Tema 23

El funcionario público que, mediando causa por delito, prolongare la incomunicación de un detenido, con violación de los plazos legales, será castigado con pena de: Multa. Prisión de dos a seis años. Inhabilitación especial para empleo o cargo público. Inhabilitación absoluta.

El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él salvo con: Consentimiento del titular. Resolución judicial. Resolución administrativa. Las respuestas a) y b) son correctas.

Para que la expropiación realizada por un funcionario público no se considere delito es necesario: Resolución judicial. Que se ajuste a los casos permitidos y cumpla los requisitos legales. Que esté autorizada por un Magistrado. Que esté permitida por el particular.

El funcionario que prolongase una privación de libertad de un preso, con violación de plazo, será castigado con: Pena de multa e inhabilitación especial de 4 a 8 meses. Pena de multa e inhabilitación especial de 4 a 8 años. Inhabilitación especial para empleo o cargo público de 4 a 8 años. Inhabilitación especial de 4 a 8 meses.

La divulgación o revelación de la correspondencia interceptada, será castigada con pena de: Inhabilitación especial. Multa. Prisión. Inhabilitación especial y Multa son correctas.

El funcionario que, mediando causa por delito, interceptare la correspondencia privada, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en: La pena de inhabilitación especial de 2 a 6 años. La pena de suspensión de 4 a 8 años. La pena de multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial de 6 meses a 2 años. La pena de inhabilitación absoluta de 2 a 6 años.

Será castigado el funcionario que, mediando causa por delito y sin respetar las garantías constitucionales o legales: Entre en un domicilio sin el consentimiento del morador. Registre los documentos que se hallen en el domicilio sin consentimiento del dueño. No devuelva al dueño los documentos inmediatamente después del registro. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses se impone a: La autoridad o funcionario público que expropie de sus bienes a una persona sin cumplir los requisitos legales. La autoridad que impida a una persona el ejercicio de sus derechos cívicos reconocidos en la Constitución. La autoridad que establezca la censura previa. La autoridad que impida el derecho a la asistencia de abogado.

La violación de un domicilio por funcionario público se castiga con: Multa. Prisión. Multa e inhabilitación especial. Prisión e inhabilitación.

La autoridad o funcionario público que, con ocasión de lícito registro de papeles, cometa cualquier vejación injusta será castigado: Con la pena inferior en grado. Tan sólo con pena de multa. Con las penas previstas para estos hechos, impuestas en su mitad superior, y, además con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Con las penas previstas para estos hechos en su mitad inferior y la de multa.

¿Con qué pena se castigan las escuchas ilegales sin divulgación?. Con pena de prisión. Con pena de multa. Con pena de inhabilitación especial. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El delito de provocación a la discriminación se castiga con la pena de: Prisión de 1 a 4 años. Prisión de 1 a 5 años. Multa de 3 a 6 meses. Prisión de 2 a 3 años y multa de 16 a 24 meses.

El particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tiene derecho por razón de su religión, sexo, o situación familiar será castigado con la pena de: Prisión de seis meses a dos años. Multa de doce a veinticuatro meses. Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Son punibles aquellas reuniones o manifestaciones: A las cuales concurran personas condenadas por delito de asociación ilícita. A las cuales concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes. Si previamente no se ha dado aviso de su celebración a la autoridad competente. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La definición de asociaciones ilícitas se encuentra recogida en el Código Penal, en su artículo: 512. 515. 621. 589.

Para poder interceptar las comunicaciones de los particulares, los funcionarios: Han de respetarse las garantías constitucionales o legales. Ha de tratarse de un asunto del que pueda derivarse un delito de sangre. Basta con que lo comuniquen al Juzgado de Guardia pertinente. Sólo deben contar con autorización de sus mandos naturales.

En este supuesto, si se realiza una escucha ilegal, aunque el funcionario no divulgue el contenido de la misma, se le castigará con: Prisión. Localización permanente. Arresto domiciliario. Inhabilitación especial.

La pena con que se castiga la censura previa por una Autoridad o funcionario es la de: Multa de seis a doce meses. Inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años. Inhabilitación absoluta de seis a diez años. Prisión de uno a cuatro años.

Un funcionario puede suspender en sus actividades a una asociación legalmente constituida: Cuando estime que son ilegales. Por motivos de orden público. En ningún caso. Con previa resolución judicial.

La prolongación indebida de la incomunicación de un detenido se castiga con el siguiente tipo de pena: Multa. Prisión. Inhabilitación especial para empleo o cargo público. Inhabilitación absoluta.

El que provoque a la discriminación por motivos racistas será castigado con pena de multa de: Uno a tres años. Dos a seis meses. Seis a doce meses. Doce a treinta y seis meses.

El particular encargado de un servicio público que deniegue su prestación a una persona con derecho a la misma, amparándose en razón de su orientación sexual: Incurre en falta. Será castigado con inhabilitación absoluta. Sólo perderá la concesión de dicho servicio. Nada de lo expuesto es correcto.

En el supuesto a que se refiere la pregunta anterior, la pena que puede imponerse a dicho particular es: Prisión de seis meses a dos años. Inhabilitación especial exclusivamente. Prisión de uno a tres años. Prisión de seis meses a un año.

Si esta conducta la desarrollara un funcionario, la inhabilitación para empleo o cargo público con que se le condenaría sería como mínimo por el siguiente período de tiempo: Dos años. Tres años. Cuatro años. No se le inhabilitaría.

Se consideran punibles las reuniones: Que se celebren para cometer algún delito. A las que concurran miembros de la Policía Local con armas. Para cuya celebración no se haya pedido autorización. Todas las anteriores lo son.

Los promotores de una reunión a la que concurran personas con objetos contundentes: Deberán impedir que entren dichas personas. Para no incurrir en ilegalidad, basta con que adviertan a las mismas de que no pueden portar dichos objetos. Incurrirán en la misma pena de prisión que los portadores de los objetos. Las respuestas a y c son ciertas.

La pena de prisión a imponer a los promotores que no impidan una reunión ilícita es de: Uno a dos años. Seis meses aun año. Uno a tres años. Dos a seis años.

A los efectos anteriores, se consideran promotores de las reuniones a quienes: Controlen la entrada de los asistentes. Presidan las mismas. Hagan propaganda de las mismas. Desarrollen cualquiera de las tres conductas anteriores.

La autoridad que expropie a una persona sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales incurrirá en pena de: Inhabilitación absoluta. Prisión. Multa. Los tres tipos anteriores.

La pena a imponer a las personas que, con ocasión de la celebración de una reunión o manifestación realicen actos de violencia contra la autoridad o sus agentes, se: Podrá rebajar en un grado. Impondrá en su mitad inferior. Impondrá en su mitad superior. Incrementará en uno o dos grados a la prevista para el delito por el Código Penal.

Las organizaciones de carácter paramilitar tienen la consideración de: Partidos políticos ilegales. Asociaciones ilícitas. Asociaciones civiles de cooperación militar. Las respuestas b y c son ciertas.

Se consideran asociaciones ilícitas: Las bandas callejeras. Las asociaciones militares. Las que, teniendo un fin lícito, empleen medios de control de la personalidad para conseguirlo. Todas las anteriores lo son.

La provocación para cometer el delito de asociación ilícita: Se castiga con igual pena que la impuesta a los miembros de la misma. Se castiga con la pena impuesta a los promotores de ella. Se castiga con una pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda para cada caso. No tiene reprensión penal y sí solo administrativa.

En el caso de que el reo del delito de asociación ilícita fuere agente de la autoridad, la pena a imponer será: Prisión, multa e inhabilitación absoluta. Prisión, multa e inhabilitación especial. Prisión y multa, exclusivamente. Prisión e inhabilitación especial.

El uso de un rigor excesivo e innecesario por parte de un funcionario respecto de un recluso bajo su custodia: Sólo se castiga disciplinariamente. Se admite excepcionalmente si se trata de mantener el orden perturbado en la prisión. Comporta pena de prisión para el funcionario. Nada de lo expuesto es cierto.