TEMA 3: LEY 9/2017, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

¿Qué entes pueden celebrar un contrato administrativo?. a) Solo los Ministerios y las Comunidades Autónomas. b) Únicamente las entidades locales y las empresas públicas. c) Todas las entidades del sector público sin excepción. d) La Administración General del Estado, los organismos autónomos y las universidades públicas.

¿Qué es un contrato de concesión de servicios públicos?. a) Un contrato en el que la Administración compra bienes a una empresa privada. b) Un contrato en el que una empresa privada ejecuta una obra pública. c) Un contrato por el cual la Administración contrata servicios de consultoría. d) Un contrato en cuya virtud una Administración Pública encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio.

¿Cuál de las siguientes opciones no sería un ejemplo de contrato de obra?. a) La construcción de un hospital. b) La rehabilitación de una carretera. c) La explotación de una gasolinera. d) La edificación de una escuela pública.

¿Qué ocurrió con el contrato de colaboración entre el sector público y privado tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017?. a) Se modificó para adaptarse a las nuevas normativas europeas. b) Se fusionó con el contrato de concesión de obra pública. c) Se mantuvo sin cambios. d) Fue suprimido.

¿Cuál es el orden jurisdiccional competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación de los contratos administrativos?. a) El orden civil. b) El orden penal. c) El orden contencioso-administrativo. d) El orden mercantil.

¿Cuál es la duración máxima de un contrato menor según la Ley 9/2017?. a) Un año. b) Dos años con posibilidad de prórroga. c) Seis meses. d) Tres años.

¿Cuándo se considera perfeccionado un contrato en el sector público?. a) Cuando se emite el informe jurídico favorable. b) Con su formalización. c) Cuando se publica en el BOE. d) Cuando se aprueba el gasto correspondiente.

¿Puede contratar con el sector público una persona jurídica?. a) No, solo pueden hacerlo personas físicas. b) Sí, siempre que cuente con más de cinco años de experiencia. c) No, salvo en casos excepcionales. d) Sí, si se cumplen los requisitos para ello.

¿Cómo debe ser el objeto de los contratos del sector público?. a) Indeterminado para permitir flexibilidad. b) Variable según la voluntad del adjudicatario. c) Determinado. d) Modificable sin restricciones.

En el procedimiento abierto, ¿cuál es el plazo máximo para que recaiga la adjudicación?. a) 30 días. b) 20 días. c) 10 días. d) 15 días.

¿Cuál es el objeto de la Ley 9/2017?. a) Regular únicamente la contratación de las Administraciones Públicas. b) Regular la contratación del sector público y la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. c) Regular los contratos entre particulares y la Administración. d) Regular exclusivamente los contratos de concesión de obras.

¿Quiénes se consideran poderes adjudicadores según la Ley 9/2017?. a) Únicamente las Administraciones Públicas. b) Solo las entidades estatales con capacidad de contratación. c) Las Administraciones Públicas, las fundaciones públicas, mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, entidades y asociaciones creadas para satisfacer un interés general. d) Exclusivamente los organismos autónomos.

¿Cuándo tiene un contrato carácter oneroso?. a) Cuando el contratista no obtiene beneficio económico. b) Solo cuando el beneficio es directo. c) Cuando el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. d) Cuando la Administración cubre todos los costes sin margen de beneficio.

¿Cuándo se presume la vocación de mercado?. a) Cuando la entidad colabora con al menos tres empresas privadas. b) Cuando la entidad obtiene más del 50% de sus ingresos del sector privado. c) Cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20% de las actividades objeto de colaboración. d) Cuando la entidad presta servicios solo a Administraciones Públicas.

¿Qué ámbitos de negocios y contratos están excluidos de la Ley 9/2017?. a) De la Defensa y de la Seguridad, Internacional, de la investigación, el desarrollo y la innovación, del dominio público y patrimonial, financiero y convenios y encomiendas de gestión. b) Cualquier contrato de menos de 100.000 euros. c) Solo los contratos de la Defensa. d) Todos los contratos de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

¿Cómo se califican los contratos según los entes o entidades del sector público?. a) Solo las Administraciones Públicas pueden formalizar contratos administrativos. b) Si son AAPP, pueden calificarse de administrativos o privados. Y si son otros agentes que no son AAPP, tienen la consideración de privados. c) Los contratos de todas las entidades públicas tienen la misma consideración. d) No hay diferencia entre los contratos administrativos y los privados.

La mejora en las instalaciones de obra y urbanización en un barrio es un: a) Contrato de concesión de servicios. b) Contrato de suministro. c) Contrato de servicios. d) Contrato de obra.

En los contratos de concesión de obras, el concesionario: a) Es la persona que supervisa la ejecución de la obra. b) Es la persona que se encarga de ejecutar y explotar la obra. c) Es el técnico que diseña la obra pero no la ejecuta. d) Es la Administración Pública responsable del contrato.

¿Qué riesgos se incluyen dentro del riesgo operacional en la explotación de las obras que se transfiere al concesionario?. a) Solo el riesgo financiero derivado de la ejecución de la obra. b) De ejecución y mantenimiento de la obra. c) De demanda, que se debe a la demanda real de las obras objeto del contrato, y de suministro, en particular que no se ajuste la prestación a la demanda. d) Riesgo de la calidad de los materiales empleados.

La construcción y explotación de una autopista es un: a) Contrato de obra. b) Contrato de concesión de obras. c) Contrato de servicios. d) Contrato de suministro.

La implantación de la red inalámbrica de datos corporativos, suministro de camas, mesitas y sillones para una residencia es un: a) Contrato de servicios. b) Contrato de concesión de servicios. c) Contrato de suministro. d) Contrato de colaboración público-privada.

La instalación de un sistema de calefacción, donde sea necesario adquirir el aparato, realizar el montaje y la asistencia técnica posterior es un: a) Contrato de concesión de obras. b) Contrato de servicios. c) Contrato de obra. d) Contrato mixto.

¿Cuál es el plazo máximo de duración de los contratos de suministros y servicios de prestación sucesiva y de arrendamiento de bienes inmuebles?. a) Tres años. b) Cuatro años. c) Cinco años. d) Seis años.

El preaviso de prórroga por parte del empresario: a) No es obligatorio. b) Será obligatorio y debe producirse al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo. c) Se realiza solo si lo solicita la Administración. d) Puede darse en cualquier momento sin plazo definido.

¿Cada cuánto tiempo se modifican los umbrales que establecen si los contratos deben estar sujetos a regulación armonizada (SARA)?. a) Cada cinco años. b) Anualmente. c) Dos años. d) No tienen un período fijo de modificación.

Tienen la consideración de contratos administrativos: a) Solo los contratos de concesión de obra y servicios. b) Los celebrados por las AAPP que se recogen en el art. 25. c) Cualquier contrato celebrado por la Administración Pública. d) Únicamente los contratos de suministros y servicios.

Tienen la consideración de contratos privados: a) Solo los contratos celebrados por particulares con la Administración. b) Cualquier contrato que no sea de concesión de servicios. c) Solo los contratos de suministro de entidades privadas. d) Los celebrados por las AAPP que no sean contratos administrativos, los celebrados por otras entidades del SP que son poder adjudicador pero no AP, los celebrados por otras entidades del SP que no son poder adjudicador.

Las cuestiones relativas a la preparación y adjudicación de los contratos administrativos y de los contratos privados de las AAPP: a) Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. b) Son competencia del Tribunal de Cuentas. c) Son competencia del orden jurisdiccional civil. d) Se resuelven directamente en vía administrativa.

Las controversias y cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que sean poderes adjudicadores y los celebrados por entidades del SP que no sean poderes adjudicadores: a) Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. b) Serán competencia del orden jurisdiccional mercantil. c) Serán competencia del orden jurisdiccional civil. d) Serán competencia del Tribunal Constitucional.

El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público tiene como función principal: a) Inscribir todas las adjudicaciones de contratos. b) Inscripción de datos y circunstancias que resulten relevantes para acreditar las condiciones de aptitud de los empresarios para contratar con las AAPP y demás entidades del SP. c) Publicar las licitaciones activas. d) Gestionar el cobro de tasas por licitación pública.

El Registro de Contratos del Sector Público contiene: a) Todos los procedimientos administrativos relacionados con la contratación pública. b) Información sobre licitaciones anuladas. c) Datos básicos de los contratos adjudicados por las AAPP y demás entidades del SP. d) Información sobre las reclamaciones presentadas contra adjudicaciones.

Deben alojarse de manera obligatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público: a) Solo los contratos de concesión de obras. b) Los perfiles de contratante de los órganos de contratación de todas las entidades del sector público estatal. c) Solo las licitaciones de la Administración General del Estado. d) Únicamente los contratos de regulación armonizada.

¿Cuáles son los requisitos para la adquisición de la condición de contratista?. a) Solo acreditar la solvencia económica y técnica. b) Ser una empresa con más de cinco años de antigüedad. c) Tener personalidad, física o jurídica, plena capacidad de obrar, no estar incurso en causa de prohibición para contratar, acreditar la solvencia económica, financiera y técnica y contar con la habilitación empresarial o profesional exigible. d) Presentar una fianza equivalente al 20% del presupuesto del contrato.

La capacidad de obrar es: a) La facultad de un empresario para solicitar licencias. b) La aptitud para realizar actos jurídicos de manera directa y válida. c) La capacidad de asumir cualquier tipo de contrato público sin restricciones. d) Un criterio exclusivo para empresas con más de 10 empleados.

Aquellas empresas que puedan presumirse que son continuación o que derivan de otras empresas en las que hubiesen concurrido prohibiciones de contratar: a) Concurrirán en las prohibiciones de contratar. b) No tendrán ninguna restricción para contratar con la Administración. c) Podrán contratar sin restricciones si cambian de nombre comercial. d) Podrán contratar con la Administración si pasan un periodo de inhabilitación de 2 años.

¿Cómo se clasifican las empresas y quiénes adoptan los acuerdos relativos a las mismas?. a) Se hace en función de su volumen de facturación y lo decide el Consejo de Ministros. b) Se hace en función a su solvencia y se adoptan por las comisiones clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. c) Se clasifican según su número de empleados y el órgano competente es el Tribunal de Cuentas. d) Se clasifican según su actividad económica y lo decide cada comunidad autónoma.

El presupuesto base de licitación es: a) La cantidad máxima que se puede facturar en cada fase del contrato. b) Un cálculo estimativo del coste del proyecto sin impuestos. c) El límite máximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. d) La cantidad final que se pagará por el contrato una vez ejecutado.

No cabrá la revisión de precios en los contratos: a) De concesión de obras públicas. b) De suministros esenciales. c) Celebrados con precios provisionales. d) Que incluyan servicios con una duración superior a cinco años.

Los pliegos de cláusulas administrativas son: a) Disposiciones y pactos que deben contener los contratos administrativos y que regulan las relaciones entre los contratantes. Pueden ser generales o particulares. b) Documentos que contienen exclusivamente las características técnicas del contrato. c) Normativas generales aplicables a cualquier tipo de contrato sin necesidad de personalización. d) Certificados de solvencia emitidos por la Administración.

¿De qué trata el Título IV del Libro I de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público?. a) De las reglas sobre la fiscalización de los contratos. b) De las garantías exigibles en la contratación del SP. c) De los tipos de contratos y su clasificación. d) De la regulación de los procedimientos de adjudicación.

¿Cuál es el importe sobre el precio de las garantías definitiva y complementaria?. a) Un 3% del precio total del contrato. b) Un 10% del valor estimado del contrato. c) Un 5% del precio. d) Un 15% del presupuesto base de licitación.

En la fase de preparación de los contratos, podemos distinguir entre: a) Análisis del mercado, licitación y ejecución. b) Consultas preliminares del mercado, expediente de contratación y pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. c) Elaboración de oferta, presentación de documentación y firma del contrato. d) Publicación del anuncio, presentación de ofertas y adjudicación.

Se consideran contratos menores aquellos cuyo valor estimado es: a) Inferior a 50.000€ en obras y 20.000€ en suministros y servicios. b) Inferior a 30.000€ en obras y 10.000€ en suministros y servicios. c) Inferior a 40.000€ en obras y 15.000€ en suministros y servicios. d) Inferior a 60.000€ en obras y 25.000€ en suministros y servicios.

Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio de licitación cuando: a) Se trate de contratos menores. b) Se trate de una urgencia sobrevenida. c) Solo puedan ser encomendados a un empresario determinado porque tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte, que no exista competencia o que proceda la protección de derechos exclusivos. d) Haya una gran cantidad de empresas interesadas en participar en el procedimiento.

¿En qué procedimiento de adjudicación queda excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores?. a) Procedimiento restringido. b) Procedimiento abierto. c) Procedimiento negociado. d) Procedimiento de asociación para la innovación.

Solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación en el: a) Procedimiento abierto. b) Procedimiento restringido. c) Procedimiento negociado sin publicidad. d) Procedimiento simplificado.

El plazo de recepción de las solicitudes de participación en los procedimientos de adjudicación sujetos a regulación armonizada: a) No podrá ser inferior a 30 días. b) No podrá ser inferior a 20 días. c) No podrá ser inferior a 45 días. d) No podrá ser inferior a 10 días.

¿Qué procedimiento de adjudicación tiene como finalidad desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer las necesidades del órgano de contratación y que servirán de base para que los licitadores presenten una oferta?. a) Procedimiento abierto. b) Procedimiento negociado. c) Diálogo competitivo. d) Procedimiento restringido.

¿En qué procedimiento de adjudicación los contratos se adjudicarán únicamente con arreglo al criterio de la mejor relación calidad-precio?. a) Procedimiento abierto. b) Procedimiento restringido. c) Procedimiento negociado. d) Procedimiento de asociación para la innovación.

¿Qué supone la presentación de las proposiciones a una licitación?. a) La aceptación parcial del contenido del pliego. b) La aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de las cláusulas y la autorización a la mesa y órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro de licitadores. c) La posibilidad de modificar aspectos del contrato después de la adjudicación. d) La presentación de documentos complementarios durante la ejecución del contrato.

¿Quién puede acordar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento?. a) El órgano de contratación y antes de la formalización del contrato. b) El Tribunal de Cuentas. c) El contratista, si no está de acuerdo con la adjudicación. d) La Intervención General del Estado.

¿Ante quién responden los subcontratistas?. a) Ante la Administración contratante. b) Ante el órgano de contratación. c) Ante el contratista. d) Ante el Consejo de Estado.

¿Qué debe incluir un acta de suspensión de contrato?. a) Las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. b) Solo la fecha de suspensión y la firma del contratista. c) Un acuerdo firmado por la Administración y el contratista. d) Un informe técnico detallado de todas las fases del contrato.

Si la demora de la Administración Pública en la ejecución del contrato fuese superior a seis meses, el contratista: a) Deberá continuar con la ejecución sin compensación alguna. b) Tendrá derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios ocasionados. c) Podrá solicitar una revisión de precios pero no resolver el contrato. d) Solo podrá solicitar una prórroga del contrato.

Si concurren varias causas de resolución del contrato con diferentes consecuencias económicas. a) Se aplicará la más favorable para la Administración. b) Se aplicará la más favorable para el contratista. c) Se aplicará la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. d) Se aplicará la que determine el Tribunal de Cuentas.

¿Con qué fin podrán las Administraciones Públicas concluir acuerdos marco, articular sistemas dinámicos o centralizar la contratación de obras, servicios y suministros en servicios especializados?. a) Con el fin de reducir costes sin control de calidad. b) Para evitar la fragmentación del mercado. c) Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos. d) Para eliminar competencia entre empresas.

¿Cuándo serán inválidos los contratos?. a) Cuando el contratista no esté conforme con las condiciones. b) Cuando concurra alguna de las causas que los invalidan conforme a disposiciones del derecho civil, administrativo o por la ilegalidad de su clausulado. c) Cuando no haya acuerdo entre las partes sobre la ejecución. d) Cuando lo decida unilateralmente el contratista.

¿Quién tiene la competencia en materia de contratación en las entidades locales?. a) Los Alcaldes y Presidentes de las entidades locales cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios, y el Pleno en el resto de casos. b) Solo el Pleno de la corporación. c) La Junta de Gobierno local en todos los casos. d) La Diputación Provincial.

En los casos de interpretación y resolución de contratos, cuando el precio del contrato exceda la cantidad fijada por la legislación estatal sobre contratación administrativa y la modificación de los mismos exceda del 20% del precio del contrato, será: a) Necesario un informe del interventor municipal. b) Necesario el dictamen del Tribunal Supremo. c) Preceptivo el dictamen del órgano consultivo superior de la comunidad autónoma, si existiere, o en su defecto, del Consejo de Estado. d) Una decisión que puede tomar unilateralmente el órgano de contratación.