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166. El Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Supervisor adjunto son elegidos para un mandato renovable de: a. 4 años. b. 5 años. c. 3 años. d. 8 años.

167. La Agencia Española de Protección de Datos se puede definir como: a. Un ente independiente, con presupuesto propio y plena autonomía funcional. b. Un ente corporativo, con autonomía organizativa y presupuesto propio. c. Una entidad institucional que dispone de medios personales y materiales propios y autonomía organizativa. d. Una fundación del sector público con carácter instrumental y personalidad jurídica diferenciada.

168. La Agencia Española de Protección de Datos: a. Se creó en 1994. b. Se creó en 1992. c. Se creó en 1986. d. Se creó en 1989.

169. La Presidencia de la Agencia y su Adjunto serán nombrados: a. Por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional con experiencia de, al menos, cinco años. b. Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior, con el visto bueno del Supervisor Europeo de Protección de Datos, entre personas de reconocida competencia profesional. c. Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. d. Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior, con el visto bueno del Parlamento, entre personas de reconocida competencia profesional.

170. El régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos en cuanto a sus funciones y potestades se establece en: a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. b. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo. c. La Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre. d. Los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679 y las reconocidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

171. Según el artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la Agencia Española de Protección de Datos: a. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio del Interior. b. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Investigación y Nuevas Tecnologías. c. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. d. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de la Presidencia.

172. El Reglamento (UE) 2016/679 otorga a la Agencia Española de Protección de Datos: a. Poderes de investigación, poderes de reglamentación, poderes correctivos, poderes de autorización y consultivos. b. Poderes de investigación, poderes de autorización y poderes consultivos. c. Poderes de investigación, poderes correctivos, poderes de autorización y consultivos. d. Poderes de investigación, poderes correctivos, poderes de certificación académica y consultivos.

173. El régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos, en cuanto al ejercicio de competencias, se rige por: a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. b. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo. c. La Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995. d. La Ley 39/2015, de 1 de octubre.

174. Al régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos, en cuanto al régimen patrimonial, le resulta aplicable: a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. b. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre. c. La Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995. d. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo.

175. De entre los siguientes, están dentro de las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos: a. Los datos relativos a las calificaciones de los estudiantes de las Universidades Públicas españolas. b. El domicilio, la denominación social, el CIF de una persona jurídica o sociedad mercantil. c. Las direcciones postales, las cuentas de correo electrónico o el DNI. d. Los datos relativos al objeto social de las entidades mercantiles que ejercen su actividad en España.

176. El régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos en cuanto a la contratación está sujeto a: a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. b. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre. c. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre. d. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo.

177. Las competencias de las autoridades autonómicas de protección de datos personales derivan de las estipulaciones contenidas en: a. El artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. b. Los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679. c. El artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. d. El artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

178. En la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, tras la modificación de la citada Ley Orgánica 3/2018, en relación a la protección de datos y al consentimiento: a. El tratamiento de datos personales de los universitarios requiere el consentimiento previo y expreso de los mismos. b. El tratamiento de datos personales de los interesados relativos a las calificaciones académicas requiere el consentimiento previo y expreso de los mismos. c. No es preciso recabarlo, ya que el legislador reconoce la existencia de un interés público en el conocimiento generalizado de los resultados de las evaluaciones de los estudiantes. d. El tratamiento de datos personales de los interesados que realicen sus actividades en el territorio de la Unión siempre requiere consentimiento.

179. Según el artículo 58 de la Ley Orgánica 3/2018, en relación a la cooperación institucional, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos convocará a las autoridades autonómicas de protección de datos para contribuir a la aplicación coherente del Reglamento (UE) 2016/679 y de dicha Ley: a. Por iniciativa propia o cuando lo solicite otra autoridad, en todo caso se celebrarán reuniones semestrales de cooperación. b. Por iniciativa propia, en todo caso se celebrarán reuniones trimestrales de cooperación. c. A instancia de las autoridades que traten datos o sean responsables de los mismos. En todo caso, se celebrarán reuniones trimestrales de cooperación. d. Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Justicia se convocarán reuniones mensuales de los responsables de tratamiento de datos coordinados por la Agencia.

180. Según el artículo 59 de la Ley 3/2018, cuando la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos considere que un tratamiento llevado a cabo en materias que fueran competencia de las autoridades autonómicas de protección de datos vulnera el Reglamento (UE) 2016/679: a. Podrá amonestar al responsable del organismo y ordenar las medidas necesarias para su cesación en el plazo de quince días. b. Podrá iniciar el oportuno procedimiento disciplinario contra el responsable de la vulneración. c. Comunicará la vulneración del tratamiento al Comité Europeo de Protección de Datos que tomará en un mes las medidas oportunas. d. Podrá requerirlas a que adopten, en el plazo de un mes, las medidas necesarias para su cesación.

181. Según el artículo 59 de la Ley 3/2018, si la autoridad autonómica no atendiere en plazo el requerimiento o las medidas adoptadas no supusiesen la cesación en el tratamiento ilícito: a. La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. b. La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos. c. La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción contencioso-administrativa. d. La Agencia Española de Protección de Datos podrá instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma concernida para la adopción de las medidas necesarias para su cesación.

182. Aun cuando es un organismo independiente, la Agencia Española de Protección de Datos cuenta con un presupuesto integrado en los Presupuestos Generales del Estado, en virtud de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. La supervisión y control externo es ejercida por: a. El control externo es ejercido por el Tribunal de Cuentas y el interno por la Intervención General del Estado. b. El control externo es ejercido por el Ministerio de Justicia y el interno por el Tribunal de Cuentas. c. El control externo es ejercido por la Intervención General del Estado y el interno por el Ministerio de la Presidencia. d. El control externo es ejercido por el Ministerio de la Presidencia y el control interno por el Tribunal de Cuentas.

183. El tratamiento de los datos personales de los que sean responsables los servicios públicos autonómicos y locales lo lleva a efecto: a. La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. b. La Autoridad andaluza de Protección de Datos. c. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos. d. La Autoridad Supervisora de Protección de Datos de Andalucía.

184. La base legal para el tratamiento de los datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía la podemos encontrar en: a. El artículo 64.2.9 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. b. Los principios rectores que orientan la actuación de los poderes públicos, según el artículo 37.1.15 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. c. El artículo 43 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. d. Las dos primeras opciones son correctas.

185. Según el artículo 64 del Estatuto de Andalucía, en materia de protección de datos y comunicaciones electrónicas, las competencias de la Junta de Andalucía son: a. Ejecutivas. b. Exclusivas. c. Compartidas con el Estado. d. Delegadas.

186. Los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía fueron aprobados por el Decreto de 29 de septiembre, del año: a. 2014. b. 2011. c. 2009. d. 2015.

187. En relación al tratamiento de datos por las Administraciones Locales, señale la opción que considere incorrecta: a. Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones Públicas que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado, incluidas las entidades de gestión tributaria, solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias. b. Los ciudadanos no tienen que aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas. c. El nombramiento de un Delegado de Protección de Datos en la Administración Local es siempre obligatorio. d. Los Ayuntamientos podrán establecer medios electrónicos para la transmisión de datos de empadronamiento a otras administraciones, en los términos establecidos en la legislación vigente.

188. En relación con el tratamiento de datos por las Entidades Locales, señale la opción que no considera cierta: a. Cuando un Ayuntamiento encarga a un tercero la gestión del cobro de impuestos, la relación entre responsable y encargado deberá estar regulada en un contrato o instrumento jurídico. b. La responsabilidad proactiva hace referencia a la capacidad de la entidad administrativa de demostrar y proporcionar evidencias del cumplimiento de las obligaciones de la legislación vigente. c. La base jurídica que legitima los tratamientos de datos de los impuestos municipales será el cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos, así como el cumplimiento de una obligación legal prevista en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. d. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones no tienen carácter reservado por están vinculados con la obligación constitucional de colaborar al sostenimiento de los gastos públicos.

189. En relación a los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones, señale la opción incorrecta: a. La Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias. b. Tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada. c. En el ámbito de la Administración Local la base jurídica que legitima los tratamientos y transmisión de datos únicamente será el consentimiento expreso del interesado. d. Podrán ser utilizados para la colaboración con las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios.