TEMA 18

Señale la respuesta correcta, la exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas: No suspenderá, en ninguna circunstancia, los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan. Suspende los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan. Sólo suspende los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan cuando la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. Ninguna es correcta.

Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer: Únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. Únicamente la sanción correspondiente a la infracción más leve cometida. Únicamente la sanción correspondiente a la primera infracción cometida. Todas y cada una de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas.

¿Cuándo prescriben las sanciones impuestas por faltas graves?. A los cinco años. A los tres años. A los dos años. Al año.

Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si estas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán: A los cinco años. A los tres años. Al año. A los seis meses.

De los siguientes, ¿cuál no es un requisito exigido para la creación de cualquier órgano administrativo?. Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica. Delimitación de sus funciones y competencias. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. Identificación de los órganos con los que vayan a causar duplicación de competencias.

Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, uno de los principios de acuerdo con los que actúa la Administración Pública es el de participación, objetividad y: Transparencia de la actuación administrativa. Evaluación de los resultados. Adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. Colaboración.

En relación a la delegación de competencias entre órganos administrativos, no es cierto que: La delegación puede ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. La delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio ordinario se requiera un quórum especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum. Las competencias que se ejercen por delegación pueden ser delegadas. No podrán ser delegadas aquellas materias en que así se determine por norma con rango de ley.

De acuerdo con el artículo 32 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas: No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. Solo se puede anular en vía administrativa. Ninguna es correcta.

Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, uno de los principios de acuerdo con los que actúa la Administración Pública es el de simplicidad, claridad y: Economía. Eficacia. Proximidad a los ciudadanos. Racionalización.

Se consideran interesados en el procedimiento: Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución aunque haya recaído ya la resolución definitiva. Cualquier persona física o jurídica que ostente capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Quienes lo promuevan, aunque no tengan un interés legítimo ni sean titulares de.

Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas no podrán presentarse, según indica el artículo 16 de la Ley 39/2015: En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015. En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares extranjeras en España. En las oficinas de asistencia en materia de registros.

La sede electrónica, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es: El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a la Administración pública, organismo o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada. Aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de las redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. Es un sistema de firma electrónica. Es el medio o soporte en el que se almacenan los documentos utilizados en actuaciones administrativas.

Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de: Reciprocidad. Imparcialidad. Proporcionalidad. Independencia.

Según el artículo 8 de la LPACAP (Ley 39/2015), si durante la instrucción de un procedimiento se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte: Se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento si éste no ha tenido publicidad. Se suspenderá el procedimiento hasta que se les comunique el estado del procedimiento y se les dé un plazo para presentar alegaciones. Se seguirá adelante con el procedimiento sin más. Se les comunicará y se volverá a iniciar el procedimiento.

Señalar la opción incorrecta. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán: El órgano o unidad responsable de su gestión. La fecha y hora oficial. Los días declarados como inhábiles. Los medios electrónicos permitidos.

En cuanto a la delegación de firma, es cierto que: La delegación de firma altera la competencia del órgano delegante. Para su validez es necesaria su publicación. Solo puede delegarse la firma en materias que se ostenten por atribución. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad de procedencia.

¿Qué recurso cabe contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento?. Recurso de alzada. Recurso extraordinario de revisión. Recurso de reposición, en el plazo de un mes. Ningún recurso.

Con carácter general, las infracciones graves prescribirán: Al año. A los dos años. A los tres años. A los cinco años.

En referencia a los órganos administrativos, podrán delegar competencias relativas a: Asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado. La adopción de disposiciones de carácter general. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. El ejercicio de la potestad sancionadora.

En relación a las instrucciones y órdenes de servicio, no es cierto que: El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio supone la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos. Son normas de carácter interno, que no han de afectar a los administrados. No requieren un especial procedimiento de elaboración. Su cumplimiento se subordina al conocimiento de las mismas por sus destinatarios.

Cuando la Administración debe indemnizar a un particular por un daño que le ha ocasionado al desarrollar legalmente un servicio público, estamos ante un supuesto: Incluido en la teoría de la indemnización. Incluido en la teoría de la responsabilidad. Que no puede darse en la realidad. En el que no cabe dicha indemnización. Justificación.

Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo: Los relativos a la presentación de solicitudes. Los relativos a la presentación de recursos. Las respuestas a) y b) son correctas. Ninguna respuesta es correcta.

Interrumpirá la prescripción de la infracción, la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante: Un mes por causa no imputable al presunto responsable. Más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. Más de quince días por causa no imputable al presunto responsable. Más de veinte días por causa no imputable al presunto responsable.

¿Se puede presentar un documento en las Oficinas de Correos, según indica el art. 16 de la Ley 39/2015?. Sí, en la forma que indica la Ley 39. Sí, en la forma que reglamentariamente se establezca. No, solo en oficinas de asistencia en materia de registros y administraciones con registro propio. Si, salvo disposición legal en contrario.

Conforme al artículo 11 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas las encomiendas de gestión se podrán efectuar: Con órganos de la misma o de distinta Administración. Con Entidades de Derecho Público siempre que sean de distinta Administración. Con Entidades de Derecho Privado siempre que sean de la misma Administración. Todas son correctas.

Indica la opción incorrecta, según indica el art. 27 de la Ley 39/2015: Las Administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. Las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo. Cuando las Administraciones Públicas expidan copias simples electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia.

¿En qué casos, la Administración puede exigir a un interesado, la presentación de un documento original?. Cuando no sea posible su digitalización. En ningún caso. En ningún caso, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. Siempre se debe presentar el original.

Si un particular sufre una merma en su patrimonio como consecuencia de la actividad legal de la Administración Pública, estando obligado a soportarlo: Tiene derecho a ser indemnizado. Se le indemnizará, pero con una moderación en la cuantía. Al tratarse de una actividad legal, se aplica la teoría de la indemnización. No tiene derecho alguno a indemnización.

La aplicación analógica en materia sancionadora: Sirve para cubrir las lagunas legales existentes. Se admite cuando favorezca al presunto infractor. Está expresamente prohibida. Significa que, ante la ausencia de una norma administrativa regulando expresamente el tema de que se trate, se aplican los principios del Derecho Penal.

Según el artículo 7 de la LRJSP, la Administración consultiva podrá articularse a través de los servicios de la Administración activa que prestan asistencia jurídica. En tal caso, dichos servicios: Estarán sujetos a dependencia jerárquica orgánica pero no funcional. No podrán recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta. Podrán actuar como órganos individuales o como órganos colegiados. Podrán suponer duplicación de otros ya existentes para tener la posibilidad de contrastar pareceres.