Tema 26

La vinculación de la Administración a la Ley en el ordenamiento jurídico español se inclina por la tesis positiva. ¿Qué implica esta tesis respecto a la actuación de la Administración Pública?. La Administración puede realizar cualquier acción que no esté expresamente prohibida por la ley. La Administración solo puede actuar en virtud de un poder atribuido y delimitado por la ley. La Administración tiene un margen de discrecionalidad ilimitado para adaptarse a las circunstancias. La Administración debe someterse únicamente a los principios constitucionales, sin necesidad de habilitación legal expresa para cada actuación.

Respecto a la Potestad Sancionadora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?. Es la facultad de la Administración para imponer sanciones ante el incumplimiento de normas administrativas. Busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones y preservar el orden público. Su ejercicio no requiere sujetarse a principios de proporcionalidad o igualdad, dado su carácter coercitivo. Forma parte de las potestades administrativas que confieren a la Administración la capacidad de actuar.

¿Cuál es la diferencia fundamental entre las potestades regladas y las potestades discrecionales?. Las regladas permiten a la Administración elegir entre varias soluciones, mientras que las discrecionales no. Las discrecionales no exigen motivación, a diferencia de las regladas que sí la requieren por ley. En las regladas, la Administración solo verifica presupuestos y aplica una consecuencia jurídica exacta, mientras que en las discrecionales goza de un margen de libertad. Las potestades regladas están plenamente sometidas a control jurisdiccional, mientras que las discrecionales no.

Según el Artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), ¿qué tipo de actos deben ser motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho?. Solo los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas. Todos los actos administrativos sin excepción, para garantizar la transparencia. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. Únicamente los actos que impongan sanciones o limiten derechos.

Los Conceptos Jurídicos Indeterminados (CJI) y la actividad discrecional son a menudo confundidos. ¿Cuál es la distinción clave entre ambos, conforme a la doctrina expuesta?. Los CJI implican un margen de libertad para la Administración, mientras que la discrecionalidad busca una única solución justa. La aplicación de los CJI no está sometida a control jurisdiccional, mientras que la discrecionalidad sí lo está plenamente. Los CJI designan su objeto de forma precisa, a diferencia de la actividad discrecional. La actividad discrecional permite optar entre varias soluciones válidas, mientras que los CJI implican que solo una de las soluciones posibles es justa en el caso concreto.

De acuerdo con la "doctrina alemana" sobre la interpretación de los Conceptos Jurídicos Indeterminados (CJI), ¿qué se entiende por "Zona de incertidumbre (X)"?. Una situación donde existe evidencia absoluta sobre la injusticia de la solución. Un escenario en el que no hay evidencia clara sobre la solución, y la Administración aplica criterios razonables. La zona donde la Administración no tiene margen de actuación y la solución está predeterminada. Un área de plena discrecionalidad no sometida a control jurisdiccional.

El Artículo 103.1 de la Constitución Española establece que la Administración Pública "sirve con objetividad los intereses generales [...]". ¿Cuál es una consecuencia directa de este precepto en relación con el Principio de Legalidad?. La Administración puede dictar normas que contradigan las leyes, si es en pro del interés general. Los intereses generales justifican que la Administración no esté plenamente sometida a la ley en casos excepcionales. La actuación administrativa debe ser siempre conforme al ordenamiento jurídico en su totalidad, no solo a la ley. El sometimiento a la ley implica que la Administración no tiene margen de actuación discrecional.

Según el Artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), ¿cuál de los siguientes entes NO es considerado una Administración Pública?. La Administración General del Estado. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Los partidos políticos. Las Entidades de la Administración Local.

El Artículo 9.3 de la Constitución Española garantiza varios principios generales. ¿Cuál de los siguientes principios NO se menciona expresamente en dicho artículo?. La seguridad jurídica. La publicidad de las normas. La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La autonomía municipal.

¿Qué establece el Artículo 6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), en relación con los Jueces y Tribunales?. Deben aplicar los reglamentos por encima de las leyes, si consideran que son más específicos. No aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. Tienen potestad para crear normas jurídicas en caso de laguna legal. Están obligados a aplicar cualquier disposición administrativa, aunque sea contraria a la ley, si ha sido dictada por un órgano competente.

Respecto al contenido de los actos administrativos, el Artículo 34.2 de la Ley 39/2015 (LPACAP) establece que este debe ser determinado y adecuado a los fines de aquéllos. ¿Qué otra condición fundamental impone este artículo al contenido de los actos?. Debe ser necesariamente discrecional para adaptarse a cada caso. Debe ajustarse a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico. Solo puede ser establecido por ley, nunca por reglamento. Debe ser aprobado previamente por el Consejo de Estado.

El Artículo 128.2 de la Ley 39/2015 (LPACAP) impone límites a los reglamentos y disposiciones administrativas. ¿Cuál de las siguientes acciones NO pueden realizar los reglamentos en virtud este artículo?. Desarrollar o colaborar con respecto a la ley. Tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas. Regular materias de competencia de las Cortes Generales o Asambleas Legislativas. Todas las opciones a), b), c) son acciones que los reglamentos no pueden realizar.

¿Qué principio NO es un límite a la discrecionalidad administrativa, sino una característica de la misma?. Legalidad. Igualdad. Flexibilidad. Motivación.

La "razonabilidad" es un límite al ejercicio de la discrecionalidad administrativa. ¿Qué implica este límite?. Las decisiones deben basarse exclusivamente en la literalidad de la ley. Las decisiones deben ser racionales, no arbitrarias ni caprichosas, basándose en criterios válidos y comprensibles. Las decisiones deben buscar la unanimidad entre los miembros del órgano administrativo. Las decisiones deben ser siempre las más beneficiosas económicamente para la Administración.

En el control judicial de la discrecionalidad, ¿cuál es el papel de los tribunales?. Sustituir el juicio discrecional de la Administración por el suyo propio. Revisar que se hayan observado los límites y principios, verificando que las decisiones no sean arbitrarias y se ajusten al marco legal. Validar cualquier decisión discrecional siempre que esté debidamente motivada. Crear nuevos criterios para el ejercicio de la discrecionalidad que la Administración debe seguir.

La desviación de poder es definida expresamente en el Artículo 70.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). ¿Qué se entiende por desviación de poder en virtud de este precepto?. Cualquier infracción del ordenamiento jurídico. El ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. La adopción de un acto administrativo sin el procedimiento legalmente establecido. La omisión de un acto administrativo que debía haberse dictado.

El Artículo 48 de la Ley 39/2015 (LPACAP) menciona la desviación de poder. ¿Qué tipo de acto administrativo es aquel que incurre en desviación de poder?. Nulo de pleno derecho. Anulable. Inexistente. Irregular, pero convalidable.

Respecto a la naturaleza de la desviación de poder, ¿hacia qué concepción se ha inclinado la jurisprudencia y qué implica?. Concepción subjetiva, exigiendo un deseo premeditado de apartarse de los fines legales. Concepción subjetiva, bastando con que el resultado se aparte del fin, sin necesidad de mala fe. Concepción objetiva, no exigiendo un deseo premeditado de apartarse de los fines legales; basta con que el resultado del acto se aparte de los fines previstos en la norma. Concepción objetiva, que siempre requiere la demostración de la mala fe de la Administración.

En cuanto a la carga de la prueba de la desviación de poder, ¿qué se exige al administrado para iniciar el proceso?. Demostrar fehacientemente la mala fe de la Administración. Aportar, al menos, un principio de prueba o indicios de la existencia de desviación de poder, sin que basten meras conjeturas o sospechas. Presentar una sentencia firme que declare la desviación de poder en un caso similar. No tiene carga de la prueba, recayendo toda la responsabilidad en la Administración.

¿Cuál de las siguientes situaciones NO constituye una manifestación de la desviación de poder?. Actuaciones discriminatorias. Motivos ilícitos (favorecer intereses privados). Extralimitación de competencias. La mera nulidad de un reglamento por contradecir una ley.

La Potestad de Intervención permite a la Administración intervenir en situaciones específicas. ¿Cuál de los siguientes ejemplos podrían ser una manifestación de esta potestad?. Dictar una Orden Ministerial. Imponer una sanción por incumplimiento normativo. La ocupación temporal de bienes o la expropiación por causa de utilidad pública. La organización y gestión de un servicio público esencial.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Potestad Normativa es correcta?. Incluye solo la facultad de dictar reglamentos. Permite dictar normas de rango superior a la ley. Además de los reglamentos, incluye la capacidad de dictar normas de menor rango como órdenes ministeriales, instrucciones y circulares. Es sinónimo de Potestad Reglamentaria, sin diferencias.

El Principio de Legalidad es un pilar fundamental del Derecho Administrativo. ¿Qué garantiza este principio a los ciudadanos, entre otras cosas?. La posibilidad de que la Administración actúe sin sujeción a la ley en casos de urgencia. Que las actuaciones administrativas sean controladas por los tribunales de justicia. La capacidad de la Administración para ejercer competencias no atribuidas expresamente por la ley. La prevalencia de los reglamentos sobre las leyes en materias específicas.

¿Qué valor superior NO se menciona en el Artículo 1.1 de la Constitución Española, que propugna España como "Estado social y democrático de Derecho"?. La libertad. La justicia. La igualdad. La eficacia administrativa.

La Potestad de Inspección y Control confiere a la Administración la capacidad de realizar diversas acciones. ¿Cuál es la finalidad principal de estas acciones?. Recaudar impuestos de forma arbitraria. Verificar el cumplimiento normativo y asegurar el buen funcionamiento de los servicios y actividades. Conceder autorizaciones discrecionalmente. Modificar la legislación vigente sin pasar por el procedimiento legislativo.

¿Cuál de los siguientes no es un principio al que debe sujetarse el ejercicio de las potestades administrativas?. Proporcionalidad. Transparencia. Jerarquía interna de los funcionarios. Eficacia.

Si, al aplicar un Concepto Jurídico Indeterminado (CJI), la Administración se encuentra en una "Zona de certeza positiva (+)", ¿qué implica esto?. Que la solución es claramente injusta conforme a criterios generalmente aceptados. Que la Administración tiene libertad total para decidir, sin control jurisdiccional. Que existe evidencia absoluta sobre la justicia de la solución conforme a criterios generalmente aceptados. Que la solución está en una zona de incertidumbre y requiere de criterios razonables adicionales.

La Administración Pública se define como una organización de entes con una misión específica. ¿Cuál es esa misión principal?. Defender los intereses de los partidos políticos en el gobierno. Generar beneficios económicos para el Estado. Gestionar los intereses colectivos de la comunidad. Legislar y crear nuevas normas jurídicas.

Según el Artículo 3.4 de la Ley 40/2015 (LRJSP), ¿cómo actúa cada una de las Administraciones Públicas mencionadas en el Artículo 2 para el cumplimiento de sus fines?. Con personalidad jurídica múltiple, dependiendo de la materia. En coordinación con los tribunales de justicia. Con personalidad jurídica única. De forma descentralizada, sin una personalidad jurídica común.

El Artículo 9.1 de la Constitución Española establece una sujeción. ¿Quiénes están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico según este artículo?. Solo los ciudadanos. Solo los poderes públicos. Los ciudadanos y los poderes públicos. Únicamente los órganos legislativos.