TEMA 30E - LEY 19/2013, DE TRANSPARENCIA

¿Cuál es el objetivo principal de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?. a) Regular exclusivamente el acceso a la información pública. b) Limitar la transparencia en la actividad pública. c) Ampliar la transparencia, garantizar el acceso a la información y establecer normas de buen gobierno. d) Controlar la difusión de información gubernamental a la ciudadanía.

¿Qué entidades están sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 19/2013?. a) Únicamente la Administración General del Estado y sus organismos autónomos. b) Solo las Administraciones Públicas y sus fundaciones. c) Todas las Administraciones Públicas, corporaciones de Derecho Público y sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria. d) Exclusivamente los ayuntamientos y comunidades autónomas.

¿Qué obligación tienen los sujetos comprendidos en la Ley de Transparencia respecto a la publicidad activa?. a) Publicar información solo a petición expresa de los ciudadanos. b) Publicar periódicamente información relevante sobre su actividad. c) Publicar únicamente la información económica de la entidad. d) Facilitar información solo en formato físico y bajo solicitud.

¿Dónde debe ser publicada la información sujeta a las obligaciones de transparencia?. a) En el Boletín Oficial del Estado. b) En los medios de comunicación de mayor difusión. c) En las sedes electrónicas o páginas web correspondientes. d) En documentos físicos disponibles solo en las administraciones públicas.

¿Qué tipo de información deben publicar las AAPP en relación con su organización y planificación?. a) Solo los nombres de los responsables públicos sin más detalles. b) Información sobre funciones, normativa, estructura y organigrama. c) Exclusivamente los planes y programas con objetivos. d) Solo el grado de cumplimiento de sus programas.

¿Cuándo se deben publicar los proyectos de Reglamentos en materia de relevancia jurídica?. a) Únicamente tras su aprobación definitiva. b) Cuando sean objeto de consulta pública. c) Siempre, independientemente de su estado de tramitación. d) Una vez solicitados los dictámenes a los órganos consultivos.

¿Qué tipo de contratos deben ser publicados conforme a la Ley de Transparencia?. a) Solo los contratos mayores de un determinado importe. b) Todos los contratos, incluyendo las decisiones de desistimiento y renuncia. c) Únicamente los contratos de concesión de servicios públicos. d) Aquellos contratos que sean solicitados expresamente por los ciudadanos.

¿Qué organismo se encarga del control del cumplimiento de la publicidad activa en la AGE?. a) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. b) El Ministerio de Hacienda y Función Pública. c) El Tribunal de Cuentas. d) La Agencia Estatal de Administración Tributaria.

¿Cuál es la finalidad principal del Portal de la Transparencia?. a) Publicar exclusivamente información económica de la AGE. b) Facilitar el acceso a información relevante sobre la actividad pública. c) Permitir a los ciudadanos realizar quejas sobre la administración pública. d) Publicar solo los documentos que las administraciones consideren oportunos.

¿Qué infracción supone el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa?. a) Una falta administrativa leve. b) Un delito penal contra la administración pública. c) Una infracción grave. d) No supone ninguna infracción, solo una recomendación de mejora.

¿Qué se entiende por información pública según la Ley 19/2013?. a) Cualquier documento en poder de cualquier entidad pública o privada. b) Documentos elaborados o adquiridos por los sujetos comprendidos en la ley en el ejercicio de sus funciones. c) Solo aquellos documentos clasificados como públicos por el Consejo de Transparencia. d) Información exclusivamente de carácter económico de las Administraciones Públicas.

¿Cuándo puede limitarse el derecho de acceso a la información pública?. a) Cuando la Administración considere que la información no es relevante. b) Siempre que un ciudadano no justifique adecuadamente su solicitud. c) Cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional o las relaciones exteriores, entre otros supuestos. d) Si la información solicitada tiene más de 10 años de antigüedad.

¿A qué órgano debe dirigirse la solicitud de acceso a la información pública?. a) Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. b) Al Defensor del Pueblo. c) Al órgano administrativo o entidad que posea la información solicitada. d) A la Administración General del Estado, que remitirá la solicitud al organismo adecuado.

Si la solicitud de acceso a la información afecta a derechos de terceros, ¿qué procedimiento se sigue?. a) Se concede automáticamente el acceso, notificando posteriormente a los terceros afectados. b) Se concede a los terceros un plazo de 15 días para alegaciones y se informa al solicitante. c) Se deniega la solicitud sin posibilidad de recurso. d) Se paraliza la solicitud de manera indefinida hasta que se resuelva el conflicto.

¿En qué plazo debe notificarse la resolución sobre una solicitud de acceso a la información pública?. a) En un plazo máximo de 1 mes, prorrogable por otro mes en caso de complejidad. b) En un plazo de 10 días, sin posibilidad de prórroga. c) En un máximo de 3 meses, prorrogable por otros 3. d) No hay un plazo definido, dependerá de la disponibilidad de la Administración.

¿Cómo debe formalizarse preferentemente el acceso a la información pública?. a) De manera presencial en la sede de la Administración correspondiente. b) A través de consulta telefónica con el funcionario responsable. c) Preferentemente por vía electrónica. d) Mediante envío postal certificado al domicilio del solicitante.

¿Qué ocurre si la solicitud de acceso a la información no identifica de forma suficiente la información solicitada?. a) Se archiva automáticamente sin comunicación al solicitante. b) Se requiere al solicitante para que la concrete en un plazo de 10 días; si no lo hace, se le tendrá por desistido. c) La Administración debe realizar una búsqueda exhaustiva para encontrar la información solicitada. d) Se concede acceso parcial a la información disponible sin necesidad de mayor concreción.

¿Qué sucede si, transcurrido el plazo para resolver, no se ha dictado resolución sobre una solicitud de acceso a la información?. a) Se entiende estimada y el solicitante obtiene acceso automáticamente. b) Se debe presentar una nueva solicitud con la misma información. c) Se entiende desestimada por silencio administrativo. d) Se remite automáticamente al Defensor del Pueblo para su revisión.

¿En qué caso se podrá autorizar el acceso a información que contenga datos personales especialmente protegidos?. a) Cuando el solicitante lo pida por escrito y explique su necesidad. b) Solo si la información es de interés general y aprobada por el Consejo de Transparencia. c) Cuando se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si los datos ya fueron hechos públicos por él con anterioridad. d) Si los datos están relacionados con la función pública del afectado.

¿Qué criterio se tendrá en cuenta para conceder el acceso a información con datos personales no especialmente protegidos?. a) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que puedan afectar a su intimidad o seguridad. b) La antigüedad de los datos en cuestión. c) Que el solicitante acredite ser funcionario público. d) Que la información provenga de registros oficiales.

¿Qué sucede si la información solicitada contiene datos personales, pero estos son meramente identificativos?. a) Se podrá conceder el acceso si el perjuicio a los afectados es mínimo. b) Se denegará el acceso en todos los casos. c) Solo se concederá si los datos pertenecen a personas jurídicas. d) Se requerirá siempre una autorización judicial previa.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la ponderación del acceso a información con datos personales?. a) Siempre prevalece la protección de datos personales sobre el derecho de acceso a la información. b) No se podrá conceder acceso si los datos afectan a menores de edad. c) El acceso será posible si se realiza una ponderación entre el interés público y los derechos de los afectados. d) Los investigadores no podrán acceder a datos personales bajo ninguna circunstancia.

¿Qué ocurre si los datos personales de la información solicitada se disocian para impedir la identificación de los afectados?. a) Se podrá conceder el acceso sin aplicar las restricciones de protección de datos. b) El acceso seguirá estando prohibido. c) Se deberá pedir el consentimiento expreso del afectado. d) Solo se permitirá el acceso a administraciones públicas.

¿Cómo se regula el tratamiento posterior de los datos personales obtenidos mediante el derecho de acceso?. a) Por la normativa de protección de datos personales. b) Por el criterio del órgano administrativo que concedió el acceso. c) Por el solicitante, siempre que justifique su uso. d) No está sujeto a ninguna regulación específica.

¿Qué norma regula, además de la Ley 9/2013, el régimen presupuestario del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?. a) La Ley 47/2003, General Presupuestaria. b) El Real Decreto Legislativo 3/2011, de Contratos del Sector Público. c) La Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público. d) La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

¿Quién aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?. a) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante resolución propia. b) El Congreso de los Diputados a través de una Ley Orgánica. c) El Consejo de Ministros mediante Real Decreto. d) El Tribunal Constitucional en el marco de sus competencias.

¿Cómo se estructura la financiación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?. a) Exclusivamente mediante tasas y contribuciones privadas. b) A través de donaciones de organismos internacionales. c) Con asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado y los bienes y rentas de su patrimonio. d) Mediante convenios con empresas del sector público y privado.

¿Qué norma regula el régimen patrimonial del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?. a) La Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. b) La Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público. c) La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. d) El Real Decreto Legislativo 3/2011, de Contratos del Sector Público.

¿Qué característica define el desempeño de los puestos de trabajo en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?. a) Son ocupados mayoritariamente por personal laboral contratado. b) Con carácter general, son desempeñados por funcionarios públicos. c) Solo pueden ser ocupados por personal externo especializado. d) Se cubren mediante libre designación del Presidente del Consejo.

¿Qué normativa regulaba el régimen jurídico de las Administraciones Públicas antes de la Ley 39/2015?. a) La Ley 47/2003, General Presupuestaria. b) La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. c) El Real Decreto Legislativo 3/2011, de Contratos del Sector Público. d) La Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.