Tema 21-23 general

Según el artículo 34 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, ¿qué carácter temporal tiene la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación?. a.Anual. b.Bienal. c.Cuatrienal. d.Quinquenal.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, señale la respuesta incorrecta: a.El principio de igualdad se garantiza en el acceso al empleo. b.El principio de igualdad se garantiza en la promoción profesional. c.El principio de igualdad se garantiza también en la afiliación y participación en organizaciones sindicales y empresariales. d.El principio de igualdad no alcanza a las condiciones retributivas.

Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se considera discriminación indirecta por razón de sexo: a.Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. b.Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. c.La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. d.La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo justificación objetiva.

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, ¿cuál es el importe máximo de las sanciones por infracciones muy graves?. a.100.000 euros. b.200.000 euros. c.300.000 euros. d.500.000 euros.

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, ¿cuál es la consecuencia jurídica de las disposiciones, actos o cláusulas de negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación?. a.Son anulables a instancia de parte interesada. b.Son nulos de pleno derecho. c.Son rescindibles mediante acción judicial en un plazo de cuatro años. d.Son ineficaces con efectos ex nunc desde la resolución administrativa que así lo declare.

Según el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género: a.Todos los actos administrativos dictados por la Administración General del Estado. b.Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros. c.Solo los proyectos de ley que afecten directamente al mercado de trabajo. d.Los proyectos de disposiciones con rango de Ley y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros.

De conformidad con el artículo 9.5 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, ¿puede el empleador preguntar al aspirante a un puesto de trabajo sobre sus condiciones de salud?. a.Sí, siempre que exista una relación directa entre la salud y el puesto solicitado. b.No, el empleador no podrá preguntar sobre las condiciones de salud del aspirante, salvo los supuestos tasados en la presente Ley. c.No, el empleador no podrá preguntar sobre las condiciones de salud del aspirante. d.Sí, con el consentimiento expreso y por escrito del aspirante.

Conforme al artículo 44 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo: a.Requiere la previa exhibición de informe médico o psicológico que acredite la disconformidad con el sexo registral. b.Requiere pronunciamiento judicial previo salvo que la persona sea mayor de edad. c.Exige haber iniciado tratamiento hormonal durante al menos seis meses. d.No podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ¿qué empresas están obligadas a contar con un conjunto planificado de medidas para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, incluyendo un protocolo de actuación frente al acoso?. a.Las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras. b.Las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras. c.Las empresas de más de cien personas trabajadoras. d.Las empresas de más de doscientas cincuenta personas trabajadoras.

Según el artículo 6 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, ¿qué se entiende por segregación escolar?. a.Toda práctica, acción u omisión que tiene el efecto de separar al alumnado por motivos socioeconómicos o sobre la base de los motivos del artículo 2.1 sin justificación objetiva y razonable. b.La distribución del alumnado por niveles de rendimiento académico con justificación pedagógica. c.La agrupación del alumnado en función de necesidades educativas especiales debidamente acreditadas. d.La separación del alumnado por idiomas en centros de educación bilingüe.

Según el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres: a.Informará con carácter transversal la actuación de todos los Poderes Públicos, que lo integrarán de forma activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, la definición y presupuestación de políticas públicas y el desarrollo de todas sus actividades. b.Solo será aplicable a las políticas públicas de empleo y conciliación familiar. c.Constituye un principio meramente programático sin eficacia directa en la actividad administrativa. d.Informará con carácter multidisciplinar la actuación de todos los Poderes Públicos, que lo integrarán, tanto de forma activa como de forma pasiva, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, la definición y presupuestación de políticas públicas y el desarrollo de todas sus actividades.

Según el artículo 75 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación con la participación de las mujeres en los Consejos de administración de las sociedades mercantiles: a.Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada en un plazo de ocho años desde la entrada en vigor de la Ley. b.Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada deberán alcanzar la paridad exacta en sus Consejos de administración en un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley. c.Todas las sociedades mercantiles, con independencia de su tamaño, están obligadas a garantizar la presencia equilibrada en sus Consejos de administración. d.La presencia equilibrada en los Consejos de administración solo es exigible a las empresas que hayan obtenido el distintivo empresarial en materia de igualdad.

Conforme al artículo 10 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI tiene carácter: a.Anual. b.Bienal. c.Cuatrienal. d.Quinquenal.

Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se considera discriminación directa por razón de sexo: a.Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. b.Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. c.La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. d.La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo justificación objetiva.

Según el artículo 50 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el distintivo empresarial en materia de igualdad: a.Podrá ser solicitado por cualquier empresa de capital privado que presente un balance sobre los parámetros de igualdad implantados. b.Podrá ser solicitado por cualquier empresa de capital público que presente un balance sobre los parámetros de igualdad implantados. c.Podrá ser solicitado por cualquier empresa, sea de capital público o privado, que presente un balance sobre los parámetros de igualdad implantados. d.Es otorgado automáticamente a las empresas que cuenten con un plan de igualdad registrado.

Conforme al artículo 19 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, en relación con las prácticas de modificación genital en personas intersexuales menores de doce años: a.Se permiten con el consentimiento de ambos progenitores. b.Se prohíben, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud de la persona. c.Se prohíben de forma absoluta sin excepción alguna. d.Se permiten siempre que exista autorización judicial previa.

Según el artículo 17 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, respecto a las terapias de conversión: a.Se prohíben en todo caso, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal. b.Se prohíben, salvo que la persona interesada preste su consentimiento informado. c.Se prohíben únicamente cuando se apliquen a personas menores de edad. d.Se regulan y someten a autorización administrativa previa.

Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se considera acoso por razón de sexo: a.Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. b.Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. c.La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. d.La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo justificación objetiva.

Según el artículo 64 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Plan para la Igualdad en la Administración General del Estado: a.Será aprobado por el Ministerio competente en materia de igualdad cada cinco años. b.Será aprobado por el Gobierno al inicio de cada legislatura y será objeto de negociación con la representación legal de los empleados públicos. c.Deberá ser elaborado por las Unidades de Igualdad de cada Ministerio con carácter anual. d.No requiere negociación previa con los representantes de los empleados públicos.

Conforme al artículo 3 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, se entiende por "persona trans": a.La persona que ha modificado su mención registral relativa al sexo. b.La persona que manifiesta una orientación sexual diferente a la heterosexual. c.La persona que ha sido sometida a procedimientos quirúrgicos de reasignación sexual. d.La persona cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer.

Según el artículo 72 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las infracciones consideradas muy graves prescriben en el plazo de: a.Un año. b.Dos años. c.Tres años. d.Cinco años.

Según el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando los responsables o encargados del sector público cometan infracciones en materia de protección de datos, la autoridad competente: a.Impondrá directamente las sanciones económicas previstas en el Reglamento (UE) 2016/679. b.Dictará resolución declarando la infracción y estableciendo las medidas que procedan para cesar la conducta o corregir sus efectos, con excepción de la sanción pecuniaria. c.Suspenderá el tratamiento de datos durante un mínimo de tres meses. d.Remitirá el expediente al Ministerio Fiscal para el ejercicio de la acción penal.

Según el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el plazo para comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos es: a.Treinta días desde la designación. b.Un mes desde la designación. c.Quince días desde la designación. d.Diez días desde la designación.

Según el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, el principio de exactitud exige que: a.Los datos sean exactos únicamente en el momento de su recogida. b.Los datos sean exactos y, si fuera necesario, actualizados. c.Los datos puedan mantenerse, aunque sean inexactos si existe consentimiento. d.Solo se aplica a datos especialmente protegidos.

Según el RGPD, los datos de personas jurídicas: a.Están protegidos. b.Son datos personales. c.No están incluidos en el ámbito del RGPD. d.Se regulan parcialmente.

Según el artículo 81 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el derecho de acceso universal a Internet: a.Solo se reconoce a los ciudadanos españoles en territorio nacional. b.Está condicionado a la capacidad económica del usuario. c.Se garantiza a todos, independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica. d.Se limita a un acceso básico de conexión mínima garantizada por el Estado.

Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de datos personales de un menor de edad fundado en su consentimiento: a.Podrá realizarse cuando el menor sea mayor de dieciséis años. b.Podrá realizarse cuando el menor sea mayor de catorce años. c.Requerirá siempre el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela, sin excepción. d.Cuando lo autorice expresamente los titulares de la patria potestad.

Según el artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Agencia Española de Protección de Datos se relaciona con el Gobierno a través de: a.El Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes. b.El Defensor del Pueblo. c.El Ministerio de Justicia. d.El Ministerio de Transparencia y Buen Gobierno.

Según el artículo 36 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el delegado de protección de datos integrado en la organización del responsable o encargado del tratamiento: a.Puede ser removido libremente por el responsable del tratamiento en cualquier momento. b.No podrá ser removido ni sancionado salvo que incurra en dolo o negligencia grave en el ejercicio de sus funciones. c.Podrá ser removido con el acuerdo de la autoridad autonómica de protección de datos. d.Únicamente podrá cesar por voluntad propia o por expiración de su mandato.

Según el artículo 90 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con los sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, los empleadores deberán informar con carácter previo a los trabajadores acerca de: a.Únicamente la existencia de dichos dispositivos, sin necesidad de indicar sus características. b.La existencia y características de los dispositivos, así como del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión. c.Solo el posible ejercicio del derecho de oposición al tratamiento. d.La información es potestativa si los trabajadores han sido informados al inicio de la relación laboral.

Según el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, el principio de conservación implica que: a.Se conservan indefinidamente. b.Se conservan solo el tiempo necesario. c.Se conservan máximo 10 años. d.Se eliminan inmediatamente.

Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando el tratamiento de los datos se base en el consentimiento para una pluralidad de finalidades: a.Bastará con que el afectado preste su consentimiento de forma genérica para todas ellas. b.El responsable podrá presumir el consentimiento si no hay oposición expresa del afectado. c.Deberá constar de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. d.Solo será exigible el consentimiento expreso para las finalidades secundarias.

Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el deber de confidencialidad de los responsables y encargados del tratamiento: a.Se extiende únicamente durante la relación con el responsable o encargado del tratamiento. b.Se mantiene aun cuando hubiera finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. c.Afecta al responsable del tratamiento, no al encargado. d.Cesa en el momento en que los datos sean suprimidos o anonimizados.

Según el artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, el encargado del tratamiento: a.Determina los fines. b.Trata datos por cuenta del responsable. c.Es el interesado. d.Es la autoridad de control.

Según el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿cuál de los siguientes sujetos está obligado a designar un delegado de protección de datos?. a.Las empresas de menos de diez empleados que traten categorías especiales de datos. b.Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes. c.Los autónomos que únicamente traten datos de sus clientes. d.Las fundaciones del sector privado sin ánimo de lucro.

Según el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses podrá considerarse: a.Lícito en todo caso, sin restricciones. b.Repetitivo, a menos que exista causa legítima para ello. c.Constitutivo de infracción grave. d.Solo permitido si el afectado acredita un cambio en los datos tratados.

Según el artículo 2 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, el RGPD no será de aplicación: a.A tratamientos automatizados. b.A tratamientos realizados en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. c.A tratamientos de empresas. d.A tratamientos parcialmente automatizados.

Según el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, en relación con el consentimiento del interesado: a.El consentimiento no podrá retirarse hasta un cambio de datos personales. b.La retirada del consentimiento producirá con efectos retroactivos. c.El interesado podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud previa del tratamiento. d.La retirada del consentimiento deberá ser autorizada por la autoridad de control.

Según el artículo 89 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en: a.Los pasillos y zonas comunes de los centros de trabajo. b.Los lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos. c.Los puestos de trabajo individuales sin consentimiento del trabajador. d.Las zonas de acceso al centro de trabajo.

Según el artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, los datos personales: a.Incluyen datos directos como el nombre. b.Incluyen información directa o indirectamente identificable. c.Excluyen datos biométricos. d.Solo incluyen datos económicos.

Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si un interesado obligado a relacionarse electrónicamente no utiliza dicha vía, ¿qué plazo tiene para subsanar este incumplimiento una vez requerido por la Administración?. a.5 días. b.10 días. c.15 días. d.20 días.

Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué libertad tiene la persona física en cuanto al medio de comunicación con las Administraciones Públicas?. a.Deberá elegir el medio al inicio del procedimiento y no podrá modificarlo hasta su conclusión. b.Podrá elegir en todo momento si se comunica por medios electrónicos o no, pudiendo modificar dicha elección en cualquier momento. c.Solo podrá optar por la vía no electrónica si acredita que no dispone de medios tecnológicos suficientes. d.La elección del medio de comunicación corresponde al órgano instructor del procedimiento, no al interesado.

Conforme al artículo 2 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, ¿en qué consiste el principio de accesibilidad en el funcionamiento electrónico del sector público?. a.El conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los servicios electrónicos para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso, en particular de personas con discapacidad y personas mayores. b.La obligación de las Administraciones de garantizar el acceso físico de los ciudadanos a sus oficinas de asistencia en materia de registros. c.El derecho de los ciudadanos a acceder a cualquier información obrante en poder de la Administración a través de medios electrónicos. d.La obligación de la Administración de prestar asistencia presencial en todas las oficinas de registro a quienes no dispongan de medios electrónicos.

Según el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué carácter tiene la publicación del Boletín Oficial del Estado en la sede electrónica del organismo competente?. a.Carácter meramente informativo y complementario respecto de la edición impresa, que es la única oficial. b.Carácter oficial sólo para las disposiciones de rango reglamentario, manteniéndose el papel para las leyes. c.Carácter provisional hasta que se proceda a su impresión y distribución en papel. d.Carácter oficial y auténtico.

Conforme al artículo 39 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, ¿qué ocurre con los documentos presentados en las oficinas de asistencia en materia de registro tras su digitalización?. a.Quedan en custodia de la oficina de asistencia hasta que finalice el procedimiento administrativo. b.Son enviados al órgano competente junto con los originales en papel para garantizar su autenticidad. c.Serán devueltos a las personas interesadas inmediatamente tras su digitalización. d.Se destruyen en el plazo de un mes desde la digitalización, una vez incorporados al expediente electrónico.

Según el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si un interesado presenta un documento en el registro electrónico en un día inhábil, ¿qué efectos produce a efectos del cómputo de plazos?. a.Se considerará presentado el último día hábil anterior a la presentación efectiva. b.Se entenderá presentado en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. c.La presentación será nula y deberá reiterarse en día hábil. d.Surtirá efectos desde el momento en que lo reciba el órgano competente, con independencia de que sea día hábil o inhábil.

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cómo se realizarán los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos?. a.De oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento. b.A instancia de parte y preferentemente por medios electrónicos, salvo que el interesado opte por la vía presencial. c.En papel, debiendo el órgano instructor digitalizar posteriormente la documentación para incorporarla al expediente electrónico. d.A través de medios electrónicos únicamente cuando el interesado esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

De acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, ¿quiénes pueden acceder a la Carpeta Ciudadana además del propio interesado?. a.Cualquier persona que acredite un interés legítimo ante la Administración competente. b.Los empleados públicos asignados al procedimiento administrativo en tramitación. c.Los funcionarios habilitados de las oficinas de asistencia en materia de registros. d.Sus representantes legales y quien ostente un poder general otorgado por el interesado e inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos.

Según el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los asientos de los registros electrónicos de apoderamientos deberán contener, al menos, determinada información. ¿Cuál de las siguientes opciones recoge correctamente datos que deben figurar en dichos asientos?. a.El nombre y apellidos o denominación del poderdante y del apoderado, la fecha de inscripción, el período de vigencia del poder y el tipo de poder según las facultades que otorgue. b.El nombre del poderdante, el NIF del apoderado, el número de expediente administrativo al que se refiere el poder y la firma electrónica de ambas partes. c.El nombre del apoderado, la fecha de la última renovación del poder, el organismo ante el que se otorgó y la descripción detallada de los trámites autorizados. d.El NIF del poderdante, el domicilio del apoderado, la fecha de caducidad del poder y el nombre del notario autorizante, en su caso.

Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué se entiende por comparecencia en la sede electrónica a efectos de las notificaciones electrónicas?. a.La mera conexión del interesado a la sede electrónica, aunque no acceda al contenido específico de la notificación. b.La confirmación expresa por parte del interesado de haber recibido y leído el contenido de la notificación electrónica. c.El acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. d.La descarga del documento notificado en el dispositivo del interesado, que genera automáticamente un acuse de recibo electrónico.

Conforme al artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué obligación tienen las Administraciones Públicas en relación con el archivo electrónico?. a.Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados. b.Los documentos electrónicos deberán conservarse en formato papel y convertirse a formato digital transcurridos cinco años. c.El archivo electrónico será gestionado de forma centralizada por la Administración General del Estado para todas las Administraciones. d.Los documentos electrónicos de procedimientos en tramitación deberán archivarse provisionalmente en la sede electrónica de cada órgano.

Conforme al artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué forma emitirán las Administraciones Públicas los documentos administrativos?. a.Por escrito, a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. b.Siempre en papel con firma manuscrita, salvo que el interesado consienta expresamente la forma electrónica. c.En formato electrónico únicamente cuando el interesado esté obligado a relacionarse por vía electrónica. d.En papel o en formato electrónico, a elección del órgano administrativo emisor.

Según el artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿para qué actuaciones concretas se requerirá obligatoriamente el uso de firma electrónica por parte de los interesados?. a.Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos. b.Para formular solicitudes e interponer recursos. c.Para solicitar información general en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro. d.Para presentar alegaciones en cualquier momento antes del trámite de audiencia.

Según el artículo 2 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, ¿en qué consiste el principio de personalización y proactividad?. a.La capacidad de las Administraciones Públicas para, partiendo del conocimiento adquirido del usuario final del servicio, proporcionar servicios precumplimentados y anticiparse a sus posibles necesidades. b.La obligación de la Administración de comunicarse con el interesado en el idioma oficial que este elija en cualquier momento del procedimiento. c.El derecho del interesado a personalizar el formato y canal de recepción de las notificaciones administrativas. d.La obligación de los órganos administrativos de adaptar el contenido de sus resoluciones a las circunstancias personales del interesado.

Según el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿mediante qué vías podrá otorgarse el apoderamiento apud acta?. a.Únicamente mediante comparecencia personal ante notario o ante el funcionario habilitado de la oficina de asistencia en materia de registros. b.Sólo a través de la sede electrónica, haciendo uso del sistema de identificación de clave concertada habilitado al efecto. c.Mediante escritura pública notarial o, subsidiariamente, mediante comparecencia electrónica en la sede electrónica con firma electrónica cualificada. d.Mediante comparecencia electrónica en la sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en la Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.

Conforme al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del registro electrónico, ¿qué puede determinar la Administración y con qué limitación?. a.Puede suspender el procedimiento hasta la resolución de la incidencia, sin limitación de tiempo, publicando la incidencia en la sede electrónica. B). b.Puede prorrogar automáticamente todos los plazos en curso por un período equivalente a la duración de la incidencia técnica, sin necesidad de publicación específica. c.Puede ampliar tanto los plazos no vencidos como los ya vencidos, siempre que la incidencia haya sido la causa directa del incumplimiento del interesado. d.Puede determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica como la ampliación concreta del plazo, sin que pueda ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué se entiende por actuación administrativa automatizada?. a.Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. b.Cualquier acto realizado por medios electrónicos en el que haya intervenido al menos un empleado público para supervisar el resultado. c.Los actos administrativos dictados mediante resolución electrónica firmada digitalmente por el titular del órgano competente. d.Los procedimientos administrativos tramitados íntegramente en soporte electrónico con intervención de personal funcionario en cada fase del expediente.

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el horario de funcionamiento de los registros electrónicos para la presentación de documentos?. a.Todos los días del año durante las veinticuatro horas. b.De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. c.De lunes a viernes durante las veinticuatro horas, excepto festivos nacionales. d.Los días hábiles durante las veinticuatro horas, conforme al calendario de la sede electrónica.

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, ¿a través de qué canales prestarán las Administraciones Públicas asistencia para facilitar el acceso a los servicios electrónicos?. a.Únicamente a través de las oficinas de asistencia en materia de registros y del portal de internet. b.A través del Punto de Acceso General electrónico y la Carpeta Ciudadana. c.Presencial, portales de internet y sedes electrónicas, redes sociales, telefónico, correo electrónico y cualquier otro canal que pueda establecerse conforme a la normativa vigente. d.Mediante las oficinas de Correos y las representaciones diplomáticas en el extranjero, además de las sedes electrónicas.

Según el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando un funcionario habilitado realiza la identificación o firma electrónica en nombre de un interesado que no dispone de medios electrónicos, ¿qué condiciones deben cumplirse?. a.El interesado debe identificarse ante el funcionario y prestar su consentimiento expreso para la actuación, de lo que deberá quedar constancia. b.Basta con que el interesado acredite su identidad mediante cualquier documento oficial y solicite verbalmente la asistencia. c.La asistencia solo podrá prestarse si el interesado está debidamente empadronado en el municipio donde radica la oficina de asistencia. d.El interesado debe identificarse ante el funcionario y prestar su consentimiento verbal para la actuación, de lo que deberá quedar constancia.