Tema 2.7

Los Subdelegados del Gobierno en las provincias son nombrados por: El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma mediante resolución. El Ministro de política territorial mediante Orden ministerial. Real Decreto de Consejo de Ministros a propuesta del Ministro competente previo informe del Delegado del Gobierno en la CCAA. El Presidente del Gobierno directamente mediante Real Decreto.

Conforme al artículo 2.2 de la Ley 50/1997, corresponde al Consejo de Ministros: Aprobar los anteproyectos de Ley que posteriormente remitirá al Congreso de los Diputados. Aprobar los proyectos de Ley que se remitirán a las Cortes Generales. Aprobar las proposiciones de Ley que los grupos parlamentarios presentarán en las Cámaras. Informar preceptivamente los proyectos de Ley presentados por los grupos parlamentarios.

Los acuerdos del Consejo de Ministros se adoptan: Siempre por unanimidad de todos sus miembros. Por mayoría simple, siendo dirimente el voto del Presidente en caso de empate. Por mayoría absoluta de los Ministros presentes. Por mayoría de dos tercios de los miembros del Gobierno.

La delegación de competencias entre órganos administrativos: Exime de responsabilidad al órgano delegante por los actos del delegado. No exime de responsabilidad al órgano delegante, que mantiene potestades de vigilancia y avocación. Transfiere definitivamente la competencia al órgano delegado sin posibilidad de revocación. Requiere autorización del Consejo de Ministros en todo caso.

Los Ministros ejercen la potestad reglamentaria mediante: Reales Decretos aprobados por el Consejo de Ministros. Órdenes ministeriales que no pueden regular materias reservadas a Real Decreto. Resoluciones ministeriales con rango reglamentario. Instrucciones y circulares con eficacia normativa general.

Según la Ley 40/2015, son órganos colegiados de la Administración General del Estado: Exclusivamente el Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno. Las Comisiones Interministeriales, Consejos Rectores de organismos y otros órganos de coordinación. Los órganos superiores cuando actúan conjuntamente en reuniones de coordinación. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado por daños causados a particulares: Requiere acreditar culpa o negligencia del funcionario causante del daño. Sólo procede cuando el daño deriva de actos dolosos de las autoridades administrativas. Es objetiva, respondiendo la Administración directamente sin necesidad de acreditar culpa. Requiere agotar previamente la vía de reclamación ante el órgano causante del daño.