Tema 3. La Constitución Española de 1978. Las Cortes Generales GENERAL A2

101. El art. 66 del texto constitucional vigente enuncia que las Cortes: a. Representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. b. En las Cortes Generales reside la soberanía nacional y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. c. El carácter soberano de las Cortes Generales. d. El monocameralismo, el régimen habitual del constitucionalismo español, se da por liquidado.

102. En relación a las diferentes Constituciones, en España podemos observar con facilidad que: a. La totalidad de las constituciones optaba por un sistema bicameral. b. Han sido más frecuentes y más duraderas aquellas constituciones que optaron por un sistema bicameral. c. Han sido más frecuentes y más duraderas aquellas constituciones que optaron por un sistema unicameral. d. La totalidad de las constituciones optaba por un sistema unicameral.

103. El monocameralismo fue el régimen diseñado en: a. El texto constitucional de 1869 y 1931. b. Las Constituciones de 1812 y 1931. c. La Constitución de 1837 y la de 1845. d. La Constitución de 1874.

104. Las Cámaras Constituyentes nacieron al amparo de la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de: a. 1976. b. 1978. c. 1975. d. 1977.

105. Respecto al sistema bicameral instaurado en nuestra Constitución, podemos afirmar: a. Un sistema de bicameralismo equilibrado o perfecto. b. Los Estatutos de Autonomía pueden matizar y han reformado el inicial diseño constitucional. c. Un sistema de bicameralismo imperfecto, atenuado o desequilibrado. d. El Congreso de los Diputados tiene atribuciones o facultades paralelas a las que se otorgan al Senado.

106. Encontramos entre las funciones que la Constitución otorga al Congreso de los Diputados: a. Autorizar los acuerdos de cooperación entre las distintas Comunidades Autónomas y otorgar la confianza al Presidente del Gobierno o cesarle mediante moción de censura. b. Otorgar la confianza al Presidente del Gobierno o cesarle mediante moción de censura y tiene la última palabra en el proceso legislativo. c. Autorizar los acuerdos de cooperación entre las distintas Comunidades Autónomas y otorgar la confianza al Presidente del Gobierno. d. Otorgar la confianza al Presidente del Gobierno o cesarle y prevenir cualquier actuación de cualquier Comunidad Autónoma que pueda perjudicar el interés general de España.

107. La fórmula de la democracia representativa implica: a. La Nación española (art. 2) es una realidad cierta, plena y continuamente operativa. b. Lo que este artículo regula es el carácter soberano de las Cortes Generales que otorga la confianza al Presidente del Gobierno y tiene la última palabra en el proceso legislativo. c. Habiendo un titular claro de la soberanía, debe existir igualmente un procedimiento para hacerse representar (art. 23) y un sujeto que ostente esa representación. d. Se consagra la naturaleza representativa del soberano constituyente y constitucional.

108. La denominación Cortes Generales recogida en el texto constitucional tiene como objetivo: a. Mantener el nombre característico de la tradición histórica que enlaza con nuestra Edad Media. b. Enlazar con nuestra primera Constitución liberal, la de 1812. c. Era previsible la futura existencia de Asambleas Legislativas en el ámbito autonómico, ya que alguna Comunidad rescataría el nombre tradicional de Cortes para su Parlamento. Las Cortes de España se denominan “Generales” para evitar cualquier atisbo de confusión con otros órganos legislativos. d. Todas las opciones son correctas.

109. La función legislativa es la primera potestad del Estado. Es clásica la equivalencia entre Parlamento y Poder Legislativo. Seleccione la opción correcta: a. Estamos hablando del ejercicio de una potestad por el poder constituyente en el pleno ejercicio de su soberanía. b. El ejercicio de la potestad legislativa está siempre sometido a la supremacía de la Constitución, el Título III, y del Reglamento del Congreso de los Diputados y del Senado. c. La potestad legislativa es exclusiva de las Cortes Generales. d. La autonomía equivale a soberanía.

110. El Gobierno puede llegar a ejercer la potestad legislativa. Seleccione la respuesta que considere correcta: a. Los Estatutos de Autonomía distribuyen las competencias entre las Comunidades Autónomas. b. La potestad legislativa de las Cámaras que sólo encuentra su límite en la propia Constitución, el Gobierno tiene esta competencia en condiciones limitadas y sometidas a ulterior convalidación del Congreso de los Diputados. c. Bien por delegación de las propias Cortes (art. 82), bien como consecuencia del despliegue de competencias propias (art. 86), a través de Decretos-leyes. d. Las tres opciones son correctas.

111. Las Comunidades Autónomas disfrutan también de una potestad legislativa propia (art. 152.1 y 153 a) entre otros). El sistema de relaciones internormativas entre el derecho del Estado y el de las Comunidades Autónomas implica: a. La superioridad jerárquica del ordenamiento estatal. b. El sistema competencial determinará, en última instancia, la capacidad del Estado o de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de la potestad legislativa. c. El principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 del texto constitucional implica el ejercicio coordinado y concurrente de esta potestad y la superioridad jerárquica estatal. d. Se enfatiza que, en caso de contradicción entre ordenamiento estatal y autonómico, prevalecen las estipulaciones de su derecho foral por expresa remisión constitucional.

112. En relación a la función presupuestaria, segunda función clásica de los Parlamentos para aprobar créditos o allegar recursos financieros para el poder ejecutivo, podemos afirmar: a. La realidad es que el Parlamento aprueba los presupuestos generales que el Gobierno elabora (art. 134.1 CE), su intervención es formal, su actuación no compromete al Gobierno. b. Las condiciones básicas de esta potestad se establecen en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. c. Las condiciones básicas de ejercicio de los derechos o posiciones jurídicas fundamentales quedan reservadas a la legislación autonómica (art.149.1.1 CE). d. El presupuesto nace vinculado al parlamentarismo. El origen remoto de las actuales leyes de presupuestos hay que buscarlo en la autorización que el Monarca debía obtener de las Asambleas estamentales para recaudar tributos de los súbditos.

113. El ejercicio de la potestad presupuestaria está sometida a requisitos y condiciones muy específicas. a. El ejercicio de la misma se efectúa por el congreso de los Diputados de conformidad con su Reglamento. b. El principio de igualdad constitucional impone que todas las Comunidades Autónomas participen en la elaboración del presupuesto. c. La disciplina sustancial de los Presupuestos la encontramos en la Ley General Presupuestaria. d. Las prescripciones constitucionales no exigen la autorización, sólo la remisión parlamentaria.

114. En lo relativo a las relaciones entre las Cortes y el Gobierno, podemos decir: a. La potestad de determinar su responsabilidad es del Congreso de los Diputados y la función de control es de las Cortes Generales, también el Senado interviene. b. La potestad de control es del Congreso de los Diputados. c. La potestad de control es del Senado. d. Se lleva a efecto mediante el planteamiento de conflicto de atribuciones.

115. Además de las clásicas corresponden a las Cortes Generales las demás competencias que les atribuye la Constitución (art. 66.2), entre ellas destacamos: a. La reforma constitucional, la designación o propuesta de miembros de otros órganos constitucionales o de relevancia constitucional, así como todas aquellas competencias relacionadas con la Corona. b. El nombramiento de los presidentes de las Comunidades Autónomas. c. La convocatoria de elecciones generales. d. La declaración de guerra o de estados de excepción y sitio.

116. En el artículo 67, en relación a la posibilidad de ser miembro de las asambleas legislativas de nuestro país, el constituyente opta: a. Por declarar incompatible la pertenencia simultánea a las dos Cámaras de las Cortes Generales. b. Por declarar incompatible la pertenencia simultánea a las dos Cámaras de las Cortes Generales y por impedir la pertenencia a la vez al Congreso de los Diputados y a una Asamblea Autonómica. c. Por declarar incompatible la pertenencia a la vez al Congreso de los Diputados y a una Asamblea Autonómica. d. Por declarar incompatible la pertenencia a la vez al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo.

117. La posibilidad de ejercer simultáneamente un escaño en el Senado y otro en una Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma: a. No está prevista en la Constitución y ha sido prohibida en la LOREG. b. No está prevista en la Constitución. c. Está proscrita en el texto constitucional y en los Estatutos de Autonomía. d. El Senado está compuesto por senadores designados por los Parlamentos o Asambleas de las Comunidades Autónomas.

118. En relación a la pertenencia a las Cámaras Legislativas y al Parlamento Europeo: a. Después del ingreso de España en la Unión Europea en 1985 se estableció un régimen provisional de prohibición hasta su desarrollo en la LOREG. b. Después del ingreso de España en la Unión Europea en 1985 se estableció un régimen de compatibilidad de la condición de miembro del Parlamento Europeo y de miembro de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. c. Después del ingreso de España en la Unión Europea en 1985 se estableció un régimen de compatibilidad de la condición de miembro del Parlamento Europeo y de miembro del Senado. d. Actualmente la LOREG establece la incompatibilidad de la condición de Diputado al Parlamento Europeo con la de miembro de las Cortes Generales o miembro de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

119. En relación a la composición del Congreso, el art. 68 establece que: a. Se compone de 350 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. b. Se compone del número de Diputados que establezca la ley, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. c. Se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. d. Se compone de 300 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.

120. La determinación sobre el número de Diputados que forman el Congreso se origina en: a. En los Reglamentos de las Cámaras. b. Ex novo en la LOREG. c. Aparecía en el Real Decreto-Ley de 15 de marzo de 1977 que reguló los primeros procesos electorales. d. Se regula en el propio texto constitucional.

121. La relación que existe en España entre el número total de habitantes (más de 46 millones de personas, de acuerdo con las estimaciones del INE a 1 de enero de 2017) y el de Diputados es: a. Un parlamentario cada 130.000 habitantes aproximadamente. b. Un parlamentario cada 50.000 habitantes aproximadamente. c. Un parlamentario cada 150.000 habitantes aproximadamente. d. Un parlamentario cada 100.000 habitantes aproximadamente.

122. El establecimiento de la circunscripción electoral del artículo 68.2 viene a prefijar los criterios básicos de reparto de los Diputados. a. La opción constitucional trata de compatibilizar dos criterios, una representación poblacional adecuada con cierta proporcionalidad entre electores y escaños y una suerte de representación autonómica. b. La opción constitucional trata de compatibilizar dos criterios, una representación de carácter poblacional adecuada con cierta proporcionalidad entre electores y escaños y una suerte de representación social. c. La opción constitucional trata de compatibilizar dos criterios, una representación de carácter poblacional adecuada con cierta proporcionalidad entre electores y escaños y una suerte de representación ciudadana plasmada en los partidos políticos. d. La opción constitucional trata de compatibilizar al menos dos criterios, una representación de carácter poblacional adecuada con cierta proporcionalidad entre electores y escaños y una suerte de representación territorial.

123. En relación al ejercicio del derecho de sufragio, nuestro sistema consagra: a. Las Comunidades Autónomas como referencias jurídico-políticas consideradas como circunscripciones electorales. b. El sistema mayoritario similar al británico, aunque no es de carácter uninominal. c. La constitucionalización de la provincia como circunscripción electoral. d. En cada proceso electoral se tendrán en cuenta las variaciones de población habidas de conformidad con el censo oficial de población y se determinará la circunscripción electoral.

124. Cada circunscripción deberá tener una representación mínima inicial y los demás escaños se distribuirán en proporción a la población. Seleccione la opción correcta: a. El reparto de los escaños será tanto más proporcional o poblacional cuanto menor sea el número inicial común a todas las circunscripciones y tanto más territorial cuanto mayor sea ese número. b. La LOREG fija en dos Diputados el número mínimo inicial y distribuye los restantes según un procedimiento proporcional con sistema de mayores restos. c. La LOREG fija en cuatro Diputados el número mínimo inicial y distribuye los restantes según un procedimiento proporcional con sistema de mayores restos. d. Las dos primeras opciones son correctas.

125. La flexibilidad constitucional permitía, pues, al legislador optar entre sistemas electorales todos ellos proporcionales: a. El Tribunal Constitucional ha señalado que nuestro sistema consagra el sistema de lista más votada. b. El art. 163 LOREG vino a confirmar lo ya regulado en el Real Decreto-Ley de 15 de marzo de 1977, consagrando el llamado sistema D'Hondt. c. El Tribunal Constitucional ha señalado que nuestro sistema permite la implantación del sistema de lista más votada. d. Nuestra Ley Electoral prevé la implantación del sistema de doble vuelta.

126. El artículo 76 recoge las Comisiones parlamentarias de investigación. Escoja la opción que considere correcta: a. La figura se introdujo en la Constitución de 1931. b. Dicha institución ha estado presente en toda nuestra tradición constitucional. c. Los textos de 1869 y 1876 plasmaron originalmente la institución en un texto constitucional en nuestro país. d. Aparecen por primera vez en el texto constitucional de 1978.

127. El concepto constitucional de las leyes orgánicas se configura en el art. 81, se define: a. Por dos notas: su contenido y su procedimiento. b. Por su contenido: las materias reservadas a la ley orgánica; a saber, los derechos fundamentales y libertades públicas, los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general. c. Por las materias que regulan; son las normas reguladoras de los órganos constitucionales o de relevancia constitucional y del ejercicio de determinados derechos o de la configuración del Estado autonómico. d. Por el tratamiento de cuestiones relativas a los órganos constitucionales o de relevancia constitucional y del ejercicio de determinados derechos o de la configuración del Estado autonómico.

128. Por lo que a la aprobación de las leyes orgánicas se refiere, del artículo 81 deducimos: a. Se exige la aprobación por el Congreso de los Diputados por mayoría simple en una votación final sobre el conjunto del proyecto. b. Se exige la aprobación por el Congreso de los Diputados por mayoría simple y en el Senado por mayoría absoluta. c. Se reserva la aprobación final de las leyes orgánicas en favor del Pleno del Congreso de los Diputados, que ha de expresar su voluntad mediante una mayoría cualificada. d. No cabe en materia de ley orgánica la delegación legislativa en Comisión, la iniciativa legislativa popular si no lo autoriza el Consejo de Estado, ni la aprobación por real decreto-ley.

129. Para que una ley sea orgánica: a. Si respeta el procedimiento de elaboración basta con un precepto de contenido orgánico para que pueda atribuirse a la ley dicho carácter. b. Su núcleo debe afectar a materias reservadas a la ley orgánica, no basta con un precepto de contenido orgánico para que pueda atribuirse a la ley dicho carácter. c. En una ley orgánica no se pueden hacer remisiones a leyes ordinarias ni para desarrollo posterior, de lo contrario no se respetaría la reserva constitucional. d. La denominación de la ley ha de establecer su carácter, que condicionará todo el contenido de su articulado.

130. La reforma de los Estatutos de Autonomía: a. Se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. b. Se llevará a efecto a los cinco años de su aprobación y requerirá la aprobación del Senado. c. Se ajustará al procedimiento establecido para la reforma constitucional, y se aprobará por las Cortes Generales. d. Se ajustará al procedimiento establecido para la tramitación de las leyes orgánicas.

131. La posibilidad de delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley tiene precedentes expresos en: a. Todas las Constituciones precedentes contemplan la delegación legislativa desde 1812. b. La Constitución de 1876 consagró, en términos formales, la delegación legislativa. c. En la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, la delegación legislativa estaba sometida a dos únicos requisitos: existencia de ley de delegación y dictamen preceptivo, aunque no vinculante del Consejo de Estado. d. Las normas relativas a la delegación legislativa ya se plasmaron en la Constitución de 1845.

132. Según el artículo 97, el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes: a. La identificación del poder ejecutivo con el Rey está en la base de la organización estatal constitucional. b. Cuando se priva al monarca de poder legislativo y judicial le queda el poder ejecutivo, con carácter residual. c. La Constitución de 1812 ya configuraba como órganos diferentes y separados al Jefe del Estado, por encima de los clásicos poderes, y al Gobierno. d. Gobierno y Administración son facetas del diseño del Estado, aunque ejercen el poder ejecutivo.

133. En cuanto a las relaciones entre Gobierno y Administración cabe recordar: a. El Gobierno, según el artículo 107, comprende, en general, el llamado Poder Ejecutivo, incluyendo cualquier Administración Pública; Gobierno y Administración son la misma cosa. b. La Constitución se refiere a las funciones políticas, que integrarían la función de Gobierno, y otras de carácter discrecional. c. El Gobierno, según el Título IV de la Constitución, aparece diferenciado de la Administración propiamente dicha a la que dirige. d. La función ejecutiva se identifica con el ejercicio de la potestad reglamentaria.

134. La dirección de la Administración civil y militar constituye otra de las funciones clásicas del Gobierno: a. Los Ministros tienen una posición dual, son miembros del Gobierno y, de otra son la cúspide de su Ministerio ostentando la condición de órgano administrativo superior del mismo. b. No puede darse conexión directa entre la dirección de la Administración y el propio Gobierno. c. El Gobierno ejerce en exclusiva la función ejecutiva según nuestro diseño constitucional. d. La función ejecutiva la comparte el Gobierno con los organismos autonómicos que no se someten al mismo.

135. En el artículo 98 los constituyentes de 1978 tuvieron un especial empeño en establecer unas líneas maestras sobre el régimen jurídico del Gobierno y sus miembros: a. Hasta 1978 no se había plasmado en ningún texto la composición del Gobierno. b. Desde la Constitución de 1812 se diseña la composición del Gobierno y su régimen jurídico. c. En esta materia los preceptos de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 están todavía vigentes. d. El primer antecedente de este artículo se encuentra en la Constitución de 1931, que establecía que el Presidente del Consejo y los Ministros constituyen el Gobierno.

136. La Constitución remite a una ley la determinación precisa de la composición del Gobierno. Se regula en: a. La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. b. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. c. La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificada por la Ley 40/2015. d. La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificada por la Ley 39/2015.

137. El Defensor del Pueblo es: a. Un órgano unipersonal, designado por el Gobierno para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución. b. El alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución. c. Un órgano unipersonal, designado por las Cortes Generales para el control del poder ejecutivo y de la Administración. d. Un órgano unipersonal, designado por las Cortes Generales para la defensa de la Constitución.

138. En relación al nombramiento del Defensor del Pueblo, éste será elegido: a. Por las Cortes Generales para un período de cinco años, y se dirigirá a las mismas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado. b. Por las Cortes Generales para un período de cuatro años, y se dirigirá al Congreso de los Diputados en las sesiones de control del Gobierno. c. Por el Gobierno a propuesta de las Cortes Generales, para un período de cuatro años, y se dirigirá al Congreso de los Diputados en las sesiones de control del Gobierno. d. Por el Gobierno a propuesta de las Cortes Generales, para un período de cuatro años, y presentará informes al Gobierno y al Tribunal Constitucional.

139. La regulación de la institución del Defensor del pueblo se contiene en: a. La Ley 36/1985 de 6 de noviembre. b. La Ley 50/1997 de 27 de noviembre. c. La Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril. d. La Ley Orgánica 1/1985 de 18 de enero.

140. El art. 136 de la Constitución señala que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. En relación a este órgano de control, podemos señalar que: a. Depende directamente del Gobierno y ejerce sus funciones por delegación para el examen y comprobación de las cuentas del Estado. b. Depende directamente del Ministerio de Economía y Hacienda, y ejerce sus funciones por delegación para el examen y comprobación de las cuentas del Estado. c. Depende directamente del Ministerio de la Presidencia para el control del Presupuesto y los fondos de la Unión Europea. d. Depende directamente de las Cortes Generales para el examen y comprobación de las cuentas del Estado.

141. Respecto a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales reflejada en el artículo 108, podemos señalar que: a. El reconocimiento de la responsabilidad colegiada del Gobierno es una constante en los textos constitucionales decimonónicos españoles en 1812, en 1837, en 1845, en 1869 y en 1876. b. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. c. El reconocimiento de la responsabilidad colegiada del Gobierno ante el Rey es una constante en los textos constitucionales decimonónicos españoles. d. La responsabilidad individual de los miembros del Gobierno ante el Parlamento es una práctica típicamente británica heredada por el constitucionalismo continental.

142. El artículo 108 de la Constitución opta por la opción de una responsabilidad solidaria. Seleccione la opción correcta: a. Se permite al Parlamento decidir sobre la destitución de un Ministro, con comunicación previa al Presidente que previamente le ha nombrado. b. Cuando el Parlamento ha aprobado en el pasado mociones de reprobación frente a algún miembro del Gobierno han tenido efectos jurídicos, pudiéndose hablar de la aprobación de "mociones de censura individuales". c. El Senado implica al Senado en los procedimientos de otorgamiento y retirada de la confianza. d. El texto de 1978 rompe con la Constitución de 1931, cuyo artículo 91 disponía que los miembros del Consejo respondían ante el Congreso solidariamente e individualmente de su propia gestión ministerial.

143. El Reglamento del Senado, en consonancia con la Constitución, reconoce a la Cámara Alta el ejercicio de ciertos instrumentos de control: a. Son las preguntas, interpelaciones y creación de comisiones de investigación. b. Son las preguntas, interpelaciones, mociones, posibilidad de requerir datos, informes o documentos y creación de comisiones de investigación. c. Son las preguntas, interpelaciones y requerimiento de comparecencia del Defensor del Pueblo. d. Son las interpelaciones, reprobaciones y requerimiento de datos, informes o documentos.

144. El artículo 108 debe ponerse en relación con los artículos 112 a 114 de la Constitución, que determinan que el cese del Gobierno pueda darse: a. En caso de pérdida de confianza del Senado. b. En caso de pérdida de confianza en ambas Cámaras. c. En caso de pérdida de confianza de la Cámara Baja. d. En caso de pérdida de confianza en ambas Cámaras en votación por mayoría absoluta en el Congreso y mayoría simple en el Senado.

145. La moción de censura para su aprobación requiere: a. La adopción por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. b. La adopción por mayoría simple en el Congreso de los Diputados. c. La adopción por mayoría simple en el Congreso de los Diputados y en el Senado. d. La adopción por mayoría simple en el Senado.

146. Según el artículo 112 de la Constitución, el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada: a. Cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta de los Diputados. b. Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados. c. Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados y Senado. d. Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Senadores.

147. La disolución de las Cortes en la Constitución, con un carácter imperativo, se llevará a efecto: a. En el caso de que ninguno de los candidatos a la Presidencia del Gobierno obtenga la investidura del Congreso, el Rey tiene que decretar la disolución de esta Cámara y el Senado. b. En caso de reformas totales o parciales fundamentales de la propia Constitución. c. Después de la aprobación de una reforma constitucional por las Cortes Generales. d. En los tres casos hay que proceder obligatoriamente a la disolución de las Cámaras.

148. Los supuestos de disolución de las Cámaras de carácter voluntario se producen porque el Presidente del Gobierno así lo decide: a. El Rey decreta formalmente la disolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Constitución, a propuesta del Presidente del Gobierno. b. El Rey decreta formalmente la disolución de conformidad con el artículo 62 del texto constitucional, a propuesta de las Cortes Generales. c. El Rey decreta formalmente la disolución de conformidad con el artículo 62 del texto constitucional, a propuesta del Presidente del Congreso. d. El Rey decreta formalmente la disolución de conformidad con el artículo 62 del texto constitucional, a propuesta del Consejo de Ministros.

149. El alcance de la disolución contemplado en el artículo 115 de la Constitución: a. Afecta al Congreso o a las Cortes Generales. b. Podrá afectar al Congreso, al Senado o a las Cortes Generales. c. Afecta al Congreso. d. Afecta al Senado o a las Cortes Generales.

150. Según el artículo 116 una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes: a. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, previa autorización del Congreso de los Diputados. b. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados. c. El sitio será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados. d. El sitio será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, previa autorización del Congreso de los Diputados.