TEMA 26

46. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las Disposiciones de la Transparencia de la actividad pública, se aplicarán a: a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local. b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla de acuerdo con su normativa específica, siendo esta Ley de aplicación supletoria. c) La Administración General del Estado sólo y exclusivamente.

23.- ¿Cuál es la normativa específica que regula la Transparencia Pública en Andalucía?. a) Ley 1/2014, de 24 de junio. b) Ley Orgánica 5/2018, de 3 de diciembre. c) Ley 19/2013, de 9 de diciembre. d)Ley 30/2012, de 28 de diciembre.

24.- A los efectos de la Ley de Transparencia Pública en Andalucía, la publicidad activa se define como: a) Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. b) La obligación de las personas y entidades a las que hacen referencia los artículos 3 y 5 de la referida ley, de hacer pública por propia iniciativa, en los términos previstos igualmente en la mencionada ley, la información pública de relevancia que garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de su actuación pública. c) Posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades sujetas al ámbito de la referida ley con seguridad sobre su veracidad y sin más requisitos que los establecidos en la misma y en la normativa básica estatal. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

50.- A tenor de lo dispuesto en artículo 14 de la ley Estatal de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuándo se podrá limitar el derecho de acceso a la información pública?. a) Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional. b) Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad pública. c) Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la protección del medio ambiente. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

39.- De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) La defensa y seguridad exterior. b) La protección del medio ambiente y las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. c) El secreto profesional, la propiedad intelectual e industrial y los intereses económicos y monetarios. d) Todas las anteriores respuestas son correctas.

40.- Según el artículo 32 de la Ley 1/2014 de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, las solicitudes de acceso a la información pública deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En todo caso, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de: a) 30 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. b) Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. c) 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. d) 3 meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

73. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 19/2013,de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no publicarán: a) La memoria del análisis de impacto normativo. b) Los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. c) Los Anteproyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. d) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación.

74. Según el artículo 36 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no forma parte de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno: a) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos. b) Un representante de la Administración Local. c) Un representante de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas. d) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

75. Las previsiones del Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece el artículo 25 que se aplicarán: a) A los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales. b) A los altos cargos y cargos electos que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales. c) A los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica que sea de aplicación, tengan tal consideración, excluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales. d) A los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o estatal que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales y demás concejales.

76. ¿Qué entiende por acceso a la información pública el artículo 2 de la Ley 1/2014, 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía?. a) Posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades sujetas al ámbito de la presente ley con seguridad sobre su veracidad y sin más requisitos que los establecidos en la misma y en la normativa básica estatal. b) Posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades sujetas al ámbito de la presente ley con seguridad sobre su exactitud y sin más requisitos que los establecidos en la misma y en la normativa autonómica. c) Posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades sujetas al ámbito de la presente ley con seguridad sobre su veracidad y sin más requisitos que los establecidos en la misma y en la normativa autonómica. d) Ninguna respuesta es correcta.

10. Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Al respecto de lo anterior, indique la respuesta correcta: a) La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de dos meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. b) La reclamación se interpondrá en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de dos meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. c) La reclamación se interpondrá en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. d) La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el título III de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, relativo al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, señale la respuesta correcta: a) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por la Junta de Transparencia y Buen Gobierno y por el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. b) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un período no renovable de cuatro años mediante Real Decreto. c) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su cargo por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Ministro de Hacienda. d) El Consejo de Ministros aprobará mediante Real Decreto el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

11. Según eI artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: a) Será de un mes, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada. b) Será de un mes, transcurrido el cual la reclamación se entenderá estimada. c) Será de tres meses, transcurridos los cuales la reclamación se entenderá estimada. d) Será de tres mesas, transcurridos los cuales la reclamación se entenderá desestimada.

49. De acuerdo con eI artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, son titulares del derecho a la información pública: a) Solo los ciudadanos españoles. b) Solo los ciudadanos españoles y las personas jurídicas que tengan su sede en España. c) Solo las personas físicas. d) Todas las personas.

23. De acuerdo con la Ley 19/2013, cuando no pueda darse eI acceso a la información solicitada en eI momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a: a) Cinco días. b) Diez días. c) Quince días. d) Un mes.

18. Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado: a) Por un periodo renovable de cinco años. b) A propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública. c) Por Orden Ministerial. d) Previa comparecencia ante la Comisión mixta correspondiente del Congreso y el Senado.

15. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, frente a una resolución que deniegue el acceso a la información pública: a) Podrá interponerse un recurso de alzada ante eI Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. b) No es recurrible en ningún caso. c) Podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. d) La reclamación podrá interponerse ante eI Ministerio de la Presidencia.

16. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que el órgano encargado de controlar las obligaciones de publicidad activa es: a) La Oficina de Conflictos de Intereses. b) EI Ministerio de la Presidencia, respecto de las obligaciones de la Administración General del Estado. c) EI Consejo de Transparencia y Buen Gobierno respecto de las obligaciones de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. d) EI Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, respecto de las obligaciones de la Administración General del Estado.

19. De conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la Información pública y buen gobierno (en adelante Ley 19/2013), ¿está obligado el interesado a motivar su solicitud de acceso a la información pública?. a) Sólo en ciertos casos, cuando la información solicitada sea compleja. b) Si, en todo caso. c) No. d) Sólo a efectos estadísticos.

20. Según la Ley 19/2013, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene como funciones: a) Gestionar el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. b) Coordinar a las Unidades de Información de Transparencia de los ministerios. c) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. d) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

20. Señale la respuesta correcta en relación con el acceso a la información sujeta a publicidad activa en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante Ley 19/2013): a) Está sometido al pago de una tasa. b) Toda la información será de acceso gratuito. c) Está sometido al pago de un precio público. d) Toda la información será de acceso gratuito cuando así lo disponga la Administración pública correspondiente.

21. Señale la respuesta correcta de conformidad con la Ley 19/2013 sobre eI procedimiento de acceso a la información: a) EI solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. b) EI solicitante debe motivar necesariamente su solicitud en el interés público. c) La ausencia de motivación es, por sí sola, causa de inadmisión de la solicitud. d) EI solicitante debe motivar necesariamente su solicitud en el interés general.

27- Según el artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios: a. Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. b. Eficacia, accesibilidad y reutilización. c. Interoperabilidad, eficacia y accesibilidad. d. Reutilización, accesibilidad y transparencia.

28. Según el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, relacionado con la solicitud de acceso a la información pública, la ausencia de motivación: a. Será causa de rechazo de la solicitud, cuando no quede constancia del motivo en el resto de la documentación aportada. b. Será causa de rechazo de la solicitud, en todo caso. c. No será por sí sola causa de rechazo de la solicitud. d. Ninguna es correcta.

29- ¿Cuál de los siguientes es un principio básico en la aplicación e interpretación de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía?. a. Principio de acceso restringido a la información pública. b. Principio de discriminación tecnológica. c. Principio de utilidad. d. Principio de acceso abierto.

3. Según el artículo 2 de la ley Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las disposiciones de esta ley de aplicarán: a) La Administración General del Estado, las Administraciones las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local. b) La Administración Pública en General, con las excepciones de las Fuerzas Armadas y Centros de Seguridad. c) La Administración Pública en General, excepto la Administración Local que se regirá por sus propias normas. d) La Administración Pública en General excepto la Administración Autonómica que se regirá por sus propias norma de cada Comunidad autónoma.

10. EI artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que las disposiciones del Capítulo II del Título I serán también aplicables a: a) Las entidades privadas que perciban durante eI periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. b) Las organizaciones no gubemamentales que perciban durante eI período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos eI 60% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen mínimo la cantidad de 15.000 euros. c) Las fundaciones públicas que perciban durante eI período de un año ayudas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 50% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

11. Conforme a lo dispuesto en eI artículo 16 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a a información pública y buen gobierno, se concederá eI acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte información distorsionada: a) En los casos en los que los actos de gestión administrativa no hayan finalizado. b) En los casos en que la aplicación de algunos de los límites previstos en el artículo 14 de dicha Ley, no afecte a la totalidad de la información. c) Cuando la información completa no obre en poder del órgano competente.

16. Conforme a lo dispuesto en eI artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, si la información solicitada incluyese datos personales que hagan referencia, entre otros, al origen racial, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que: a) Se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. b) Los afectados hayan hecho públicos los datos con anterioridad a que se solicite eI acceso. c) Concurra un interés público o privado superior que lo justifique.