.Deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o producen indefensión. c.Han sido emitidos por un órgano colegiado. d.No son impugnables en ningún caso hasta la resolución final.

En relación con la suspensión de la ejecución del acto impugnado (art. 117 Ley 39/2015), si el interesado interpone recurso contencioso-administrativo tras agotar la vía administrativa: a.La suspensión administrativa decae automáticamente, debiendo solicitarla de nuevo en sede judicial. b.Se mantendrá la suspensión si se solicita en el proceso y hasta que haya pronunciamiento judicial sobre dicha solicitud. c.La Administración debe levantar la suspensión para no interferir en la labor judicial. d.La suspensión se convierte en indefinida hasta sentencia firme.

¿Qué órgano conoce de los recursos contra los actos de la Administración electoral (Juntas Electorales de Zona) según el artículo 8 de la LJCA?. a.El Tribunal Supremo. b.La Audiencia Nacional. c.Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (Secciones de Instancia). d.La Junta Electoral Central.

Según el artículo 20 de la Ley 29/1998 (LJCA), ¿pueden las Entidades de Derecho público dependientes del Estado interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de la Administración del Estado?. a.Sí, siempre que afecte a su autonomía funcional. b.No, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan. c.Sí, previa declaración de lesividad. d.Sí, pero solo ante el Tribunal Constitucional.

Conforme al artículo 115 de la Ley 39/2015, respecto a los vicios del acto impugnado: a.Pueden ser alegados por cualquier interesado, independientemente de su participación. b.Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado. c.La indefensión siempre genera nulidad de pleno derecho, aunque la haya causado el interesado. d.Deben ser alegados exclusivamente en el escrito de interposición, precluyendo la posibilidad posterior.

Según el artículo 19 de la Ley 29/1998 (LJCA), las Entidades Locales territoriales están legitimadas para impugnar: a.Cualquier acto de la Administración del Estado. b.Los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas. c.Solo los actos de otras Entidades Locales. d.Solo disposiciones generales, nunca actos singulares.

Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, en los Organismos públicos vinculados a la AGE, ¿qué actos ponen fin a la vía administrativa?. a.Todos los emanados de sus órganos colegiados. b.Los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados. c.Solo los emanados del Presidente del Organismo. d.Ninguno, siempre cabe alzada ante el Ministro de adscripción.

A tenor del artículo 122 de la Ley 39/2015, cuando se interpone un recurso de alzada contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud y la Administración no resuelve en plazo: a.Se entenderá desestimado el recurso (silencio negativo). b.Se entenderá estimado el recurso (silencio positivo). c.Se produce la caducidad del procedimiento. d.Se debe esperar a la resolución expresa obligatoria sin efectos de silencio.

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 29/1998 (LJCA), en las actuaciones ante órganos colegiados (como un TSJ o la Audiencia Nacional): a.Las partes podrán conferir su representación a un Abogado, siendo facultativo el Procurador. b.Las partes deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado. c.Los funcionarios públicos deben comparecer siempre mediante Procurador. d.Basta con la asistencia de Abogado si se trata de cuestiones de personal.

Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, el plazo para interponer recurso extraordinario de revisión por aparición de documentos de valor esencial es de: a.Cuatro años desde la resolución. b.Tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos. c.Un mes desde la aparición de los documentos. d.Dos meses desde la firmeza del acto.

Según el artículo 28 de la Ley 29/1998 (LJCA), NO es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de: a.Los actos presuntos por silencio administrativo. b.Los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes. c.La inactividad de la Administración. d.Las vías de hecho.

En virtud del artículo 121 de la Ley 39/2015, si se interpone un recurso de alzada ante el órgano que dictó el acto impugnado: a.Este deberá declararse incompetente y devolverlo al interesado. b.Este deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y una copia completa y ordenada del expediente. c.Este podrá resolverlo por delegación del superior jerárquico en el plazo de un mes. d.Se entenderá desestimado si no se remite en el plazo de tres meses.

Según el artículo 19 de la LJCA, están legitimados para impugnar actos de las Entidades Locales que afecten al ámbito de su autonomía: a.Únicamente el Estado. b.La Administración de las Comunidades Autónomas y el Estado. c.Solo los vecinos de la localidad. d.El Ministerio Fiscal exclusivamente.

De acuerdo con el artículo 89.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el periodo de excedencia por cuidado de familiares es: a.Único por cada sujeto causante. b.De cinco años como máximo. c.Prorrogable por otros tres años si hay dependencia severa. d.Incompatible con la realización de cursos de formación.

Según el artículo 95.2.p) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el acoso laboral tiene la consideración de: a.Falta grave en todo caso. b.Falta muy grave. c.Infracción administrativa leve si no hay reincidencia. d.Falta grave o muy grave dependiendo de la evaluación de daños.

De acuerdo con el artículo 61.7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los sistemas selectivos para el personal laboral fijo podrán ser: a.Únicamente la oposición o el concurso-oposición. b.Oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos. c.Exclusivamente el concurso de méritos. d.Libre designación basada en la idoneidad profesional.

Atendiendo al artículo 91 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la carrera vertical consiste en: a.El ascenso de un cuerpo de un subgrupo a otro superior. b.El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión. c.La progresión de grado sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. d.El acceso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional.

Atendiendo al artículo 87.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, quienes estén en servicios especiales tienen derecho a: a.Seguir cobrando el complemento específico de su puesto de origen. b.El cómputo del tiempo a efectos de trienios y promoción interna. c.Una indemnización por residencia eventual en el nuevo cargo. d.No ser sancionados disciplinariamente bajo ningún concepto.

De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el diseño y regulación del personal directivo debe atender a: a.Criterios de confianza política y libre cese sin causa motivada. b.Principios de mérito y capacidad y criterios de idoneidad. c.Antigüedad en el cuerpo y nivel de destino alcanzado. d.Únicamente a la posesión de un título universitario de Grado.

¿Qué funciones corresponden en exclusiva a los funcionarios públicos según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?. a.El manejo de fondos presupuestarios y la firma de contratos administrativos. b.El ejercicio de las potestades públicas y la salvaguardia de los intereses generales. c.La gestión ordinaria de los recursos humanos y la formación del personal. d.La dirección técnica de los servicios públicos de carácter industrial.

De acuerdo con el artículo 95.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de las siguientes es una falta MUY GRAVE?. a.El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. b.El abandono del servicio. c.La grave desconsideración con los superiores. d.El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.

Según el artículo 132 de las fuentes, las funcionarias víctimas de violencia de género tienen derecho a percibir retribuciones íntegras durante los: a.Seis primeros meses de la excedencia. b.Tres primeros meses de la excedencia. c.Dos primeros meses de la excedencia. d.Durante toda la duración de la excedencia hasta los 18 meses.

Atendiendo al artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los miembros de los órganos de selección actuarán siempre: a.En representación del sindicato al que pertenezcan. b.Por cuenta de la autoridad que los nombró. c.A título individual, sin poder ostentar representación de nadie. d.Bajo mandato imperativo del Ministerio correspondiente.

De acuerdo con el artículo 67.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la jubilación forzosa se declara de oficio a los 65 años, pero se puede solicitar la prolongación hasta los: a.67 años. b.68 años. c.70 años. d.72 años.

Atendiendo al artículo 102 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a: a.La voluntad discrecional del superior jerárquico. b.La evaluación del desempeño, de acuerdo con los sistemas que cada Administración determine. c.El mantenimiento de la condición de funcionario en servicio activo exclusivamente. d.La superación de un curso de formación cada dos años.

Atendiendo al artículo 93 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿quiénes incurren en responsabilidad por encubrir faltas muy graves o graves?. a.Solo los superiores jerárquicos en todo caso. b.Los funcionarios o personal laboral, siempre que de dicho encubrimiento se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. c.Cualquier empleado público que tenga conocimiento de los hechos, sin excepción. d.Únicamente el personal eventual de confianza.

Atendiendo al artículo 91.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué debe hacer el funcionario si la suspensión provisional se eleva a definitiva?. a.Solicitar la jubilación anticipada forzosa. b.Devolver lo percibido durante el tiempo de la suspensión provisional. c.Recibir una indemnización compensatoria por la pérdida del puesto. d.Nada, ya que las retribuciones básicas son un derecho consolidado e irrenunciable.

Según el artículo 169 de las fuentes, la desobediencia abierta a las órdenes de un superior es falta MUY GRAVE, salvo que: a.La orden sea dada de forma verbal y no por escrito. b.La orden constituya una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. c.El funcionario considere que la orden es ineficiente. d.El superior no tenga competencia directa sobre la materia.

Según el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la sanción de demérito consiste en: a.Una reducción del sueldo base durante un año. b.La penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. c.El traslado forzoso a otra localidad de residencia. d.La imposibilidad de presentarse a oposiciones durante cinco años.

Atendiendo al artículo 7 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, el abuso de autoridad se califica como falta: a.Leve. b.Grave. c.Muy grave. d.No es una falta, sino una infracción administrativa común.

Según el artículo 102 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los sistemas de evaluación del desempeño deben adecuarse, en todo caso, a criterios de: a.Antigüedad, jerarquía y eficiencia presupuestaria. b.Transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. c.Confianza técnica y libertad de criterio del evaluador. d.Mérito, capacidad y urgencia en la prestación del servicio.

De acuerdo con el artículo 10.1.c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál es la duración máxima permitida para un nombramiento de funcionario interino por ejecución de programas de carácter temporal?. a.Tres años, sin posibilidad alguna de ampliación. b.Dos años, ampliable por otros doce meses si así lo prevé la normativa. c.Tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública de desarrollo. d.Cuatro años en total, improrrogables desde el inicio.

El artículo 10.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino en plaza vacante: a.Se produce la consolidación automática como personal laboral indefinido. b.La vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el proceso selectivo quede desierto. c.El funcionario interino tiene derecho a una prórroga de dos años si no se ha convocado la oferta de empleo público. d.La Administración está obligada a amortizar la plaza de forma inmediata.

Atendiendo al artículo 14.6 del Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas se adscribe a: a.La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. b.La Secretaría de Estado de Función Pública. c.La Subsecretaría de Hacienda de forma directa. d.El Gabinete del Ministro de Hacienda.

Atendiendo al artículo 9 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, las oficinas de información en los órganos territoriales: a.Son totalmente independientes de la oficina central de información y atención al ciudadano. b.Tienen prohibido comunicarse directamente con el Centro de Información Administrativa. c.Existirán con el carácter de oficinas centrales dependientes de las Delegaciones del Gobierno, Gobiernos Civiles y Delegaciones Insulares. d.Sólo podrán tratar información sobre competencias municipales.

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es un derecho reconocido a las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas?. a.A no presentar documentos originales, salvo que excepcionalmente la normativa establezca lo contrario. b.A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos. c.A conocer el sentido del silencio administrativo en los procedimientos en que sean interesados. d.A identificar a las autoridades bajo cuya responsabilidad se tramiten los expedientes.

En virtud del artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la cesión de aplicaciones entre Administraciones Públicas: a.Es siempre gratuita y obligatoria para todas las entidades locales. b.No se realizará cuando la información asociada esté sujeta a una especial protección prevista en una norma. c.Solo es posible si la aplicación fue desarrollada íntegramente por personal propio de la Administración cedente. d.Requiere la autorización previa de la Secretaría General de Administración Digital en todos los casos.

Según el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, ¿qué sucede si sobre el objeto de la petición ya existe un proceso judicial iniciado?. a.La petición se admite de todas formas para no vulnerar el derecho constitucional. b.La petición no será admitida en tanto no haya recaído resolución firme sobre dicho proceso. c.El juez debe suspender el proceso judicial hasta que la Administración responda a la petición. d.La Administración debe dictar una resolución provisional en 10 días.

Según el artículo 16 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, si el ciudadano no obtiene respuesta en plazo: a.Se entiende que su queja ha sido estimada por silencio positivo. b.Puede dirigirse a la Inspección General de Servicios para conocer los motivos y que se propongan medidas. c.La Administración debe pagarle una multa coercitiva diaria. d.El funcionario responsable queda suspendido de empleo y sueldo automáticamente.

Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes es un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas?. a.A obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. b.A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. c.A identificar a las autoridades bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. d.A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

Atendiendo al artículo 18 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la obligación de colaboración de las personas con la Administración no será exigible cuando: a.El ciudadano sea mayor de 65 años o esté en situación de dependencia. b.La información solicitada pueda vulnerar el honor o la intimidad personal o familiar. c.El interesado no haya recibido la notificación por correo certificado. d.Se trate de un procedimiento iniciado de oficio por la propia Administración.

Según el artículo 9 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, el incumplimiento de los compromisos de una carta de servicios: a.Genera responsabilidad patrimonial automática de la Administración. b.Obliga al cese del titular del organismo responsable. c.En ningún caso dará lugar a responsabilidad patrimonial por parte de la Administración. d.Permite al ciudadano solicitar una indemnización económica directa.

Según el artículo 8 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, las Cartas de Servicios se definen como: a.Documentos internos de planificación presupuestaria del Ministerio. b.Documentos que informan a los ciudadanos sobre los servicios que prestan y los compromisos de calidad asumidos. c.Informes anuales sobre el rendimiento de los funcionarios de una unidad. d.Contratos de servicios firmados con empresas externas para la atención al público.

Según el artículo 9 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, las medidas de subsanación en las Cartas de Servicios: a.Deben consistir siempre en una indemnización económica al ciudadano. b.Deben señalar expresamente el modo de formular reclamaciones por incumplimiento, sin dar lugar a responsabilidad patrimonial. c.Solo son obligatorias si el servicio es prestado por una empresa externa contratada. d.Requieren la aprobación previa del Tribunal de Cuentas para cada caso concreto.

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las copias de documentos públicos: a.Tienen siempre menos valor probatorio que el documento original en papel. b.Gozarán de la misma validez y eficacia que los originales siempre que exista constancia de que sean auténticas. c.Solo son válidas si han sido cotejadas por un Notario colegiado. d.Requieren una tasa especial de validación para ser admitidas en otros Ministerios.

Según el artículo 6 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, ¿qué función le corresponde al Centro de Información Administrativa en relación con la Comisión Interministerial de Información Administrativa?. a.Presidir todas sus sesiones ordinarias y extraordinarias. b.Nombrar a los vocales representantes de cada Ministerio. c.Actuar como órgano ejecutivo permanente en relación con las iniciativas y reclamaciones. d.Auditar los gastos de representación de los miembros de la Comisión.

Conforme al artículo 158 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para fomentar la reutilización, las Administraciones Públicas deben: a.Publicar el código fuente de todas sus aplicaciones en redes sociales. b.Mantener directorios actualizados de aplicaciones susceptibles de reutilización, de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad. c.Cobrar una tasa por cada descarga que realice otra Administración. d.Utilizar únicamente software desarrollado por empresas con sede en España.

De acuerdo con el artículo 65 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, ¿qué órgano actúa como coordinador territorial para asegurar la conexión funcional permanente de las unidades territoriales?. a.La Secretaría de Estado de Política Territorial. b.El Centro de Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas. c.El Delegado del Gobierno en cada Comunidad Autónoma. d.La Inspección General de Servicios del Ministerio de Hacienda.

Atendiendo al artículo 7 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, si el peticionario no subsana los defectos en el plazo de 15 días: a.El órgano resolverá con los datos que tenga. b.Se le tendrá por desistido y se procederá al archivo del expediente. c.Se le impondrá una sanción económica por obstrucción administrativa. d.El plazo se prorrogará automáticamente por otros 15 días.

Según el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, cuando una petición es admitida y se estima fundada, la autoridad: a.Debe publicar el nombre del peticionario en el BOE como agradecimiento. b.Viene obligada a atenderla y adoptar medidas para lograr su plena efectividad. c.Puede decidir no actuar si considera que no es políticamente oportuno. d.Debe someter la decisión a referéndum popular en la zona afectada.

De acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, el seguimiento de quejas en los servicios centrales corresponde a: a.El Delegado del Gobierno en Madrid. b.La Inspección General de Servicios de cada departamento. c.El Centro de Información Administrativa exclusivamente. d.La oficina del Defensor del Pueblo.

Según el artículo 5 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, las unidades departamentales realizarán necesariamente el cometido de: a.Fiscalización de las subvenciones otorgadas por el Ministerio. b.Publicidad y difusión de la imagen de la información administrativa. c.Redacción de los recursos de casación ante el Tribunal Supremo. d.Gestión del patrimonio inmobiliario del Departamento.

Conforme al artículo 3 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, la información particular: a.Se facilitará a cualquier ciudadano que la solicite por escrito. b.Solo podrá facilitarse a los interesados en el procedimiento o a sus representantes legales. c.Podrá ser difundida a grupos sociales interesados si se considera conveniente. d.Incluye la localización de las unidades administrativas de un Ministerio determinado.