Tema 2. La Constitución Española de 1978. La Corona.GENERAL A2

51. El artículo 56 establece que el Rey es el Jefe del Estado, inaugurando el Título II de la Constitución: a. Se inicia la parte orgánica de la Constitución y, en cabeza de la misma se sitúa, por vez primera en nuestra historia constitucional, el Título referido a la Monarquía. b. Se inicia la parte orgánica de la Constitución y, en cabeza de la misma se sitúa, siguiendo nuestra tradición, el Título referido a la Monarquía. c. El constituyente subrayó la igualdad de la posición de la Corona -formal e institucionalmente, que no en poder político- en relación a los poderes del Estado, especialmente, de las Cortes Generales y del Gobierno. d. El constituyente subrayó la igualdad de la posición de la Corona -formal e institucionalmente, que no en poder político- en relación a los restantes poderes del Estado.

52. El primer artículo dedicado a la Corona, el 56, actúa, como un "artículo marco" o definitorio de los rasgos caracterizadores de la Monarquía. a. No se atribuyen funciones específicas a la institución. b. Se califica al Rey como Jefe del Estado y se le atribuyen las tres grandes funciones de la institución. c. Se acuña un término para definir la peculiar estructura del Estado español, para romper con la Constitución de 1931. d. Se inclina por caracterizar la organización como Monarquía representativa.

53. El artículo 56 que inicia la regulación de la Corona muestra: a. Al Estado y las Comunidades Autónomas como titulares de la soberanía. b. La preocupación del constituyente era perfilar una Corona sin responsabilidad y sin poder, compatible absolutamente con el régimen parlamentario. c. El Rey representa igualmente al Estado español ante los entes político-territoriales en que éste se divide, esto es, las Comunidades Autónomas. d. El Estado, las nacionalidades, las Comunidades Autónomas se sitúan orgánicamente por encima de la Corona.

54. Los constituyentes optaron por la unidad del Estado, diseñaron la Corona como uno de los órganos constitucionales del Estado, vértice de la organización estatal, el de mayor dignidad formal y posición. De ahí su carácter "soberano". Señale la opción que considere correcta: a. Los artículos 2 y 56 del texto constitucional y los Títulos II y VIII que los desarrollan, salvaguardan el principio de la unidad del Estado permitiendo un sistema complejo y flexible de acceso a la autonomía. b. El Rey representa igualmente al Estado español ante las Comunidades Autónomas, aun cuando sus derechos no afectan al Rey. c. El sistema del artículo 2 y el Título VIII que lo desarrolla, permite matizar el principio de la unidad del Estado, de la Nación y de la soberanía. d. El sistema constitucional diseña un Estado pseudofederalista y regionalista.

55. El constituyente diseña la unidad abstracta del Estado en la función arbitral y moderadora del Monarca. Esta afirmación constitucional implica: a. La distribución igualitaria del poder entre Estado, Comunidades Autónomas y Poderes legislativo, ejecutivo y judicial. b. Los Estatutos de Autonomía pueden matizar y han reformado el inicial diseño constitucional. c. Se configura al Rey como poder armónico o regulador y se le atribuyen potestades de impulso de los poderes del Estado y la resolución de conflictos entre los mismos como “función moderadora”. d. El federalismo es una opción prevista en el texto constitucional.

56. En relación al poder armónico o regulador del Rey y sus potestades de impulso de los poderes del Estado y la resolución de conflictos entre los mismos, se dota a esta institución de algunas prerrogativas. a. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. b. La convocatoria del Consejo de Ministros. c. La Presidencia del Consejo General del Poder Judicial. d. Como la propuesta, nombramiento y cese del Presidente del Gobierno; la convocatoria y disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones; la convocatoria de referéndum.

57. El Rey es el representante del Estado español en las relaciones internacionales, esto implica: a. Competencias de indudable significación política y que requerirán el previo conocimiento del Gobierno y el dictamen preceptivo del Consejo de Estado. b. Competencias de indudable significación política y que requerirán el previo conocimiento del Gobierno. c. La acreditación de embajadores y otros representantes diplomáticos, la manifestación del consentimiento en los tratados y la declaración de guerra y paz. d. La supervisión de los trabajos preparatorios de tratados con las naciones de su comunidad histórica.

58. La alusión de la Constitución a la capacidad de actuación del Monarca en el orden internacional tiene un real contenido sustantivo, con dos límites a esta competencia: a. Uno general, el refrendo de sus actos por el Presidente del Gobierno, y otro específico, su necesaria publicación en el Boletín Oficial del Estado. b. Uno general, el refrendo de sus actos por el órgano correspondiente (normalmente, el Ministro de Asuntos Exteriores); y otro específico, la autorización de las Cortes Generales para declarar la guerra y celebrar determinados tratados. c. Uno general, el refrendo de sus actos por el Ministro pertinente, y otro específico, su necesaria publicación en el Boletín Oficial del Estado. d. Uno general, el refrendo de sus actos por el Presidente del Gobierno, y otro específico, el dictamen preceptivo del Consejo de Estado.

59. La inexistencia de responsabilidad política del Jefe del Estado es una característica común de todos los regímenes políticos contemporáneos, ya sean Monarquías, ya Repúblicas. Señale la opción correcta: a. En el caso de los regímenes monárquicos, la falta de responsabilidad es aplicable al ámbito penal. b. En el caso de los regímenes monárquicos, la falta de responsabilidad es aplicable al ámbito penal y fiscal. c. En el caso de los regímenes monárquicos, la falta de responsabilidad es absoluta, llegando a extenderse a los ámbitos civil y penal. d. La inviolabilidad implica que la ausencia de responsabilidad se traduce en exonerar al Monarca de toda responsabilidad política, puesto que nunca actúa en solitario.

60. El refrendo es el mecanismo que posibilita la existencia de la falta de responsabilidad y de la inviolabilidad. Esta afirmación implica: a. Todos los actos del Rey, como condición de validez, están sujetos al requisito del refrendo. b. La irresponsabilidad protege la conducta del Rey como persona; la inviolabilidad protege sus actos como institución del Estado. c. Se admiten constitucionalmente muchas variedades de refrendo. d. Nuestra Constitución mantiene una concepción tradicional del refrendo exigiendo necesariamente que la persona que debe refrendar sea el autor efectivo de la propuesta o actuación.

61. En relación al refrendo la doctrina del Tribunal Constitucional ha señalado: a. La libertad de forma para el refrendo. b. La autoridad refrendante asume la responsabilidad del acto del Rey. c. La autoridad administrativa que refrenda el acto del Rey certifica la adecuación del acto regio al ordenamiento jurídico. d. El refrendo refleja la división de poderes expresamente consagrada en la Constitución.

62. El artículo 57 hace expresa mención al Rey Don Juan Carlos, al que se califica de legítimo heredero. Esta mención implica: a. Se desiste del intento de enlazar los derechos del Rey D. Juan Carlos con la dinastía histórica. b. Se quiere señalar que su posición regia dimana de la Constitución y que ésta norma supone la legitimación democrática de la propia existencia, anterior a la norma constitucional. c. La fórmula reproducida recoge la de todas las Constituciones monárquicas españolas desde 1812. d. La preferencia constitucional sigue la tradición francesa, se trata, en todo caso, de prohibición de las mujeres en el orden sucesorio mientras haya varones.

63. En el artículo 57 se regulan supuestos excepcionales en la sucesión a la Corona, en los que se otorga protagonismo a las Cortes Generales, órgano de la representación popular. a. El procedimiento es novedoso en nuestra tradición, y es uno de los distintivos de las modernas monarquías parlamentarias. b. El principio de igualdad constitucional impone que las Cortes, sede de la soberanía, asuman las competencias que se habían reconocido a la Corona si no hay sucesor. c. Nuestra Constitución actual exige, para el matrimonio de los posibles sucesores al trono, la autorización del Rey y de las Cortes. d. El procedimiento enlaza con la más rancia tradición monárquica española, que arranca en el Compromiso de Caspe.

64. El artículo 58 de la Constitución establece que la Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia. En relación con esta prescripción seleccione la opción correcta: a. Es un precepto impuesto por la normativa europea. b. El precepto no tiene equivalente en el Derecho Constitucional Comparado. c. Se aparta de la tradición constitucional española. d. Se formula "ex novo" en la vigente Constitución.

65. El fundamento del refrendo se encuentra en: a. La necesaria limitación constitucional a los actos del Rey, que asegura la estabilidad democrática. b. En el principio de lealtad institucional de los poderes de Estado. c. El criterio rector que facilita la colaboración, la cooperación y el equilibrio entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. d. El carácter intangible de la Jefatura del Estado, gracias al cual el Rey simboliza, modera y arbitra, pero no asume decisiones, sino que se limita, con su firma, a perfeccionar determinados actos políticos de gobierno convirtiéndolos en actos de Estado.

66. En la institución del refrendo concurren dos actos simultáneos emanados de dos voluntades bien diferentes: a. Por un lado el acto regio, perfecto y completo, pero necesitado del requisito formal del otro acto, la firma del Presidente del Gobierno, Ministro o Presidente del Congreso, para tener eficacia. b. Por un lado el acto del poder ejecutivo o legislativo, de naturaleza incompleta, que necesita otro, la actuación del Rey, para respetar la legalidad constitucional. c. Por un lado el acto regio, político, protocolario o de representación, que carece de efectos jurídicos sin la firma del Presidente del Gobierno, el acto que le da eficacia jurídica. d. Por un lado el acto regio incompleto, pero que es condición de validez para el otro acto simultáneo, emanado del órgano refrendante (Presidente del Gobierno, Ministro o Presidente del Congreso), al que complementa y que es a su vez presupuesto para la existencia de aquél.

67. La norma constitucional contempla actos sin refrendo. Serán los siguientes: a. Los actos de nombramiento y cese de los miembros civiles y militares de su Casa y los integrantes de los servicios de seguridad e inteligencia que tuviese asignados. b. Los enumerados en el artículo 65.2. A saber, los actos de nombramiento y cese de los miembros civiles y militares de su Casa y los actos del Rey que pertenezcan a la esfera jurídico-privada (salvo el nombramiento del tutor testamentario). c. Los actos del Rey que pertenezcan a la esfera jurídico-privada, incluyendo los actos relativos a sus disposiciones testamentarias. d. Los actos de nombramiento y cese de los miembros civiles y militares de su Casa y los relativos a la asistencia a la toma de posesión de los Jefes de Estado de nuestra comunidad histórica.

68. Según el artículo 65 el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad para el sostenimiento de su Familia y Casa: a. En la historia constitucional española desde 1812 se viene reconociendo que le corresponde al Rey una asignación presupuestaria anual. b. En la historia constitucional española desde 1812 se viene reconociendo que le corresponde al Rey una asignación presupuestaria que se establece al principio de su reinado. c. En 1978 se establecen tres principios: la dotación del Rey no se fija al principio de su reinado, sino anualmente en los Presupuestos Generales, tiene carácter global y no está sujeta a justificación, por lo que el Rey la administra y distribuye libremente. d. La Casa está exenta del cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral y fiscal.

69. El último inciso del artículo 56.1 establece que el Rey es el Jefe del Estado, ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes: a. La vigente Constitución española, siguiendo el modelo de los regímenes con monarquía parlamentaria formalizada, ha tasado las funciones del Rey, se formula como límite a las atribuciones regias: fuera de la norma constitucional y en su caso de las leyes, no existen potestades regias. b. Debe interpretarse el último inciso como cláusula residual para la asunción de nuevas funciones. c. La vigente Constitución diseña una monarquía en la que confluyen de una parte competencias ejecutivas residuales, no atribuidas al Gobierno, funciones representativas y funciones políticas. d. Todos los actos del Rey, incluso los relativos a su más estricta vida privada, tienen relevancia pública y por tanto política, se consagra una permanente "funcionalización pública de la conducta del Rey".

70. Según el artículo 117 la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. Con relación a esta afirmación seleccione la respuesta correcta: a. Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es posterior a la función legislativa. b. Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es simultánea a la función legislativa. c. Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es anterior a la función legislativa. d. Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es posterior a la función ejecutiva.

71. El proceso de creación de una justicia autónoma, frente a la dependencia histórica de la misma respecto del soberano, se inicia en nuestro país con: a. La Constitución de 1812, en este punto especialmente tributaria de la influencia doctrinal de Jovellanos. b. La Constitución de 1869, especialmente tributaria de la influencia doctrinal de Jovellanos. c. La Constitución de 1876, especialmente tributaria de la influencia doctrinal de Jovellanos. d. La Constitución de 1931.

72. El antecedente de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial es: a. El Estatuto Real de 1834. b. El Fuero de los Españoles de 1945. c. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870. d. Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial.

73. El apartado primero del art. 117 destaca la legitimación democrática del Poder Judicial al señalar que "la justicia emana del pueblo", concreta el art 1.2 de la Constitución según el cual "la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado". Seleccione la opción correcta: a. La legitimación democrática se traduce en la exclusiva sujeción de jueces y magistrados a lo dispuesto en la Constitución y en la ley. b. La legitimación democrática implica la elección popular de jueces y magistrados. c. Los jueces pueden inaplicar una norma con rango de ley, aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, cuando consideren que puede ser contraria a la Constitución. d. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, puede ser contraria a la Constitución, podrá plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional.

74. Este principio cardinal de sometimiento a la ley está también íntimamente ligado a la proclamación de la independencia de jueces y magistrados, y se regula en: a. En el art. 117 del texto constitucional. b. En los artículos 12 a 14 de la LOPJ. c. En la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. d. El art.117 de la CE y en los arts. 12 a 14 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

75. El sometimiento a la ley está también íntimamente ligado a la proclamación de la independencia de jueces y magistrados. Esto se traduce en: a. La imposibilidad por parte de jueces y tribunales de corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial, salvo resolviendo recursos. b. El Consejo General del Poder Judicial sí puede dictar instrucciones, de carácter general o particular, dirigidas a sus inferiores sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico. c. El Consejo General del Poder Judicial puede dictar instrucciones de carácter general sobre la resolución de recursos en la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico. d. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional pueden dictar instrucciones a los órganos jurisdiccionales sobre la aplicación de normas de índole procesal.

76. La garantía de la inamovilidad se reconoce a los jueces y magistrados que desempeñan cargos judiciales. Los orígenes de esta garantía se encuentran en: a. El Act of Settlement de 1700 y la Constitución francesa de 1791. b. El Act of Settlement de 1700, la Constitución francesa de 1791 y la Constitución de Cádiz de 1812. c. El Act of Settlement de 1700 y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870. d. El Act of Settlement de 1700, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 y la Constitución de 1931.

77. Las implicaciones de la inamovilidad han de manifestarse en un régimen legal que garantice: a. La estabilidad de los jueces y magistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, así la jubilación, la separación del servicio, el traslado, la suspensión sólo pueden obedecer a causas legales y procedimientos reglados. b. En nuestro Derecho se establece el carácter vitalicio de la condición de juzgador. c. La situación estatutaria de los jueces y magistrados, se reconoce el derecho a la sindicación profesional para la protección y amparo de sus intereses e independencia. d. La imposibilidad de la suspensión de empleo y sueldo de estos funcionarios.

78. La exclusividad y la integridad de la función jurisdiccional tienen su génesis en: a. La Constitución de 1869. b. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870. c. La Constitución de 1812. d. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985.

79. El Tribunal Constitucional (STC 265/1988, de 22 de diciembre) ha señalado que el principio de exclusividad está reñido con el automatismo en la concesión de efectos civiles a decisiones acordadas: a. En el ámbito de la jurisdicción militar. b. En el ámbito de la jurisdicción eclesiástica anglicana. c. En el ámbito sometido a la jurisdicción de la Sharía dictada por un juez eclesiástico o cadi. d. En el ámbito de la jurisdicción canónica.

80. La unidad jurisdiccional se regula en el artículo 117, apartados 5 y 6. Su origen lo encontramos en: a. El Decreto de unificación de fueros, 6 de diciembre de 1868. b. El enunciado del art. 248 de la Constitución de 1812: «En los negocios comunes, civiles y criminales, no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas». c. En la Constitución de 1845. d. En la Constitución de 1856.

81. La unidad jurisdiccional implica la supresión de todas y cada una de las jurisdicciones propias que establecían diferentes órdenes para distintos grupos de sujetos y los correspondientes privilegios que suponían. Seleccione la opción correcta. a. La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales de excepción como los tribunales de honor. b. La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales canónicos como los tribunales militares. c. La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales canónicos como los tribunales militares de honor. d. La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales militares como los tribunales de excepción.

82. La Constitución ha optado por el mantenimiento de la jurisdicción militar: a. En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio. b. En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, alarma y excepción, de acuerdo con los principios de la Constitución. c. En el ámbito estrictamente castrense y en caso de conflicto armado. d. En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

83. En el artículo 118 se establece que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto: a. La ejecución de las sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también se configura como un derecho fundamental de carácter subjetivo incorporado al contenido del art. 24.1 de la CE. b. La ejecución de las sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también se configura como un derecho fundamental de carácter subjetivo incorporado al contenido del art. 9 de la CE. c. La ejecución de las sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también se configura como un derecho subjetivo incorporado al contenido del art. 103 de la CE. d. El Tribunal Constitucional queda al margen de esta norma en lo relativo a la ejecución de sus resoluciones.

84. El artículo 119 estipula que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. En relación a la evolución de este derecho: a. Su origen lo encontramos en la Constitución de 1812. b. Su origen lo encontramos en la Constitución de 1869. c. Únicamente la Constitución de 1931 recogió este derecho en su artículo 94. d. Se recogió por primera vez en la Constitución de 1876.

85. El art. 119 del texto constitucional proclama un derecho a la gratuidad de la justicia en los casos y en la forma en los que el legislador determine: a. La gratuidad de la justicia se configura como un derecho fundamental y subjetivo cuya finalidad es una garantía para los intereses de la justicia. b. La regulación del sistema de justicia gratuita se lleva a efecto por ley orgánica puesto que afecta a la igualdad de defensa, corresponde al legislador dar cumplimiento a la encomienda constitucional de que se articule un sistema de justicia gratuita para aquellos que carezcan de recursos. c. La evaluación del cumplimiento de los requisitos para gozar del derecho a la asistencia jurídica gratuita es una función jurisdiccional, así se ha mantenido tradicionalmente en nuestra legislación procesal. d. Es un derecho prestacional y de configuración legal cuyo contenido y concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a las concretas disponibilidades presupuestarias.

86. Según el artículo 120 las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal y las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública: a. Según ha señalado el Tribunal Constitucional, el principio de publicidad protege a las partes de una justicia sustraída al control público, y mantiene la confianza de la comunidad en los tribunales, exigencia del Estado de Derecho. b. La consagración constitucional de un principio procedimental como la oralidad sigue la línea iniciada por las Constituciones europeas. c. La consagración constitucional de un principio procedimental como la oralidad sigue la tradición constitucional española. d. La ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial en referencia al principio de oralidad, introduce en el procedimiento laboral, penal y contencioso-administrativo la obligación de grabar las vistas.

87. El artículo 124 alude a la institución del Ministerio Fiscal, cuya misión es promover la acción de la justicia, la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. En relación a sus funciones y regulación seleccione la afirmación correcta: a. La vigente Constitución de 1978 continúa la tradición de nuestro constitucionalismo histórico, desde 1812. b. Ninguno de nuestros textos constitucionales se refiere a la institución del Ministerio Fiscal con la sola excepción de la Constitución de 1931. c. El artículo 124 le otorga el carácter de garantía institucional, pues sus características básicas vienen impuestas por el Texto constitucional. De ahí la reserva de ley orgánica para el diseño de su Estatuto. d. Su Estatuto se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

88. Respecto al nombramiento del Fiscal General del Estado seleccione la opción correcta: a. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. b. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre funcionarios españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. c. El candidato a Fiscal General propuesto por el Gobierno, tras la preceptiva audiencia del Consejo General del Poder Judicial, deberá someterse a una comparecencia ante una Comisión del Congreso de los Diputados que habrá de valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto antes de ser nombrado por el Rey. d. La elección parte de la propuesta de las Cortes Generales, oído el consejo General del Poder Judicial. Su mandato tendrá una duración de seis años.

89. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se regula principalmente en: a. La Ley 24/2007, de 9 de octubre. b. La Ley 50/1981, de 30 de diciembre reformada por la Ley 24/2007. c. La Ley Provisional de Organización del Poder Judicial de 1870. d. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985.

90. Según el art. 125 de la Constitución, los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales: a. La acción popular ya se regulaba en el constitucionalismo español desde 1812 a 1931, contemplándose en todos los textos y plasmado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La acción pública supone la atribución de legitimación activa para que un ciudadano pueda personarse en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de un interés propio, sino en defensa de la legalidad. b. La acción popular ya se regulaba en la Constitución de 1869 y en la de 1931. Se recogió en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1870. La acción pública supone la atribución de legitimación activa para que un ciudadano pueda personarse en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de un interés propio, sino en defensa de la legalidad. c. La acción popular aparece por primera vez en la Constitución de 1931. Se recogió en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La acción pública supone la atribución de legitimación activa para que un ciudadano pueda personarse en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de un interés propio, sino en defensa de la legalidad. d. La acción popular ya se regulaba en el constitucionalismo español, en 1812, en la Constitución de 1869 y en la de 1931. Se recogió en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1870. La acción pública supone la atribución de legitimación activa para que un ciudadano pueda personarse en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de un interés propio, sino en defensa de la legalidad.

91. La institución del jurado popular ha sido una de las más controvertidas desde la promulgación de la Constitución de 1978: a. Aparece en la Constitución de 1812, el texto de 1869, y en la Constitución de 1931. b. Aparece en la Constitución de 1931. c. Ha sido una institución polémica intermitentemente recogida en nuestro constitucionalismo histórico. d. Aparece en la Constitución de 1812 y en la Constitución de 1931.

92. El artículo 122 se refiere a la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera: a. El estatus de los jueces y magistrados, el conjunto de derechos y deberes de los que son titulares, ha de venir determinado por Ley Orgánica, aunque algunos aspectos secundarios puedan ser regulados reglamentariamente. b. La mayor parte de nuestras Constituciones históricas han regulado esta materia. c. La Constitución establece de manera precisa las funciones del Consejo General del Poder Judicial. La enumeración debe entenderse como un numerus clausus. d. El CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, sólo se rige por la Constitución y por la LOPJ.

93. El Consejo General del Poder Judicial fue establecido por la Constitución de 1978 en su artículo 122, siguiendo los modelos de otros países próximos: a. El diseño español sigue el modelo alemán. b. El texto de 1978 sigue el diseño constitucional de Francia, Portugal y, en especial, Italia. c. El texto de nuestra Constitución adapta el modelo danés. d. La Constitución de 1978 sigue los modelos de otros países próximos como Bélgica o Luxemburgo.

94. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), reguló de forma definitiva el Consejo, el sistema fue reformado en 2001: a. La Ley Orgánica 6/1985 derogó la Ley Orgánica de 1980, y cambió en la forma de elección de los vocales de procedencia judicial. b. La Ley Orgánica 6/1985 cambió la composición del Consejo creado en 1980. c. La Ley Orgánica 6/1985 aumentó las competencias iniciales del Consejo. d. Según la Ley 6/1985 el Presidente del Consejo es elegido por el Pleno del CGPJ entre miembros de la carrera judicial.

95. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano colegiado compuesto por: a. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. b. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. c. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de nueve años sin posibilidad de renovar mandatos. d. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirán alternativamente y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de seis años.

96. En el Consejo General del Poder Judicial: a. Doce de sus miembros se elegirán entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado. b. El artículo 122.3 CE exige que los doce vocales de que habla fuesen elegidos por jueces y magistrados. c. La Ley Orgánica 6/1985 establece que la iniciativa de propuesta correspondía a los grupos parlamentarios. d. Según la Ley 6/1985 el Presidente del Consejo es elegido por el Pleno del Congreso de los Diputados a propuesta del CGPJ entre miembros de la carrera judicial.

97. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos: a. Por una mayoría cualificada de tres quintos de las Cámaras. b. Por la mayoría requerida para la aprobación de las leyes orgánicas. c. Por una mayoría de tres quintos en el Congreso de los Diputados y por mayoría absoluta en el Senado. d. Por mayoría de dos tercios en ambas Cámaras.

98. Según la LO 2/2001, en relación a la elección de los miembros del Consejo Generaldel Poder Judicial: a. En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, como las Cámaras. b. En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las asociaciones profesionales de jueces y magistrados como los colegios profesionales. c. En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las asociaciones profesionales de jueces y magistrados como las autoridades académicas y las asociaciones de fiscales. d. En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las asociaciones profesionales de jueces y magistrados como el resto de los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia.

99. Según la LO 2/2001, en el trámite de propuesta de candidatos a vocales del CGPJ se instaura un sistema mixto: a. Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados proponen a treinta y seis candidatos. b. Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados proponen a veinticuatro candidatos. c. Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados proponen a treinta candidatos. d. Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados y los colegios profesionales proponen a veinticuatro candidatos.

100. Según la LO 2/2001 en el trámite de propuesta de candidatos a vocales del CGPJ se instaura un sistema mixto: a. Las Cámaras elegirán cada una de ellas 6 vocales entre los candidatos propuestos, empezando por el Congreso de los Diputados. b. Las Cámaras elegirán cada una de ellas 6 vocales entre los candidatos propuestos, empezando por el Senado. c. Las Cámaras designarán en primer lugar los ocho vocales de elección parlamentaria. d. La elección entre los candidatos propuestos por asociaciones de jueces y colegios profesionales se realizará de forma simultánea en ambas Cámaras, designando el siguiente más votado si hubiese coincidencia en la designación.