Tema 3: Caso Práctico

En el ámbito del Ayuntamiento de Cádiz, las disposiciones de carácter laboral contenidas en la LPRL tienen el carácter de: Derecho dispositivo modificable libremente por el empresario municipal. Recomendaciones técnicas de libre cumplimiento. Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas en convenios colectivos. Normativa exclusivamente aplicable al sector privado.

¿A cuál de los siguientes ámbitos o funciones públicas NO se aplica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debido a sus particularidades (artículo 3.2)?. Subalternos de la Casa Consistorial. Policía, seguridad y resguardo aduanero. Personal de mantenimiento del Centro Integral de la Mujer. Administrativos de la Oficina de Atención al Ciudadano.

Antonio sufre una lumbalgia aguda tras levantar una caja pesada en el sótano. Jurídicamente, esta lesión sufrida con motivo u ocasión del trabajo se clasifica como: Riesgo laboral grave e inminente. Condición de trabajo. Daño derivado del trabajo. Incumplimiento estatutario.

Se entiende por "Riesgo laboral grave e inminente" aquel que: Ya se ha producido y ha provocado una baja médica de más de 30 días. Resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Solo afecta a instalaciones eléctricas de alta tensión. Ocurre fuera del centro de trabajo y de la jornada laboral.

¿Cuál de los siguientes elementos forma parte de la definición legal de "Condición de trabajo" según el artículo 4.7 de la LPRL?. Las características generales de los locales, instalaciones y equipos. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes. Las características relativas a la organización y ordenación del trabajo. Todas las anteriores son correctas.

La guillotina de papel o la fotocopiadora de gran volumen utilizadas por el Subalterno se consideran en la ley bajo la definición de: Equipo de protección individual (EPI). Equipo de trabajo. Dispositivo de salvamento. Agente biológico de nivel 1.

De acuerdo con el artículo 14 de la LPRL, el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud supone: Una mera opción potestativa para la Administración municipal. La existencia de un correlativo deber del empresario / Administración de protección de los trabajadores. La obligación del trabajador de costear sus propios medios de prevención. La exención de responsabilidad del empresario en caso de accidente.

En relación con el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo, la LPRL establece expresamente en su artículo 14.5 que: Será abonado al 50% entre la empresa/Administración y el trabajador. No deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. Se descontará de la nómina mensual en concepto de cuota preventiva. Solo lo asume la Administración si el presupuesto municipal lo permite.

¿Cuál de los siguientes es un principio general de la acción preventiva recogido en el artículo 15.1 de la LPRL?. Primar la protección individual sobre la protección colectiva. Evitar únicamente los riesgos que resulten económicos. Combatir los riesgos en su origen. Ignorar la evolución de la técnica si exige cambios organizativos.

Al elegir los métodos de trabajo y equipos para reducir el trabajo monótono o la carga física, el empresario está aplicando el principio de: Adaptar el trabajo a la persona. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Dar las debidas instrucciones a los representantes sindicales. Anteponer la protección individual.

Respecto a la decisión de Carmen y sus compañeros de interrumpir la actividad y abandonar la zona de trabajo por el peligro derivado de las estanterías e instalaciones, señale la afirmación CORRECTA conforme al artículo 21 de la LPRL: El ejercicio de este derecho incurre en falta disciplinaria grave por no contar con autorización expresa del Jefe de Servicio. Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de estas medidas, a menos que hubieran actuado de mala fe o cometido negligencia grave. Corresponde exclusivamente al Comité de Seguridad y Salud ordenar la paralización; los trabajadores individualmente jamás pueden abandonar el puesto. La paralización de la actividad solo es legal si previamente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha presentado en el edificio municipal.

En relación con el cobro o deducción en nómina efectuado a Carmen por el equipo de protección individual (EPI / faja de protección), ¿qué principio vulnera el Ayuntamiento de Cádiz?. El principio de sustitución de lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro (Art. 15.1.g). La exclusión de la normativa preventiva del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El principio de planificación de la prevención de forma integrada (Art. 16.1). La regla de gratuidad garantizada en el artículo 14.5 de la LPRL, que establece que el coste de las medidas relativas a la seguridad y salud no debe recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

Al haber ordenado el inicio de los trabajos de elevación y carga sin haber impartido la formación técnica en prevención ni haber adaptado el puesto de trabajo, la Administración municipal está vulnerando los siguientes principios del Art. 15.1 de la LPRL, EXCEPTO: Evitar los riesgos y evaluar los que no se puedan evitar. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Anteponer la protección colectiva frente a la protección individual. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo.

Teniendo en cuenta la definición dada por el artículo 4.4 de la LPRL, la situación de las estanterías sin anclar con carga pesada combinada con fallos en el freno de la maquinaria se califica legalmente como: Riesgo laboral grave e inminente. Daño derivado del trabajo consumado. Enfermedad profesional de evolución lenta. Condición de trabajo no relevante a efectos preventivos.

Según el artículo 15.4 de la LPRL, a la hora de prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer la Subalterna al manipular la carga, el empresario/Administración debe: Eximirse de responsabilidad imputando la falta en exclusiva a la imprudencia de la trabajadora. Tener en cuenta dichas imprudencias no temerarias al planificar e implantar las medidas de seguridad. Sancionar económicamente al trabajador de forma previa antes de evaluar los equipos. Exigir un seguro privado a cargo del empleado municipal.

¿Qué consideración legal tiene dentro del marco normativo del Estado español la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en su relación con el ámbito de la Administración Pública Municipal?. Es una norma supletoria aplicable únicamente en defecto de Reglamento Orgánico Municipal. Se aplica únicamente al personal laboral, quedando excluidos los funcionarios de carrera e interinos del Ayuntamiento. Es una disposición de carácter meramente orientativo aprobada por la Directiva Marco europea. Constituye una norma básica de derecho necesario mínimo indisponible.

La plataforma elevadora manual utilizada en las tareas del almacén municipal, según la tipificación del artículo 4.6 de la Ley 31/1995, recibe jurídicamente el nombre de: Equipo de trabajo. Equipo de protección colectiva. Equipo de protección individual (EPI). Elemento de condición ambiental.

Si en el caso planteado un Subalterno hubiera decidido por su cuenta retirar la rejilla protectora del motor de la fotocopiadora del centro para limpiarla en marcha, incumpliría sus deberes del Art. 29. ¿Qué efecto legal se deriva?. Pérdida automática e irreversible de la condición de funcionario. Tendrá la consideración de incumplimiento laboral o falta disciplinaria sancionable. Extinción de la responsabilidad de la Administración en todas sus instalaciones. Ausencia de consecuencias por considerarse una imprudencia temeraria no punible.

Conforme a la prelación de principios de la acción preventiva (Art. 15.1.h), si la Jefatura debe elegir entre instalar barandillas anticaídas en el almacén del centro cultural o repartir arneses individuales a los Subalternos, la Ley exige: Anteponer siempre las medidas de protección individual por ser de menor coste. Anteponer la protección colectiva a la individual. Dejar la elección a criterio exclusivo del trabajador de menor antigüedad. Suprimir la instalación de protecciones si se dispone del marcado CE en las máquinas.

¿Cuál es el mandato constitucional recogido en el artículo 40.2 de la CE de 1978 que sirve de cimiento supremo a toda la normativa de prevención de riesgos laborales?. La obligación de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. La garantía de la libertad sindical y el derecho a la huelga en los servicios esenciales. La inamovilidad en el puesto de trabajo del personal funcionario de las Entidades Locales. El derecho fundamental a la huelga de los empleados de la Administración Local.