TEMA 19

Producida una recusación, y si el recusado niega la causa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015: El superior resolverá en el plazo de tres días. El superior resolverá en el día siguiente. El superior resolverá en 48 horas. El superior resolverá en el plazo de diez días.

Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de las infracciones que, en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan: De forma solidaria. De forma subsidiaria. De forma individual. Todas son correctas.

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 40/2015, son motivos de abstención: Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con los administradores de entidades o sociedades interesadas. Todas son correctas.

Según el artículo 30 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si estas no fijan plazos de prescripción las infracciones graves lo harán: A los 3 años. A los 6 meses. A los 2 años. Al año.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa: Las personas físicas y jurídicas, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. Las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. Las personas físicas o jurídicas, así como, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. Ninguna es correcta.

Cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de: Actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar. Actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soporta. Actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar. Ninguna es correcta.

Según el art. 36 de la Ley 40/2015, respecto a la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, la resolución declaratoria de responsabilidad: No podrán fin a la vía administrativa. Podrán fin a la vía administrativa. Podrán fin a la vía contencioso-administrativa. Podrá fin o no a la vía administrativa dependiendo del órgano competente de su resolución.

Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme determina la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. Los particulares la exigirán directamente a los Tribunales de Justicia al objeto de hacer valer su derecho. Los particulares la exigirán directamente al funcionario o autoridad causante del daño o perjuicio. Ninguna es correcta.

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la graduación de la sanción no se considerará el siguiente criterio: La naturaleza de los perjuicios causados. La continuidad o persistencia en la conducta infractora. Antecedentes penales. Todas son correctas.

El personal al servicio de la Administración que interviene en un procedimiento y advierte que le une un parentesco de primer grado de afinidad con cualquiera de los interesados, debe: Delegar su firma. Delegar la competencia para resolver. Abstenerse de intervenir en el procedimiento. Continuar la tramitación del mismo, al no incurrir en irregularidad alguna.

De acuerdo con lo dispuesto el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la prescripción: Interrumpirá la prescripción la instrucción, sin conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa imputable al presunto responsable. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que se haya iniciado el procedimiento sancionador o haya transcurrido el plazo para recurrirlo. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que se incoe el procedimiento sancionador. En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.

En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de: Diez días el plazo de su emisión. Quince días el plazo de su emisión. Veinte días el plazo de su emisión. Un mes el plazo de su emisión.

En relación con lo dispuesto para la abstención en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: No se considera motivo de abstención, el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. La no abstención en los casos en que concurra alguna de las circunstancias previstas, será requisito previo para que los interesados puedan instar la recusación. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención implicarán la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes: De toda lesión que sufran. De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión no sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. Ninguna es correcta.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece en su artículo 27 que las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en: Mínimas, menores y máximas. Muy leves y menos graves. Típicas, imprudentes y dolosas. Leves, graves y muy graves.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas está actualmente regulada en: El Real Decreto 589/2018, 7 de diciembre, por el que se desarrolla el reglamento de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. Ninguna de las anteriores.

Señale la respuesta correcta. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas: No suspenderá, en ninguna circunstancia, los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan. Suspende los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan. Sólo suspenden los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan cuando la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. Ninguna es correcta.

Indique cuál de los siguientes es un principio de la potestad sancionadora conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Principio de legalidad. Principio de prudencia. Principio de tutela judicial efectiva. Ninguna es correcta.

Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale cuál de las siguientes circunstancias no constituye una causa de abstención de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones: Ser administrador de sociedad o entidad interesada en el asunto de que se trate. Tener parentesco de consanguinidad de tercer grado con cualquiera de los interesados. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. Haber prestado en los tres últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar a persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto.

Según el artículo 34 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, la cuantía de la indemnización en materia de responsabilidad patrimonial se calculará con referencia: Al día en que finalice el procedimiento. Al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización y de los intereses de demora que procedan. Al día en que se inicie el procedimiento. Al día en que se cobre la indemnización.

Conforme al artículo 28 de la Ley 40/2015, las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores: Podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. No podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes no se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. No podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. Ninguna es correcta.

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas: No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. Solo se puede anular en vía administrativa. Ninguna es correcta.

De acuerdo con los principios de la potestad sancionadora, recogidos en de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. Las sanciones administrativas podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas. En ningún caso el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior.